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Crisis y refundación del Estado: el Gran Marruecos y la ocupación del Sáhara

Marcha verde para materializar la ocupación del Sáhara por parte de Marruecos.
Marcha verde para materializar la ocupación del Sáhara por parte de Marruecos.

Tras lograr la independencia en 1956, la Corona marroquí consigue desplazar al nacionalismo y erigirse como el Estado en sí misma, como poder dirigente. A cambio paga el precio de que el Estado carezca de una base de masas lo bastante sólida y deberá enfrentarse a manifestaciones masivas, huelgas y el descontento en el ejército. Es decir, la victoria monárquica en la construcción del nuevo Marruecos socava los cimientos del edificio en su conjunto.

El ascenso al trono de Hassan II y la aprobación de una Constitución en 1962 otorgada suponen un salto cualitativo en esta tendencia. El nuevo monarca se atreverá a ir más allá que su padre, apostando por la construcción de las instituciones estatales en solitario, sin el apoyo de los partidos nacionalistas. Como dijimos, la carta magna es el primer paso, pues le permite reunir capital político frente al pueblo y asegura un marco en el que la Corona queda oficialmente por encima de los demás poderes del Estado. A partir de aquí, la Corona busca asentarse, primero a través de unas elecciones legislativas –las primeras de la historia marroquí–. Tras comprobar los pobres resultados que arroja esta opción, optará por declarar el estado de excepción. 

Para ampliar: El protectorado francés de Marruecos: el ocaso de la sociedad precolonial

Después de asegurar una carta magna favorable, Hassan II convocó elecciones legislativas para 1963 y encargó la preparación de una coalición monárquica a Ahmed Guedira, figura política muy cercana al soberano. Así nació el Frente por la Defensa de las Instituciones Constitucionales (FDIC), que articulaba un espacio de centro derecha en el que la gran burguesía compradora concurría conjuntamente con representantes del Movimiento Popular –organización de la pequeña burguesía rural a la que Hassan supo atraer con concesiones–. 

Pero las elecciones no proporcionaron unas instituciones lo bastante sólidas. El Parlamento estaba dividido en dos bloques opuestos –monárquico y nacionalista– con casi el mismo número de diputados. El FDIC formó un ejecutivo caracterizado por su inestabilidad. Al fin y al cabo, el Frente era apenas un partido político, más bien un conglomerado precario, cuyo gobierno estalló en pedazos al poco tiempo. Aún con el fracaso del FDIC, los nacionalistas fueron incapaces de utilizar el Parlamento como plataforma de oposición efectiva; el verdadero poder estatal se encontraba en las redes extrainstitucionales de la Corona, en el makhzen o gobierno en la sombra.

El estado de excepción (1965-1970)

Esta nueva crisis política culminó en las grandes manifestaciones de 1965, las cuales fueron duramente reprimidas, Varios líderes izquierdistas fueron ejecutados, como Mohammed Basri, torturados y asesinados, como Ben Barka en París, o encarcelados. En tal situación nadie podrá evitar que el nuevo sultán declare el estado de excepción, que se prolongará desde 1965 hasta 1970.

Durante el lustro que duró el estado de excepción, la Corona buscó culminar el encaje institucional mientras perseguía a los opositores y reprimía duramente las luchas económicas y democráticas de la clase obrera y de la pequeña burguesía. En 1965 un decreto real unifica el sistema judicial, integrando los tribunales religiosos y codificando un derecho civil basado en la ley islámica. Económicamente, el Estado empieza a intervenir de forma significativa a partir de 1965, apoyándose en una élite tecnocrática.

Además, se prepara la redacción de un nuevo texto constitucional que fortifique aún más a Palacio y profundice en la limitación del poder de los partidos políticos y el legislativo; a modo de muestra, en el artículo 3 se contempla que en el Parlamento estén representadas diversas corporaciones “que concurren a la representación de los ciudadanos”. Asimismo, la reforma constitucionaliza algunos aspectos del estado de excepción, como la importancia que se atribuye al poder reglamentario –reglamentos y decretos que desarrollan las leyes–, en manos del Rey. 

Para ampliar: Primeros pasos del nacionalismo marroquí: orígenes y aspiraciones iniciales

En cualquier caso, hacia finales de década se fue haciendo evidente que era necesaria una apertura que estabilizara al régimen trayendo de vuelta al redil a los nacionalistas. Sin embargo, ni el estado de excepción, ni su final en 1970, ni el proceso constitucional que le sigue atenuaron la conflictividad social. Por el contrario, revelaron que las tensiones no habían hecho sino aumentar, y que la legitimidad de la Corona descansaba sobre arenas movedizas. 

El Istiqlal –partido político fundado en 1943 que defendía la independencia de Marruecos– y la Unión Nacional de Fuerzas Populares (UNFP) boicotearon la transición desde el inicio, denunciando la normalización de medidas supuestamente extraordinarias y la suspensión arbitraria de derechos civiles. Los militares tampoco se mostraban favorables al rey: en julio de 1971 un grupo de cadetes irrumpe en la celebración del aniversario real y trata de asesinar a Hassan II; en 1972 el monarca es objeto de otra intentona regicida a manos del general Oufkir, y un tercer golpe fracasa en 1973. La Corona responde con una purga del Estado Mayor, ejecutando a Oufkir y encarcelando a varios sospechosos de colaborar con él. 

Así pues, el lustro que empieza en 1970 es crítico para la consolidación de la Corona, que adoptará dos respuestas complementarias para hacer frente a la crisis de legitimidad. En primer lugar, una política económica de desarrollo nacional. Y en segundo, la asunción del proyecto del Gran Marruecos como clave de bóveda de una nueva estrategia de unidad nacional. 

La marocanisation

Se conoce como marocanisation al conjunto de medidas adoptadas por el Estado en los años setenta con el fin de desarrollar el mercado interno y aumentar el control que la burguesía del país ejercía sobre él. Políticamente, formó parte de la lucha por la hegemonía monárquica del discurso patriótico. Desde 1970 el concepto cogió fuerza en ambientes intelectuales, y en marzo de 1973 el gobierno comenzó a tomar medidas destinadas a “acelerar el surgimiento de una clase sólida de empresarios marroquíes”, buscando conseguir una mayor presencia nacional tanto a nivel de propiedad como a nivel de gestión.

Cabe aclarar que no se trató de un programa de nacionalización al estilo pequeñoburgués, como proponía la UNFP; la intervención benefició ante todo a empresarios privados. Además, en general benefició la concentración del capital en manos de la élite y aumentó la escala a la que se interrelacionaban el capital marroquí y el extranjero, lejos de aumentar la independencia del primero. Sintomáticamente, la exportación de productos agrícolas y fosfatos seguirá conformando un espacio de acumulación privilegiado para el capital. Así, la nacionalización no altera en lo sustancial la estructura económica marroquí.

La marroquinización alcanzó a unas 1.500 empresas de manera muy desigual, afectando mucho más a sectores en los que ya existía tejido empresarial nacional: la producción textil, el turismo y la restauración. En las grandes compañías extranjeras, el Estado comenzó a actuar como accionista a través de bancos como la Societé Nationale des Investissements, que funcionó como una compañía holding. Se dio preferencia al sector minero –minas de Zellidja–, pero también llegó a empresas como Cellulose du Maroc, Lesier o Forges Carnaud. 

Para ampliar: La lucha por la independencia y los primeros años del nuevo Marruecos

El intervencionismo del Estado fortaleció también al sector bancario y a la bolsa de Casablanca, donde la venta de acciones se duplicó de 1971 a 1972, entrando en una fase de fuerte crecimiento. Pero donde la marocanisation cosechó su mayor éxito fue en el ámbito rural. 400.000 hectáreas de tierra pasaron a manos de propietarios marroquíes, casi la práctica totalidad del remanente de la colonización agraria llevada a cabo durante el Protectorado. Ahora bien, ¿qué significan estos cambios en términos de lucha de clases?

El objetivo de Palacio era, ante todo, ampliar la base social del Estado arrinconando a los nacionalistas en una posición subordinada. El desarrollismo ofrecía la ventaja de aportar vías para el encuadramiento de masas alternativas al parlamentarismo y las elecciones. Así, las inversiones se repartieron en gran parte a través de redes clientelares, siendo la corrupción institucional un método aplicado sistemáticamente para forjar relaciones de patronazgo con diferentes fracciones del capital. 

La marroquinización permitió al monarca imponer la vinculación corporativa, apolítica, en detrimento del protagonismo de los partidos como correa de transmisión entre las masas. En un artículo de la época, un intelectual nacionalista se lamentaba de la “feudalización” de la clase burguesa, refiriéndose a este tipo de relaciones. La reforma también tuvo el efecto de desplazar el liderazgo tradicional de Fez y los fassis, propiciando el ascenso de nuevos intereses: a partir de 1975 los soussis de Agadir serán los mayores millonarios del país. Y estas nuevas grandes fortunas tendrán una relación mucho más estrecha con la Corona que con el Istiqlal. 

Por último, la hegemonía monárquica entre los capitalistas agrarios, grandes y pequeños, se convierte en indiscutible. Con todo ello se reafirma la dependencia de la burguesía nacional y la pequeña burguesía –Istiqlal, Partido Democrático por la Independencia, Unión Nacional de Fuerzas Populares– respecto de la gran burguesía marroquí. Pero la vuelta del hijo pródigo a la nueva normalidad institucional dependerá en gran medida del otro gran acontecimiento de esos años: la ocupación del Sáhara.

La ocupación del Sáhara o la refundación del Estado

El Estado marroquí había ido maniobrando internacionalmente desde la década de 1960 de cara a respaldar sus pretensiones sobre el Sáhara, aunque aquí no entraremos en detalle en el plano internacional. Nos interesa más señalar que el irredentismo respecto al Sáhara tenía ya un largo recorrido entre la intelectualidad nacionalista. El órgano político de expresión del Istiqlal, Al-Alam, comenzó una campaña de propaganda en torno a la idea de un Gran Marruecos en julio de 1956 –incluyendo al Sáhara y Mauritania y partes de Argelia y Mali–, veinte años antes de la ocupación.

Mapa aproximado del Gran Marruecos, que incluye al Sáhara y Mauritania y partes de Argelia y Mali.
Mapa aproximado del Gran Marruecos, que incluye al Sáhara y Mauritania y partes de Argelia y Mali.

Así pues, la cuestión del Sáhara era terreno común para todas las fuerzas nacionalistas desde hacía un tiempo, pero en 1974-1975 confluyeron dos factores decisivos que la pusieron en primer plano: la crisis política interna del régimen marroquí y la debilidad del imperialismo español. A la Corona se le presentó una oportunidad histórica para atar en corto a la burguesía nacional bajo el estandarte de la reunificaciónutilizando para ello el concepto del Gran Marruecos. 

En este sentido, la Marcha Verde fue el resultado de la necesidad de legitimar la invasión y al mismo tiempo un medio de legitimación del Estado. 340.000 personas marcharon en octubre de 1975 para apoyar la invasión del territorio saharaui por parte de 20.000 soldados. Iban desarmadas, portando banderas de Marruecos, retratos del rey y ejemplares del Corán y dispuestas a recuperar el Sáhara de las garras del considerado colonizador infiel. Incluso el color verde entroncaba con la simbología coránica. 

Para ampliar: Marruecos independiente: inestabilidad política y luchas internas por el poder

Este fue uno de los acontecimientos que fundamentaron la identidad nacional marroquí, al igual que la independencia. Pero a diferencia de ésta, la Marcha Verde tuvo un sesgo totalmente monárquico: las masas se movilizaron a través de su relación política directa con el sultán como líder de la comunidad islámica. Los partidos eran secundarios: el rey era el que encarnaba a la nación, tal y como reflejan los carteles de propaganda de la época.

Por otro lado, la apropiación de las demandas de los nacionalistas respecto al Sáhara se convirtió en la piedra angular de la integración de los opositores en el juego institucional, proceso que se inició en el verano de 1974. Los hitos más importantes fueron la legalización de la sección de Rabat de la Unión Nacional de Fuerzas Populares, que pasaría a llamarse Unión Socialista de Fuerzas Populares; la legalización del Partido Comunista de Marruecos, y una amnistía parcial para los presos políticos. Palacio también prometió varias reformas sociales y políticas, pospuestas hasta que finalizara la guerra. Todo ello se tradujo en la reactivación de las instituciones y en la formación de un comité multipartidario que prepararía una nueva convocatoria electoral. 

En conclusión, con la Marcha Verde y la posterior guerra en el Sáhara, la monarquía consiguió consolidar el Estado y su liderazgo al frente de éste mediante la nacionalización de amplias masas bajo la figura del monarca, conduciendo a la desactivación del campo opositor. Los acuerdos de Madrid de noviembre de 1975, en los que España cedía el territorio a Marruecos y Mauritania, y las elecciones legislativas de 1977 sancionaron el cambio de paradigma. Así se coronaba la construcción del Estado marroquí: desde la opresión colonial a la consolidación como cárcel de naciones. 

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