Tras dos años de enfrentamientos, Israel y Hamás han acordado un alto el fuego en la Franja de Gaza. No obstante, como suele ocurrir en estos casos, las hostilidades se detienen temporalmente, pero las causas de fondo siguen intactas. Para comprender lo que ocurre hoy es imprescindible mirar hacia atrás. El conflicto palestino-israelí es el resultado de más de un siglo de procesos políticos, coloniales, militares y sociales que siguen influyendo las dinámicas actuales.
Por este motivo, en esta entrada recopilamos diez acontecimientos clave para analizar los principales hitos del conflicto: desde el Mandato Británico y la Nakba, hasta la creación de Hamás y la fragmentación palestina; pasando por las guerras regionales, el proceso de Oslo, la expansión de los asentamientos y el auge del ultranacionalismo israelí, para culminar con el papel de Estados Unidos y la ruptura que supusieron los ataques del 7 de octubre de 2023.
Imperios, Mandato británico y Declaración Balfour
A comienzos del siglo XX, Palestina se situaba en el corazón de las ambiciones imperiales. Durante siglos había formado parte del Imperio Otomano, pero su posición estratégica la convertía en un punto clave para controlar las rutas hacia India y Asia.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, esta relevancia llevó a las potencias europeas a disputar su dominio. Gran Bretaña se movió con una lógica de poder: dividir a los actores locales, asegurarse aliados útiles y reforzar su posición geoestratégica.
Durante el conflicto, Londres firmó acuerdos secretos con Francia (Sykes–Picot) para repartirse Oriente Medio, prometió a la monarquía hachemita la creación de un Estado árabe independiente si se rebelaba contra los otomanos, y en 1917 publicó la Declaración Balfour, en la que ofrecía al movimiento sionista la creación de un “hogar nacional judío” en Palestina.
Estas tres promesas eran contradictorias entre sí, pero respondían a un mismo cálculo: asegurar el control británico sobre la región mediante alianzas cruzadas que enfrentaran a árabes y judíos bajo su supervisión.
Con la derrota otomana, el Mandato británico sobre Palestina se formalizó en 1920 bajo la Liga de Naciones. Desde entonces, el poder colonial favoreció activamente la inmigración judía organizada por el movimiento sionista, que ya había iniciado migraciones a finales del siglo XIX.
A través del Fondo Nacional Judío, los colonos adquirieron tierras a grandes terratenientes árabes ausentes, lo que desplazó a campesinos palestinos que no podían competir económicamente. Londres aplicó una política de “divide y gobierna”, manteniéndose como árbitro entre las comunidades y consolidando su dominio.
Mientras el sionismo construía una red institucional propia que le otorgaba capacidad de acción, la sociedad palestina permanecía fragmentada, con liderazgos locales y estructuras políticas débiles. Esta asimetría generó enormes tensiones sociales y políticas. Estallidos como la Sublevación de Buraq (1929) o la Gran Revuelta Palestina (1936–1939) expresaron una resistencia que pasó de tener un carácter religioso a articularse como movimiento nacional contra la colonización y el poder colonial.
La respuesta británica combinó la represión militar y concesiones parciales, pero sus promesas incompatibles habían sembrado un triángulo explosivo entre imperialismo, sionismo y población palestina. De ese desequilibrio surgiría el conflicto que marcaría la historia contemporánea de Oriente Medio.
La Nakba y el nacimiento de Israel
La Segunda Guerra Mundial alteró por completo el equilibrio internacional en Palestina. El Holocausto dio un impulso definitivo al proyecto sionista, que ya contaba con sólidas bases organizativas en el territorio gracias a décadas de apoyo británico.
En 1947, la cuestión palestina llegó a las Naciones Unidas, que aprobó un plan de partición que asignaba el 55% del territorio a un futuro Estado judío y el 45% a uno árabe, a pesar de que la población palestina era mayoritaria. El liderazgo sionista aceptó el reparto como paso estratégico; el árabe lo rechazó por considerarlo injusto.
En 1948, tras la retirada británica, se proclamó el Estado de Israel. Inmediatamente estalló la primera guerra árabe-israelí: los ejércitos de Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano intervinieron, pero carecían de coordinación, y las milicias sionistas lograron imponerse. El resultado fue una victoria militar israelí y la ampliación de su control territorial más allá de los límites fijados por el plan de partición, incluyendo gran parte de la Palestina asignada al Estado árabe.
Para la población palestina, este episodio supuso la Nakba –se puede traducir como catástrofe–: más de 700.000 personas fueron expulsadas o huyeron de sus hogares entre 1947 y 1949. Centenares de aldeas palestinas fueron destruidas, y el nuevo Estado israelí impidió sistemáticamente el retorno de los refugiados.
Este éxodo masivo no solo tuvo consecuencias humanas devastadoras, sino que transformó la geografía política de Oriente Medio. Poblaciones enteras se establecieron en Jordania, Líbano, Siria y la Franja de Gaza, creando una diáspora que se convertiría en el núcleo de la identidad política palestina.
Asimismo, la guerra dejó una línea de armisticio –la “Línea Verde”– que delimitó las fronteras de facto de Israel hasta 1967. Cisjordania quedó bajo control jordano y la Franja de Gaza bajo administración egipcia.
La comunidad internacional reconoció ampliamente a Israel, pero el Estado árabe palestino nunca llegó a materializarse. Las Naciones Unidas aprobó la Resolución 194, que establecía el derecho al retorno de los refugiados, pero Tel Aviv la rechazó, consolidando así la fractura territorial y humana que definirá el conflicto en adelante.
La Nakba no fue un episodio puntual, sino el inicio de un orden nuevo: un Estado israelí en expansión, una población palestina convertida en refugiada y una herida política y social que permanece abierta hasta hoy.
Panarabismo y nacionalismo palestino
Tras la Nakba de 1947, la causa palestina quedó subordinada a las agendas de los Estados árabes. Durante las décadas de 1950 y 1960, el eje del conflicto se desplazó hacia el terreno del panarabismo: una corriente política que buscaba unir a los pueblos árabes bajo un proyecto común de independencia frente al colonialismo y a Israel.
El líder de este movimiento fue Gamal Abdel Nasser, que llegó al poder en Egipto en 1952 y se convirtió en la figura más influyente del mundo árabe. Su política antiimperialista, la nacionalización del canal de Suez y su resistencia frente a las potencias occidentales lo elevaron a símbolo de la unidad árabe.
La primera gran confrontación de esta etapa fue la crisis de Suez en 1956. Israel, Francia y Reino Unido lanzaron una ofensiva coordinada contra Egipto tras la nacionalización del canal. La intervención fracasó por la presión de Estados Unidos y la Unión Soviética, pero Nasser salió fortalecido. Para muchos árabes, demostró que era posible desafiar al viejo orden colonial.
El objetivo compartido era claro: derrotar a Israel como paso previo a la unificación árabe. Se desarrolló una intensa carrera armamentística y las tensiones con Tel Aviv aumentaron de forma constante.
En 1967 estalló la Guerra de los Seis Días. Israel lanzó un ataque sorpresa contra Egipto, Siria y Jordania, destruyendo sus fuerzas aéreas en cuestión de horas y logrando una victoria abrumadora. Ocupó Cisjordania, Jerusalén Este, Gaza, el Sinaí y los Altos del Golán. Esta derrota fue un punto de inflexión, ya que evidenció las limitaciones del panarabismo militar frente a la organización israelí y supuso una humillación para los regímenes árabes.
La ocupación israelí de estos territorios transformó radicalmente el conflicto. A partir de entonces, la lucha ya no giraría tanto en torno a la confrontación entre Estados árabes e Israel, sino sobre el destino político de los palestinos bajo ocupación.
En este contexto surgió con fuerza la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), fundada en 1964 pero consolidada tras 1967. La OLP representaba un cambio histórico: el pueblo palestino asumía la dirección de su propia lucha, pasando de ser una causa panárabe a un movimiento nacional independiente. Bajo el liderazgo de Yasser Arafat, incorporó a distintos grupos y consolidó una identidad política palestina propia, con estructuras políticas y militares, campos de refugiados como base y un proyecto nacional de liberación.
Este tránsito del panarabismo al nacionalismo palestino redefinió el conflicto. Los Estados árabes continuaron siendo actores importantes, pero la iniciativa ya no estaba en El Cairo, Damasco o Ammán, sino en las manos de una nueva generación de palestinos que transformaron su condición de refugiados en motor político.
Los kibutz y la construcción del Estado israelí
La construcción del Estado de Israel no se basó únicamente en victorias militares o decisiones diplomáticas; también descansó sobre un sólido entramado social y económico edificado durante el Mandato británico.
En el centro de este proceso estuvo el sionismo laborista y, especialmente, la institución del kibutz. Inspirados por ideales socialistas y nacionalistas, miles de judíos procedentes de Europa del Este emigraron a Palestina a comienzos del siglo XX con la idea de “redimir” el trabajo manual y la tierra. Para ellos, edificar un Estado judío significaba también transformar a la comunidad judía, alejándola del gueto y forjando un “nuevo hebreo” autosuficiente y armado.
Los kibutz –comunas agrícolas colectivas– fueron la herramienta principal de este proyecto. En ellos, la propiedad era común, el trabajo agrícola era central y la vida comunitaria se organizaba en torno a valores igualitarios y nacionalistas.
Además de producir alimentos, los kibutz funcionaron como auténticas unidades de asentamiento estratégicas: permitían ocupar tierras, consolidar la presencia judía en zonas rurales y generar una base demográfica cohesionada.
La “conquista del trabajo” –Kibbush Ha’avoda– y la “conquista de la tierra” se convirtieron en objetivos clave del sionismo laborista, que buscaba desplazar a la mano de obra palestina de las explotaciones agrícolas y crear un sistema económico autónomo.
La organización de estos asentamientos estuvo estrechamente ligada a la Histadrut, la Confederación General de Trabajadores Judíos en Palestina, que obligaba a las empresas judías a contratar exclusivamente a trabajadores judíos. Así se articuló una economía cerrada, dependiente del capital sionista internacional y de la protección británica, pero capaz de desarrollar instituciones propias.
Esta infraestructura permitió que, cuando se proclamó el Estado de Israel en 1948, ya existiera una sociedad organizada con redes de producción, educación, salud, seguridad y administración funcionales, algo que la población palestina no tenía.
El kibutz cumplió también un papel militar. Sus miembros estaban armados y organizados, convirtiéndose en el embrión de unidades paramilitares que posteriormente integrarían el ejército israelí. Su localización estratégica en zonas fronterizas o poco pobladas les permitió servir como avanzada territorial durante las guerras de 1948 y posteriores.
Aunque no representaban a toda la población judía, su peso político e ideológico en los primeros años del Estado fue determinante, ya que el Partido Laborista dominaba la vida política israelí. Con el tiempo, este modelo fue perdiendo centralidad, especialmente a partir de los años 1970, cuando Israel inició un giro económico que transformó radicalmente su estructura social.
Sin embargo, durante las primeras décadas, los kibutz simbolizaron el núcleo ideológico y práctico de la construcción nacional israelí: una mezcla de utopía socialista, proyecto colonial y estrategia estatal.
Yom Kippur y el reequilibrio regional (1973)
En octubre de 1973, el equilibrio regional en Oriente Medio dio un giro decisivo con la Guerra de Yom Kippur. Ese día sagrado para el judaísmo, Egipto y Siria lanzaron un ataque coordinado contra Israel para recuperar los territorios ocupados en 1967: el Sinaí y los Altos del Golán.
La ofensiva tomó por sorpresa al ejército israelí, que sufrió importantes pérdidas en los primeros días. Las fuerzas egipcias cruzaron el canal de Suez, establecieron cabezas de puente en el Sinaí y lograron grandes avances iniciales. Por primera vez desde 1948, el mito de la invencibilidad israelí se resquebrajaba.
Sin embargo, Israel reaccionó rápidamente gracias a su capacidad de movilización y al puente aéreo estadounidense que le suministró armas y material de forma masiva. La contraofensiva israelí cercó al Tercer Ejército egipcio y recuperó la iniciativa militar. La guerra terminó tras 19 días de combates con un alto el fuego negociado por Estados Unidos y la Unión Soviética.
Militarmente, Israel consiguió revertir la situación y consolidar su superioridad táctica, pero el golpe inicial egipcio había tenido un profundo impacto psicológico y político tanto en Israel como en el mundo árabe.
En el plano diplomático, la guerra marcó el inicio de un nuevo ciclo. Para Egipto, el éxito inicial en el Sinaí devolvió prestigio a sus fuerzas armadas y le permitió negociar desde una posición más fuerte. Anwar el-Sadat, sucesor de Nasser, optó por abandonar la estrategia panarabista y acercarse a Washington, abriendo el camino a los Acuerdos de Camp David y a la paz con Israel en 1979.
Para Israel, la contienda supuso una sacudida interna. Se cuestionó la confianza absoluta en su inteligencia militar y se abrió un debate sobre su vulnerabilidad estratégica. La guerra también alteró el tablero global. Los países árabes productores de petróleo lanzaron un embargo contra Occidente en apoyo a Egipto y Siria, provocando una crisis energética internacional.
Estados Unidos reforzó su implicación directa en la región, consolidando su alianza estratégica con Israel y convirtiéndose en el mediador principal de los procesos diplomáticos. La Unión Soviética, por su parte, vio cómo su red de aliados árabes se reducía progresivamente a medida que Egipto se acercaba a Washington.
Yom Kippur marcó el fin de la etapa en la que las guerras árabe-israelíes se libraban bajo lógicas convencionales entre ejércitos regulares. A partir de entonces, el centro de gravedad se desplazó progresivamente hacia la ocupación de los territorios palestinos, la resistencia popular y los procesos políticos que buscaron –sin éxito– dar una salida negociada al conflicto.
Resistencia e intifadas: de Oslo a la ANP
La década de 1980 marcó un cambio profundo en la naturaleza de la lucha palestina. Tras años de subordinación a los Estados árabes y de enfrentamientos interestatales, la resistencia pasó a centrarse en el interior de los territorios ocupados. En diciembre de 1987 estalló la Primera Intifada, un levantamiento popular en la Franja de Gaza y Cisjordania que sorprendió tanto a Israel como a la propia Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
Fue un movimiento masivo y descentralizado, protagonizado por jóvenes, comités locales y sindicatos, que recurrió a huelgas, boicots y manifestaciones, además de enfrentamientos con piedras contra el ejército israelí. Su fuerza radicaba en la capacidad de movilización social y en el desgaste político que generó sobre la ocupación.
La Intifada puso en evidencia los límites de la estrategia militar israelí frente a un movimiento popular sostenido. La represión fue intensa, pero no logró sofocar el levantamiento ni restablecer la normalidad.
A nivel internacional, la revuelta alteró la imagen de Israel: las imágenes de soldados armados frente a adolescentes con piedras tuvieron un impacto global. Al mismo tiempo, obligó a la OLP, en el exilio, a adaptarse a una nueva realidad: el liderazgo político de la causa palestina se estaba desplazando hacia el interior de los territorios ocupados.
Este contexto abrió la puerta a los Acuerdos de Oslo de 1993. Tras negociaciones secretas en Noruega, Israel y la OLP se reconocieron mutuamente. La OLP aceptó renunciar a la lucha armada y reconocer el derecho de Israel a existir, mientras que Israel aceptó iniciar un proceso gradual de retirada parcial de los territorios ocupados y permitir la creación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Para muchos palestinos, Oslo representó una oportunidad histórica: la posibilidad de construir un Estado propio en Cisjordania y Gaza mediante un proceso político. Sin embargo, el acuerdo dejó sin resolver cuestiones fundamentales: las colonias israelíes, Jerusalén, los refugiados y las fronteras definitivas. La ANP nació con competencias limitadas, bajo ocupación militar y dependiente económicamente de Israel y de la ayuda internacional.
Con el tiempo, el proceso se estancó. La expansión de las colonias y el incumplimiento de compromisos erosionaron la legitimidad de Oslo. A este desgaste se sumó el asesinato de Isaac Rabin en 1995, a manos de un extremista judío opuesto al proceso de paz. Su muerte desestabilizó políticamente a Israel, debilitó a los sectores favorables a la negociación y abrió la puerta al ascenso de fuerzas más escépticas o directamente hostiles a Oslo.
En el 2000, el estallido de la Segunda Intifada marcó el fin de esa etapa. A diferencia de la primera, estuvo fuertemente militarizada, con atentados suicidas y operaciones israelíes masivas. Este ciclo selló el colapso del proceso de paz y consolidó un escenario en el que la ocupación, la fragmentación territorial y la crisis de liderazgo palestino marcarían las décadas siguientes.
Israel: del kibutz al neoliberalismo y la hafrada
Durante sus primeras décadas, Israel estuvo dominado política y económicamente por el sionismo laborista, con un modelo económico basado en la planificación estatal, la Histadrut y los kibutz como columna vertebral. Sin embargo, a partir de los años 1970 y especialmente tras la Guerra de Yom Kippur, este modelo empezó a transformarse. El desgaste del laborismo, la crisis económica de los 80 y el ascenso del Likud marcaron un giro progresivo hacia políticas neoliberales.
Privatizaciones, liberalización financiera y apertura al capital internacional modificaron profundamente la estructura productiva y social israelí, desplazando el peso de los kibutz hacia sectores industriales y tecnológicos, y concentrando el poder económico en nuevas élites urbanas.
Este giro coincidió con un cambio territorial decisivo: la consolidación de la ocupación y la expansión de las colonias en Cisjordania y Jerusalén Este. En la década de 1990, mientras la economía se liberalizaba, Israel desarrolló una estrategia conocida como hafrada –“separación” en hebreo–, que consistía en aislar física, económica y políticamente a la población palestina.
Tras el fracaso de Oslo y el estallido de la Segunda Intifada, esta política se convirtió en la base del sistema de control israelí: mantener el dominio sobre los territorios ocupados sin integrarlos plenamente, fragmentar el espacio palestino en enclaves desconectados y limitar al máximo el contacto entre poblaciones judías y palestinas.
En la práctica, hafrada constituye la arquitectura del régimen de apartheid israelí, al institucionalizar un sistema de derechos y movilidad radicalmente diferenciado en función de la identidad nacional. El símbolo más visible de esta estrategia fue la construcción, a partir de 2002, del muro de separación en Cisjordania. Presentado como una medida de seguridad, en la práctica consolidó la fragmentación territorial palestina y anexionó de facto grandes extensiones de tierra.
Al mismo tiempo, se multiplicaron los checkpoints, se impusieron permisos de circulación y se reforzó la lógica de enclaves: una serie de territorios palestinos desconectados entre sí, rodeados por infraestructura israelí y control militar.
En el plano político, esta etapa coincidió con la consolidación del Likud y otras fuerzas de derecha como actores hegemónicos. El discurso de seguridad y la desconfianza hacia el proceso de paz se instalaron en el centro del debate público. La economía israelí experimentó un auge tecnológico y financiero –con Tel Aviv como polo global–, pero también se profundizaron las desigualdades internas. La vieja utopía igualitaria de los kibutz dio paso a un país más desigual, más securitizado y más orientado al mercado.
Esta transformación dejó una huella profunda en la configuración del conflicto. Israel fortaleció su control territorial y económico, redujo el coste político de la ocupación y preparó el terreno para la etapa siguiente: la fragmentación palestina y el ascenso de nuevas fuerzas políticas en la Franja de Gaza y Cisjordania.
Hamás, Gaza y la fragmentación palestina
La división política y territorial del movimiento palestino es uno de los factores centrales para entender la etapa actual del conflicto. Su origen inmediato se encuentra en el ascenso de Hamás y la ruptura con la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Fundado en 1987 durante la Primera Intifada, Hamás nació como una rama palestina de los Hermanos Musulmanes. A diferencia de la OLP, combinaba un programa religioso con la resistencia armada, rechazando los Acuerdos de Oslo y la negociación con Israel. Su base social se asentó en la Franja de Gaza, entre sectores populares que veían a la ANP como una élite corrupta e ineficaz.
En 2006, Hamás ganó las elecciones legislativas palestinas, desafiando la hegemonía de Fatah. La comunidad internacional reaccionó con hostilidad: Estados Unidos, Israel y la Unión Europea impusieron un boicot, mientras las tensiones internas crecían progresivamente. En 2007, tras un intento de golpe de Estado por parte del presidente Mahmoud Abbas, Hamás se hizo con el control de la Franja de Gaza en los enfrentamientos subsiguientes con Fatah, lo que provocó la escisión institucional palestina.
La ANP mantuvo su autoridad en Cisjordania, mientras Hamás gobernaba la Franja de Gaza. Desde entonces, el territorio ha estado sometido a un bloqueo israelí-egipcio que ha generado una crisis humanitaria prolongada. Gobernar el enclave palestino ha obligado a Hamás a moverse entre dos lógicas contradictorias: la de un actor que gestiona un territorio y provee servicios básicos a una población empobrecida, y la de un movimiento de resistencia armado contra Israel.
Esta tensión ha marcado toda su trayectoria. Mientras construía instituciones de gobierno, también mantenía su ala militar activa y lanzaba ataques contra el Estado hebreo. A su vez, Israel ha respondido con múltiples operaciones militares a gran escala (2008–2009, 2012, 2014, 2023), que han devastado la infraestructura de la Franja de Gaza sin eliminar a Hamás.
Por su parte, la ANP se ha ido debilitando en Cisjordania. Su autoridad depende en gran medida de la cooperación securitaria con Israel y de la financiación internacional. Mahmoud Abbas, en el poder desde 2005, ha evitado celebrar nuevas elecciones, y su legitimidad está cada vez más cuestionada.
La fragmentación institucional entre la Franja de Gaza y Cisjordania ha bloqueado cualquier estrategia nacional palestina coherente y ha facilitado a Israel consolidar su control territorial sin afrontar un interlocutor unificado.
Esta división no es solo política; también es territorial, social y generacional. Ha dado lugar a dos realidades divergentes bajo un mismo conflicto. Por un lado, una Franja de Gaza gobernada por Hamás, asediada y en resistencia; por otro, una Cisjordania fragmentada, bajo ocupación directa y con una autoridad en crisis. Esta fractura interna es uno de los pilares de la situación actual.
Ultranacionalismo, colonos y cambio interno en Israel
En las últimas dos décadas, la política israelí ha experimentado un giro profundo que ha llevado al poder a sectores ultranacionalistas y religiosos que antes ocupaban los márgenes. Este cambio tiene su base en la expansión sostenida del movimiento colono en Cisjordania y Jerusalén Este, que ha pasado de ser un grupo marginal a convertirse en un actor central del sistema político.
Desde 1967, Israel ha promovido la creación de colonias en los territorios ocupados, pero fue a partir de los años 1990 y especialmente tras la Segunda Intifada cuando el movimiento colono consolidó su influencia institucional y política.
Hoy más de 700.000 colonos viven en Cisjordania y Jerusalén Este, en colonias que combinan funciones residenciales, militares e ideológicas. Muchos de ellos pertenecen a corrientes del sionismo religioso que consideran esos territorios como parte inalienable de la "tierra de Israel".
A diferencia de los primeros kibutz, la colonización contemporánea no se basa en ideales igualitarios, sino en una lógica identitaria y mesiánica. Los colonos han construido redes económicas y políticas propias, con apoyo estatal en infraestructuras, seguridad y financiación, y ejercen presión constante para impedir cualquier retirada territorial.
En el plano político, este movimiento ha dejado de ser un bloque de presión externo para integrarse plenamente en el poder. Partidos ultranacionalistas y religiosos, como el Sionismo Religioso o Poder Judío, se han convertido en socios clave de los gobiernos de derecha. Benjamin Netanyahu, que regresó al poder en 2022, depende de estas fuerzas para sostener su mandato.
Como resultado, figuras que defienden abiertamente políticas de anexión, la limpieza étnica y el genocidio de la población palestina ocupan carteras ministeriales clave, como Finanzas o Seguridad Nacional. Este cambio interno ha tenido efectos directos sobre el terreno. La violencia de colonos contra comunidades palestinas ha aumentado, al tiempo que el ejército israelí adopta una actitud cada vez más permisiva o colaborativa.
Las órdenes de evacuación de colonias ilegales prácticamente han desaparecido, y se multiplican los proyectos de legalización retroactiva. Paralelamente, en el interior de Israel, las reformas judiciales impulsadas por el gobierno han desatado una fuerte polarización social, enfrentando a sectores liberales y conservadores en torno al futuro institucional del país.
El auge del ultranacionalismo y del poder de los colonos ha transformado profundamente el marco político israelí. Ha desplazado el centro de gravedad hacia posiciones maximalistas, ha dificultado cualquier horizonte negociado y ha consolidado una realidad sobre el terreno cada vez más difícil de revertir. Entender este cambio interno es clave para comprender la etapa actual del conflicto.
El papel de Estados Unidos y octubre de 2023
Estados Unidos ha sido el actor externo más influyente en el conflicto palestino-israelí. Desde la Guerra Fría, su alianza estratégica con Israel se ha basado en razones geopolíticas, militares y económicas. Washington ha proporcionado apoyo diplomático constante –incluido el uso del veto en el Consejo de Seguridad–, asistencia militar y cobertura política. Al mismo tiempo, ha intentado posicionarse como mediador, patrocinando procesos como Camp David, Madrid u Oslo.
Sin embargo, su papel ha estado marcado por un desequilibrio estructural: mientras garantizaba la superioridad militar y diplomática de Israel, las demandas palestinas quedaban subordinadas a intereses regionales más amplios.
En la última década, la estrategia estadounidense ha buscado reducir su implicación directa en Oriente Medio para concentrarse en la competencia con China. En ese marco, la administración Trump promovió los Acuerdos de Abraham (2020), que establecieron la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes –Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán– sin exigir avances sustanciales en la cuestión palestina.
Esta política buscaba consolidar un bloque árabe-israelí alineado con Washington y aislar a Irán, al tiempo que relegaba el conflicto palestino a un segundo plano. El gobierno de Joe Biden mantuvo en gran medida esta línea, apostando por ampliar la red de normalizaciones, en especial con Arabia Saudí. La idea era estabilizar la región mediante alianzas interestatales y dar por cerrada, de facto, la centralidad de la cuestión palestina.
En otoño de 2023, las negociaciones entre Washington, Riad y Tel Aviv estaban avanzadas, y en la Casa Blanca se hablaba de un “nuevo Oriente Medio” más tranquilo que en las últimas décadas. Todo cambió el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó una ofensiva sin precedentes desde la Franja de Gaza, atacando posiciones israelíes, penetrando en territorio del sur de Israel, matando a más de 1.200 personas y tomando como rehenes a otras 250.
La respuesta israelí fue inmediata y masiva, desencadenando una guerra abierta en la Franja de Gaza y una enorme crisis regional. El ataque desbarató la narrativa de estabilidad promovida por Washington, reactivó la centralidad de la cuestión palestina en la agenda internacional y abrió un nuevo ciclo de inestabilidad. Antony Blinken, secretario de Estado de la administración Biden, llegó a reconocer que la región no se enfrentaba a una situación tan peligrosa desde 1973.
Este episodio no fue un “cisne negro”, sino la consecuencia de una política que había ignorado las raíces del conflicto. Al priorizar alianzas regionales sobre la resolución de la cuestión palestina, Washington contribuyó a crear una falsa calma que estalló con fuerza.
Octubre de 2023 marcó así un punto de ruptura que ha reconfigurado por completo la dinámica regional y ha devuelto el conflicto palestino-israelí al centro del tablero internacional. En la actualidad, pese al alto el fuego alcanzado entre Hamás e Israel, las causas de fondo siguen sin resolverse, y no sería sorprendente una reactivación de las hostilidades en el futuro.
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