El frágil statu quo surgido tras la guerra civil (1996-2006) se ha venido abajo de forma abrupta. Tras un año de intensa pugna política entre las principales formaciones del país, el gobierno de Nepal, formado a partir de la coalición entre el Partido Comunista de Nepal (CPN-UML) y el Congreso Nepali (CN) del primer ministro Sharma Oli, ha caído ante un levantamiento popular de dimensiones inéditas desde el fin de la insurgencia maoísta.
Formado con la intención de aportar estabilidad a la política nacional, el ejecutivo fue finalmente barrido por décadas de acumulación de malestar social. El nepotismo, la pobreza, la desigualdad y la corrupción se encuentran entre las causas de fondo, en un país donde el desempleo juvenil supera el 20% y millones de ciudadanos dependen de las remesas enviadas por migrantes en el Golfo y el sudeste asiático. Sin embargo, la chispa de la rebelión tuvo un detonante inesperado: el cierre de las redes sociales.
El incumplimiento por parte de las principales plataformas digitales de su registro ante el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información (MoCIT), en línea con las Directivas para la Gestión del Uso de las Redes Sociales, llevó al gobierno a ordenar el bloqueo de Facebook, X, TikTok y YouTube. El corte informativo desató las primeras protestas en universidades y centros urbanos.
Las protestas estudiantiles en Nepal
El 8 de septiembre de 2025, las organizaciones estudiantiles se lanzaron a las calles de Katmandú y de las principales capitales provinciales. La respuesta del gobierno de Nepal fue tajante: las fuerzas del orden reprimieron con fuego real y causaron 19 muertos y centenares de heridos. Esta masacre se convirtió en “el último clavo en la tumba del ejecutivo”.
La dimisión del ministro del Interior, Ramesh Lekhak, la imposición de un toque de queda y la reapertura parcial de las redes sociales no lograron frenar la marea de indignación. Al amanecer del día siguiente, Katmandú se encontraba tomada por los manifestantes, que comenzaron a cobrarse las muertes de la víspera en una espiral de violencia.
Uno a uno, los principales símbolos del poder político fueron cayendo. El parlamento fue asaltado y reducido a cenizas. La misma suerte corrieron las sedes del CPN-UML y del CN, los dos partidos mayoritarios. Singha Durbar, el palacete colonial que alberga al ejecutivo, fue arrasado por las llamas. La sede del principal periódico Kathmandu Post también fue atacada, al igual que la Corte Suprema y la residencia oficial del presidente de la república. Para el mediodía, el Estado había perdido el control de la capital.
La crisis arrastró consigo al propio primer ministro. Sharma Oli presentó su dimisión y tuvo que ser evacuado en helicóptero por el ejército, en una operación de emergencia que también extrajo a buena parte de los miembros del ejecutivo y del legislativo. Sin liderazgo visible, la furia de la multitud se volcó sobre las propiedades privadas de la élite política.
La residencia privada de Oli fue saqueada e incendiada. La vivienda de Sher Bahadur Deuba, antiguo primer ministro, y de su esposa, Arzu Rana Deuba, actual ministra de Exteriores, fue asaltada e incendiada.
Las propiedades del viceprimer ministro, Parkash Man Singh, corrieron la misma suerte, al igual que las de la expresidenta Bidya Devi Bhandari y las del ex primer ministro Pushpa Kamal Dahal “Prachanda”. El peor episodio, sin embargo, se produjo en la residencia del también ex primer ministro Jhala Nath Khanal, donde el ataque concluyó con la muerte de su esposa, calcinada viva.
El caos desbordó rápidamente la capital. El aeropuerto internacional de Katmandú fue atacado por manifestantes provocando la intervención del ejército que lo ocupó para evitar su destrucción. En varias provincias, parlamentos regionales y casas de líderes locales fueron incendiados. Al menos tres prisiones fueron asaltadas, con fugas masivas de reclusos.
La caída del gobierno de Nepal
En medio de la confusión, surgieron nombres con capacidad de encarnar la rebelión. Entre ellos, Pushpa Kamal Dahal “Prachanda”, líder del Centro Maoísta (CPN), acusado de alentar la violencia antiinstitucional. También emergieron figuras de perfil outsider, como Rabi Lamichhane, del Rastriya Swatantra Party, liberado de prisión por los manifestantes, y Balendra Shah, alcalde de Katmandú, que respaldó las protestas al tiempo que pedía moderación.
Sin embargo, y sobre todos estos nombres, sobrevuela el fantasma de que la intervención del ejército, convertido en árbitro de la crisis, lleve a la formación de una junta militar como nuevo gobierno en Nepal. El jefe del Estado Mayor, Ashok Raj Sigdel, apareció en la televisión nacional en la noche del 9 de septiembre para lanzar un comunicado anunciando el despliegue de efectivos y la imposición de un toque de queda nacional, y llamando a los líderes de la revuelta a renunciar a la violencia y sentarse a negociar.
La caída del gobierno de Oli no es solo un cambio de ciclo en Nepal: es un terremoto político en el corazón del Himalaya, con consecuencias que pueden desbordar sus fronteras. India ordenó reforzar su frontera septentrional, temiendo un desbordamiento del caos hacia Bihar, Uttar Pradesh y Sikkim, y llamando a la calma. Pekín, en cambio, guardó silencio.
Su falta de pronunciamiento oficial podría interpretarse como cautela ante el riesgo de ser percibido como parte de la crisis, dado que tropas chinas se encontraban en el país realizando maniobras conjuntas con el ejército nepalí durante los días de la revuelta. Por su parte, Estados Unidos y varios países occidentales emitieron un comunicado conjunto llamando a todas las partes a ejercer la máxima moderación y evitar una mayor escalada.
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