A las 6:29 de la mañana del día 7 de octubre, Hamas llevaba a cabo ataques aéreos sin precedentes sobre Israel. Cientos de alertas antiaéreas, más de 7.000 cohetes lanzados según Hamas en los primeros compases y una campaña constante a gran escala durante las siguientes horas. Israel se vio avasallada por la magnitud de la operación bautizada como “Inundar Al-Aqsa”, caracterizada por una intervención terrestre hacia el territorio circundante de Gaza –con presencia en puntos como las ciudades israelíes de Ashkelón y Sderot–, incursiones por mar y aire, toma de rehenes israelíes llevados a Gaza y muertes por centenares incluyendo a civiles. Asimismo, también se producían llamados al levantamiento palestino, especialmente en Cisjordania.
Israel contra las cuerdas, crisis políticas sin fin
La importancia de estos acontecimientos es trascendental para ambos. Israel se encontraba en una gran crisis política constante, evidenciada en el hecho de que se llevaron a cabo tres elecciones entre 2019 y 2020 por la falta de acuerdo entre los diferentes actores políticos.
Tras los terceros comicios se conformó un gobierno de coalición que prometía la alternancia entre el propio Benjamín Netanyahu y el que sería su ministro de Defensa, Benny Gantz, lo cual nunca llegó a ocurrir. La única forma de sacar a Netanyahu del poder fue la celebración de unas nuevas elecciones en 2021, que llevaron a la oposición a crear una coalición anti-Netanyahu, con los primeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid tratando de equilibrar a todas las fuerzas unidas desde diversas líneas. Con la desaparición política de Bennett, Lapid se convirtió en el líder de la oposición en las últimas elecciones de 2022, pero Netanyahu recuperó el cargo gracias al apoyo de la extrema derecha y los ultraortodoxos.
En 2023 las promesas de coalición que Netanyahu debía a sus socios más radicales forzaron el que fue llamado como “el gobierno más derechista de la historia” de Israel. El partido del primer ministro, Likud, estableció una coalición con varios partidos más radicales: Poder Judío, Noam, Sionismo Religioso, Judaísmo Unido de la Torá y Shas.
El líder de Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, se quedaría con la cartera de Finanzas y peso en Defensa, como representante de extrema derecha supremacista judía de los colonos israelíes en Palestina y fuerte apoyo del expansionismo para transformar el apartheid de Cisjordania en una anexión que rompa del todo los Acuerdos de Oslo. Sin embargo, el ministro de Defensa era Yoav Gallant, del Likud, el que sería objeto de una purga infructuosa durante la crisis judicial de 2023. El líder de Shas, Aryeh Deri –formación basada en un sionismo de origen sefardí–, recibió el ministerio de Interior hasta que cayó en 2023 por la decisión de la Corte Suprema ante su pasado corrupto. Judaísmo Unido de la Torá se llevó carteras sobre Jerusalén y la construcción, sin una línea sionista, pero abogando por llevar más allá al Estado de Israel con respecto a la creación del Estado de Sion –del monte Sion en Jerusalén–. Noam es un partido de extrema derecha sionista religioso con una agenda duramente anti-liberal que busca ocupar la derecha a la derecha de Smotrich. Su líder, Avi Maoz, dejó en 2023 su cartera sobre Identidad Judía ante la opinión de que el gobierno no iba a seguir sus acuerdos.
Y por último, Itamar Ben-Gvir, uno de los perfiles más radicales del gobierno y cabecilla de Poder Judío. Ben-Gvir presionó por llevar a cabo la controvertida reforma judicial y recibió una fuerza parapolicial como promesa tras el primero de los bloqueos por parte de la Knesset. Estos rechazos se debieron a la movilización multitudinaria de las bases políticas liberales contra el movimiento del gobierno y una notable presión occidental. Ben-Gvir, ultraortodoxo kahanista, ostentaría la cartera de Seguridad Nacional y desde allí se impulsaron campañas israelíes contra árabes y palestinos. El número dos de Netanyahu pasaría a ser Yariv Levin, ministro de Justicia, y por ello figura clave para la reforma judicial que haría tambalear los cimientos del gobierno en 2023.
Con la reforma se buscaba situar a la Knesset, el órgano encargado de la redacción de “leyes fundamentales” ante la falta de Constitución formal, por encima de los dictados judiciales. También se pretendía conceder la inmunidad a Netanyahu para evitar que su injerencia en la reforma judicial –posiblemente motivada por intereses personales, según denuncia el poder judicial– derivase en su destitución como primer ministro. Desde el inicio del periodo parlamentario, la consolidación de los ultraortodoxos y la extrema derecha y las guerras contra Hamás en 2021 y la Yihad Islámica Palestina en 2022-2023, los pogromos y la violencia intercomunitaria habían provocado una creciente tensión por todas partes en el país. Las deserciones del ejército, el paro patronal y las huelgas paralizaron la agenda del gobierno ante el empuje de los liberales en la pugna por el Estado de derecho, lo cual también encendía los ánimos con los palestinos, elemento integrador de los socios de gobierno.
La escalada de la violencia contra los palestinos
En la festividad judía del Sukkot, en los albores del quincuagésimo aniversario de la guerra del Yom Kipur de 1973 y el trigésimo aniversario de los Acuerdos de Oslo, los palestinos respondían ante la creciente violencia en los últimos años con esta campaña múltiple sobre objetivos israelíes, civiles y militares. Pero la toma de un centenar de rehenes israelíes y su traslado a Gaza supuso otro punto de escalada con respecto al conflicto de 2021. La entrada por tierra en todo el territorio circundante, incluyendo las ciudades de Ashkelón y Sderot, de nuevo ha implicado un salto con respecto a los sucesos de hace dos años.
Pocos meses antes de la operación “Inundar Al-Aqsa” se habían vivido choques con Israel en Cisjordania tras el lanzamiento de operaciones militares israelíes en Jenín, así como acontecimientos críticos en los que Israel mató a periodistas y civiles. Los pogromos de Huwara, en Nablus, contaron con la iniciativa de los colonos israelíes y la connivencia de los sectores políticos y de seguridad. El propio Ben-Gvir alentaba la tensión en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén y varias veces se asaltó la mezquita de Al-Aqsa. En Jenín, que es zona A según los Acuerdos de Oslo, bajo supuesto control total palestino, se lanzaron múltiples operaciones israelíes. Solo unos días antes del ataque a gran escala de Hamas –organizada junto con otras facciones como Yihad Islámica Palestina– ya se habían producido los últimos asesinatos de palestinos por parte de colonos israelíes en Cisjordania. No obstante, la tensión intercomunitaria era evidente desde el estallido de 2021 ante los derribos y desahucios institucionalizados contra palestinos en Jerusalén. Todo ello creció aún más con la retórica favorable a los colonos y al Estado-nación de los socios de Netanyahu desde 2022.
Israel rápidamente declaró el Estado de Alerta de Guerra, el Estado de Emergencia y lanzó la operación “Espada de hierro” contra la franja de Gaza, dejando cientos de muertos gazatíes. Por lo tanto, de nuevo, la activación de la Cúpula de hierro antiaérea fue seguida por ataques contra las distintas facciones palestinas de Gaza. Los problemas internos de estas facciones no solo implicaban a la división política de Cisjordania y Gaza, sino también a diversos grupos en campos de refugiados –tras los enfrentamientos vividos en Líbano–, entre otras divisiones políticas.
La intención de Hamas, por lo tanto, siempre ha sido presionar a Fatah y a la Autoridad Palestina para que se renueven las instituciones palestinas bajo un contexto de hegemonía de las facciones gazatíes, con Hamas a la cabeza, a nivel transfronterizo en Cisjordania y Gaza. La demostración de que los intereses palestinos de Cisjordania son defendidos por Hamas es una de las claves más allá del éxito de la operación militar.
¿Hacia una guerra regional?
Fuentes israelíes ya señalaban otro punto de la escalada en el campo pro-palestino si Israel lanzaba una operación terrestre a gran escala para ocupar Gaza al menos en lo concerniente a la neutralización de Hamas y otras facciones palestinas. De nuevo, la culpabilización a Irán y la escalada libre dada la ruptura de las negociaciones por el acuerdo nuclear permitían que el Eje de la Resistencia apoyase a los palestinos de manera más asertiva que en 2021. Y es que esas fuentes apuntaban a que Egipto, como mediador, contemplaba la implicación del grupo libanés Hezbollah en caso de una incursión terrestre israelí en Gaza.
Y es que la entrada en Gaza podía suponer una línea roja de ocupación de la franja palestina, más allá del asedio constante, pero dado lo realista de que la respuesta escalase hacia ese escenario, que Hezbollah pudiera intervenir definitivamente por el norte o que Irán pudiera no poner las cortapisas de años anteriores, abriría las puertas a una guerra regional. Los elementos principales del Eje de la Resistencia se encontraban divididos entre Líbano, Palestina, Siria, Irak o Yemen.
Además de los elementos del entorno iraní y palestino, la reacción de los países árabes fue clave con la culpabilización a Israel por parte de Catar –esperable por su apoyo a facciones palestinas-, Kuwait y Arabia Saudí. El papel de Riad es especialmente importante dado el mega-acuerdo que Estados Unidos ha intentado promocionar entre ambos antes del próximo año, tras el acuerdo patrocinado por China con Irán y por su entrada en los BRICS. El reino saudí puso sobre la mesa la necesidad de concesiones a Palestina, que Bahréin y Emiratos Árabes no solicitaron, y eso chocó con los socios extremistas de Netanyahu y la propia línea del gobierno. Washington anunció que daría todo su apoyo a Israel y que proveería “a Israel de todo lo que necesite para su defensa”.
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