El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) daba la razón al Frente Polisario, anulando los acuerdos de pesca y agricultura firmados entre Bruselas y Marruecos por no contar con el consentimiento del pueblo saharaui. Esta decisión es parte de un largo proceso legal que, fruto de una estrategia ideada por la diplomacia saharaui, ha sacado a relucir una dimensión tan clave como compleja del conflicto del Sáhara Occidental: la lucha por el control de los recursos naturales.
Una historia escrita por los colonizadores
Decimos que ha sacado a relucir porque no es nada nuevo: los recursos naturales en el Sáhara Occidental llevan en el punto de mira de su potencia ocupante –tanto España o Mauritania en su momento, como Marruecos en la actualidad– desde hace décadas. Y es que, además de su afán por participar, por marginalmente que fuera, en la repartición del pastel colonial africano que fue la Conferencia de Berlín en 1885, las actividades pesqueras llevadas a cabo por la flota canaria en las aguas adyacentes al Sáhara Occidental fue uno de los factores que reforzó el interés español en el territorio.
Ya con Francisco Franco en el poder, la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental continúo siendo uno de los principales vectores que guiaron la ocupación española. En la década de 1940, una serie de estudios geológicos evidenciaron la presencia de petróleo y fosfato en el territorio. Mientras la extracción de crudo no fue posible –la inversión era costosa y el beneficio dudoso–, el descubrimiento de uno de los yacimientos más grandes de fosfato del mundo en el desierto saharaui –concretamente en Bu Craa– estuvo detrás de la expansión del proyecto colonial español hacia el interior.
Fue precisamente una compañía estatal franquista, la Empresa Nacional Minera del Sáhara (EMINSA) –que pasó a llamarse Fosfatos de Bucraa en 1969–, la que construyó e inauguró, en 1968, la mina de Fos Bucraa. Se complementó con una banda transportadora de 100 kilómetros para trasladar el fosfato a El Aaiún, donde se comercializaría por vía marítima. Actualmente, estas instalaciones siguen en funcionamiento y gestionadas por una filial que mantiene, traducido, el nombre Phosboucraa. No obstante, su gestión no responde a los intereses franquistas, sino a los de la empresa estatal marroquí Office Chérifien des Phosphates.
Más representativo aún de la relevancia del control de los recursos naturales en la etapa española es su presencia en las reivindicaciones independentistas saharauis previas a 1975.
A través del “Informe sobre la actitud política de la mujer saharaui”, elaborado por Concepción Mateo, delegada de la Sección Femenina del régimen en la entonces provincia del Sáhara español, sabemos que además de ser en su gran mayoría favorables a la independencia y el derecho de autodeterminación, las mujeres saharauis eran plenamente conscientes de su riqueza, sobre todo en fosfato, y del hecho de que los españoles se lo estaban llevando. Asimismo, el informe reporta un episodio en que, en octubre de 1974, miembros del recientemente creado Frente Polisario sabotearon la banda transportadora de Fos Bucraa.
Este tipo de objetivos siguieron siendo claves posteriormente en la guerra contra Mauritania. Episodios como la acción por parte del Frente Polisario contra la ciudad minera de Zuérate, gestionada por una empresa estatal mauritana con acciones francesas, demuestran hasta qué punto los recursos naturales y su explotación estaban presentes en el imaginario saharaui.
El fosfato y la pesca también jugaron un papel importante en el controvertido Acuerdo Tripartito de Madrid de 1975. Sus protocolos aseguraron para España un 35% de las acciones de Phosboucraa –de las que se benefició hasta 2002–, además del acceso, pagamento mediante, de los pesqueros españoles a las ricas aguas saharauis.
Estas concesiones, a parte de ser un favor por las facilidades que el agonizante franquismo puso a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, también encerraban utilidades para Rabat. En el caso de la pesca, compensaciones económicas; en el caso de los fosfatos, mediante la asistencia técnica española, sustancial por la experiencia acumulada en los años previos de gestión de la mina, que aseguró a Marruecos el continuado funcionamiento de un yacimiento que producía algo menos de tres millones de toneladas de fosfato al año.
Posteriormente, el peso de los recursos naturales del Sáhara Occidental en la economía marroquí ha venido consolidándose. No hay duda de que el yacimiento de Bucraa ha ayudado a Marruecos a postularse como el país con las mayores reservas de fosfato del mundo, así como líder mundial en su exportación. De igual manera, la sobreexplotación de muchos de los caladeros marroquíes y la biodiversidad de las aguas saharauis han incrementado su relevancia en el sector pesquero, llegando a suponer el 63,26% del valor total de las capturas marroquíes en 2020.
No obstante, es engañoso pensar en el control de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de Marruecos en términos puramente económicos. Contrariamente, en este ámbito se produce una intersección de los objetivos económicos y políticos marroquíes, en la que los primeros –sacar rédito económico de la explotación y comercialización de los recursos– no se entienden sin los segundos –asegurar la anexión del territorio–, y viceversa. La anexión del Sáhara Occidental es uno de los objetivos primordiales de la teoría del Gran Marruecos que es, a su vez, parte fundamental del proyecto nacional de la monarquía alauita.
¿Cómo se concreta esta intersección? En primer lugar, la gestión y los beneficios de los recursos naturales del Sáhara Occidental juegan un papel fundamental en el contentamiento del Majzén, el “Estado profundo” marroquí compuesto por las grandes élites políticas, económicas y militares cercanas a la monarquía y que, para muchos, constituye el verdadero poder fáctico del país magrebí.
Tradicionalmente, el clientelismo ha sido el modus operandi del Majzén. El monarca, mediante la cesión de ámbitos públicos para que sus componentes lo administren como su dominio personal, ha asegurado a cambio su lealtad. Esta estrategia ha sido aplicada también al Sáhara Occidental, donde sobre todo la élite militar –que materialmente ejecuta la ocupación– ha sido recompensada con porciones de la riqueza saharaui. Esto ha consolidado y proyectado los intereses geoestratégicos del Majzén en la región.
Por otro lado, las ganancias estatales por la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental son usadas para costear, al menos parcialmente, el elevado gasto que supone la continuada ocupación militar y que tiene su expresión física en la berma, el muro militar más largo del mundo, cuya extensión alcanza los 2.700 kilómetros.
Asimismo, la actividad económica asociada a los recursos naturales es usada como doble legitimación de la ocupación: por un lado, interna –mediante la aparente rentabilidad económica de la ocupación– y por otro externa –a través de una apariencia de normalidad y viabilidad de la anexión marroquí, así como una inversión en el territorio que resultaría en un supuesto beneficio para la población local–.
Pero ¿quién constituye esta población local? Los recursos naturales saharauis han sido usados como herramienta en la deliberada estrategia de ingeniería demográfica iniciada por las autoridades marroquíes desde la misma Marcha Verde. Esta, que incluye políticas como subsidios para los ciudadanos marroquíes que decidan desplazarse al Sáhara Occidental, tiene varios objetivos: crear confusión entorno a la elaboración del censo para el referéndum de autodeterminación, legitimar por razones demográficas la anexión o forzar la aparición de una población potencialmente desplazada en caso de que se conformara un Estado saharaui.
En esta estrategia, la necesidad de mano de obra para ejecutar la explotación de los recursos justifica a la vez que constituye un medio de vida para la llegada masiva de colonos marroquíes. Que los pocos saharauis restantes en el Sáhara ocupado desempeñen un lugar marginal en su mercado laboral es una prueba más de esta situación.
Por último, con la firma de acuerdos relativos a los recursos y su explotación, Marruecos ha buscado sumar adeptos a sus planes anexionistas en el Sáhara Occidental. En este sentido, la firma de varios acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos constituye un caso particular.
Los acuerdos UE-Marruecos
En concreto nos referimos a dos paquetes de acuerdos: unos relativos a la pesca y los otros a la liberalización de productos agrícolas. El primero, que tiene su origen en el mismo Acuerdo Tripartito de Madrid, se europeizó con la entrada de España en la CEE. Conocido como Fisheries Partnership Agreement (FPA) en su versión comunitaria, su última renovación tuvo vigencia entre 2019 y 2023. El segundo, más reciente, se trata de una modificación en 2012 del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, que a su vez fue modificado en 2019.
Pese a su antigüedad y manifiesta ilegalidad según la opinión de varios juristas, no fueron estos acuerdos los que dieron pie a la disputa jurídica que terminaría con su anulación. Por el contrario, fueron unos acuerdos contraídos en 2001 entre Marruecos y las empresas Kerr McGee y Total Fina-Elf para la realización de exploraciones petrolíferas en aguas saharauis. Teniendo en cuenta la nacionalidad del capital de las compañías –estadounidense la primera y francesa la segunda– se hace difícil pensar que fueran escogidas al azar y no como un favor para evitar resoluciones adversas por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.
En cualquier caso, los contratos desembocaron en la publicación de un informe por el entonces subsecretario general de Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico de las Naciones Unidas, Hans Corell. Pese a no anular los contratos en sí, el documento reafirmó el estatus, según la ONU, de Territorio No Autónomo (TNA) del Sáhara Occidental, una condición que sustenta desde 1963.
Como tal, el jurista impuso dos condiciones básicas para que los contratos de esta naturaleza –es decir, relativos a la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental– sean legales: primero, que redunden en beneficio del pueblo del TNA en cuestión –en este caso, el pueblo saharaui–; segundo, que se realicen en su nombre o con el consentimiento de sus representantes –en el caso que nos ocupa, el Frente Polisario–.
No obstante, el beneficio de los acuerdos para el pueblo saharaui era dudoso, y el Frente Polisario no solo negaba su consentimiento, sino que manifestaba abiertamente su oposición. Sobre esta base jurídica, la diplomacia saharaui inició su campaña de presión.
Acciones como la carta de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) al ministro de Finanzas noruego o el anuncio, por parte de la RASD, del otorgamiento de sus propias licencias para la explotación de petróleo y gas en el Sáhara Occidental condujeron pocos años después al cese de las actividades sobre el terreno de estas dos empresas. Estas –tempranas y siempre parciales– victorias evidenciaron una realidad: la lucha por la gestión y explotación de los recursos naturales saharauis era una arena de combate relativamente ventajosa para la diplomacia del Frente Polisario.
Esto se debe a varios factores. Por un lado, esta contienda potenciaba la relación simbiótica entre el pueblo saharaui y los grupos de solidaridad con su causa. Esta situación permitía a los segundos protagonizar campañas de presión y boicot que resultaran en cambios efectivos sobre el terreno. Por otro, se ha dado un incremento en las posibilidades de acceso a estudios superiores de las nuevas generaciones saharauis. Los conocimientos adquiridos en ámbitos como el derecho han sido fundamentales para llevar a cabo las campañas de presión y desarrollar la disputa jurídica en las instituciones jurídicas europeas.
La estrategia se amplió a los acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos. La primera victoria en este campo fue la histórica negativa del Parlamento Europeo de renovar el FPA en 2011. Entre cuestiones de sostenibilidad económica y ambiental, el órgano legislativo subrayó que un acuerdo futuro debía tener en cuenta y beneficiar los intereses de la población saharaui. No gozó la diplomacia saharaui de semejante éxito en 2014 y 2019 cuando, sin aparente cambio en la posición de la RASD, el FPA volvió a ser renovado.
De todos modos, y siguiendo el triunfo alcanzado en el Parlamento Europeo, el Frente Polisario decidió en 2012 iniciar la vía legal, interponiendo dos recursos ante las instancias jurídicas europeas. A estos se sumó un tercer caso, iniciado por la ONG Western Sahara Campaign UK en Reino Unido, pero que acabó elevándose a la justicia comunitaria, desembocando en una sentencia relevante al respecto.
En la primera batería de sentencias –entre 2015 y 2018– al respecto, la justicia europea decidió leer al pie de la letra los acuerdos y no invalidarlos por su no inclusión explícita del Sáhara Occidental. Esto supuso ignorar la realidad sabida y manifiesta en el terreno, expresada, por poner un ejemplo, en el dato aportado por la misma Comisión Europea de que el 91.5% del pescado importado bajo el FPA de 2007-2011 provenía de aguas saharauis.
Sin embargo, al reafirmar el estatus distinto del territorio como TNA, se estableció que, para que los acuerdos fueran legales, debían ser tanto beneficiosos para el pueblo saharaui como contar con su consentimiento. Hasta entonces, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea no los consideraban como dos condiciones simultáneas, sino como alternativas. De este modo, se amparaban en un supuesto beneficio para el pueblo saharaui, omitiendo la necesidad de obtener también su consentimiento.
Las instancias políticas europeas se vieron obligadas a cambiar de estrategia. Para que la renovación de los acuerdos en 2019 incluyera el Sáhara Occidental, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) realizaron un dudoso proceso de consultas.
Y fue dudoso porque se permitieron una serie de adecuaciones conceptuales: cambiaron el concepto de consentimiento por el término, más laxo, de consulta; y permutaron el de “pueblo del Sáhara Occidental” por “las poblaciones afectadas”, de forma que el proceso de consultas involucrara a otras organizaciones además del Frente Polisario. Aun así, el resultado fue que 94 de las 112 partes interesadas presuntamente consultadas manifestaron no haberlo sido. Estas irregularidades están entre los motivos de la anulación definitiva de los acuerdos por parte del TJUE en octubre de 2024.
Más allá de los recursos naturales saharauis
Este particular vaivén entre las instancias políticas y jurídicas de la Unión Europea puede interpretarse como una división interna o como un proceso cooperativo entre ambas para dilatar tanto como fuera posible la anulación de los acuerdos. En cualquier caso, lo que es seguro es que Bruselas ha estado dispuesto a poner en riesgo su legitimidad y credibilidad por ciertos intereses políticos.
¿Cuáles son estos intereses políticos? Más allá del beneficio económico que pueden activar los acuerdos, el objetivo primordial es satisfacer a Marruecos, gran socio europeo de creciente importancia por su capacidad en sectores como la seguridad, la lucha contra el terrorismo y, sobre todo, el control de la inmigración irregular. Prueba de ello es que las tensiones producidas por las intervenciones de la justicia europea en los acuerdos han sido respondidas por Marruecos con “renovaciones de los flujos migratorios”.
En este escenario, tanto para Marruecos como para el Frente Polisario, los acuerdos representan un escenario más en la larga lucha por el reconocimiento internacional de la soberanía de uno u otro actor sobre el territorio del Sáhara Occidental. En el fondo, la cuestión es establecer quién es el interlocutor válido en esta conversación.
Si la Unión Europea firma unos acuerdos con Marruecos que explícitamente incluyen el Sáhara Occidental, ignorando de manera deliberada la postura del Frente Polisario, lo que está haciendo es reconocer de forma –ya no tan implícita– la soberanía marroquí sobre el territorio. Es por eso que Rabat presiona no solo con su manejo más o menos descuidado de las vallas en Ceuta y Melilla, sino también con negociaciones con países como Rusia que, sin contratiempos jurídicos, acepta el intercambio.
El expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental fue una de las razones que llevaron a las protestas en las cercanías de Guerguerat, que desembocaron en el fin de la tregua y el inicio de la segunda etapa de la guerra. Mientras, más de medio siglo después, en la esfera política la situación es cada vez más favorable a las aspiraciones marroquíes. Al histórico respaldo de Francia, el acercamiento a Israel y la carta filtrada de Pedro Sánchez se suma la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, quien en 2020 ya reconoció oficialmente la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.
En el caso de los acuerdos UE-Marruecos, la diplomacia saharaui ha jugado bien sus cartas. Ante a una tendencia política cada vez más adversa, el Frente Polisario ha buscado nivelar la balanza, forzando la entrada del derecho internacional y comunitario, que claramente le da la razón. Cabe esperar para ver si, en este “mundo basado en reglas” en descomposición, esta estrategia fructifica en cambios sustanciales en su larga lucha por la soberanía sobre el Sáhara Occidental.
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