En su discurso sobre el Estado de la Unión, a finales de febrero, Donald Trump presumió de que la gasolina costaba menos de 2,30 dólares el galón en la mayoría de los estados. Pocos días después, el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron Irán, y el estrecho de Ormuz, por el que transita en tiempos de paz cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado, dejó de ser una ruta fiable.
El 18 de septiembre, el precio medio nacional era de 4,46 dólares, un 50% más que antes de la guerra, con California por encima de los 6 dólares y el diésel en máximos históricos. La secuencia condensa la contradicción que atraviesa la campaña.
Trump ganó en 2024 prometiendo atajar la inflación y el coste de la vida y hoy presenta cada subida como si fuera un episodio pasajero: "En cuanto esto termine, esos precios van a bajar, creo que más que antes", dijo en la Casa Blanca.
Pero los votantes no esperan al desenlace. En un sondeo de AP-NORC realizado del 24 al 28 de septiembre, solo el 17% de los adultos aprobaba su gestión del coste de la vida y el 26% la de la economía en general.
La tesis de este análisis es que, por encima de la polarización ideológica, la inmigración o la política exterior, el coste de vida se ha convertido en uno de los principales terrenos donde se mide la legitimidad de la Administración Trump, y que las elecciones del 3 de noviembre pueden funcionar como un referéndum sobre su capacidad para mejorar las condiciones materiales de los hogares.
Más allá de la inflación
Los datos oficiales cuentan una historia menos uniforme que los sondeos. El índice de precios al consumo (IPC) subió un 3,4% interanual en agosto, frente al 2,9% de agosto de 2025 y al 2,5% de agosto de 2024.
Pero la cifra agregada esconde una composición desigual: la inflación subyacente, sin alimentos ni energía, se ha moderado hasta el 2,4%, mientras que la energía se ha encarecido un 16,3% y la gasolina, un 27,4%. Es, además, el precio más visible de toda la economía, ya que se lee en un cartel a pie de calle y se paga cada semana.
Una desaceleración de la inflación no significa que los precios bajen. El índice general pasó de 314,796 en agosto de 2024 a 334,980 en agosto de 2026. Es decir, una subida acumulada del 6,4% en dos años.
Los alimentos consumidos en casa suben hoy un 2,2% anual, menos que el 2,7% de hace un año, y la vivienda se modera del 5,2% al 3,0%; pero lo que se frena es el ritmo de la subida, no el nivel que el hogar ya tiene que pagar.
El crédito agrava la sensación. La hipoteca fija a 30 años promedió un 7,28% el 1 de octubre, la cifra más alta desde noviembre de 2023 y casi un punto por encima del 6,34% de hace un año. La Reserva Federal, que había mantenido los tipos sin cambios durante todo 2026, los subió 25 puntos básicos el 16 de septiembre, hasta el 3,75-4%, su primera subida desde 2023.
En sanidad, el IPC médico apenas avanza (+1,6% interanual), pero esa media no recoge el fin de las ayudas reforzadas del Obamacare: el pago mensual medio de las primas pasó de 113 a 178 dólares, la franquicia media subió de 2.759 a 3.786 dólares y la inscripción efectiva cayó un 13%, unos tres millones de personas.
El bolsillo, en suma, recibe peores noticias que el IPC. Los salarios reales por hora cayeron un 0,3% interanual en agosto, aunque los semanales subieron un 0,3% gracias a jornadas algo más largas. En septiembre, la economía creó solo 29.000 empleos y el paro subió al 4,2%.
La propia Fed describe una actividad que se expande "a un ritmo sólido" y una productividad fuerte; los hogares, en cambio, ven otra cosa. El índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan cerró septiembre en 48,1 –tras marcar en mayo un mínimo histórico de 44,8– y la inflación esperada a un año se sitúa en el 4,6%, frente al 3,4% previo a la guerra en el golfo Pérsico.
Estados Unidos, entre los aranceles y el bolsillo
Conviene separar lo demostrado, lo estimado y lo controvertido. Empezando por los aranceles: el 20 de febrero, el Tribunal Supremo anuló los gravámenes basados en la ley IEEPA, que habían llevado el tipo arancelario efectivo al 16%, el más alto desde 1936. La Administración los sustituyó por un arancel global del 10% bajo la Sección 122, que expiró el 24 de julio y fue relevado por gravámenes de la Sección 301 del 10% o el 12,5% sobre 60 economías.
El Budget Lab de Yale estima que la política arancelaria vigente elevará el nivel de precios en torno a un 0,7% y costará unos 1.100 dólares anuales por hogar. Es una estimación, no una medición, y apunta a algo incómodo para ambos bandos: los aranceles encarecen la vida, pero no explican por sí solos el salto del 3,4%, que debe más a la energía. Políticamente, sin embargo, pesan: según AP-NORC, el 64% cree que Trump "ha ido demasiado lejos" con los aranceles.
La política fiscal reparte de forma desigual. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), la ley fiscal de 2025 reduciría los recursos del decil más pobre un 3,1% y elevaría los del decil más rico un 2,7% hacia 2034, mientras que los deciles medios ganarían entre 800 y 1.200 dólares anuales.
El alivio existe y fue especialmente visible en 2026, porque las deducciones por propinas y horas extra se materializaron en las devoluciones de este año; el problema es que la gasolina y los tipos de interés se han llevado buena parte de él.
El mercado laboral y la inmigración son el terreno más disputado. Brookings estima que el empleo necesario para mantener estable el paro ronda los 50.000 puestos mensuales o menos por la caída de la inmigración, y la Fed de Dallas advierte de que cifras de empleo antes asociadas a holgura hoy son compatibles con un mercado equilibrado.
La Casa Blanca asegura que las deportaciones abaratan la vivienda y crean más empleo. Brookings, no obstante, replica que ponen en riesgo el crecimiento de las grandes áreas metropolitanas.
El efecto neto sobre los precios sigue siendo una controversia, no un hecho. En energía, el shock es la guerra, y la guerra es una decisión política. El alto el fuego de abril y el memorando de junio no evitaron que el conflicto se reanudara en julio.
Contrastada con lo observable, la promesa económica queda así dividida. La inflación subyacente cede y los impuestos de las clases medias bajan, pero la energía, el crédito y la sanidad han ido en sentido contrario, y son justo los gastos que más se notan.
El voto económico en las midterms
Esta es la parte decisiva. Los sondeos coinciden en que el bolsillo ha desplazado al resto de preocupaciones. Reuters/Ipsos ya situaba en marzo la economía y los conflictos exteriores como los dos principales problemas del país.
En mayo, NPR/Marist halló que más de ocho de cada diez estadounidenses decían que la gasolina tensiona su presupuesto, y en septiembre un sondeo de Beacon Research y Shaw & Company concluía que el 61% de los votantes considera la gasolina un problema grave.
Aquí entra el voto retrospectivo, la idea, asociada a V. O. Key y Morris Fiorina, de que el electorado premia o castiga al Gobierno de turno por su desempeño, con independencia de las causas estructurales o internacionales. El dato más revelador es la atribución. El 65% de los adultos culpa a las políticas de Trump, más que a factores ajenos, de los precios elevados, cuando en octubre de 2022 era el 44% quien atribuía el mismo problema a Joe Biden.
El filtro partidista sigue operando –el 67% de los republicanos cree que los precios están fuera del control del presidente–, pero se resquebraja, ya que el 69% opina que su gestión del coste de la vida es peor de lo esperado, incluido el 52% de los republicanos.
Las intenciones de voto lo reflejan. La media de Silver Bulletin sitúa a los demócratas 9 puntos por delante en la papeleta genérica –9,6 con ajuste por votante probable–, y los independientes se inclinan por ellos por 25 puntos en Marist y 29 en Emerson. Trump mantiene un 39% de aprobación general en la encuesta de Fox News, pero un 98% entre los republicanos más afines al movimiento MAGA.
Su base resiste, pero la grieta está en los márgenes. La encuesta de la Universidad de Michigan lo ilustra a la perfección: desde enero, el sentimiento económico republicano ha caído un 20% y el demócrata un 13%, y seis de cada diez republicanos desaprueban su gestión del coste de la vida.
Los demócratas ante una oportunidad
Los demócratas han hecho de la asequibilidad su único mensaje. El congresista Hakeem Jeffries, por ejemplo, ha creado cinco grupos de trabajo sobre asequibilidad y su estrategia consiste en ganar el argumento de los precios más que en presentar un programa punto por punto. El senador Chuck Schumer, por su parte, había fijado cuatro frentes legislativos: sanidad, vivienda, alimentos y energía. Trump, en cambio, calificó la asequibilidad de "timo" en diciembre.
La apuesta demócrata tiene una ventaja táctica evidente, que es situar el debate político en las condiciones materiales de vida y lejos de la batalla cultural. Pero también tiene un coste, porque el ala izquierda teme que sin medidas populistas concretas el mensaje se quede en eslogan, y los republicanos insisten en que la agenda real la escribe la izquierda más radical.
Las dudas son sustantivas. En el sondeo de Fox News, el 55% de los votantes tiene una opinión desfavorable del Partido Demócrata, y en marzo los republicanos aún superaban a los demócratas en confianza para gestionar la economía, 38% a 34%.
Es decir, el malestar con Trump no se ha convertido todavía en credibilidad económica demócrata: la ventaja de 9 puntos en la papeleta genérica se parece más a un voto de castigo que a un voto de adhesión.
Algunos candidatos intentan ir más allá del precio. El candidato demócrata al Senado por Texas, Talarico, sostiene que "la mayor división del país no es izquierda contra derecha, sino arriba contra abajo". Esa es la "clave" de la clase trabajadora, que la rabia contra la factura de la gasolina se traduzca en confianza en quien promete bajarla.
El coste de vida no es solo una cuestión económica. También es una cuestión de confianza política, de que quien gobierna entienda lo que cuesta llegar a fin de mes. Trump construyó su victoria de 2024 sobre esa idea, y su coalición ha demostrado resistencia en su núcleo, pero se erosiona en la periferia, entre independientes, jóvenes que han abandonado el seguro del Obamacare y republicanos que ya no creen que los precios estén fuera de su control.
Noviembre dirá si las promesas de prosperidad tienen fecha de caducidad cuando no se traducen en mejoras perceptibles para los hogares, o si la lealtad partidista, la distribución de distritos y la desconfianza hacia la alternativa demócrata bastan para amortiguar el golpe. Hay una incógnita que ningún sondeo resuelve: qué pasará con la gasolina entre hoy y el día de las elecciones.
Si el precio baja, Trump tendrá un argumento; si sigue subiendo, lo tendrá la oposición. En noviembre, la prosperidad prometida se medirá donde siempre acaba midiéndose, en la cuenta que cada hogar paga a fin de mes.
Suscríbete y accede a los nuevos Artículos Exclusivos desde 3,99€
Si escoges nuestro plan DLG Premium anual tendrás también acceso a todos los seminarios de Descifrando la Guerra, incluyendo directos y grabaciones.
