El reinicio de Honduras: Claves del triunfo de Xiomara Castro y retos de su gobierno

Por Néstor Prieto

Xiomara Castro es ya la presidenta más votada en la historia de Honduras con más de 1.700.000 votos. El crecimiento demográfico ha facilitado el récord, pero no habría sido posible sin la espectacular movilización electoral del pasado 28N, que rozó el 70% de participación, cifra que no se alcanzaba desde las elecciones de 1997. Castro superaba el 50,6% de votos, a más de 13 puntos del conservador Nasry Asfura. Lejos quedaba el candidato liberal Yani Rosenthal con el 10% del voto, el mínimo histórico de esta centenaria formación.

Su victoria marca el fin de una era. Por primera vez una mujer ostentará la presidencia de Honduras, también por primera vez lo hará un partido distinto al centenario bipartidismo liberal-conversador. Supone además una ruptura con la senda abierta por el Partido Nacional de Honduras (PNH, derecha), que ocupa el poder desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009. En esta larga década, Honduras ha vivido una deriva autoritaria, un auge de la narcopolítica y un agravamiento de la crisis migratoria y económica, desafíos que Xiomara Castro deberá afrontar a partir del próximo 27 de enero.

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Estrategia, discurso y alianzas

En buena medida las elecciones adquirieron un carácter plebiscitario contra la década de gobiernos del PNH. El lema #SeVan, que inundaba pancartas, carteles y pintadas en los mítines de la oposición, contrastaba con la puesta en valor que los actos oficialistas hacían de los principales logros de su mandato. En todo caso el desgaste institucional y la crisis hondureña, demasiado grave para ocultarse con mensajes en positivo, llevaron a que la campaña del PNH esgrimiera como principal argumento el reivindicarse como una fuerza de “orden y estabilidad” frente al caos y la barbarie comunista que representaba su adversaria.

Sitiados por la corrupción y los vínculos con el narcotráfico, la derecha hondureña apostó por un perfil fresco que no estuviese vinculado directamente a los últimos gobiernos centrales y sus constantes escándalos. El hasta entonces alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, más conocido como “Papi a la orden” fue la opción. Este extrovertido y veterano político de ascendencia palestina arrasó en unas primarias poco disputadas y usó como principal recurso durante su campaña la “necesidad de frenar al comunismo”. Cómodo en la dicotomía “dictadura socialista o democracia”, Asfura acusó a Castro de querer subordinar el país a Venezuela y el Foro de Sao Paulo. Pero el intento por desvincular a “Papi” de la corrupción de los gobiernos de JOH y Porfirio Lobo dio resultados desiguales. Pese a que ambos exmandatarios apenas tuvieron apariciones en los actos de campaña, las propias referencias a JOH como “el jefe” y la presencia de miembros cercanos al gobierno en el equipo del candidato evidenciaban los vínculos existentes.

Otro de los grandes debates de la campaña fue el aborto. Apoyado en las movilizadas bases del Partido Nacional y la gran influencia de la religión, el PNH cargó repetidas veces contra las propuestas de LIBRE de despenalizar en varios supuestos la interrupción voluntaria del embarazo, una práctica completamente restringida hasta la actualidad. Con este ambiente de polarización, Asfura paseó poco el resto de las propuestas de su programa: descentralización, plan de infraestructuras y lucha contra la corrupción.

Sin duda, aunque intervienen varios factores, la victoria de Xiomara Castro o la derrota del PNH solo pueden explicarse por el desgaste de la acción de gobierno. El principal activo de Castro fue su capacidad de canalizar el descontento social tras una década de crisis. Su campaña resultó propositiva y huyó de la falsa dicotomía democracia versus comunismo pretendida por el PNH; una de sus medidas estrella fue impulsar una comisión internacional anticorrupción que investigue y juzgue las posibles irregularidades que ha vivido el país. Tras resultar electa no tardó en reunirse con la representante de la ONU en el país y hacerle oficial su idea de que sea este organismo el que dirija una “Comisión contra la impunidad”.

Su propuesta de “gobierno de reconciliación” entroncaba con las aspiraciones de cambio y desafección política y desmontaba buena parte del discurso catastrofista de Asfura. Castro optó por no sobreexponerse en los medios dejando a su vicepresidente, el televisivo Salvador Nasralla, y otras figuras de LIBRE en la labor más cotidiana de trato con la prensa. También apostaron por mantener al expresidente Zelaya en un segundo plano. Su figura, que arrastra un importante apoyo incondicional, es para sectores más moderados de la oposición “polarizante”. Se le mantuvo en un perfil bajo durante la campaña, ratificándole al frente de la dirección del partido, pero descartando cualquier eventual cargo en el gobierno. En palabras de la propia Xiomara Castro, “voy a tener al mejor asesor en casa presidencial”.

Sin duda un aspecto clave fue el carácter unitario de su candidatura, que pese a concurrir bajo las siglas de LIBRE, incorporó a la práctica totalidad de la oposición. Las negociaciones, desarrolladas durante meses, dieron sus frutos apenas unos días antes de vencer el plazo para la inscripción de candidaturas. El sistema político hondureño obligaba a una apuesta unitaria si quería expulsar al PNH pues, al contrario que en otros países del entorno, para llegar a la presidencia basta con imponerse por mayoría simple, no hay segunda vuelta y no es necesario superar ningún umbral de votos mínimos. La división ya dio en 2013 la primera victoria a JOH, que obtuvo un 36,9% frente al 28,8% de Xiomara Castro y el 13,4% de Nasralla quienes, pese a sumar más votos que el oficialismo, perdieron la presidencia. En la siguiente cita se oficializó la Alianza de Oposición contra la Dictadura, donde Nasralla concurrió como presidenciable y Castro como vicepresidenta; en esta ocasión la diferencia fue mínima en favor de JOH, que revalidó el cargo bajo acusaciones de fraude electoral que tensionaron las calles y abrieron un nuevo ciclo movilizador. El golpe de Estado de 2009, las reformas emprendidas por el PNH y las acusaciones de fraude y clientelismo consolidaron entre la oposición la caracterización del gobierno como “dictadura”, lo que sirvió de pegamento tanto en la calle como en las instituciones.

En esta ocasión los papeles se alteraron con Castro como cabeza de lista, Nasralla como primer vicepresidente con el respaldo de su recién creado Partido Salvador de Honduras (PSH), y la diputada del PINU -formación socialdemócrata minoritaria-, Doris Gutiérrez, como segunda vicepresidenta. Ese carácter unitario granjeó apoyos incluso del Partido Liberal, cuyas bases han migrado en buena medida a LIBRE. Pesos pesados de la histórica formación anunciaron su voto por Castro en vez de por el candidato oficial Yani Rosenthal; ese fue el caso de Luis Zelaya, diputado electo este 28N, además de candidato a la presidencia en 2017 y segundo en las primarias presidenciales del PL de este año. La candidatura era un buen reflejo del heterogéneo movimiento de protesta formado tras doce años de lucha contra el PNH: el entorno del despuesto Zelaya, LIBRE y su militancia enmarcable en el Socialismo del s. XXI y la teología de la liberación, la socialdemocracia del PINU, la oposición de centroderecha y liberal en lo económico de Nasralla, buena parte de las bases del PL y sectores indígenas y ambientalistas. Una amalgama que va desde el voto movilizado y convencido en torno al programa de izquierdas de Castro, pero también un importante porcentaje de voto útil para echar al PNH.

El carácter unitario de la candidatura apareja, en todo caso, un problema sustancial, la heterogeneidad ideológica del futuro gobierno. A falta de conocer su composición ya se ha adelantado la decisión de dar representatividad a todos los sectores activos en el proceso electoral: desde el centro derecha liberal de Nasralla a los cuadros más ideologizados de LIBRE. Ello acompañado de un perfil tecnócrata que previsiblemente marcará la administración de Castro, defensora de la idoneidad de profesionales técnicos frente a políticos para tratar de desterrar la idea de corrupción y clientelismo en el gobierno. Ello apareja contradicciones inherentes a la hora de determinar la profundidad de los cambios que emprender; si bien existe un consenso en borrar la herencia del golpe de Estado y los 12 años de gobierno conservador, no hay un horizonte claro y compartido de hacia dónde debe ir Honduras. Apostar por perfiles tecnócratas y la representación de varios grupos políticos nos permite adelantar las dificultades que tendrá LIBRE para impulsar las reformas más ambiciosas.

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Xiomara Castro apuesta por una enmienda a la totalidad a “los años de dictadura” mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente, una aspiración que ya tuvo Manuel Zelaya y que fue el detonante  del golpe de Estado contra su persona. La propuesta requeriría de un amplio consenso parlamentario para prosperar y ninguna de las demás fuerzas parece dispuesta a ello; su propio vicepresidente y líder del PSH, Salvador Nasralla, “no cree necesario” impulsar una nueva Carta Magna sino revisar la actual. En una postura aún más inmovilista está el Partido Liberal, quien se ha opuesto hasta la fecha a sustituir el texto que ellos mismos contribuyeron a elaborar en la transición de 1982, abriendo tan solo la puerta a reformas puntuales. Por su parte el PNH se opone de manera radical a cualquier cambio. El acuerdo para la candidatura unitaria LIBRE-PSH-PINU establece que, en caso de impulsarse la asamblea constituyente, esta debería ser aprobada primero en una consulta popular; una opción que podría generar tensiones en la coalición y que Castro debe jugar con inteligencia.

El Congreso Nacional en la nueva Honduras

Si bien es cierto que la elección presidencial concentró todas las miradas, el domingo 28 de noviembre también se eligieron los 128 diputados que conforman el Congreso Nacional y las 298 alcaldías del país. Dos elementos clave que contrapesan la victoria presidencial de Castro.

Aunque el sistema presidencialista otorga grandes atribuciones al mandatario electo, lo cierto es que el peso del legislativo sigue siendo clave para el impulso de leyes y nombramientos. En este sentido las papeletas al Congreso no replicaron la unidad opositora a las presidenciales, y LIBRE, PSH y PINU presentaron listas alternativas que han penalizado sus aspiraciones. El interminable recuento de votos, que 10 días después de las elecciones tan solo había notificado el 80% de las actas, daba pie a suspicacias y el PSH de Nasralla ha solicitado la auditoria de más de 3.000 actas que aún podrían hacer variar los números finales.

En todo caso el Congreso ratifica la fragmentación y el desgaste del bipartidismo. LIBRE se convierte en la primera bancada con 50 asientos (+20), seguida de los 44 del PNH (-17), 23 de los liberales (-3); irrumpen 10 del PSH y sendos diputados solitarios para el Partido Anticorrupción y para Democracia Cristiana. El hasta ahora bloque opositor LIBRE-PSH quedaría con 60 escaños, a cinco de la mayoría simple y veintiseis para lograr la mayoría cualificada (86) para reformar la Constitución o hacer nombramientos a instituciones del Estado. Una cifra endiablada pues, aunque los trámites ordinarios podrían salir adelante con el apoyo del sector “izquierdista” del Partido Liberal, se haría necesario el apoyo del PNH o una disidencia de 5 de sus diputados para sacar adelante las reformas de la Carta Magna y el nombramiento de altos funcionarios; algo poco probable. Esta aritmética previsiblemente será utilizada por los conservadores como veto para las principales reformas prometidas por Castro. El enfrentamiento en el legislativo podría cronificar la crisis política y frenar los tan ansiados cambios que representa el nuevo gobierno.

Entre los nombramientos clave está el de fiscal general que encabeza el Ministerio Público y que finaliza su actual mandato en 2023. Esta institución se ha visto salpicada en los casos de corrupción de la administración saliente y ha sido acusado de garantizar “impunidad a los corruptos”. También ese año el Congreso deberá elegir los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2023-2030. Esta instancia judicial también estuvo copada por oficialistas y fue clave para permitir la reelección presidencial de JOH, una práctica prohibida en el país por su Constitución, pero que el CSJ reinterpretó en lo que se consideró “un golpe constitucional” por la oposición. No es algo menor, pues en los doce años de mandato conservador se han copado las instituciones del Estado hondureño, algo que el nuevo gobierno tendrá difícil desmantelar a la vista de los equilibrios legislativos.

El nivel municipal se ha convertido en el salvavidas del maltrecho bipartidismo. Su mayor implantación territorial y las engrasadas redes clientelares les han permitido conservar más de la mitad de las alcaldías, especialmente en municipios pequeños y medianos. En todo caso la oposición ha conseguido alzarse con la victoria en las dos principales ciudades del país. En la capital, Tegucigalpa, se impone el candidato de LIBRE, Jorge Alejandro Aldana, afiliado al Partido Liberal hasta el golpe de Estado a Zelaya; desde entonces ha acompañado al expresidente en su periplo y es una de las figuras más prominentes de la formación de izquierdas. Por su parte, la segunda ciudad del país, San Pedro Sula, tendrá al impredecible empresario Roberto Contreras como regidor. El candidato independiente fue apoyado a última hora por LIBRE y el PSH, que decayeron sus listas en favor de Contreras, criticado por sus negocios que bordean la legalidad y que incursionó en la política de la mano del Partido Liberal en 2013. En ambas ciudades se ha conseguido desbancar al PNH.

El choque entre Nasralla y Castro ya se ha dejado sentir en ámbitos clave como la convocatoria de Asamblea Constituyente o el establecimiento de relaciones con China. A la previsible oposición bronca del PNH, las redes clientelares y corruptas que resistirán, hay que sumar los conflictos internos; la capacidad de Castro para lidiar con ello determinará el porvenir de Honduras.