El conflicto saharaui es uno de los más largos y menos visibles de la política internacional. Naciones Unidas considera el Sáhara Occidental el último territorio pendiente de descolonización en África, y su situación sigue marcada por la ocupación de Marruecos, el bloqueo diplomático y una guerra de baja intensidad reactivada en 2020.
Medio siglo después de la retirada española, el conflicto permanece abierto y sin una solución política clara. Coincidiendo con el 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y tras nuestro trabajo sobre el terreno analizando el conflicto y sus implicaciones regionales, reunimos las claves para entender el origen, evolución y situación actual del conflicto saharaui.
Qué es el Sáhara Occidental
El Sáhara Occidental es uno de los conflictos más persistentes y menos comprendidos del sistema internacional. Con más de 265.000 kilómetros cuadrados, este territorio situado en la costa atlántica del norte de África sigue siendo, para Naciones Unidas, el último territorio pendiente de descolonización en África.
Lejos de la imagen de desierto vacío, el Sáhara Occidental ha estado históricamente habitado por poblaciones nómadas organizadas en tribus de origen árabe, bereber y negroafricano.
Estas comunidades desarrollaron formas propias de organización social, económica y cultural, ligadas tanto al desierto como a una rica costa atlántica, integrada desde hace siglos en rutas comerciales y humanas que conectaban el Magreb con África occidental. Fenicios, cartagineses y romanos conocieron estas costas, pero ninguna potencia ejerció una colonización efectiva del territorio hasta finales del siglo XIX.
La ausencia de una colonización europea previa permitió que España, ya en declive, se asegurase tardíamente el control del Sáhara Occidental. El objetivo no era desarrollar el territorio, sino proteger las Islas Canarias y garantizar una presencia mínima en el continente africano. La colonización fue débil, fragmentaria y sostenida mediante acuerdos con las élites tribales, sin una verdadera integración política ni social de la población saharaui.
La importancia del Sáhara Occidental no es solo histórica. Su ubicación lo convierte en un enclave geoestratégico clave: acceso directo al Atlántico, control de rutas marítimas, grandes bancos pesqueros y recursos naturales como fosfatos –explotados desde época colonial–, además de posibles reservas de petróleo, gas y tierras raras. Todo ello explica que, tras la retirada española, el territorio se convirtiera en un objeto de disputa regional.
Desde 1966, Naciones Unidas reconoce explícitamente el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Sin embargo, ese derecho nunca se ha materializado. El conflicto, por tanto, no es un vestigio del pasado, sino una cuestión viva que afecta a la estabilidad del Magreb, a las relaciones entre Marruecos y Argelia y al propio crédito del sistema internacional.
España y el origen del problema
El conflicto del Sáhara Occidental no puede entenderse sin el papel de España. La colonización española, iniciada a finales del siglo XIX, fue tardía, defensiva y marcada por la debilidad de una metrópoli en decadencia. Madrid no llegó al Sáhara para transformarlo, sino para asegurar su retaguardia atlántica y evitar que otras potencias europeas se aproximaran a Canarias.
Durante décadas, la presencia española fue superficial y concentrada en la costa. El interior del territorio no fue plenamente ocupado hasta 1934, y la capital administrativa, El Aaiún, no se fundó hasta 1938.
España gobernó el Sáhara mediante una política de cooptación de las élites tribales, comprando estabilidad a cambio de prebendas, sin alterar sustancialmente las estructuras sociales existentes. Este modelo permitió mantener el control sin una represión sistemática; hasta que dejó de funcionar.
En los años cincuenta y sesenta, el contexto internacional cambió. La oleada de descolonización africana, el auge del panarabismo y el precedente argelino favorecieron la emergencia de un nacionalismo saharaui moderno, que ya no se articulaba en clave tribal, sino política.
España intentó frenar ese proceso mediante fórmulas dilatorias: primero, “provincializando” el territorio en 1958; después, creando instituciones artificiales como la Yemáa o promoviendo un partido satélite, el PUNS, para canalizar una independencia controlada.
Nada de eso funcionó. En 1966, Naciones Unidas reconoció el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, incorporando al Sáhara Occidental a la lista de territorios no autónomos. En 1975, la Corte Internacional de Justicia descartó que Marruecos o Mauritania tuvieran soberanía histórica sobre el territorio, reafirmando la necesidad de un referéndum.
Pese a ello, España optó por retirarse sin culminar la descolonización. En noviembre de 1975, en plena agonía del franquismo y bajo la presión de la Marcha Verde, Madrid firmó los Acuerdos Tripartitos de Madrid, mediante los cuales cedía de facto la administración del territorio a Marruecos y Mauritania. Naciones Unidas nunca reconoció estos acuerdos ni consideró que transfirieran la soberanía, algo que España no estaba legalmente capacitada para hacer.
La retirada española dejó al Sáhara Occidental en un limbo político: sin referéndum, sin una potencia administradora efectiva y expuesto a la ocupación militar. Ese vacío sería el punto de partida de la ocupación y de la guerra que estallaría a partir de 1975.
Guerra, muros y el referéndum que nunca llegó
Tras la retirada española, el Sáhara Occidental entró en su fase más violenta. Entre 1975 y 1991, el territorio fue escenario de una guerra que enfrentó al Frente Polisario –movimiento de liberación nacional saharaui– contra Marruecos y Mauritania, las dos potencias que ocuparon el territorio tras la salida de Madrid. La desigualdad militar era enorme, pero el Polisario logró compensarla mediante guerra de guerrillas y un profundo conocimiento del terreno.
La primera fase del conflicto se centró en Mauritania, el eslabón más débil del binomio ocupante. Con un Estado frágil, una economía muy dependiente de la minería y una capacidad militar limitada, Nuakchot se convirtió en el objetivo prioritario del Polisario.
Mediante ataques constantes a infraestructuras estratégicas, rutas de transporte y centros económicos clave –incluidas incursiones en el propio territorio mauritano–, el movimiento saharaui logró desgastar a las fuerzas mauritanas hasta hacer insostenible la ocupación. En 1979, Mauritania renunció a sus pretensiones sobre el Sáhara Occidental, firmó la paz con el Polisario y reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
No obstante, Marruecos ocupó inmediatamente los territorios evacuados, quedando como único adversario del Polisario. A partir de ese momento, la guerra adquirió otra dimensión.
Rabat, consciente de que no podía derrotar decisivamente al Polisario en el terreno, optó por una estrategia defensiva de largo plazo, apoyada por Francia y Estados Unidos. El elemento central de esta estrategia fue la construcción de una extensa red de muros fortificados, protegidos por minas, radares y guarniciones permanentes.
Estos muros dividieron el territorio y limitaron severamente la capacidad de maniobra saharaui, permitiendo a Marruecos consolidar el control de aproximadamente el 80% del Sáhara Occidental, incluyendo las principales ciudades, la franja costera y los recursos estratégicos. El Polisario mantuvo el control del extremo oriental del territorio, una zona mucho más despoblada y desértica, pero suficiente para sostener su reivindicación política y militar.
En 1991, tras años de guerra y bajo mediación internacional, ambas partes aceptaron un alto el fuego auspiciado por Naciones Unidas. El acuerdo incluía un compromiso central: la celebración de un referéndum de autodeterminación, supervisado por la MINURSO. Ese referéndum nunca se celebró. Disputas sobre el censo electoral, maniobras dilatorias y la falta de presión internacional efectiva bloquearon el proceso desde el inicio.
Desde entonces, el conflicto quedó congelado. El alto el fuego redujo la violencia abierta, pero consolidó una realidad sobre el terreno claramente favorable a Marruecos. La MINURSO se convirtió en una misión sin capacidad política real y sin mandato para supervisar los derechos humanos.
Un Estado en el exilio y la batalla diplomática
Paralelamente a la guerra y al posterior alto el fuego, el pueblo saharaui desarrolló una experiencia política singular: la construcción de un Estado en el exilio. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD), proclamada en 1976, nació en condiciones extremas, sin control efectivo sobre la mayor parte del territorio y sin heredar ninguna estructura administrativa colonial.
Lejos de ser una simple declaración simbólica, el proyecto saharaui fue adquiriendo con el tiempo una dimensión institucional real. El núcleo de este Estado en el exilio se consolidó en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, donde decenas de miles de saharauis se asentaron tras huir de la guerra y la ocupación.
Allí, el Frente Polisario impulsó un proceso político y social inédito: la sustitución de la estructura tribal tradicional por una organización estatal, con divisiones administrativas, servicios básicos y organizaciones de masas que desempeñaron un papel central en la cohesión social. Este proceso fue clave para la construcción de una identidad nacional saharaui moderna, forjada en el exilio y en la resistencia.
En el plano político, la RASD se estructuró como un sistema de partido único mientras durase el conflicto, concentrando en el Frente Polisario la representación del pueblo saharaui.
Su secretario general ejerce también como presidente de la República, elegido en los congresos de la organización. Aunque limitado por la dependencia de la ayuda humanitaria y por la ausencia de control territorial pleno, este entramado institucional permitió a la causa saharaui mantener continuidad política durante décadas.
La batalla diplomática fue el otro gran frente del conflicto. Consciente de su inferioridad militar frente a Marruecos, el Frente Polisario apostó desde el inicio por el derecho internacional como principal herramienta de legitimación.
Naciones Unidas considera al Sáhara Occidental un territorio no autónomo pendiente de descolonización; la Corte Internacional de Justicia negó cualquier soberanía marroquí o mauritana; y el referéndum de autodeterminación sigue siendo, formalmente, la base del proceso político.
Uno de los mayores éxitos diplomáticos de la RASD fue su integración en África. En 1984 ingresó como Estado miembro en la Organización para la Unidad Africana y posteriormente se convirtió en miembro fundador de la Unión Africana. Esta decisión provocó la retirada de Marruecos de la organización durante más de tres décadas. Sin embargo, Rabat regresó en 2017 con una estrategia orientada a erosionar desde dentro el reconocimiento de la RASD.
Así, mientras el conflicto permanecía congelado sobre el terreno, la disputa se trasladó a los foros internacionales. El Sáhara Occidental dejó de librarse solo en el desierto y pasó a dirimirse también en despachos, cumbres y equilibrios diplomáticos.
El conflicto saharaui en la actualidad
El frágil equilibrio alcanzado en 1991 se rompió definitivamente en noviembre de 2020. Tras casi tres décadas de alto el fuego sin avances políticos, el Frente Polisario dio por terminado el acuerdo con Marruecos después de que las Fuerzas Armadas Reales intervinieran en Guerguerat, una franja desmilitarizada en el extremo suroeste del Sáhara Occidental clave para el tránsito comercial hacia Mauritania y África occidental.
Para el Polisario, aquella intervención supuso una violación directa del alto el fuego. Desde entonces, el conflicto ha entrado en una fase de guerra de baja intensidad. Los enfrentamientos se concentran principalmente a lo largo del muro marroquí y no han alterado de forma sustancial el equilibrio territorial heredado de 1991.
Marruecos mantiene el control de la mayor parte del territorio y de los principales núcleos urbanos, mientras que el Polisario conserva el control del extremo oriental. La reanudación de la guerra no ha sido decisiva en términos militares, pero sí ha tenido un impacto político profundo.
Para la sociedad saharaui, especialmente para las generaciones nacidas y criadas en los campamentos de refugiados, la ruptura del alto el fuego refleja el agotamiento de la vía exclusivamente diplomática. Décadas de espera, promesas incumplidas y una MINURSO incapaz de cumplir su mandato han erosionado la credibilidad del proceso de paz.
Marruecos, por su parte, ha reforzado su estrategia de hechos consumados. A la consolidación militar se suma una política de inversión, colonización demográfica y control administrativo del territorio ocupado, acompañada de una intensa labor diplomática para normalizar su soberanía de facto.
En este contexto se inscribe el reconocimiento estadounidense de la “marroquinidad” del Sáhara Occidental en 2020, un gesto de alto valor simbólico que no modificó el estatus jurídico del territorio, pero sí alteró los equilibrios políticos.
Europa mantiene una posición ambigua –aunque cada vez más posicionada hacia Rabat–, atrapada entre el respeto formal al derecho internacional y la centralidad de Marruecos como socio estratégico en materia migratoria, económica y de seguridad. Argelia, principal valedor del Polisario, sigue siendo un actor clave, lo que vincula directamente el conflicto saharaui a la rivalidad estructural argelino-marroquí.
Hoy, el Sáhara Occidental se mueve entre tres escenarios: la prolongación indefinida del conflicto congelado, la consolidación de una autonomía bajo soberanía marroquí sin referéndum o una escalada gradual de la confrontación.
Suscríbete y accede a los nuevos Artículos Exclusivos desde 3,99€
Si escoges nuestro plan DLG Premium anual tendrás también acceso a todos los seminarios de Descifrando la Guerra, incluyendo directos y grabaciones.
