Irak, que ha quedado en el fuego cruzado de la guerra lanzada por Estados Unidos contra Irán, mantiene una relación muy estrecha con ambos países. Pero las presiones ejercidas por Washington sobre la débil economía iraquí –muy dependiente del petróleo y duramente afectada por el bloqueo de Ormuz– han llevado a Bagdad a ceder, pues la Casa Blanca mantiene un importante control sobre sus finanzas desde la invasión de 2003.
Entre otras palancas de poder de Estados Unidos, las cuentas en las que se depositan los ingresos del petróleo iraquí se encuentran en la Reserva Federal estadounidense, y el Gobierno depende de los envíos periódicos de dólares.
Para recuperar esta transfusión vital, el nuevo primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, se ha comprometido a desarmar a las milicias chiíes –muchas de ellas aliadas de Irán–, convirtiendo esta cuestión en la prioridad de su mandato.
El ultimátum de Zaidi
Con esta intención, al-Zaidi lanzó en junio un ultimátum: para el 30 de septiembre, el monopolio de la violencia debía volver a estar en manos del Estado. Todas las milicias independientes –principalmente las agrupadas en torno a la Resistencia Islámica en Irak– y paragubernamentales –como las Fuerzas de Movilización Popular (PMF)– debían entregar las armas a los cuerpos de seguridad.
Adelantándose a este proceso, en mayo el clérigo chií Muqtada al-Sadr ya había anunciado la separación entre su movimiento político y su brazo armado, Saraya Salam, poniendo a sus miembros bajo la autoridad del Estado. A este le siguieron las milicias Asaib Ahl al-Haq y las Brigadas del Imán Ali.
Sin embargo, al-Sadr no cuenta con el apoyo de Irán y opera de forma independiente, mientras que las otras dos milicias pertenecen a las PMF, pero no a la Resistencia Islámica en Irak, organización paraguas que agrupa a facciones de línea dura alineadas con Teherán y contrarias al desarme.
Los ataques contra Arabia Saudí desde Irak, coincidiendo con la escalada en Yemen, han aumentado todavía más la tensión. Como respuesta, los bombardeos aéreos de Estados Unidos y Arabia Saudí contra las PMF a finales de julio han dejado al primer ministro iraquí en una posición políticamente difícil.
Las PMF movilizaron un boicot contra los productos saudíes y obligaron a al-Zaidi a cancelar su visita a Riad. Posteriormente, el primer ministro se reunió con los líderes de las PMF y ordenó indemnizar a las familias de las víctimas.
A pesar de estos gestos, al-Zaidi ha continuado con su hoja de ruta, aunque sometido a presiones de unos y otros. Durante la visita del jefe de los servicios de inteligencia de Arabia Saudí a Bagdad, el 7 de agosto, el primer ministro reiteró la oposición del Gobierno a que los grupos armados lanzaran ataques desde territorio iraquí.
Tres días después, el comandante de la Fuerza Quds de Irán, Esmail Qaani, llegó a Bagdad y, según se informa, expresó su oposición al desarme de las milicias chiíes y advirtió contra una confrontación militar entre las fuerzas gubernamentales de Irak y estos grupos.
El 11 de agosto, al-Zaidi solicitó al Parlamento que colaborara en la redacción de una ley que sometiera todas las armas al control del Estado, calificando los arsenales fuera de su alcance como “el mayor peligro para el Estado”.
Sin embargo, los diputados alineados con Kata’ib Hezbolá, que sostienen su Gobierno y cuentan con una milicia propia, se opusieron e instaron a buscar una solución política. El 21 de agosto, al-Zaidi afirmó que “no tenía intención” de buscar un enfrentamiento militar, alegando que “existe un diálogo constructivo”.
Mohammad Bagher Ghalibaf, el influyente presidente del Parlamento iraní, visitó Irak entre el 19 y el 21 de agosto, cuando, según se reporta, planteó opciones que incluían “congelar” las armas de las milicias o transferirlas a la República Islámica.
Finalmente, a finales del mes, el asesor de seguridad de al-Zaidi, Qasim al-Araji, pareció dar marcha atrás respecto al plazo del 30 de septiembre, al afirmar que esa fecha marcaba la retirada de las fuerzas estadounidenses y que el desarme de las milicias comenzaría posteriormente. No obstante, esta cuestión seguirá marcando las dinámicas internas del país durante los próximos meses y años.
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