Casi un mes después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) certificó la victoria de Nicolás Maduro que el Consejo Nacional Electoral (CNE) había proclamado preliminarmente sin haber hecho públicas ni las actas ni los resultados desagregados, aludiendo haber sido víctima de un ciclo de ciberataques. Inicialmente, la proclamación del CNE de unos resultados que daban a Nicolás Maduro como vencedor de los comicios desató las acusaciones de fraude por parte del principal sector de la oposición –el de María Corina Machado y el candidato Edmundo González–.
Ciertamente, Machado y González ya habían advertido a lo largo de la campaña electoral que la única forma en la que el chavismo-madurismo podía lograr una victoria en las urnas era mediante algún tipo de trampa, por lo que su reacción no fue sorprendente.
En las semanas posteriores, algunos actores internacionales –como Rusia, China o Nicaragua– reconocieron la victoria del líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al tiempo que otros –como Estados Unidos, Argentina o Perú– hicieron lo propio con Edmundo González, quien presentó una serie de actas de los “apoderados” de su partido en una página web como prueba de su victoria. Otros actores como Brasil, Colombia o México sostuvieron una posición intermedia, exigiendo la publicación de los resultados por parte del CNE antes de reconocer a uno u otro como presidente electo.
La tesis del sector mayoritario de la oposición fue la de que tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Supremo de Justicia no son “independientes” de Miraflores y, en la práctica, responden a los intereses del oficialismo y del presidente Nicolás Maduro –perspectiva que ha sido apoyada por organismos como la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela de las Naciones Unidas–.
Según el chavismo, las acusaciones de no independencia de los poderes públicos realizadas por actores nacionales e internacionales son parte de una agenda “injerencista” que apoya a los sectores que figuras como Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, califican como “fascistas”.
Es menester apuntar que ambos actores –tanto el chavismo como la oposición más dura– entraron en una dinámica de desconocimiento mutuo y de acusaciones cruzadas de fraude: según Machado y González, ni el CNE ni el TSJ son organismos independientes y, por consiguiente, no puede otorgárseles veracidad; según el chavismo, la oposición había tramado una estrategia de “golpe de Estado” que incluía la fase de la acusación de fraude y, en ese marco, se había diseñado un fraude electoral que se habría consumado en las actas publicadas en el portal online opositor.
La táctica del chavismo
Lo cierto es que las primeras semanas de la crisis política venezolana dieron lugar a un reforzamiento de la posición del chavismo, que ha logrado importantes victorias tácticas sin que se haya visto cuestionada su capacidad de control sobre las instituciones del Estado venezolano. De hecho, ante las acusaciones de fraude, Maduro llevó la discusión sobre las actas y sobre el resultado electoral al Tribunal Supremo de Justicia, presentando un amparo contencioso electoral y judicializando de esta forma la crisis política.
Realmente, la postura del PSUV quedó clarificada con este movimiento táctico de Nicolás Maduro: si existen dudas en torno al resultado electoral proclamado por la máxima autoridad electoral del país –el CNE– y actores nacionales e internacionales no reconocen la victoria electoral del chavismo, se ha de acudir a las instancias judiciales nacionales.
Desde esta línea, sostenida por buena parte de la cúpula del PSUV, quedan deslegitimados numerosos observadores internacionales a punto tal que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, llegó a afirmar lo siguiente tras la publicación del informe preliminar del Panel de Expertos de las Naciones Unidas:
“Propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. ¿Por qué tienen que venir? ¿A cuenta de qué? ¿Qué tipo de capacidad tienen? Ahí están los del Panel de Expertos de las Naciones Unidas [...] no tienen palabra, son una basura sin palabra.
Ese Panel de Expertos es un panel de basura sin palabra porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocerían el poder electoral de Venezuela y el Secretario General de las Naciones Unidas, pero hoy anuncian que lo harán público… [...] vayamos acostumbrándonos porque mientras seamos rebeldes, contestatarios, dignos, decentes, valientes, revolucionarios, venezolanas y venezolanos van a seguir jodiendo y nosotros los vamos a seguir derrotando”.
Es en esta lógica en la que el PSUV obtuvo una notable victoria táctica al reafirmar el carácter no opositor de instituciones como el CNE o el Tribunal Supremo de Justicia. A pesar de que María Corina Machado y otras figuras opositoras denunciaron que el TSJ no gozaba de independencia partidaria, en la práctica el organismo consintió que avanzase el procedimiento iniciado por el propio Nicolás Maduro, exigiendo al Consejo Nacional Electoral que le hiciese llegar las actas originales de los comicios del 28 de julio, petición que, según la versión de ambos organismos, fue cumplida.
A posteriori, Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Suprema de Justicia –previamente concejala por el Circuito 3 del municipio Libertador del Distrito Capital de Caracas y alcaldesa encargada del mismo municipio, ambos cargos ejercidos como militante del PSUV–, declaró que el TSJ había peritado las actas del CNE y que, en base al informe de los “expertos electorales nacionales e internacionales”, el máximo órgano de la justicia venezolana podía certificar “de forma inobjetable” la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2024.
La oposición, en fuera de juego
Tras esta victoria táctico-institucional –que no recibió el aval ni de la oposición, ni de algunas entidades internacionales ni de varios gobiernos regionales–, el chavismo profundizó su posición política y su apuesta por una crisis de largo recorrido dentro de la cual se sabe en ventaja por contar con amplia fuerza institucional, militar, policial, económica e internacional.
El gobierno de Maduro no solo fue capaz de que se desarrollasen unos comicios comunales el 25 de agosto sin que la oposición lograse movilizaciones impugnatorias de peso, sino que incluso pudo anunciar la celebración de elecciones regionales y legislativas en 2025 haciendo explícito que algunos sectores “no podrán participar” por no cumplir “la ley”.
En los días posteriores a la elección, Nicolás Maduro advirtió la posibilidad de “llamar al pueblo a una nueva revolución con otras características”. Considerando que ni la oposición ni el chavismo están dispuestos a reconocer al otro –prolongando ad eternum la crisis de legitimidad del Estado venezolano–, es conveniente apuntar que la apuesta opositora para la obtención del poder no pareció dar sus frutos en las primeras semanas del conflicto.
Convencidos de que la “constatación del fraude” mediante las actas de su página web desataría un ciclo de movilizaciones equivalentes a las “guarimbas” del 2014 y una reacción regional e internacional de defensa de la victoria de Edmundo González, el desarrollo real de la crisis no ha favorecido la estrategia de Machado y González.
De hecho, el PSUV y su maquinaria han cosechado notables éxitos en su estrategia –ya prácticamente explícita– de “acorralamiento” de la oposición. Ha sabido obtener el poder limitando el éxito interno de la retórica del “fraude” difundida, ha sabido ejercer el poder a través de la “Operación Tun Tun” ejecutada por las fuerzas de seguridad nacionales contra opositores y ciudadanos perpetradores de actos violentos –según la versión de las propias autoridades venezolanas– y ha sabido conservar el poder judicializando el procedimiento electoral y logrando una reacción internacional lo suficientemente ambigua para impedir una verdadera estrategia internacional de desestabilización o insurrección.
El “enfriamiento” del conflicto y la retórica de dureza contra las movilizaciones opositoras han logrado una normalización de la crisis que es enormemente ventajosa para Nicolás Maduro y el PSUV: buena parte de los aliados de Occidente en América Latina han sostenido un perfil bajo o, si acaso, han condenado formalmente la situación, aunque sin acciones diplomáticas reales, pese a la contundente postura de Caracas en relación a las críticas de algunos países.
Incluso Estados Unidos a través de la Administración Biden ha insistido verbalmente, pero sin llegar a escudriñar amenazas en términos de sanciones o de otra índole. En suma, el contexto internacional no parece beneficiar a la oposición que, sin poder institucional, militar o policial en el país, tiene escasas opciones de llegar a Miraflores si no cuenta con apoyo práctico de Washington.
¿Nuevas características?
En línea con la normalización de la victoria de Maduro proclamada por el CNE, el líder del PSUV definió su gabinete de ministros evidenciando tres tendencias: la continuidad, el cierre de filas y la profundización de la estrategia confrontativa con la oposición. Vladimir Padrino continuará al frente del Ministerio de Defensa, Freddy Ñáñez continuará al frente del Ministerio de Comunicación e Información, Yván Gil continuará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Delcy Rodríguez continuará al frente de la vicepresidencia, además de asumir el ministerio de Petróleo, cartera clave creada en 2016.
Por otro lado, el ministro de Interior, Justicia y Paz será Diosdado Cabello, figura de peso del PSUV, otrora representante de una línea no alineada estrictamente con la vertiente “madurista” del chavismo y, recientemente, la personalidad que ha mostrado un perfil más duro con los principales líderes de la oposición antichavista. Cabello había incluso difundido clips sobre las detenciones de civiles tras las protestas en su programa televisivo Con el Mazo Dando.
Este nuevo gabinete cerró –al menos, en apariencia– antiguas grietas internas en el movimiento, consolidó varios liderazgos fuertes y confrontativos –Padrino, Gil, Rodríguez, Cabello, etcétera– y ayudó a naturalizar la “victoria” electoral de Nicolás Maduro antes incluso de que el CNE publicase los resultados desagregados y pese a contar únicamente con el aval de apenas un puñado de Estados en la región y en el mundo. Las elecciones legislativas de 2025 podrán ser un punto de partida para la edificación del sistema “con nuevas características” que dejó caer Maduro en los albores de la crisis post electoral.
Probablemente, el sector mayoritario de la oposición rehúse participar o, directamente, no le sean concedidas las credenciales por haberse mostrado “en desacato” respecto a la autoridad del CNE y el TSJ. En consecuencia, el chavismo obtendrá una mayoría casi plena en el órgano legislativo y en múltiples instancias regionales y locales que podrían facilitar la transición a un nuevo sistema político, quizá en la práctica de partido o coalición única,
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