El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el máximo órgano judicial del club comunitario, ha anulado de forma definitiva los acuerdos de pesca y agricultura suscritos con Marruecos. La decisión se basa principalmente en que el pueblo saharaui “no ha prestado su consentimiento” para la explotación del territorio, hecho que supone una "vulneración de los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados".
El TJUE avala así el fallo emitido por el Tribunal General de Justicia (TGUE), que ya en 2021 esgrimió la “falta de consentimiento del pueblo saharaui” para suscribir ambos acuerdos. Entonces, la decisión fue recurrida por el Consejo y la Comisión Europea, que aseguraron haber realizado “consultas” entre la población local del Sáhara Occidental.
El TJUE desestima definitivamente estos recursos y considera que las consultas hechas obviaron al Frente Polisario, al que califica como “un interlocutor privilegiado”, reconociendo de esta forma su capacidad jurídica para interponer recursos en todo lo relativo al Sáhara Occidental.
El equipo jurídico saharaui, en declaraciones a Descifrando la Guerra, enfatizó este aspecto al considerar que “se refuerza el estatus jurídico del Frente Polisario”. Un elemento cuestionado por Francia y España, que trataron de desestimar la denuncia saharaui asegurando que no eran un actor autorizado para recurrir a la justicia europea.
El argumento central de la sentencia ha sido la falta de consentimiento. Un estudio de los pliegos entregados por las instituciones europeas muestra que las organizaciones consultadas eran, mayoritariamente, empresas de capital marroquí y población colona. “El consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a la aplicación de los acuerdos controvertidos en ese territorio no puede presumirse”, sentencia el TJUE.
No obstante, el alto tribunal no suspenderá inmediatamente los acuerdos, y da doce meses de margen “habida cuenta de las consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión Europea que entrañaría su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica”.
En cualquier caso, esta resolución no afectará al Acuerdo de Pesca UE-Marruecos, cuya duración de cuatro años expiró el pasado 17 de julio de 2023. Desde entonces, Rabat y Bruselas aguardaban el fallo del TJUE para rediseñar un nuevo protocolo pesquero.
La dureza de la sentencia deja poco margen para las interpretaciones: un eventual nuevo acuerdo pesquero debería excluir las aguas del Sáhara Occidental para no ser considerado ilegal. Algo que choca con la praxis política marroquí, que ha buscado incluir el territorio saharaui en todos los acuerdos bilaterales firmados con la Unión Europea. El objetivo de Rabat con esta estrategia radica en reforzar su control de facto sobre el territorio y consolidar su política de “hechos consumados”.
El acuerdo pesquero beneficiaba fundamentalmente a la flota española, que concentraba 92 de las 138 licencias que faenaban en las ricas aguas saharauis. Por el contrario, el acuerdo agrario siempre ha sido señalado como un “agravio” para el sector primario europeo, que considera la falta de legislación laboral y fitosanitaria en el campo marroquí como una “competencia desleal”.
A este respecto, además de la suspensión del Acuerdo Agrícola UE-Marruecos, el TJUE ha fallado a favor de las organizaciones agrícolas que exigían que los productos provenientes del Sáhara Occidental no pudiesen ser etiquetados como “marroquíes”. La sentencia obliga a que dichos productos, fundamentalmente melones y tomates, sean etiquetados como provenientes del “Sáhara Occidental”. Un cambio que facilita políticas de boicot y campañas de consumo ético por parte de productores europeos y grupos de solidaridad.
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