Nepal atraviesa uno de los momentos de mayor agitación social de su historia reciente. Lo que comenzó como protestas pacíficas, encabezadas por jóvenes de la Generación Z contra la corrupción, el nepotismo y la creciente restricción de libertades, se ha transformado en una ola de manifestaciones masivas que ha sacudido al país.
En las últimas semanas, Katmandú ha sido escenario de choques violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, las protestas más masivas desde la abolición de la monarquía en 2008. A pesar de los toques de queda y la fuerte presencia del ejército, las calles siguen llenándose de miles de personas que no solo cuestionan a los dirigentes actuales, sino también a toda una élite política que, a ojos de gran parte de la población, ha alternado el poder durante décadas sin ofrecer soluciones.
La indignación no solo ha movilizado a los jóvenes, se han sumado a las protestas desde monárquicos hasta disidentes maoístas, todos unidos por una misma frustración hacia los partidos tradicionales. Los incendios registrados en residencias privadas de figuras como el exministro del Interior, Ramesh Lekhak, y el líder maoísta Ram Narayan Bidari, así como los ataques a sedes judiciales y gubernamentales, reflejan la magnitud de la crisis.
En este clima de tensión, que ya se ha cobrado decenas de vidas y cientos de heridos, la renuncia del primer ministro K. P. Sharma Oli no ha logrado contener la furia en las calles ni frenar la exigencia de reformas sistémicas y de una rendición de cuentas real.
Las protestas en Nepal: corrupción, nepotismo y desencanto
Las manifestaciones que se están dando estos días son el resultado de un malestar social que se ha acumulado durante años. La percepción generalizada de corrupción, nepotismo e impunidad en la clase política ha erosionado la confianza en las instituciones y en los líderes políticos. Tras décadas en las que los partidos tradicionales han monopolizado el poder sin ofrecer mejoras sustanciales en la vida cotidiana de las clases media y baja –la gran mayoría de la población–, las generaciones más jóvenes han decidido canalizar su frustración en las calles.
La situación económica ha agravado la indignación. Con altas tasas de desempleo juvenil, cerca del 10% de la población –en su mayoría jóvenes– se ha visto obligada a emigrar a otros países en busca de oportunidades laborales. Esta situación ha dejado en evidencia la falta de perspectivas dentro del país y ha alimentado la sensación de que la élite política está más interesada en mantener sus privilegios que en impulsar el desarrollo de Nepal y su gente.
El detonante inmediato llegó con la decisión del gobierno, el 5 de septiembre, de prohibir 26 redes sociales bajo el argumento de que no estaban registradas ni pagaban impuestos en Nepal. Para los jóvenes de la Generación Z, generalmente activos en estas plataformas, la medida fue percibida como un ataque directo a la libertad de expresión y un intento de instaurar una vigilancia más estricta sobre la sociedad, mientras les aíslan del resto del mundo.
Paradójicamente, algunos líderes de la oposición que apoyaron públicamente el movimiento habían estado en el poder cuando se prohibió TikTok en 2023. Además, teniendo en cuenta que aproximadamente 1 de cada 100 jóvenes trabaja o vive en el extranjero, las redes sociales son muchas veces la única manera que tienen estas personas para comunicarse con sus familiares y amigos en Nepal.
Antes de la prohibición, los jóvenes nepaleses ya utilizaban estas redes sociales para denunciar la corrupción y el nepotismo bajo el hashtag #Nepokids. Usaban plataformas como TikTok e Instagram para visibilizar una serie de carencias estructuradas derivadas de la desigualdad. Argumentando que la élite política se había repartido el poder y las oportunidades entre ellos, mostraban el estilo de vida y las ventajas que tienen los hijos de los líderes políticos.
El problema de la desigualdad también puede verse en otros aspectos, como la gran brecha entre la calidad de la educación privada y la pública, o la falta de recursos en las universidades públicas. Por otro lado, el sistema de seguridad social es casi inexistente, cubriendo a un grupo muy reducido de la población, dejando así a la mayoría en una situación de vulnerabilidad
La rabia se intensificó con un episodio que simbolizó la impunidad de los poderosos: la difusión de un vídeo de seguridad del 6 de septiembre de 2025 en el que se veía a una niña de 11 años atropellada por un ministro provincial en Godavari –parte del valle de Katmandú–.
Tras el golpe, el vehículo continuó sin detenerse y la niña fue llevada al hospital B&B, donde fue dada de alta tras recibir tratamiento. La indignación creció cuando el entonces primer ministro, K. P. Sharma Oli, minimizó el incidente calificando las lesiones de “menores” y acusó a la oposición de manipularlo con fines políticos. Para muchos, este comentario confirmó la desconexión de la élite con la ciudadanía y la indiferencia hacia la justicia.
Así, lo que comenzó como un movimiento anticorrupción y antigubernamental liderado por la Generación Z, se convirtió rápidamente en una plataforma más amplia que aglutina a distintos sectores: jóvenes urbanos, profesionales frustrados, monárquicos, antifederalistas, disidentes maoístas y grupos ciudadanos que comparten una misma exigencia: reformas profundas y rendición de cuentas de una clase política que perciben como corrupta y autoritaria.
De la protesta pacífica a la violencia generalizada
Las protestas comenzaron como un movimiento ciudadano en Katmandú, convocado principalmente por el colectivo juvenil Hami Nepali a través de redes sociales. El lunes 8 de septiembre, cientos de manifestantes –en su mayoría estudiantes universitarios e incluso escolares– se concentraron desde la mañana en Maitighar con pancartas y consignas. Muchos de ellos vestían sus uniformes escolares como símbolo de protesta pacífica, creyendo que así evitarían la represión policial.
A media mañana, miles de personas se habían reunido en el cruce de Mandala en un ambiente casi festivo, entre música y cánticos. Sin embargo, poco después del mediodía la tensión escaló: un grupo rompió las barricadas policiales en Baneswor e intentó irrumpir en el Centro Internacional de Convenciones Birendra (BICC), actual sede del Parlamento.
Allí, al menos 19 personas fueron abatidas a tiros cuando trataban de forzar las puertas del complejo. Para aquel entonces ya no solo se trataba de los estudiantes del principio, sino que se habían sumado más grupos de ciudadanos de todas las clases y edades. Tras este incidente, K.P. Sharma Oli dimitió como primer ministro de Nepal.
Dicha represión transformó la protesta. La policía respondió con gases lacrimógenos, cañones de agua y, posteriormente, munición real. Las autoridades del distrito de Katmandú autorizaron el uso total de la fuerza contra quienes vandalizaran propiedad pública. Así, las protestas, inicialmente espontáneas y pacíficas, acabaron convertidas en una masacre con imágenes gráficas circulando por las pocas redes que seguían activas. Esa misma noche, hospitales de la capital quedaron desbordados y comenzaron a solicitar donaciones de sangre.
El martes 9 de septiembre, la indignación se desbordó y las movilizaciones se extendieron a otras grandes ciudades como Butwal, Chitwan, Pokhara y Birtamode. En Pokhara, la Oficina de Administración del Distrito (DAO) impuso un toque de queda, y la policía abrió fuego, hiriendo a varios manifestantes. Ese mismo día, el gobierno levantó el bloqueo temporal de las redes sociales que había impuesto tras el asalto al Parlamento de Nepal del día anterior, pero las protestas continuaron porque el descontento social iba más allá de esa medida puntual.
En la tarde del 9, los manifestantes lograron entrar tanto en el complejo gubernamental de Singha Durbar como en el propio Parlamento en el BICC, prendiendo fuego a ambos. Varios edificios estatales, tribunales y residencias de altos cargos fueron incendiados, y el complejo parlamentario quedó seriamente dañado por las llamas. Decenas de vehículos oficiales fueron destrozados e incendiados en el aparcamiento.
La Oficina del Primer Ministro y la mayoría de los ministerios quedaron reducidos a ruinas carbonizadas, mientras las llamas salían de las ventanas y los camiones de bomberos intentaban abrirse paso, una imagen que quedó grabada como símbolo de la jornada. Según el secretario del Ministerio de Salud, Bikas Devkota, hasta ese momento había 30 muertos y 1.061 heridos tratados en 29 hospitales de todo el país.
Ante el aumento de la violencia, los organizadores de Hami Nepali instaron a los manifestantes a retirarse, alegando que quienes irrumpieron en el Parlamento no tenían relación con su movimiento y denunciando la infiltración de grupos radicales.
Intentaron distanciarse de la espiral de destrucción que siguió a las protestas pacíficas iniciales, que para entonces era ya incontrolable: los edificios de Singha Durbar, el Centro Internacional de Convenciones Birendra (Parlamento), el Tribunal Supremo de Nepal, sedes de partidos políticos, medios de comunicación, escuelas, residencias privadas, el centro de convenciones en Godavari, el Hotel Hilton, el centro comercial Chhaya Center y las dependencias ministeriales en Bhaisepati habían sido atacados, saqueados e incendiados.
El miércoles 10 de septiembre, el Ejército de Nepal emitió un comunicado anunciando que las órdenes de prohibición de reuniones públicas y circulación se mantendrían vigentes hasta las 17:00 de ese mismo día.
Además, informó de que, a partir de las 6:00 del jueves 11 de septiembre, entraría en vigor un toque de queda nacional, y que se aplicarían nuevas medidas de seguridad en función de cómo evolucionaran los disturbios registrados en todo Nepal. El aeropuerto de Katmandú, el único internacional de todo el país, volvió a funcionar con normalidad después de haber permanecido cerrado durante dos días.
El 11 de septiembre, jueves, se celebró una reunión en el cuartel general del ejército en Bhadrakali que incluyó al presidente Ram Chandra Poudel, al General Sigdel y representantes del movimiento Gen Z. En esas negociaciones se propusieron diferentes candidatos para primer ministro interino.
Para entonces, las protestas masivas habían disminuido notablemente, aunque las calles seguían bajo una fuerte presencia militar y policial y la tensión era palpable en todo el país. Las principales ciudades, como Katmandú, permanecían prácticamente paralizadas, con escuelas, universidades, comercios y oficinas públicas cerradas. Mientras tanto, el balance oficial de víctimas seguía aumentando: a día 11 se reportaron al menos 34 muertos y más de 1.300 heridos.
El 12 de septiembre marcó el desenlace de varios días de intensas negociaciones entre el presidente Ramchandra Paudel, mandos del Ejército de Nepal y representantes del movimiento Hami Nepal para sacar al país del vacío de poder abierto tras la dimisión de K.P. Sharma Oli. Así, se anunció el nombramiento de una primera ministra interina con el objetivo de restaurar el orden y conducir al país hacia un nuevo gobierno civil: la expresidenta del Tribunal Supremo, Sushila Karki.
Hami Nepal: la nueva cara del cambio en Nepal
Hami Nepal es una organización juvenil sin ánimo de lucro que se ha convertido en uno de los principales referentes del movimiento Generación Z en Nepal. Nacida tras el terremoto de 2015 y registrada formalmente en 2020 durante la COVID-19, su misión es prestar ayuda directa, transparente y rápida a personas y comunidades necesitadas, especialmente en situaciones de emergencia.
Ha participado en campañas humanitarias dentro y fuera de Nepal: donaciones de mantas y oxígeno, asistencia a víctimas de terremotos, inundaciones y crisis sanitarias, y apoyo a estudiantes nepaleses en el extranjero. Su financiación procede íntegramente de donaciones públicas, con gastos administrativos autofinanciados por los voluntarios. La lidera Sudan Gurung, con el apoyo de su mentor Sanduk Ruit.
En 2023 impulsó campañas como #jóvenescontralacorrupción y, junto con otros colectivos de la Generación Z, ha coordinado las protestas de estos días. Utilizan redes como Instagram, Discord y WhatsApp para organizarse, crear canales de ayuda médica y logística, y movilizar a miles de jóvenes. Su discurso conecta con el hartazgo social ante la corrupción, el nepotismo y el estancamiento político.
Hami Nepal ha participado en las negociaciones con el Ejército de Nepal para formar un gobierno interino, aunque enfrenta divisiones internas y críticas por hablar solo con el jefe del Ejército y por desvincularse de los actos violentos del 9 de septiembre, cuando el Parlamento fue incendiado. Ha pasado de ser una organización humanitaria a un actor político central que simboliza el despertar político de la Generación Z, aunque ahora afronta el reto de canalizar esa energía en un proyecto político estable y representativo.
El gobierno nepalí antes del colapso
El sistema político de Nepal funciona como una república parlamentaria federal, con un presidente como jefe de Estado y un primer ministro como jefe de gobierno. Desde la promulgación de la Constitución de 2015, está organizado en tres niveles –federal, provincial y local–, pero el nivel nacional ha estado marcado por una fuerte inestabilidad política.
En la última década, el gobierno ha estado dominado por los partidos tradicionales: principalmente el Congreso Nepalí (NC) y el Partido Comunista de Nepal – Maoísta Centro (PCN-MC), que en distintas ocasiones han formado gobiernos en coalición con el Partido Comunista de Nepal - Marxista Leninista Unificado (CPN-UML). Estas fuerzas han alternado en el poder desde el fin de la monarquía en 2008, pero ninguna ha logrado consolidar una mayoría estable.
El Congreso Nepalí, uno de los partidos más antiguos del país, se presenta como defensor de la democracia parlamentaria, aunque arrastra múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo, sobre todo durante la gestión de fondos de reconstrucción tras el terremoto de 2015. El PCN-Maoísta, por su parte, surgió de la insurgencia armada de los años noventa y principios de los 2000. Aunque desde 2006 se integró al juego democrático, también ha estado implicado en denuncias de corrupción, tráfico de influencias y gestión opaca de recursos.
La política nepalí está atravesada por constantes divisiones internas, alianzas oportunistas y frecuentes cambios de gobierno. Desde 2008, el país ha tenido más de diez primeros ministros, la mayoría incapaces de completar un mandato. Esto ha alimentado la percepción de que los líderes priorizan sus intereses personales o partidistas por encima de la estabilidad y el desarrollo nacional.
Los sucesivos gobiernos han sido criticados no solo por la corrupción generalizada, sino también por su incapacidad para atender las necesidades básicas de la población: empleo juvenil, modernización de infraestructuras, acceso a servicios públicos y reducción de la desigualdad. Esta desafección hacia la élite política explica por qué los jóvenes de la Generación Z, que no vivieron directamente la guerra civil ni el periodo monárquico, se sienten especialmente traicionados por un sistema que perciben como estancado y autorreferencial.
En estos momentos, el Ejecutivo actual –formado tras la dimisión de KP Sharma Oli– no representa una ruptura con el pasado, sino una continuación de los mismos partidos y dinámicas que han gobernado Nepal durante los últimos 15 años.
K.P. Sharma Oli: el controvertido ex primer ministro
Khadga Prasad Sharma Oli, conocido como K.P. Sharma Oli, ha sido uno de los líderes políticos más influyentes y a la vez más polémicos de Nepal en las últimas décadas.
Nacido en 1952, comenzó su carrera política en los años setenta como militante comunista clandestino y llegó a pasar catorce años en prisión durante el régimen monárquico. Con la instauración de la democracia multipartidista en 1990, Oli emergió como figura clave del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) (CPN-UML), del que ha sido presidente en varias ocasiones.
Antes de llegar a la jefatura de gobierno, ocupó varios cargos de alto nivel, incluidos los de ministro del Interior, ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro. Fue primer ministro en tres ocasiones: brevemente en 2015-2016, entre 2018 y 2021, y finalmente desde 2023 hasta su reciente dimisión en septiembre de 2025. Su segundo mandato estuvo marcado por el auge de un nacionalismo populista y su acercamiento a China, mientras las relaciones con India se deterioraban gravemente.
Oli ha sido criticado de forma constante por su estilo autoritario de gobierno. Durante sus últimos años en el poder impulsó proyectos de ley para restringir la libertad de prensa, el uso de redes sociales y la actividad de la sociedad civil, y utilizó decretos presidenciales para eludir al Parlamento. Asimismo, consolidó su control dentro del partido al eliminar los límites de edad y mandato en la presidencia del CPN-UML, allanando el camino para perpetuarse en el liderazgo incluso tras abandonar el poder ejecutivo.
Su etapa estuvo también salpicada por denuncias de corrupción y nepotismo. Diversos informes periodísticos y de oenegés locales documentaron contratos estatales adjudicados de forma opaca, el enriquecimiento de altos cargos y el nombramiento de familiares y aliados cercanos en puestos clave de la administración. Estos escándalos erosionaron su legitimidad y alimentaron la creciente indignación popular.
Finalmente, la ola de protestas masivas de los últimos días forzó su dimisión el pasado martes 9 de septiembre, que fue aceptada por el presidente Ramchandra Paudel. Aunque Oli ha dejado el cargo de primer ministro, sigue dirigiendo el CPN-UML y conserva una fuerte base de apoyo entre los sectores más conservadores del país, por lo que su figura continúa polarizando la política nepalesa.
Ramchandra Paudel: un presidente sin poder ejecutivo real
Ram Chandra Paudel, del Congreso Nepalí (NC), ocupa la presidencia de Nepal desde marzo de 2023. Figura veterana de la política nacional, Paudel ha desarrollado una larga carrera dentro del NC. Se le reconoce como un dirigente experimentado, vinculado al ala moderada y democrática de su partido, y con una trayectoria marcada por cargos parlamentarios y responsabilidades ministeriales.
En el sistema político de Nepal, el presidente ejerce principalmente un rol ceremonial y de garante institucional, con funciones limitadas en comparación con el primer ministro, que concentra el poder ejecutivo. Sin embargo, en contextos de crisis, su figura adquiere un simbolismo clave como mediador entre facciones políticas y como referencia de estabilidad frente a la ciudadanía.
La presidencia de Paudel no ha estado exenta de críticas. A pesar de su reputación como político moderado, forma parte de la misma élite del Congreso Nepalí cuestionada por los manifestantes por corrupción, falta de transparencia y acuerdos partidistas de conveniencia. Para muchos jóvenes, su elección no significó un cambio, sino la continuidad de los mismos actores que han gobernado Nepal desde el final de la monarquía en 2008.
Ante la reciente oleada de protestas, Paudel ha tratado de mantener un tono conciliador. Tras los incendios y ataques contra edificios gubernamentales, incluida la quema de oficinas presidenciales en Sheetal Niwas, el presidente hizo un llamamiento a todas las partes –ciudadanos, partidos y fuerzas de seguridad– a buscar una solución pacífica mediante el diálogo, aunque tuvo escaso efecto práctico.
De este modo, Paudel se encuentra en una posición ambivalente: por un lado, intenta mostrarse como garante de estabilidad y mediador institucional; mientras que por otro, representa a una clase política tradicional que los manifestantes responsabilizan directamente del estancamiento del país. Esa dualidad debilita su autoridad simbólica y explica por qué incluso la sede presidencial se convirtió en blanco del descontento popular.
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