En noviembre, Estados Unidos celebrará una votación que durante más de un siglo ha servido como termómetro casi infalible del humor nacional: las midterms. No eligen presidente, pero deciden si ese presidente gobierna con las manos libres o atado a un Congreso hostil.
Desde la Guerra Civil, el partido que ocupa la Casa Blanca ha perdido escaños en la Cámara de Representantes en 32 de las últimas 33 midterms, un patrón tan constante que la ciencia política terminó bautizándolo como una auténtica ley de hierro.
La pregunta que atraviesa este artículo es sencilla de formular y difícil de responder: ¿siguen funcionando las midterms como un mecanismo de castigo al presidente, o la polarización y la nacionalización de la política estadounidense las han convertido en una prolongación anticipada de la siguiente carrera presidencial? La cuestión no es académica.
Las elecciones de 2026, las primeras de mitad de mandato desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se están disputando en un país donde la lealtad partidista ha desplazado buena parte del razonamiento tradicional del votante. Y eso obliga a preguntarse si el viejo manual de la ciencia política electoral sigue sirviendo para leer lo que ocurre.
La tesis de este texto es que las midterms no han desaparecido como institución constitucional, pero sí han perdido buena parte de lo que las hacía distintas: su capacidad de funcionar como un juicio local, matizado y relativamente autónomo sobre la gestión presidencial.
La polarización ideológica y afectiva, la nacionalización del voto y la consolidación de una campaña permanente han ido vaciando de contenido propio a estas elecciones, que cada vez se parecen más a un capítulo adelantado de la contienda por la Casa Blanca.
¿Por qué el partido del presidente siempre pierde?
La ciencia política lleva décadas intentando explicar por qué el partido en el poder pierde casi automáticamente terreno en las midterms. La primera gran explicación fue la teoría del surge and decline, formulada por Angus Campbell en 1960 y refinada después por James Campbell.
Según este enfoque, en años de elección presidencial, el entusiasmo y la movilización elevan la participación de votantes ocasionales que tienden a favorecer al ganador, generando un impulso o surge que arrastra también a los candidatos al Congreso.
Dos años después, sin la energía de la contienda presidencial, esos votantes marginales se quedan en casa, el electorado vuelve a su composición partidista habitual y el partido presidencial sufre la decline, la caída.
A esta explicación se sumó el modelo referéndum, propuesto por Edward Tufte (1975, 1978), que sostiene que las midterms funcionan como una consulta sobre la gestión económica y la popularidad del presidente. Así pues, cuanto más bajos son la aprobación presidencial y el crecimiento de la renta disponible, mayores son las pérdidas legislativas del partido gobernante.
La teoría del balance o balancing theory, desarrollada por Alesina y Rosenthal (1995), añadió una capa adicional: una parte del electorado, especialmente los votantes moderados, buscaría deliberadamente equilibrar el poder presidencial votando por la oposición en el Congreso, para evitar una concentración excesiva de poder en un solo partido.
De ahí deriva el fenómeno del gobierno dividido, estudiado extensamente por Fiorina (1992), que muestra cómo Estados Unidos ha convivido con largos periodos de Casa Blanca y Congreso en manos de partidos distintos.
Estas teorías no son solo abstracciones. Explican episodios muy concretos de la historia reciente. En 1994, la llamada revolución republicana liderada por Newt Gingrich acabó con 40 años de control demócrata de la Cámara, en pleno desgaste del primer mandato de Bill Clinton. En 2006, el hastío por la guerra de Irak y el escándalo de la gestión del huracán Katrina devolvieron el Congreso a los demócratas frente a George W. Bush.
En 2010, el auge del Tea Party y el rechazo a la reforma sanitaria de Barack Obama provocaron una de las mayores debacles legislativas para un partido en el poder en décadas. En 2018, el rechazo a la primera etapa de Trump devolvió la Cámara a los demócratas.
Y en 2022, pese a una inflación elevada y una aprobación presidencial baja, los demócratas de Joe Biden lograron un resultado mucho mejor de lo previsto, en parte por la reacción social tras la sentencia Dobbs sobre el aborto. Cada uno de estos episodios encaja, con matices, en el marco teórico clásico, el castigo al presidente, referéndum económico, búsqueda de equilibrio.
A estas teorías clásicas –surge and decline, referéndum, balance y gobierno dividido– se les atribuye además una función casi pedagógica para el propio sistema político: obligaban al presidente a rendir cuentas cada dos años ante un electorado que, en teoría, podía separar su juicio sobre la Casa Blanca del juicio sobre su representante local.
Esa separación de planos, la posibilidad de castigar a un partido en Washington y premiar al mismo tiempo al candidato de la calle de al lado, era precisamente lo que dotaba a las midterms de su función correctiva y de su previsibilidad histórica. Pero es justamente esa separación la que ha empezado a desdibujarse.
La nacionalización del voto
El problema es que ese manual clásico fue construido en un país distinto al actual. Desde finales del siglo pasado, Estados Unidos ha experimentado un proceso de polarización que no es solo ideológico, sino también afectivo.
La polarización ideológica describe la distancia real entre las posiciones de ambos partidos en materia de políticas públicas; la polarización afectiva, en cambio, se refiere al rechazo emocional hacia el otro bando, independientemente de las diferencias programáticas concretas.
Los estudios de Iyengar y sus colegas muestran que demócratas y republicanos se perciben mutuamente como deshonestos, cerrados de mente e incluso peligrosos para el país, una animadversión que ha crecido de forma sostenida desde los años noventa.
Ese rechazo mutuo ha reducido drásticamente el margen de maniobra del votante que antes decidía elección a elección. El politólogo Daniel Hopkins (2018) documentó cómo la política estadounidense se ha nacionalizado de forma acelerada: los votantes ya no evalúan a su gobernador o a su representante local por su gestión concreta, sino como una extensión de su identidad partidista nacional.
Una de las consecuencias más visibles de este proceso es la desaparición casi total del voto dividido o split-ticket voting, esa práctica que antes permitía a un mismo elector apoyar a un candidato presidencial de un partido y a un senador del otro.
Gary Jacobson (2015) ha demostrado que la ventaja histórica del cargo, la llamada incumbency advantage, se ha erosionado precisamente porque el partido pesa hoy mucho más que la trayectoria personal del candidato. A esto se añade la personalización extrema del liderazgo político.
El llamado efecto Trump ha introducido una dinámica en la que buena parte de la campaña, en cualquier distrito o estado, gira en torno a la figura del expresidente y actual presidente, ya sea para movilizar a su base o para activar el voto de rechazo en su contra.
Esta lógica presidencial-céntrica convierte cualquier elección legislativa o estatal en un plebiscito indirecto sobre Trump mismo, más que sobre el candidato que efectivamente aparece en la papeleta.
Los medios de comunicación y las redes sociales han amplificado este fenómeno: la fragmentación informativa y el consumo partidista de noticias, señalado por Pew Research Center como una fuente creciente de hostilidad entre partidarios, refuerzan un ecosistema en el que cada elección, sin importar su naturaleza formal, se libra con los mismos códigos, los mismos enemigos y los mismos incentivos emocionales que una presidencial.
Todo esto ha desembocado en la consolidación de lo que puede describirse como una campaña permanente. La distinción tradicional entre año electoral y año de gobierno se ha diluido, la financiación, la producción de mensajes y la estrategia mediática de ambos partidos operan hoy de forma continua, sin pausas entre ciclos.
Los comités nacionales de campaña, tanto demócratas como republicanos, diseñan sus narrativas para las midterms desde el mismo día en que termina la elección presidencial anterior, y lo hacen utilizando exactamente los mismos temas, los mismos adversarios simbólicos y los mismos marcos de polarización afectiva que emplearán después en la siguiente contienda por la Casa Blanca.
El resultado es que cada elección legislativa se libra ya con el vocabulario, los enemigos y los incentivos emocionales de una presidencial, incluso cuando lo que está en juego es, formalmente, muy distinto.
2026, punto de inflexión en las midterms
Las elecciones de noviembre de 2026 ilustran con nitidez esta transformación. En Georgia, la reelección del senador demócrata Jon Ossoff se ha convertido en una de las batallas más observadas del ciclo, en un estado que Trump ganó en 2024 pero que ahora registra un ambiente más favorable a los demócratas; el Cook Political Report trasladó la carrera de toss-up a lean Democrat citando el deterioro del entorno nacional para los republicanos.
En Carolina del Norte, la retirada del republicano Thom Tillis abrió paso a un enfrentamiento entre el exgobernador demócrata Roy Cooper y el republicano Michael Whatley, otra contienda que se lee menos como un juicio a la gestión local y más como un capítulo de la pugna nacional por el control del Senado.
En Michigan, uno de los pocos estados con un senador demócrata que Trump ganó en las presidenciales de 2024, la carrera se ha convertido en un test de si la identidad partidista pesa más que el resultado presidencial reciente.
En Pensilvania y Arizona, dos de los estados péndulo que decidieron las últimas presidenciales, las campañas legislativas y de gobernador se están librando con mensajes prácticamente idénticos a los de una elección presidencial: economía, aranceles, inmigración y la gestión de Trump como eje casi exclusivo del debate, en detrimento de cuestiones estatales concretas.
El propio proceso de rediseño de distritos electorales, iniciado en Texas por impulso de Trump y respondido por California y otros estados demócratas, ha convertido la geografía electoral misma en un campo de batalla partidista de alcance nacional, reforzando la idea de que ninguna elección, ni siquiera la más local, escapa hoy a la lógica de la confrontación entre dos bloques irreconciliables.
Con la ventaja demócrata en el generic ballot situada en torno a los cinco puntos y la aprobación presidencial de Trump por debajo del cincuenta por ciento, los indicadores clásicos del modelo referéndum apuntarían a una noche complicada para los republicanos.
Pero lo relevante no es solo el resultado probable, sino el tono de la campaña: candidatos, donantes y estrategas de ambos partidos hablan abiertamente de 2026 como el primer asalto de la carrera de 2028, y no como una elección legislativa con lógica propia.
Esa es, quizás, la prueba más clara de hasta qué punto las midterms han dejado de ser un ejercicio autónomo de rendición de cuentas para convertirse en un ensayo general de la siguiente batalla presidencial. También las gobernaciones en juego este noviembre, entre ellas las de Pensilvania y Michigan, refuerzan esta lectura.
Los gobernadores controlan la administración electoral y, en varios casos, tienen la última palabra sobre futuros procesos de redistribución de distritos, lo que convierte estas carreras estatales en piezas de una partida de ajedrez nacional más que en referéndums sobre políticas propiamente estatales como educación, infraestructuras o seguridad pública.
La consecuencia es que el elector medio, incluso cuando vota por un gobernador o un senador, tiende a hacerlo pensando en Trump, en el control del Congreso o en el horizonte de 2028, y no en la gestión concreta del cargo que formalmente está decidiendo.
¿Han muerto realmente las midterms?
La respuesta honesta es que no, pero tampoco sobreviven intactas. Constitucionalmente, las midterms siguen cumpliendo su función: renuevan la Cámara al completo, un tercio del Senado y decenas de gobernaciones, y de su resultado depende directamente la capacidad del presidente para legislar, confirmar jueces o ser sometido a control político durante la segunda mitad de su mandato. En ese sentido estricto, el mecanismo sigue vivo y sigue importando tanto como siempre.
Lo que ha cambiado es su lógica interna. El votante de 2026 ya no decide, en su inmensa mayoría, en función de la gestión concreta de su representante o de su gobernador, sino en función de su identidad partidista nacional y de su posición frente a un presidente que domina el debate público de forma casi absoluta.
La polarización afectiva ha sustituido buena parte del razonamiento retrospectivo que describían Tufte o Fiorina por un reflejo tribal más simple y más predecible. Las midterms, en otras palabras, han perdido gran parte de su capacidad de sorprender, de generar coaliciones inesperadas o de premiar la gestión local por encima de la etiqueta partidista.
Quizás la conclusión más honesta sea esta, que las midterms estadounidenses no han muerto, pero se han fundido con el ciclo presidencial permanente que domina la política del país desde hace una década. Ya no son un juicio aislado sobre el presidente de turno, sino una escala más en una campaña que, en la práctica, nunca termina.
Si las elecciones de 2026 confirman el guion que hoy dibujan las encuestas y el ambiente nacional, no estaremos solo ante otra victoria o derrota legislativa, sino ante la constatación de que el propio concepto de elección de medio mandato, tal como lo entendió la ciencia política del siglo XX, pertenece cada vez más al pasado.
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