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Israel contra la UNRWA: crisis humanitaria, objetivos políticos y falta de pruebas

Soldados del ejército israelí entran e inspeccionan la sede central de la UNRWA en la Franja de Gaza.
Soldados del ejército israelí entran e inspeccionan la sede central de la UNRWA en la Franja de Gaza. Fuente: IDF

El 26 de enero de 2024, Israel alegó que doce trabajadores de la UNRWA –la organización de la ONU que da apoyo a los refugiados palestinos– estuvieron implicados en los ataques del 7 de octubre cometidos por Hamás y otros grupos armados. Tras ello, la agencia despidió preventivamente a nueve de sus miembros mientras investiga la denuncia. El despido, siendo una medida más drástica que la suspensión, se debió a la gravedad de las acusaciones y el clima de ataque a la institución, tratando de prevenir un daño mayor.

Las acusaciones vertidas contra la agencia salieron a la luz el mismo día que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel restablecer provisiones vitales y aumentar la ayuda en la Franja de Gaza para “evitar el genocidio”. La revelación era una clara maniobra de las autoridades israelíes para desacreditar a la organización, cuyas pruebas fueron centrales en la acusación de genocidio.

El mismo día 26, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció la suspensión del financiamiento a la UNRWA por parte del Departamento de Estado mientras se investigan los hechos. Esta medida fue rápidamente adoptada por alrededor de 16 países, incluyendo Reino Unido, Francia, Italia y Japón. La interrupción del apoyo financiero por parte de los principales donantes de la organización se produce en medio de una crisis humanitaria sin precedentes en la Franja de Gaza. El enclave palestino se enfrenta a una escalada de hambruna y enfermedades debido a la guerra y al bloqueo que impide la entrada de ayuda humanitaria. Sin embargo, para comprender completamente la situación, es crucial analizarla desde sus raíces.

¿Qué es la UNRWA?

Es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, la cual entró en funcionamiento en 1950 tras la creación del Estado de Israel, la primera guerra árabe-israelí y el posterior éxodo de unos 700.000 palestinos expulsados de sus hogares –la Nakba–. Originalmente, la organización fue creada para proporcionar empleo y ayuda directa a los refugiados palestinos, operando en las zonas donde la mayor parte de la población desplazada se asentó: la Franja de Gaza, Cisjordania, Siria, Líbano y Jordania. En la actualidad, unos 5,9 millones de personas –casi la cuarta parte de la población refugiada mundial– están registradas como elegibles para los servicios de UNRWA, que proporciona instalaciones en 59 campos de refugiados en estos territorios y en otras áreas.

Territorios y países donde trabaja la UNRWA.
Territorios y países donde trabaja la UNRWA. Fuente: AlJazeera

La agencia da trabajo a más de 30.000 personas –13.000 de ellas en Gaza–, predominantemente refugiados palestinos –alrededor de un 99%–, junto con un pequeño número de personal de otros países. A pesar de tener unos objetivos muy limitados tras su creación, la situación ha generado que con cada nueva resolución de la Asamblea General sus operaciones se hayan ido ampliando. Hoy día, el organismo proporciona una amplia variedad de servicios sociales y humanitarios. De acuerdo con la propia UNRWA, un 58% del financiamiento va dedicado a la educación, un 15% a servicios sanitarios, un 13% a “servicios de apoyo”, un 6% a asistencia y servicios sociales, y un 4% al mantenimiento y mejora de las infraestructuras y los campos.

Para ampliar: La segunda Nakba: colonización y genocidio en la Franja de Gaza

Según la UNRWA, se considera persona refugiada de Palestina a aquella “cuyo lugar de residencia habitual, entre junio de 1946 y mayo de 1948, era la Palestina histórica –el actual Estado de Israel– y que perdieron sus casas y medios de vida como consecuencia de la guerra. Los descendientes de esta población son también considerados refugiadas por la Agencia”. Aun así, el mandato de la agencia no es un documento único, sino la suma de todas las resoluciones y peticiones pertinentes de la Asamblea General. Por ello, sus servicios también se extienden a las personas desplazadas por “las hostilidades de 1967 y posteriores”. El alto número de sucesos históricos que han generado el desplazamiento masivo de palestinos ha hecho necesario crear varias categorías de personas registradas como elegibles para recibir los servicios, en ocasiones incluso sin ser considerados estrictamente “refugiados de Palestina”.

A diferencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el cual se estableció en 1950 como agencia para la ayuda a todos los demás refugiados, UNRWA es la primera y única agencia de la ONU dedicada exclusivamente a la ayuda de refugiados de un territorio o conflicto específicos. Además, no cuenta con una constitución o un estatuto, como sí lo hacen organizaciones como ACNUR o la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como órgano subsidiario de la Asamblea General de la ONU, su mandato está sujeto a renovación periódica cada tres años, la cual se ha prorrogado constantemente desde su fundación, la última vez hasta el 30 de junio de 2026.

Los supuestos lazos entre la UNRWA y Hamás

La noticia de la supuesta implicación de varios miembros de la agencia en los ataques del 7 de octubre fue publicada por la propia UNRWA, la cual informó que había despedido a los doce empleados acusados y que estaba investigando los hechos. De acuerdo con funcionarios israelíes y de la ONU, diplomáticos de Israel vertieron las acusaciones en una reunión privada en Tel Aviv con la dirección de la UNRWA casi dos semanas antes del anuncio público.

Algunos días más tarde, Israel entregó un dossier a Estados Unidos de tan sólo seis páginas donde se explican los presuntos crímenes. Aunque el documento todavía no había sido entregado a la propia agencia entonces, varios medios como Sky News o The Wall Street Journal tuvieron acceso al mismo y se encargaron de publicar mediante decenas de artículos los actos supuestamente cometidos por los empleados expulsados presentes en el informe.

Para ampliar: Invasión de Gaza: antecedentes y características de la operación israelí

Estos cargos incluyen: el secuestro de una ciudadana israelí por uno de los acusados; la participación en el transporte del cadáver de un soldado israelí que fue trasladado a Gaza y la coordinación en la distribución de camiones y municiones para Hamás por otro miembro descrito como trabajador social; y la involucración de un “comandante militante de Hamás” –descrito como profesor de árabe– que habría participado en la matanza del kibutz Be’eri, donde murieron 97 personas y unas 26 fueron secuestradas. El diario estadounidense Washington Post publicó el 16 de febrero el vídeo en el que supuestamente el segundo de los nombrados, Faisal Ali Musalam Naami, subiría junto con otro hombre el cadáver a un todoterreno. De nuevo, la acusación de que la identidad de esta persona es la misma que la del trabajador del organismo únicamente ha sido vertida y afirmada por las autoridades israelíes.

Según el Wall Street Journal, las estimaciones de inteligencia israelí sugieren que alrededor de un 10% de los empleados de la agencia en Gaza “tienen vínculos con grupos militantes islamistas”. Esta información se habría obtenido “basándose en lo que un funcionario describió como señales de inteligencia muy sensibles, así como en datos de seguimiento de teléfonos móviles, interrogatorios de combatientes de Hamás capturados y documentos recuperados de militantes muertos, entre otras cosas”.

Falta de pruebas y evidencias

Aun así, no parece que todos estos presuntos crímenes estén respaldados por pruebas sólidas. Los medios británicos Canal 4 y Financial Times, que también tuvieron acceso al dossier, afirman que estas pruebas únicamente mostradas por Israel no evidencian bajo ningún concepto ninguno de los cargos. Según Canal 4, que publicó un vídeo-reportaje, el documento “no aporta ninguna prueba que respalde su acusación de que el personal de la UNRWA estuvo implicado en este atentado terrorista contra Israel”. Además, Lindsey Hilsum –la periodista que presentó el reportaje– compartió el vídeo en la red social X con el siguiente texto: “Conocemos el expediente de Israel contra UNRWA: ¿por qué los donantes, incluido el Reino Unido, retiraron la financiación basándose en acusaciones tan endebles y sin pruebas antes de realizar una investigación?”

Financial Times también afirmó que “la evaluación de los servicios de inteligencia no aporta pruebas de las afirmaciones, que según afirma se basan en interceptaciones de smartphones y documentos de identidad capturados.” Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí se ha defendido declarando que no están facilitando información de inteligencia debido a que “revelaría fuentes de la operación”: “Le dimos información a la UNRWA sobre empleados que trabajaban para UNRWA y que son miembros de Hamás”. En el caso de Estados Unidos, si bien Blinken declarara en un primer momento que las acusaciones “son muy, muy creíbles”, informes de inteligencia publicados posteriormente han evaluado las acusaciones con “baja confianza”. Esto indicaría que, aunque Washington cree que los hechos pueden ser plausibles, no tiene confirmación independiente, dejando de nuevo al descubierto la poca consistencia de las pruebas israelíes. 

Para ampliar: Hamás, las Brigadas Al Qassam y la asistencia extranjera

Las últimas acusaciones de Israel contra la UNRWA, de nuevo mostrando pruebas extremadamente poco convincentes, salieron a la luz el 10 de febrero en el medio The Times of Israel. En ellas se afirma que debajo de la sede principal de la agencia en la Franja –en la ciudad de Gaza, en el barrio de Rimal– el ejército israelí descubrió “un centro de datos subterráneo utilizado por el grupo terrorista para inteligencia y comunicaciones”, en el que se encontraría “una granja de servidores, una sala eléctrica y viviendas para el personal de tecnología de la información de Hamás” en los sótanos del complejo. 

Philippe Lazzarini, comisario general de la agencia, aseguró que los empleados desalojaron las instalaciones el 12 de octubre tras los avisos y bombardeos israelíes en la zona, sin tener noticia de ninguna actividad allí después del desalojo. Además, la UNRWA no fue informada oficialmente sobre este tema, sino que las autoridades hebreas publicaron estas acusaciones directamente a través de la prensa. Por el momento, Tel Aviv no ha mostrado más que una habitación llena de ordenadores, servidores y cables, sin permitir una investigación independiente. El portavoz del gobierno, Eylon Levy, tampoco fue capaz de mostrar evidencias en una entrevista en directo concedida al Canal 4 británico.

Por otro lado, la agencia de la ONU comparte todos los años una lista de todos sus empleados con Israel para que sean sujetos al escrutinio de su gobierno y presente cualquier queja. Según dice la organización, no han recibido ninguna, mostrándose una vez más cómo Tel Aviv no parece aceptar la legitimidad de los cauces a seguir estipulados para comunicarse con la agencia. 

Suspensión de la financiación

A pesar de la fuerte relación entre Estados Unidos e Israel, el país norteamericano es el mayor contribuyente a la agencia, junto con Alemania y la Unión Europea. En 2022, Estados Unidos destinó 343,9 millones de dólares, seguido por Alemania con 202,1 millones, superando notablemente las contribuciones de la Unión Europea, que ascendieron a 114,2. Tras hacerse públicas las acusaciones, Washington fue el primero de una larga lista de países que decidieron suspender la financiación. Hasta el momento, los países que han adoptado esta medida son Alemania, Finlandia, Italia, Francia, Austria, Países Bajos, Rumanía, Letonia, Lituania, Estonia, Canadá, Reino Unido, Australia, Suiza y Japón. Es relevante destacar que esta no es la primera vez que Estados Unidos retira su apoyo financiero a la UNRWA; ya lo hizo en 2018 bajo el mandato del expresidente Donald Trump, que argumentó que se trataba de un organismo “irremediablemente defectuoso”. 

Principales donantes de la UNRWA.
Principales donantes de la UNRWA. Fuente: AlJazeera

Aunque es difícil de calcular, se habla de que alrededor de 440 millones de dólares en financiación están en riesgo, condenando a la UNRWA a quedarse sin ingresos a finales de febrero y, por lo tanto, viéndose obligados a pausar sus operaciones en marzo si los donantes continúan reteniendo dinero. Evidentemente, la agencia no sólo tendría que pausar su ayuda en la Franja de Gaza, sino en todos los demás territorios mencionados anteriormente donde el propio organismo cubre los servicios como si de un Estado se tratara. Esto se traduciría en un grave perjuicio para la situación humanitaria como para la estabilidad en países ya de por sí crónicamente inestables como Líbano, donde la UNRWA llega a alrededor de 250.000 refugiados. 

Por su parte, la Comisión Europea publicó un comunicado donde se afirmaba que no está prevista ninguna financiación adicional para la UNRWA hasta finales de febrero, por lo que se reserva el derecho de “determinar las próximas decisiones de financiación” dependiendo del resultado “de la investigación anunciada por la ONU y de las medidas que adopte”. Además, la Comisión explicó la voluntad de llevar a cabo una auditoría realizada por “expertos externos designados por la Unión Europea”, pidiendo urgentemente “un examen de todo el personal de la UNRWA para confirmar que no participó en los atentados.”

Para ampliar: La irrelevancia de la Unión Europea en la guerra de Sucot… y en el mundo

A pesar de este mensaje, pocos días después, Josep Borrell publicaba un artículo titulado “Desfinanciar UNRWA sería desproporcionado y peligroso”, avisando del riesgo que estas medidas tendrán para la situación humanitaria: “La mala conducta de los individuos nunca debe conducir al castigo colectivo de toda una población.”

También se llevará a cabo una investigación independiente, separada de la interna ya mencionada, puesta en marcha por la propia ONU. Estará liderada por la exministra de exteriores francesa Catherine Colonna y asesorada por tres instituciones de investigación escandinavas: el Instituto Raoul Wallenberg sueco, el Instituto Chr. Michelsens noruego y el Instituto Danés de Derechos Humanos. Se espera que el equipo entregue un informe a finales de marzo con los resultados de la investigación y con “recomendaciones para mejorar y reforzar los mecanismos de la agencia”.

Países que mantienen la ayuda

Una vez más, han aflorado diferencias en el seno de la Unión Europea en cuanto a la política exterior. Países como España, Portugal, Bélgica, Irlanda, Eslovenia, Malta o Luxemburgo han hecho público su intención de mantener el flujo de donaciones a la agencia. Como ejemplo, el ministro de Exterior español Jose Manuel Albares anunció el 5 de febrero una cantidad adicional de 3,5 millones de euros destinados a la UNRWA, sumándose Portugal con un millón extra. Aunque por el momento esta postura no esté ayudando a cambiar la opinión de los países que han suspendido el financiamiento, sí que está sirviendo como un contrapeso que evite una posición generalizada favorable acríticamente a los intereses de Israel.

Aun así, no hay que olvidar que ninguno de estos Estados miembro ha mostrado un apoyo explícito a la causa palestina o que haya que favorecer de alguna manera a los palestinos en detrimento de los israelíes. Estos países simplemente están manteniendo la posición tradicional de la Unión sobre el conflicto, la cual ha buscado la solución de dos Estados y adherirse al derecho internacional.

Para ampliar: Israel presenta su plan para la Franja de Gaza de posguerra

En el caso de España y de muchos otros países que han tomado estas medidas, también es importante tener en cuenta el factor del apoyo popular y el sentimiento de solidaridad con Palestina, el cual es más generalizado que en otros lares europeos como Alemania. Así, estos gobiernos con Madrid, Bruselas y Dublín a la cabeza están sabiendo capitalizar esta solidaridad de manera estratégica, tanto a nivel nacional buscando un mayor apoyo interno como a nivel internacional siendo un contrapeso en la Unión Europea e intentando mostrar capacidad de liderazgo en política exterior.

El compromiso de la UNRWA con el derecho al retorno

Como análisis sobre la propia UNRWA, el sistema de financiamiento emerge como uno de los aspectos más críticos que evidencian la fragilidad y la dependencia de la organización. Aproximadamente el 90% de sus recursos provienen de donaciones voluntarias de Estados, lo que implica que la ausencia de una base financiera autónoma o de un sistema de contribuciones basado en cuotas de las Naciones Unidas hayan impuesto históricamente restricciones a las iniciativas, actividades y autonomía de la agencia frente a los intereses políticos de los países donantes.

Almacén de la UNRWA en la Franja de Gaza atacado por el ejército israelí en 2009.
Almacén de la UNRWA en la Franja de Gaza atacado por el ejército israelí en 2009. Fuente: ISM Palestine – bajo CC BY-SA 2.0 DEED

Según Ricardo Bocco, uno de los mayores experto en la UNRWA, “las constantes fluctuaciones en el apoyo financiero muestran claramente la (in)coherencia de las políticas de los donantes en diferentes periodos y a varios niveles –importancia de la cooperación bilateral frente a la multilateral; cambio de posturas políticas en función de la realpolitik o adhesión a posiciones de principio; cambio de alianzas políticas internacionales durante y después de la Guerra Fría–. Como consecuencia, la agencia ha tenido que desarrollar habilidades de comunicación para comercializar su misión y conseguir financiación”.

Por todo ello, se puede argumentar que la inestabilidad del sistema de financiación de la UNRWA y las ambigüedades que rodean su mandato están intrínsecamente ligadas a la intención inicial de la agencia: su disolución a los pocos años de su creación. En 2010, Bocco aseguraba que “al servir con éxito a una comunidad de refugiados palestinos en constante crecimiento, la UNRWA se ha convertido tanto en un signo esperanzador de que es posible una solución justa de la cuestión de los refugiados basada en el derecho internacional, como en el símbolo del fracaso de la comunidad internacional a la hora de resolver la cuestión palestina.” Catorce años después podemos afirmar que Israel ve necesaria la eliminación de la UNRWA para sus fines a corto plazo: la limpieza étnica de los palestinos de la Franja de Gaza. 

Para ampliar: La resistencia palestina, una historia de fragmentación política

La base de esta causa, además de la de eliminar todo tipo de ayuda humanitaria para expulsar a los palestinos del enclave, es la vinculación de la agencia con el derecho al retorno de los refugiados. Aunque el organismo no incluye en su mandato favorecer la vuelta de los refugiados a su tierra, en el texto de la resolución 302 de 1949 que la creó sí se menciona otra resolución, la 194, la cual instauró este derecho. Tras el trauma colectivo que supuso la Nakba, el cumplimiento de este derecho ­­–la vuelta a su tierra de millones de descendientes de los refugiados originales– supondría una gravísima amenaza para la homogeneidad judía de Israel. Sin refugiados, esta amenaza acabaría.

Según Trinidad Deiros Bronte, periodista de El País, “sus registros [de la UNRWA], su archivo fotográfico, los certificados que acreditan a los refugiados como tales, son el pasaporte que debería garantizarles un derecho que Naciones Unidas les reconoció en 1948 y que Israel les niega: el de volver a lo que hoy es territorio israelí y recuperar sus propiedades, o bien ser indemnizados”. Esta contribución a la memoria, la construcción de la identidad y el nacionalismo palestino, la no asimilación de los refugiados en los países de acogida y la encarnación del compromiso de la comunidad internacional con el derecho al retorno han generado que UNRWA esté en el punto de mira de Tel Aviv.

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