El concepto kichwa –quechua– Sumak Kawsay, traducido habitualmente como Buen Vivir y que alude a una cosmovisión particular de los pueblos indígenas del Ecuador y de Bolivia, entraña todo un sistema de valores, creencias, tradiciones, costumbres, percepciones y significantes acerca del mundo y de todo aquello que nos rodea.
El Buen Vivir en Ecuador
Hacia finales del siglo XX y principios del XXI, América Latina experimenta una serie de transformaciones políticas y sociales que cristalizarían en el llamado “Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano”. Este nuevo paradigma, iniciado con la Constitución de Colombia (1991) y afianzado con las de Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009), establece la protección de ciertos derechos hasta ahora no consagrados en los textos constitucionales.
Centrando el análisis en el caso ecuatoriano, la carta magna de 2008 –o Constitución de Montecristi– incorpora por vez primera preceptos tan innovadores como los relativos a los derechos de la naturaleza, en consonancia con las reclamaciones de los movimientos indígenas y sociales.
Conviene diferenciar aquí que no se trata de abordar la cuestión ambiental, como ya hacían otras normas supremas de distintas latitudes, sino que su particularidad reside en articular este derecho de forma transversal. Al impregnar todo el texto, establece fines, objetivos y capacidades que generan un mandato ecológico doble, tanto para el Estado como para sus ciudadanos. Pero, ¿qué significa y en qué consiste exactamente el Sumak Kawsay?
Definir este concepto no resulta sencillo, pero podemos abordarlo mediante una comprensión de sus elementos constitutivos. En primer lugar, se trataría de una visión holística de los pueblos originarios de los actuales territorios de Ecuador y de Bolivia, que enfatiza la armonía de las comunidades humanas con la naturaleza.
En este sentido, el ser humano formaría parte de una comunidad de personas que serían, a su vez, un elemento constituyente de la Pachamama o Madre Tierra. Una de sus premisas principales es la aceptación de que sólo se toma de la naturaleza lo necesario. De ello se desprende que hacer daño a la naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos. Además, el Buen Vivir defiende los llamados “tres valores tradicionales andinos”: ama llulla, ama quilla, ama shua, es decir, no mentir, no ser vago/ocioso y no robar.
La novedad que aporta la Constitución de 2008 es que el Sumak Kawsay atraviesa de manera transversal todo el articulado y se configura como un principio constitucional, por lo que el Estado debe asumir sus implicaciones y promover su desarrollo efectivo. Además de aparecer mencionado hasta dieciocho veces de manera directa, extiende sus efectos a campos tan diversos como la salud, el trabajo, la educación, el hábitat y vivienda, la cultura y ciencia, la información, un ambiente sano y el derecho al agua y a la alimentación.
Plan Nacional para el Buen Vivir
Para tratar de trasladar la visión originaria del Sumak Kawsay y cumplir con los principios de plurinacionalidad, interculturalidad y de radicalización democrática, el gobierno de Rafael Correa impulsaría el primer Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, que contaría con dos versiones posteriores hasta el año 2021, coincidiendo con la victoria electoral de Guillermo Lasso.
Este plan entiende al Buen Vivir como "la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas". Así, el nuevo marco propuso concretar un nuevo modo de generación de riqueza y redistribución para superar el modelo rentista petrolero.
De cara a lograr sus objetivos, el Plan 2009-2013 recoge cinco nuevas revoluciones: constitucional y democrática, ética, económica, productiva y agraria, social y, finalmente, por la dignidad, soberanía e integración latinoamericana. Se reclama a sí mismo heredero de las luchas y tradiciones continentales contrarias al Consenso de Washington y a las aproximaciones más ortodoxas del concepto de desarrollo.
En esta línea, incide en la planificación de las políticas públicas, mediante doce estrategias de cambio y el mismo número de objetivos específicamente definidos. Entre las estrategias se encuentra la democratización de los medios de producción, la transformación del patrón de especialización de la economía, el cambio de la matriz energética o la protección social solidaria en el marco del Estado constitucional de derecho.
Por lo que respecta a los objetivos, destacan la igualdad, la cohesión territorial en la diversidad, la mejora de la calidad de vida de la población, la garantía de los derechos de la naturaleza, el trabajo estable, justo y digno, o el fortalecimiento de la plurinacionalidad y la interculturalidad, entre otros.
Sin embargo, no tardarían en aflorar las primeras tensiones y posteriores disputas abiertas entre el nuevo gobierno y buena parte de la representación de los pueblos originarios, organizados fundamentalmente en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y en el partido político Pachakutik. Así, se observa ya desde un primer momento la dificultad para aplicar las políticas públicas orientadas al Buen Vivir sin caer en los conceptos gramscianos de relación de equilibrio y de conjunto de contradicciones en alusión a la relación Estado-sociedad civil.
La proliferación de focos de minería a gran escala conllevó una movilización social de las nacionalidades indígenas afectadas por los proyectos, que desembocaría en un desencuentro total con el Ejecutivo de Alianza PAIS. En este sentido se pronunciaría años después el expresidente Rafael Correa, al afirmar que “gobernar es tomar decisiones, y no vas a poder contentar a todo el mundo […] A mí no me gusta la minería, pero menos me gusta la miseria. Si Ecuador tiene un gran potencial minero, no podemos caer en la irresponsabilidad de no aprovecharlo para superar lo más rápidamente posible la pobreza”.
Por su parte, desde la CONAIE se argumentaba que la construcción del Estado plurinacional y del Buen Vivir iba más allá de determinadas acciones beneficiosas, como la construcción de carreteras, dado que era necesario articular un modelo económico que garantizase la propia vida, lejos del extractivismo.
A pesar de ello, el segundo Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 recoge algunos datos relativos a la aplicación de su predecesor, que merece la pena subrayar. De esta forma, entre diciembre de 2006 –coincidiendo con la victoria electoral de Rafael Correa– y diciembre de 2012, un millón cincuenta mil personas dejaron de ser pobres por ingresos en Ecuador.
El informe Panorama Social de América Latina, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el año 2012, concluyó que Ecuador fue el país donde más se redujeron las desigualdades entre 2007 y 2011. Además, el segundo Plan intentó reforzar aquellos aspectos que merecían una mayor atención mediante el establecimiento de seis nuevos ejes: la equidad, la Revolución Cultural, el territorio y la Revolución Urbana, la Revolución Agraria, la Revolución del Conocimiento y, por último, la excelencia.
Cabe destacar que en el propio documento se introduce un nuevo matiz ideológico al hablar del “socialismo del Buen Vivir”, ausente hasta entonces, que se autodefine como articulador de la lucha por la justicia social, la igualdad y la abolición de los privilegios, así como el encargado de defender y fortalecer la sociedad, el trabajo y la vida en todas sus formas.
Declive de las políticas del Sumak Kawsay
Con el paso de los años, las relaciones entre las organizaciones indígenas y los gobiernos de Alianza PAÍS sufren un profundo deterioro. El propio expresidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa (ECUARUNARI) y posterior candidato del partido Pachakutik en las elecciones del año 2023, Carlos Pérez –actual Yaku Pérez–, afirmaría en 2017 que era preferible un banquero a una dictadura, en apoyo al candidato presidencial conservador y banquero Guillermo Lasso, frente a Lenín Moreno, sostenido entonces por el correísmo.
La victoria de Moreno en 2017 marca un antes y un después en el devenir del país, al romper prácticamente de la noche a la mañana con Rafael Correa y su legado político. El nuevo gobierno aceleraría los proyectos mineros y extractivistas, negociando incluso la entrada de las grandes oligarquías ecuatorianas, como la familia Bucaram, en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).
Dos años después, el anuncio por parte del gobierno de aplicar un nuevo paquete de medidas económicas de corte neoliberal desembocaría en las importantes movilizaciones de octubre de 2019. En ellas, diversos sectores de los movimientos sociales, indígenas, sindicales y políticos tomaron las grandes ciudades y organizaron una marcha nacional hacia Quito. Las protestas, que se saldaron con más de 10 muertes, 1.500 personas heridas y otras tantas detenidas, consiguieron la derogación del decreto y dejaron sin efecto las nuevas medidas anunciadas.
A pesar de la oposición conjunta al gobierno de Lenín Moreno, la desunión entre los partidarios del expresidente Correa y los integrantes de la CONAIE y de Pachakutik propició la victoria electoral en segunda vuelta del conservador Guillermo Lasso en 2021, frente al candidato izquierdista Andrés Arauz. La llegada de Lasso al poder supuso el abandono definitivo de las políticas del Buen Vivir, desarrolladas hasta entonces a través de los sucesivos Planes Nacionales.
El nuevo Ejecutivo intensificó la liberalización económica comenzada por su antecesor reduciendo considerablemente la intervención estatal. Esta estrategia sumió al país en una profunda crisis en la que todavía se encuentra inmerso. Las mafias, prácticamente inexistentes hasta la fecha, comenzaron a proliferar y a hacerse con el control de determinados territorios donde el Estado perdió toda autoridad.
En menos de 10 años, Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro de América Latina –sólo por detrás de Chile– a registrar una violencia sin precedentes que lo sitúa como uno de los países más peligrosos del continente. Mientras que en 2015 la tasa de homicidios intencionales era del 5,8 por cada 100.000 habitantes, al término del mandato de Guillermo Lasso en 2023 la cifra alcanzaba ya los 45. En cifras totales, casi 13.000 personas fueron asesinadas de forma violenta durante su mandato.
¿Hacia la desaparición total del Buen Vivir?
La deriva del gobierno cristalizaría en la activación, por primera vez, de la llamada “muerte cruzada”, mecanismo parlamentario por el cual el presidente disuelve la Asamblea Nacional y convoca elecciones extraordinarias. De este modo, Daniel Noboa, candidato de la nueva coalición derechista Acción Democrática Nacional e hijo del hombre más rico del Ecuador, Álvaro Noboa, consiguió alzarse con la victoria en la segunda vuelta de los comicios de octubre de 2023, derrotando a la candidata del partido correísta Revolución Ciudadana, Luisa González.
A día de hoy, todo hace presagiar que Noboa repetirá victoria en febrero de 2025, ya que lidera los sondeos de intención de voto en primera vuelta con un 54% frente al 25% estimado para Luisa González. La inscripción electoral para los nuevos comicios ha vuelto a constatar la profunda división existente entre el partido indígena Pachakutik, que acudirá a las urnas en coalición con Centro Democrático, y la Revolución Ciudadana, que en esta ocasión contará con el apoyo de Renovación Total (RETO).
Por ello, resulta complicado imaginar un cierto retorno del Sumak Kawsay a la agenda pública y política. Ahora bien, a pesar de que la traducción de la cosmovisión de los pueblos originarios no se vea reflejada en políticas públicas a nivel gubernamental, no se ha de olvidar que su aplicación es un mandato y un principio constitucional. Esto es, cualquier política pública diametralmente opuesta a la consecución de la esencia del Buen Vivir podrá ser invocada ante la Corte Constitucional para su correspondiente valoración, como ya ocurrió en numerosas ocasiones en legislaturas pasadas.
La Constitución de Montecristi, ejemplo del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, incorpora toda una serie de preceptos novedosos, aunque, en ocasiones, de difícil cumplimiento. A 16 años de su aprobación no ha conseguido resolver esa tensión existente entre lo abstracto y lo concreto. Ciertamente, la tarea de aterrizar una visión holística y milenaria de la vida en decisiones políticas específicas conlleva esfuerzos titánicos por parte de los representantes. Con todo, no debemos caer en el error de reducir al propio Sumak Kawsay a un mero programa de gobierno. Se trata de cuestiones bien distintas.
Por un lado, el concepto del Buen Vivir no dejará de existir mientras sus pueblos lo practiquen en comunidad y se mantenga vivo con el paso de las generaciones. Por el otro, es posible que asistamos al entierro definitivo de los programas institucionales dedicados específicamente a cumplir con sus parámetros básicos. En este punto, la falta de unión de actores políticos y sociales claves es sin duda uno de los principales motivos que explicarían su desgaste e hipotético final. Solo el tiempo dirá si el pueblo ecuatoriano es capaz de cumplir con la reflexión atribuida a la comunidad aymara: “Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos, y que a nadie le falte nada”.
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