En el complejo y fracturado panorama político de Libia, las autoridades con base en el este del país han intensificado una campaña que busca encumbrar al comandante en jefe del Ejército Nacional Libio (LNA), el mariscal Khalifa Haftar, a la presidencia.
Libia lleva desde 2018 inmersa en un proceso de mediación con Naciones Unidas para la celebración de unas elecciones presidenciales con el consenso de las autoridades tanto de Trípoli como de Cirenaica.
Esta nueva iniciativa lanzada por Haftar comenzó a principios de noviembre con un discurso en el que instaba a reclamar un papel en la construcción estatal y planteaba una dicotomía simplificadora entre el Estado y el caos, entre la soberanía y la dependencia.
El mariscal libio proclamó que había llegado el momento de que un movimiento popular "pacífico y organizado" determinara su destino bajo la protección de sus fuerzas, un mensaje que, aunque envuelto en retórica de unidad y soberanía, sirve para reforzar su posición como actor indispensable y custodio de la estabilidad nacional.
Esta narrativa se vio reforzada cuando, tras el anuncio de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) de que Catar brindaría respaldo financiero a su iniciativa de diálogo político, el Gobierno con sede en el este –aliado de Haftar– y el Comité de Defensa y Seguridad Nacional del Parlamento libio oriental, la Cámara de Representantes, reaccionaron con vehemencia.
Acusaron a la organización internacional de un flagrante sobrepaso de su mandato y de un ataque directo a la soberanía libia, una postura que busca deslegitimar cualquier proceso que no controle o del que no se beneficie directamente el bloque oriental.
Esta crítica contrasta con otros desarrollos paralelos, como el acuerdo de programa de desarrollo unificado sellado a mediados de noviembre entre la Cámara de Representantes y su rival, el Alto Consejo de Estado con sede en Trípoli, tras dos meses de negociaciones secretas auspiciadas por Estados Unidos.
Aunque los términos no son públicos, el acuerdo, que gira en torno a fondos por miles de millones de dólares a los que tanto Haftar como el primer ministro de Trípoli, Abdelhamid Dabaiba, podrían acceder, sugiere una dinámica de entendimiento bilateral favorecida por Washington que, en la práctica, podría consolidar el statu quo de estos líderes y socavar los esfuerzos más inclusivos de la ONU para unificar instituciones.
Haftar, presidencia y cálculos políticos
En este contexto, la estrategia de Haftar adquirió una dimensión callejera el 3 de diciembre con la celebración de protestas en el este y sur del país, donde se coreaban consignas pidiendo elecciones presidenciales urgentes y nombrando a Khalifa Haftar como presidente. Las élites políticas orientales se apresuraron a respaldar estas demandas, alineándose con lo que denominaron el "Movimiento Nacional".
El primer ministro del gobierno oriental, Osama Hammad, y el presidente de la Cámara de Representantes, Aqeela Saleh, entre otros, se pronunciaron para afirmar que estas manifestaciones reflejaban la voluntad soberana del pueblo libio y subrayaban la necesidad imperiosa de celebrar comicios presidenciales, amenazando incluso con modificar leyes por su cuenta si la comunidad internacional o los procesos de la ONU retrasaban el proceso.
Estas movilizaciones no fueron espontáneas, sino que coincidieron con una serie de reuniones que Haftar ha mantenido durante el mes de noviembre con personalidades y ancianos de diversas regiones, incluyendo el oeste, donde insistió en la necesidad de un mandato popular para organizar elecciones y en que la solución a la crisis pasa por un movimiento pacífico protegido por su ejército.
La importancia de estos eventos radica en su carácter de instrumento de presión política cuidadosamente orquestado. Las élites del este presentan estas protestas –que por el momento apenas reúnen a unas pocas miles de personas– en zonas controladas por el LNA como un movimiento de masas auténtico y nacional.
Con ello pretenden que les de legitimidad para exigir elecciones presidenciales inmediatas al margen de la hoja de ruta y la secuencia establecida por la UNSMIL. Es decir, argumentan que no obstruyen el proceso político, sino que defienden uno legítimo y liderado por los propios libios.
El objetivo táctico es claro: si las protestas logran mantener o incrementar su impulso, se crea un escenario propicio para que Haftar, presentándose como la única solución ante un bloqueo percibido, sea designado presidente interino por la Cámara de Representantes. Es significativo que la demanda se centre solo en elecciones presidenciales, lo que permitiría a la Cámara de Representantes, dominada por orientales, conservar el poder legislativo.
Existe una percepción generalizada de que, en un escenario electoral presidencial, Haftar o un allegado tendrían ventaja debido a la fragmentación política en el oeste, y que una eventual elección parlamentaria posterior estaría supervisada por ese nuevo presidente, consolidando así una estructura de poder favorable a los intereses del bloque oriental y sus figuras clave, como Saleh.
De esta manera, bajo la bandera de la soberanía popular y la urgencia electoral, se articula una maniobra que busca reconfigurar el equilibrio de poder en Libia, desafiando tanto a las instituciones rivales de Trípoli como al marco de reconciliación patrocinado por la comunidad internacional.
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