Si uno observa la fotografía de la cabecera de este artículo es muy probable que se pregunte en qué cárcel de El Salvador se habrá tomado. Pandilleros semi desnudos, rapados y sentados forzosamente juntos, con la cabeza baja, a punta de cañón… Prácticas comunes en el conocido como “modelo Bukele”. No obstante, no es El Salvador. Es Honduras. Estas escenas que se están viviendo en el país centroamericano son producto de la denominada Operación Fe y Esperanza, anunciada el 26 de junio de 2023 con el objetivo de autorizar un “despliegue nacional de seguridad de soldados y policía militar del orden público, por el plazo de 1 año”.
Los sucesos ocurridos una semana antes en la cárcel de Támara, cercana a la capital, fueron los principales desencadenantes de la operación. 46 presas aparecieron calcinadas y tiroteadas en medio de una batalla entre pandillas dentro de la sección femenina del centro penitenciario. Este hecho conmocionó a la sociedad hondureña, provocando una llamada a la acción por parte de las autoridades. Tan solo cuatro días después de la masacre, en la noche del 24 al 25 de junio, 21 personas fueron asesinadas por todo el país. De esas víctimas, 13 fueron tiroteadas en Choloma fruto de otra reyerta entre pandillas. Al día siguiente Tegucigalpa oficializó el inicio de la Operación Fe y Esperanza.
El objetivo principal es “retomar el control, dirección y gobernabilidad de los centros penales del país”, según el comunicado de la Secretaría de Defensa Nacional de Honduras. La militarización de los centros penitenciarios que se contempla en la estrategia se está llevando a cabo en 21 prisiones de Honduras. José Manuel Zelaya Rosales, secretario de Defensa e hijo de Xiomara Castro, presidenta de la República, indicó que el objetivo es conseguir que “las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y romper con el ciclo del crimen organizado”.
Otro aspecto relevante de la operación son las incautaciones realizadas en las cárceles. El 10 de julio, según la agencia EFE, entre los 25 centros penitenciarios del país se incautaron 1.105 armas de fuego y 23.925 proyectiles de diferente calibre. Además de armas y munición, también se confiscaron más de 5.000 fardos de marihuana y cocaína, 507 teléfonos móviles, muchos de ellos satelitales y varios electrodomésticos lujosos junto con 533.283 lempiras en efectivo, unos 21.600 dólares estadounidenses.
Mega cárceles
Naciones Unidas cifra en un 34,2% el índice de hacinamiento en las prisiones hondureñas, donde el 51,6% de los prisioneros todavía no tienen una sentencia firme. En otro informe, realizado en 2019, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) apunta a un 88% el índice de sobrepoblación de las cárceles. Este porcentaje demuestra el colapso de un sistema penitenciario que apenas cuenta con una capacidad de 15.000 reos.
Consultando las cifras, la conclusión que uno saca es que las cárceles hondureñas acogen a casi el doble de los reclusos que sus instalaciones son capaces de absorber, generando hacinamiento y descontrol. Este nivel de concentración humana, al igual que en otros países de la región, provoca que ante el insuficiente control –y en muchos casos la corrupción– los cabecillas de las diferentes pandillas controlen las dinámicas internas de las prisiones.
Ante este panorama, más allá de la militarización y de las incautaciones, el pasado 22 de marzo Xiomara Castro anunció la construcción de dos prisiones de máxima seguridad, al igual que hizo su homónimo salvadoreño Nayib Bukele. La primera de ellas se localizará en las Islas Cisne, en el Caribe hondureño. José Manuel Zelaya, secretario de Defensa, anunció que la capacidad de la cárcel será de 2.000 personas. El secretario explicó que será “un nuevo hogar de reos peligrosos, líderes de Maras y pandillas y corruptos (…) principalmente cabecillas”.
El objetivo es claro: construir un fortín parecido a Alcatraz. Con los más de 250 kilómetros que la separará de tierra firme, se buscará el aislamiento total de los líderes del crimen organizado del resto de sus pandillas y evitar la interacción con agentes externos a la cárcel. “Pasarán el resto de sus vidas completamente aislados e incomunicados”, advirtió José Manuel Zelaya.
Por otro lado, la segunda cárcel prevista se ubicará entre el Departamento de Olancho y el Cabo Gracias a Dios, justo en la frontera con Nicaragua. En esta zona selvática el gobierno de Castro pretende recluir a un máximo de 1.500 presos.
Es inevitable comparar la construcción de estas nuevas cárceles con la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Es cierto que esta última tiene una capacidad para 40.000 personas, pero su mera construcción, junto con la militarización de las mismas, invitan a hacer un símil de las políticas penitenciarias de Castro y Bukele.
Estado de excepción
Del mismo modo que se hizo en El Salvador, en su campaña de lucha contra las maras, el 6 de diciembre de 2022 la administración de Xiomara Castro decretó en un inicio el estado de excepción de forma parcial en 175 de los 298 municipios del país.
Ese primer estado de excepción terminó el 21 de mayo de 2023, momento en el que se decidió prorrogar 45 días más, hasta el 5 de julio. Llegada esa fecha, lejos de decretar el final del mismo, el gobierno anunció una segunda prórroga consecutiva, hasta el 19 de agosto. De hecho, junto a la continua prórroga del estado de excepción, en los municipios afectados continuaba estando vigente un toque de queda, desde las 23:00 hasta las 04:00.
Tanto el estado de excepción como la militarización y construcción de nuevas cárceles forman parte del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos. Esta estrategia tiene el objetivo de paliar lo que Juan Manuel Zelaya calificó como una “emergencia nacional de seguridad”. Cabe recordar que la implementación de estos continuos estados de excepción está privando a los hondureños de derechos constitucionales tan fundamentales como el derecho a la libre asociación o la inviolabilidad del domicilio.
Otra medida polémica de la administración Castro fue la designación en febrero de 2023 de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte del ejecutivo. El propio vicepresidente de Honduras, Salvador Nasralla, criticó en una entrevista para el medio JBN la decisión: “El problema es que si Zelaya logra controlar la Corte de Justicia, claramente tendrá el control de los 3 poderes del Estado”. También advirtió de las consecuencias que las designaciones de magistrados podrían tener, afirmando que convertiría a Honduras en “una nueva Venezuela”.
Bukele, ¿un espejo para Xiomara Castro?
Habiendo comentado todos estos factores, es evidente que las comparaciones entre las políticas de ambos líderes no son fortuitas. El llamado “efecto Bukele” parece implicar una hoja de ruta bien clara: militarización de las cárceles, detenciones masivas, mega cárceles y estado de excepción. La administración de Xiomara Castro parece estar siguiendo estas pautas al milímetro, aunque hay ciertos aspectos de sus políticas y del contexto que difieren de las del país vecino.
En primer lugar, la que es probablemente la mayor diferencia es la oposición al gobierno. Latinobarómetro, una oenegé chilena sin fines de lucro, publicó el pasado julio una encuesta en la que se mostraban las diferentes tasas de aprobación por parte de las poblaciones de 18 países de Latinoamérica con respecto a sus respectivos presidentes. Los resultados de más de 20.000 entrevistas señalaron a Bukele como el líder con mayor tasa de aprobación de la región, con un 90% y tan solo un 7% de desaprobación –3% de abstención–. Por otro lado, Xiomara Castro solo cuenta con el 36%, por debajo del promedio de la encuesta, el 40%. Además, el porcentaje de opositores a la administración Castro se sitúa en un 47%. En otra encuesta realizada por CID Gallup a 1.200 ciudadanos de cada país de América Latina, Bukele cuenta con una tasa de aprobación del 92%, la más alta de la región.
Esta mayor oposición al gobierno se traduce en un menor control por parte del gabinete de Xiomara Castro a la hora de tomar medidas contra el incremento de la violencia de las pandillas. Una consecuencia de esta falta de unanimidad –de la que sí goza el gobierno de Bukele, quien controla la Asamblea Legislativa– es la ausencia de consenso interno a la hora de erradicar este tipo de violencia.
Desde 2019, Honduras ha reducido su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, desde los 41.2, hasta los 38.14 actuales, según datos de la Policía Nacional. Sin embargo, las cifras del país centroamericano siguen siendo las cuartas más elevadas de América Latina.
Por otro lado, los datos de homicidios son la mayor baza de Bukele a la hora de reafirmarle como el líder más popular de la región. Desde que llegó al poder en 2019, los homicidios por cada 100.000 habitantes se han reducido de 36 a 7.8 en 2022. En la actualidad, el gobierno salvadoreño no se muestra transparente a la hora de mostrar los datos y sus métodos de recopilación. No obstante, en 2023, Bukele afirmó en su cuenta de X que la tasa de homicidios ha bajado hasta 1.8 por cada 100.000 habitantes, “la más baja de América, por debajo de la de Canadá”.
Más allá de las tasas de aprobación de las que goza cada uno de los líderes en cuestión o de las cifras de homicidios, otra gran diferencia entre ambas gestiones es el motivo detrás de sus respectivas políticas de mano dura. Si bien Bukele, con su estatus de político de outsider, llegó al poder desde un inicio con la promesa electoral de acabar con las maras, Xiomara Castro no lo hizo. De hecho, hasta la declaración del estado de excepción, sus políticas se podrían calificar como sociales y rompedoras.
Castro, al asumir el mandato, se convirtió en la primera presidenta en la historia de Honduras, rompiendo con las dinámicas anteriores. En su programa electoral incluyó varias medidas de carácter social, como por ejemplo la despenalización del aborto o la legalización del matrimonio homosexual. Si bien estas medidas no se acabaron aplicando, se promulgaron y adoptaron otras. Un ejemplo fue la decisión de utilizar el avión presidencial para repatriar cuerpos de los migrantes fallecidos en sus intentos de emigrar, principalmente hacia Estados Unidos.
Sin embargo, ese espíritu rompedor de la mandataria se vio interrumpido por la puntual necesidad de abordar la crisis de violencia que está atravesando Honduras. Algunos ejemplos de estas políticas agresivas y reaccionarias son la aplicación durante meses del estado de excepción, así como el anuncio de la futura construcción de dos nuevas cárceles de máxima seguridad.
Además de sus desavenencias ideológicas y sus promesas electorales, otra diferencia clave entre las figuras de Bukele y Castro es su capacidad para comunicar y convencer. El primero se ha postulado como un líder joven que ha sabido adaptarse a las necesidades comunicativas actuales con el uso de las redes sociales. Hay quien le llama “el presidente influencer”. Mediante su cuenta de X Bukele es capaz de anunciar de forma simplificada y atractiva para sus seguidores cada política de su gobierno. Aprovechando esta confianza generada, es frecuente ver cómo el mandatario se mofa desde la más absoluta informalidad.
Xiomara Castro, por su parte, no goza de esta capacidad de propaganda. El uso de las redes sociales no es un habitual en sus campañas de comunicación política. De hecho, la mayoría de sus comunicados se remiten al mero formalismo oficialista, siguiendo un modelo más protocolario, pero transmitiendo menos cercanía con su población.
Propagación del “modelo Bukele” en América Latina
Las altas tasas de popularidad de Bukele y la reducción del número de homicidios han generado rechazo a la par que admiración. Muchos países de América Latina y Occidente han denunciado las políticas de mano dura del presidente salvadoreño. Gabriel Boric, presidente de Chile, criticó en una entrevista con BBC Mundo la gestión de Bukele en su guerra contra las maras. “Creo que si para conseguir un objetivo loable, que es el deseo de seguridad que tienen las grandes mayorías de la población en cualquier país del mundo, se toman atajos en términos de las convicciones democráticas y de respeto de los derechos humanos, finalmente eso tarde o temprano termina pagando la cuenta”, declaró el mandatario chileno.
Sin embargo, en algunos de los países con las tasas de criminalidad más altas de América Latina la figura de Bukele se percibe como un modelo a seguir. Tal y como se ha podido ver en el presente análisis, el caso más reciente y notorio de propagación del “modelo Bukele” es Honduras, aplicado con las diferencias anteriormente mencionadas. No obstante, no es el único país de la región.
Otro ejemplo de Centroamérica es Guatemala. Después de la segunda vuelta de las elecciones, celebradas el 20 de agosto de 2023, es curioso observar cómo los dos principales candidatos a la presidencia, Sandra Castro y Bernardo Arévalo –este último ganador de los comicios– proponen medidas para combatir el crimen organizado. Ambos abogan por fortalecer tanto la policía como el ejército, así como una recuperación del control de las cárceles. Cabe destacar que Guatemala tiene un índice de homicidios de un 17.3 por cada 100.000 habitantes, mucho más bajo que los de El Salvador en 2019 u Honduras, por lo que el desafío del gobierno será, aparentemente, menos complicado.
En el caso de Bernardo Arévalo, en su programa electoral, hizo especial hincapié en la lucha contra la corrupción. Si bien considera “lo más importante” tomar medidas en materias de educación, salud e infraestructura, también anunció su deseo de crear un “Gabinete Específico Anticorrupción”, un organismo que se encargaría de promulgar medidas contra esta práctica, así como garantizar una mayor transparencia de las diferentes administraciones. Del mismo modo, expresó su deseo de que se dé “muerte civil” a toda persona imputada en un caso de esta índole, impidiendo que puedan ejercer cualquier cargo público.
Un resultado de la encuesta de Latinobarómetro que merece la pena mencionar es el porcentaje de población a la que “no le importa que un gobierno no democrático tenga el poder si resuelve los problemas”. En Honduras, el 70% de la población estaría dispuesto a sacrificar su libertad a cambio de obtener más seguridad. Mientras tanto, Guatemala se acerca a Honduras, con el 66%, por delante de El Salvador, con el 63%.
Por otro lado, el caso más reciente de un país en el que se está reclamando una política de mano dura contra el crimen organizado es Ecuador. El 9 de agosto de 2023 Quito acaparó una gran parte de las portadas impresas en periódicos de casi todo el mundo por el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, a balazos en su coche después de celebrar un mitin con su electorado. Este episodio no es aislado. De hecho, el asesinato a tiros de Agustín Intriago, el entonces alcalde de Manta, una de las principales ciudades del país, causó una gran conmoción en la sociedad ecuatoriana.
Hay que recordar que, continuando la dinámica que se lleva viendo en las cárceles ecuatorianas desde hace años, el pasado 26 de julio 31 reos fueron asesinados en la cárcel de Guayaquil. Desde 2022, las batallas entre bandas criminales dentro de las cárceles se han cobrado la vida de 400 prisioneros. Tras estos sucesos, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción. El mandatario declaró que “las mafias le han declarado la guerra al Ecuador y que el Estado y las Fuerzas Armadas responderán con todo su poder”.
Las imágenes y datos que llegan desde Ecuador recuerdan a la guerra del gobierno de Colombia contra el narcotráfico en los años 80. El deterioro en materia de seguridad es más que evidente. Si en 2017 el número de homicidios por cada 100.000 habitantes se situaba en 5.4 –de los más bajos de la región–, entre 2021 y 2022 fue el país que más incrementó la cifra, llegando a los 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, un 85% más. Según estimaciones de statista.com, analizando esta tendencia ascendente, se estima que para finales de 2023 la tasa alcance los 40, una diferencia de casi 35 puntos porcentuales en seis años.
El país sudamericano ha pasado de ser uno de los más seguros de la región a convertirse en uno de los más peligrosos, presenciando incluso una “mexicanización” de las elecciones, donde los cárteles tienen la capacidad de asesinar o promover candidatos a la presidencia. Hay que entender que Ecuador colinda con los dos mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú. Los puertos de Guayaquil y Manta representan las grandes puertas de entrada desde Asia hasta América de los químicos necesarios para la producción de cocaína, del mismo modo que son puertas de salida a la droga producida tanto en territorio colombiano y peruano.
Todos estos factores están conduciendo al caldo de cultivo perfecto para que se adopte un modelo parecido al de Nayib Bukele. Por el momento ya se ha empezado a aplicar el estado de excepción, continuando con la tendencia de su aplicación en Latinoamérica.
En cuanto a este tipo de políticas agresivas contra el crimen organizado destaca la figura de Jan Topic. El denominado “Bukele ecuatoriano” recuerda al perfil del líder salvadoreño: un candidato joven, outsider, con la promesa de aplicar el ejemplo de El Salvador. Este economista guayaquileño de 40 años también ha sido paracaidista y francotirador, habiendo participado en las guerras de Siria y Ucrania como voluntario.
En su programa electoral Topic aboga por un fortalecimiento de los cuerpos policiales y militares del país, así como una política de “mano dura” en la lucha contra el crimen organizado. El 16 de agosto, lanzó su propuesta de “renovación” de las fuerzas de seguridad de Ecuador. En su plan, contempla un gasto de 150 millones de dólares en la modernización del equipamiento, así como un presupuesto total de 1.200 millones de dólares, haciendo hincapié en el “control de cárceles y fronteras”. “En nuestro Gobierno equiparemos a nuestras fuerzas del orden para someter a los delincuentes que nos roban la paz día a día”, afirmó el candidato en su cuenta de X.
Según una encuesta electoral realizada por Telcodata el 10 de agosto de 2023 el candidato Jan Topic, con su partido “Por un país sin miedo”, apuntaba al 13,1% de los votos. Sin embargo, en la primera vuelta de las elecciones, el 20 de agosto, el candidato de “Por un país sin miedo” obtuvo el 14,65 % de los sufragios, por detrás de “Construye”, con un 16,49%, “PID y Mover” con el 23,78% y “Revolución ciudadana, con el 33,24%.
Libertad o seguridad
Considerando todos los casos analizados en el artículo, se puede concluir que algunas de las poblaciones de Latinoamérica, sobre todo las más afectadas por el crimen organizado, se están empezando a cuestionar la eficacia de las democracias a la hora de garantizar la seguridad ciudadana. Con esta vorágine de aumento de criminalidad, corrupción y magnicidios, se está formando un caldo de cultivo idóneo para la proliferación de políticas populistas y reaccionarias.
En la actualidad, con el caso de El Salvador, más allá de las dificultades a la hora de extrapolarlo a otros países, la concentración de poder alrededor de la figura de Bukele ha conseguido su promesa de reducir el número de homicidios en su país. Estos resultados constituyen la principal bandera del “triunfo” del presidente salvadoreño y su admiración en los países vecinos. Más allá de la “mano dura”, lo que ha caracterizado su gestión ha sido el control absoluto que tiene de la Asamblea Legislativa. Esta combinación de dominio político, de estrategias asertivas en materia de seguridad, acompañadas de medidas liberales en el ámbito económico –como por ejemplo la implementación del Bitcoin como divisa válida en transacciones nacionales– han sido los principales motivos de la alta popularidad de Bukele.
Precisamente esta mezcla diferencia a la administración Bukele de gobiernos anteriores. Por ejemplo, durante el mandato de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) también se trataron de aplicar medidas más agresivas, del mismo modo que lo intentó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Sin embargo, no gozaban de la misma mayoría que Bukele. Antes de que el partido Nuevas Ideas llegase en 2019 al poder, ARENA y FMLN –del que formaba parte el propio Bukele– constituían un paradigma político bipartidista en el que existía una mayor disidencia que en la actualidad y, por lo tanto, menor consenso a la hora de elaborar estrategias en la lucha contra el crimen organizado.
Un ejemplo significativo a la hora de aplicar la “mano dura” fue la política pacifista de Mauricio Funes, presidente por FMLN de 2009 a 2014. El ahora prófugo de la justicia salvadoreña promovió la creación de “municipios santuario”, lugares donde se respetaría el alto al fuego por parte de las maras. Al final, estas localidades acabaron siendo controlados por las pandillas, convirtiéndolos en lugares donde la policía no patrullaba.
En las elecciones de 2018 ARENA obtuvo 37 escaños, mientras que FMLN ganó 23 y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), 10. En las elecciones de 2021, con la irrupción de Nuevas Ideas, el partido de Bukele salió vencedor en los comicios, con 56 escaños y pactando con GANA, con 5. Por otro lado, ARENA obtuvo 14 escaños, 23 menos que tres años antes y FMLN 4, 19 menos que en los anteriores comicios.
Otro aspecto importante de su capacidad para mantener una línea constante en cuanto a gobernanza se refiere es la capacidad antes mencionada de publicitar sus medidas. Aprovechando el control que tiene de la Asamblea, a Bukele le es más sencillo articular y adoptar las medidas que prometió en su programa electoral. A eso se le suma un registro informal en el uso de las redes sociales y sobre todo ser cercano al ciudadano. No obstante, en este momento se están sacrificando las plenas garantías jurídicas de los salvadoreños. Esto se está viendo, por ejemplo, en la celebración de juicios colectivos a los imputados por pertenencia a las Maras, donde se juzgan a grupos de hasta 900 personas. Esta situación se puede apreciar bien con el caso del diario independiente El Faro, que tuvo que exiliarse en Costa Rica ante las constantes amenazas de censura por parte del gobierno.
Otra cuestión a la que habrá que atender en los próximos años es la viabilidad económica de las políticas de Bukele, así como extrapolación a otros países de Latinoamérica. Del mismo modo que el presidente salvadoreño presume de los datos de reducción de homicidios, el aspecto de los costes permanece en la sombra. Este hecho cobra especial importancia cuando se observan los datos de deuda pública del país: desde 2022 hasta 2023 creció en 1.069 millones de dólares, situándose actualmente en el 79.2% del PIB, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Ante la falta de transparencia del ejecutivo de El Salvador habrá que plantearse si la construcción de todas esas mega cárceles y la subida de salarios de policías y militares, son verdaderamente viables en largo plazo.
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