La ruptura de la Diarquía cívico-militar: ¿Qué le espera a Myanmar?

Escrito por Àngel Marrades

Casi veinte días después del golpe de Estado la junta militar se enfrenta a una creciente contestación social con protestas diarias, campañas de desobediencia civil, deserciones entre la policía y huelgas generales. Myanmar se encuentra en una encrucijada, ya sea que vuelva la Diarquía o una de las partes tome la posición dominante, los acontecimientos de este año marcaran el desarrollo del país para la próxima década. Pero para comprender las implicaciones del golpe, y los posibles escenarios, es necesario ahondar en la estructura de clase del país y su recorrido histórico.

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La Vía Birmana al Capitalismo

En 2011 los vientos de reforma soplaban con fuerza, la junta militar, llamada Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, se disolvía, se celebraban las primeras elecciones desde 1990, Aung San Suu Kyi era liberada de su arresto domiciliario —después de 15 largos años—, se reformaba la ley electoral —para permitir a la Liga participar—, las relaciones con Occidente se restauraban, se levantaban las sanciones, se legalizaban los sindicatos e importantes reformas económicas fueron introducidas —facilitando las inversiones extranjeras—. La Era de la Reforma (2011-2015) fue el producto de un compromiso alcanzado por una burocracia militar en retroceso con una clase política en ascenso junto a una serie de capitalistas privados. Este fue el resultado de las contradicciones emergentes del régimen de desarrollo establecido desde 1988.

Entre 1962 y 1988 Myanmar estuvo gobernada por la Vía Birmana al Socialismo, tras el golpe de Estado de 1962, conocido el país entonces como República Socialista de la Unión de Birmania. Bajo un sistema de partido único, controlado por una jerarquía militar, esta forma de capitalismo de Estado sufrió una atrofia creciente en que un mercado agrícola cerrado, bajo precios fijados, constriñó cada vez más a un Estado endeudado, incapaz de acceder a insumos agrícolas en el mercado internacional y envuelto en un conflicto con la periferia. Esta situación, con protestas constantes, abrió la oportunidad para que —en un contexto de profundos cambios internacionales— Aung San Suu Kyi ejerciera de cuña sobre la élite militar.

El Levantamiento de 1988 abrió paso a un golpe de Estado que supuso un giro en el régimen de desarrollo del Estado, ahora bajo la Vía Birmana al Capitalismo. Por contrarios que parezcan los modelos, el primero capacitó al Estado con las estructuras que permitirían el desarrollo del segundo; el fracaso de la Vía Birmana al Socialismo tan solo fue el de los límites de su reproducción, mientras que la Vía Birmana al Capitalismo supuso la continuación de la circulación del capital bajo nuevas formas.

Después del Levantamiento de 8/8/88 la junta trató de aplacar la oposición interna y la presión internacional —con las sanciones desde Occidente— con un programa de reformas graduales de mercado. Por un lado, la apertura del país al mercado internacional, permitiendo la llegada de inversiones extranjeras, principalmente de Japón, Corea del Sur, China o Singapur. Por otro, el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo implementó reformas económicas de gran calado como la liberalización del mercado agrícola. Este programa, junto a la eliminación de los subsidios gubernamentales y la eliminación de barreras a la exportación e importación, hizo aumentar el precio de la tierra, así como el valor de la producción agrícola. El resultado fue el empobrecimiento de los pequeños propietarios agrícolas, muchos de los cuales se endeudaron, aumentando también durante estas décadas las desigualdades.

Este proceso de desposesión de tierras —que pasaron a manos de empresas o a los militares mediante operaciones militares— tuvo como consecuencia una proletarización de gran parte de estos pequeños propietarios y su desplazamiento a las ciudades, junto a muchos otros trabajadores rurales, lo que permitió una industrialización limitada en las grandes urbes como Rangún, entonces la capital. Como corolario este proceso se completo simultáneamente con el nacimiento de una clase de capitalistas privados vinculados, normalmente por lazos familiares, a la jerarquía militar que ostentaba el poder. Así, durante los años 1990, es cuando nacen la mayoría de grandes monopolistas como Yuzada Company, Zaykabar Company, Max Myanmar Group of Companies y Htoo Group of Companies. Al mismo tiempo el Tatmadaw (Fuerzas Armadas de Myanmar) también establecería dos compañías propias para asegurar su autonomía y ganancias: Myanma Economic Holdings Limited y Myanmar Economic Corporation.

La nueva estructura de clases que emergió de este periodo de desarrollo (1988-2010) de dos décadas de reformas pro-mercado, también parte de los procesos globales neoliberales, fue una dominada por una jerarquía militar-empresarial. Esta estructura es dependiente en buena parte de las exportaciones de la industria extractiva minera, como el jade, y de hidrocarburos en las zonas periféricas de conflicto junto al tráfico de heroína. A la vez mantiene una fuerte dependencia de las inversiones extranjeras, principalmente de China, en industrias textiles y otros productos manufacturados. Se ha dado aquí un proceso de relocalización conocido como sur-sur: las fábricas textiles han pasado de China a Asia meridional y al sudeste, donde hay mayores tasas de ganancias debido a los menores salarias y seguridades laborales. En su totalidad estos procesos han hecho a la jerarquía militar-empresarial, estrechamente comunicada en sus inversiones y propiedades —y que constituye una reducida clase alta y media de apenas el 7,5% de la población— dependiente de un mercado de consumo global para alimentar sus lujos.

Esta nueva estructura empujó al Tatmadaw a lo largo de los años a nuevas reformas, no solo de calado económico, sino también político. Esta nueva clase empresarial demandaba una mayor centralidad en el Estado, y los militares vinculados buscaban un retiro político del ejército. El sector reformista del Tatmadaw fue el que dirigió este proceso con Thein Sein. Además la dependencia de las inversiones chinas frente a las sanciones Occidentales, impuestas tras la anulación de las elecciones de 1990, hicieron más necesaria estas reformas políticas. Por un lado, el sector empresarial deseaba atraer nuevas inversiones, con el cambio de imagen y gobierno atraería más inversiones, y el gobierno también las necesitaba para conseguir continuar impulsando el crecimiento económico. Por otro, el Tatmadaw temía que depender tanto de Beijing pudiera provocar una pérdida de autonomía en su control sobre la periferia; en segundo lugar un gobierno elegido en las urnas permitiría mantener la paz social y crear una mediación necesaria entre las masas y el Estado, frente a los estallidos sociales anteriores. Por ejemplo, en 2007, cuando el gobierno decidió retirar los subsidios al combustible los precios del galón de gasolina se duplicaron y los del gas natural aumentaron en un 500%. Las enormes protestas que se sucedieron como resultado, conocidas como Revolución Azafrán, por los ropajes de los monjes budistas, fueron el pistoletazo para acelerar las reformas de la hoja de ruta anunciada en 2003 (Roadmap to Discipline-flourishing Democracy). En 2008 se voto en referéndum la nueva constitución y en 2010 se celebraron elecciones.

El compromiso

De esta forma volvemos a 2011, momento en que las contradicciones del régimen de desarrollo implementado desde 1988 encontraron su salida en la reforma. El dilema histórico entorno a la construcción del Estado birmano ha hecho que éste haya estado controlado históricamente por los militares como principal autoridad que salvaguarda su modelo unitario y etnonacionalista bamar-budista. Pero esta apertura política limitada permitió rápidamente que un sector de la clase burguesa birmana desafiara el poder monopolista del Tatmadaw. Al igual que en 1988 esta clase política encabezada por Daw Aung San Suu Kyi ha tratado de desplazar a los militares mediante una política de corte populista y nacionalista.

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Es en este contexto, tras la victoria de la Liga Nacional por la Democracia en las elecciones de 2015, cuando se forma lo que Soe Lin Aung y Stephen Campbell describirían como una Diarquía: un sistema en que los militares permiten la introducción de un gobierno civil pero conserva posiciones clave, igual que hizo el gobierno colonial británico. El gobierno civil debe convivir con una institución militar que es, en sí misma, un Estado dentro del propio Estado, constituyendo la médula ósea de este. De facto el Tatmadaw mantiene un fuerte control sobre el gobierno. Este compromiso de clase entre la jerarquía burocrático-militar tradicional, los capitalistas privados de las reformas neoliberales y la ascendente clase política, principalmente a partir de 2015 con Aung San Su Kyi, marca la Era de la Reforma y el régimen de desarrollo de Birmania hasta 2021. Pero las contradicciones entre estos distintos grupos pronto aflorarían llevando al escenario que tenemos hoy día: el golpe de Estado de 1/2/21.

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Señalaremos brevemente algunas de estas contradicciones, aunque el aspecto político inmediato del golpe ya quedo explicado en nuestra crónica de los hechos. Podemos decir que estas contradicciones se deben a una combinación de factores políticos, ideológicos, económicos y geopolíticos. Vamos a señalar aquí las de largo recorrido en el periodo 2015-2021. Desde su victoria electoral la Liga Nacional por la Democracia inicio reformas para aumentar su poder político frente al Tatmadaw así como gobernó a espaldas de sus instituciones, demostrando las intenciones de la clase política de desplazar el monopolio burocrático-militar. Esto fue así cuando crearon la figura de Consejera de Estado para Aung San Su Kyi (ASSK), que pudo gobernar de facto, a pesar del veto militar introducido en la Constitución de 2008. ASSK tampoco convocó el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, apenas se reunió con Min Aung Hlaing —la última reunión formal fue en 2018—, quitaron al Tatmadaw el control sobre el Departamento de Administración General —principal órgano de la administración pública—, e interfirió directamente en las negociaciones de paz con los grupos armados de la periferia.

El año 2017 seguramente pueda decirse que fue el año clave que termina por romper la Diarquía cívico-militar. La limpieza étnica de los rohingyá por parte del Tatmadaw provocó una serie de consecuencias determinantes en estos campos ideológicos, económicos y geopolíticos. En el aspecto ideológico los militares más conservadores empezaron a temer la perdida de sus bases sociales más ultranacionalistas y budistas. La defensa de las operaciones del Tatmadaw contra los rohingyá, con su retórica populista ante las críticas internaciones, le granjearon récords de popularidad a ASSK. Al mismo tiempo la vuelta de las sanciones de Occidente y el paso de ASSK de “icono de la paz” a “paria” en los grandes foros internacionales trastocaron el delicado equilibrio interno.

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Aunque los aspectos geopolíticos los examinaremos en mayor profundidad en un futuro artículo es necesario observar aquí las consecuencias que tuvieron la limpieza étnica rohingyá en el escenario geopolítico y cómo afectaron a las relaciones cívico-militares. Las sanciones impuestas desde Estados Unidos y la Unión Europea acompañadas de la mala imagen provocaron un retroceso en las inversiones extranjeras directas de los US $ 6.6 mil millones a US $ 5.7 mil millones y el turismo desde Europa Occidental y América del Norte cayó un 25,3% y un 13,8% respectivamente (todo esto en el periodo fiscal 2017-2018). El gobierno de la Liga de ASSK reaccionó no solo con está defensa férrea, a pesar del patronazgo histórica desde Occidente a su figura para impulsar la apertura del país, sino que desde ese momento las relaciones con China consiguieron su mayor impulso. China y Myanmar firmaron proyectos como la Nueva Ruta de la Seda.

Como resultado el Tatmadaw se vio de nuevo en la misma casilla de la que había tratado de salir, la dependencia de China, esta vez sin los incentivos económicos de abrir el sistema político sin arriesgarse a perder su monopolio. La contracción económica debilitó el compromiso, así como el interés de los actores en cumplirlo, a pesar de compartir el modelo económico extractivista que crea enormes beneficios al estrato superior e implica bajas tasas de empleo, así como desplazamientos de comunidades rurales, que no pueden ser absorbidas por las urbes. De igual manera también comparten el modelo industrial textil de grandes inversiones extranjeras, unido a un régimen laboral de bajos salarios, pocas regulaciones y desincentivo a la sindicalización. Esto se traduce en horas extra no remuneradas y retenciones de pagos, lo que en ocasiones ha creado disturbios, como es el ejemplo de la fábrica china Hangzhou Hundred-Tex Garment (proveedora de H&M), a cuyo gerente y supervisores chinos los trabajadores tomaron como rehenes tras 15 meses de horas extra no remuneradas. En definitiva, todos estos factores impusieron una creciente presión sobre la estructura que ha terminado rompiendo esta Diarquía cívico-militar, sustentada por un débil compromiso basado en intereses mutuos.

Tres escenarios tras el golpe

Habiendo explicado a grandes rasgos el trasfondo político y social del golpe podemos dibujar tres escenarios: la vía tailandesa, un nuevo compromiso o una revuelta azafrán. La vía tailandesa toma su inspiración en el golpe de Estado de Tailandia de 2014 y el modelo de transición organizado por los militares tras derrocar al gobierno de Yingluck Shinawatra y su partido el Pheu Thai. Los pilares de esta estrategia serían la represión del movimiento de protesta, la reforma de la Constitución de 2008, la organización de una nuevas elecciones, esta vez con una comisión electoral controlada por el Tatmadaw, y la persecución judicial de partidos de oposición. El líder de la junta, Min Aung Hlaing, podría retirarse del ejército como político, al igual que Prayuth Chan-ocha. Evidentemente hay una brecha entre Myanmar y Tailandia, por lo que el primero no puede realizar un proceso idéntico. Pero es bastante probable que de la misma forma que Tailandia el Tatmadaw busque establecer con una reforma de la constitución nuevos contrapesos que le aseguren un poder de veto mayor. En la actualidad retienen el 25% de los escaños de todas las cámaras, mientras las Fuerzas Armadas de Tailandia controlan los 250 escaños del Senado, lo que es un tercio del poder legislativo, pues la cámara baja son 500 escaños electos. Debido a esa especificidad hay que señalar dos cosas: la represión tardará en llegar y la transición podría prolongarse mucho tiempo. Por ahora la represión ha sido menor, con una pequeña escala gradual, pero históricamente el Tatmadaw ha esperado meses a que la protesta crezca para decidirse actuar. El objetivo declarado es un año, pero la última junta duró casi veinte y la de Tailandia cinco, no deberíamos esperar esa rapidez.

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El segundo escenario, el de un nuevo compromiso, tiene posibilidades de cumplirse debido a la dificultad del Tatmadaw de crear una oposición dividida, como en Tailandia. La resiliencia de la Liga como oposición compacta por la figura de ASSK y una estructura de clases tan vertical, sin apenas clase media (a diferencia de Tailandia), son los principales obstáculos. Ahora una negociación no ha dado buenos resultados hasta el momento, los días previos al golpe los intentos por un compromiso al parecer fueron un fracaso. Las posibilidades de que este escenario ocurre dependen de la capacidad de presión de la calle, de como se posicionen los monjes budistas —especialmente la Sangha— y las deserciones dentro del aparato de seguridad.

Otra revuelta azafrán es aún poco probable, que tenga la capacidad de obligar al Tatmadaw a restituir el gobierno de la Liga menos aún. De nuevo, el éxito de un hecho así tendría que venir de las propias fuerzas armadas, es decir, en sí mismo, de un contragolpe. El sector reformista del Tatmadaw es poco probable que optará, en caso de una situación de mucha presión debido a las protestas y deserciones, por un golpe en vez de un compromiso.