Honduras comunicó el 28 de agosto a la embajada de Estados Unidos que dejará de aplicar el Tratado de Extradición entre ambos países, vigente desde 1909 y ampliado en 1927. Esta decisión fue tomada por la presidenta Xiomara Castro tras unas declaraciones de la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien manifestaba su sorpresa por ver al secretario de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto hondureños sentados al lado de un "narcotraficante" en Venezuela, en referencia a Vladimir Padrino, ministro de Defensa bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
La mandataria hondureña ha rechazado “la injerencia y el intervencionismo de Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes”, calificándola como intolerable.
Además, ha asegurado que se está fraguando un plan en contra de su gobierno y que no va a permitir que se ataque a las Fuerzas Armadas hondureñas, ya que “debilita la institucionalidad”. También advierte de que no será chantajeada, a la par que prometió que no habrá más golpes de Estado, presumiblemente en alusión al sufrido por su esposo, Manuel Zelaya, expresidente entre 2006 y 2009 y fundador del partido Libertad y Refundación, el cual fue derrocado por el ejército.
La decisión de romper con el Tratado de Extradición ha ganado apoyos tanto dentro como fuera de Honduras, todo ello en plena crisis política en Venezuela, especialmente desde las elecciones del 28 de julio de 2024. La precandidata presidencial, Rixi Moncada, fue muy dura con la embajadora estadounidense, a la que acusó de “intentar dirigir la política hondureña, pero chocó con el muro de la resistencia y el muro de la dignidad”. Por su parte, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que se reunió el viernes 30 de agosto, informó que respaldaba la decisión tomada por la presidenta.
En el ámbito exterior, una de las reacciones más llamativas fue la de China, que, por medio del portavoz de la cancillería, Lin Jian, instó a Estados Unidos a frenar el "intervencionismo" en América y dejar a un lado la doctrina Monroe. El gobierno hondureño también encontró el respaldo de Cuba o de figuras políticas como Evo Morales.
Es importante resaltar que, debido a este Tratado de Extradición, cerca de medio centenar de ciudadanos hondureños han sido entregados a las autoridades estadounidenses, especialmente por delitos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Ejemplo de ello es el antecesor de la actual presidenta, Juan Orlando Hernández, que dirigió el país entre 2014 y 2022 y que actualmente se encuentra en una prisión estadounidense, junto con su hermano Juan Antonio.
El expresidente cumple una pena de 45 años por diversos delitos, entre ellos conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de ese tipo de armamento durante la conspiración de narcotráfico. Cabe subrayar que es el primer exjefe de Estado condenado por narcotráfico desde 1992, cuando se juzgó a Manuel Noriega.
Precisamente, las voces criticas se plantean a quién puede beneficiar esta medida, especialmente si se tiene en cuenta que Honduras se ha mostrado incapaz de combatir la corrupción existente en sus instituciones y que se relaciona con el crimen organizado. De forma sorpresiva, se ha manifestado Juan Orlando Hernández, quien alega que “jamás se le ocurrió denunciar el Tratado de Extradición”, aunque sobre su figura pesaban amenazas y sospechas que finalmente terminaron con él en una prisión estadounidense.
Otras figuras del panorama político hondureño, como Jorge Calix, del partido liberal de la oposición, interpeló al gobierno que “no se excuse en la soberanía para proteger sus intereses” y que “si no quieren la extradición es porque ya tienen información que los próximos extraditados están en altos cargos de este gobierno”. Por su parte, Juan Jiménez, exjefe de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, se pregunta por la razón objetiva para justificar la no extradición de nacionales a Estados Unidos y consideró que con esta medida “se alienta el crimen y la impunidad”.
También se manifestó en términos similares la Asociación por una Sociedad Más Justa (ASJ), aduciendo que “Honduras no puede permitir que el narcotráfico siga operando impunemente” y recordó que el tratado de extradición ha permitido “revelar la penetración del narcotráfico en todas las estructuras del país”. Estados Unidos, por su parte, ha pedido a Honduras que reconsidere la decisión, destacando las largas relaciones existentes entre ambos.
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