Durante las últimas semanas, la visión de Javier Milei sobre las Islas Malvinas ha cambiado, dando de sí una nueva escalada diplomática, política y económica. El 3 de septiembre, el presidente argentino Javier Milei dedicó una cadena nacional a la reivindicación de la soberanía sobre el archipiélago y anunció una serie de medidas destinadas a dificultar la explotación de hidrocarburos en las aguas que Argentina considera propias.
Entre las medidas figuraron cambios en la legislación sancionadora, una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y el proyecto de construir una base naval en la sureña provincia de Tierra del Fuego.
El proyecto Sea Lion, situado aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago, y que ha desencadenado la respuesta del país latinoamericano, está liderado por Navitas Petroleum, que controla el 65%, y Rockhopper Exploration, propietaria del 35% restante. La primera fase prevé comenzar a producir en 2028, con una capacidad aproximada de 50.000 barriles diarios y una inversión estimada de 2.200 millones de dólares.
Milei asume la postura histórica de Argentina
El reconocimiento de las Islas Malvinas por parte de Naciones Unidas como un territorio pendiente de descolonización impide la explotación de los recursos del territorio hasta que se resuelva la disputa entre Argentina y el Reino Unido.
Al aceptar este principio, la posición de Javier Milei con las Islas Malvinas supone un cambio significativo respecto del marco político desde el que él y su partido, La Libertad Avanza, habían abordado tradicionalmente la cuestión. El presidente argentino ha pasado a situar Malvinas en el centro de su discurso de soberanía nacional y a acompañar la reivindicación territorial con instrumentos destinados a obstaculizar la explotación de sus recursos naturales.
La modificación de la Ley 26.659 constituye uno de los elementos centrales de esta estrategia. El objetivo anunciado consiste en reforzar y agilizar las sanciones contra compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. A ello se suma el proyecto de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la creación del Consejo de Seguridad Nacional y la construcción prevista de una base naval en Tierra del Fuego.
La política argentina ha adquirido, además, una dimensión judicial. El 4 de septiembre comenzaron procedimientos sancionadores contra 45 personas y empresas vinculadas con las actividades petroleras. El 8 de septiembre se incorporaron otros 15 sujetos.
Esta ofensiva supone asumir de manera mucho más explícita el marco histórico del Estado argentino: las actividades económicas desarrolladas alrededor de las islas son consideradas ilegítimas porque se realizan sobre un territorio cuya soberanía Buenos Aires reivindica. Javier Milei completa de esta forma un notorio giro en la posición que había venido mostrando desde la campaña electoral de 2023.
Trump y Ben Gvir
Por su parte, Donald Trump sugirió en una entrevista con GB News que Washington podría no respaldar automáticamente al Reino Unido si Argentina intentara recuperar las islas. La declaración quizá no responde a un estudio estratégico por parte del presidente estratégico, pero no por ello deja de revestir importancia.
Trump deja caer esta idea en el marco de una agresiva campaña de presión política sobre el laborismo británico y el primer ministro Andy Burnham. En paralelo, el trumpismo podría estar interesado en brindar apoyo al mileísmo de cara a las elecciones del próximo año, facilitando que La Libertad Avanza abandere la causa Malvinas meses antes del arranque de la campaña presidencial.
Trump no reconoció la soberanía argentina ni declaró que Estados Unidos respaldaría una recuperación argentina del archipiélago, pero Milei ha sabido aprovechar precisamente la ambigüedad del líder republicano. En su cadena nacional habló de “vientos de cambio” y presentó las declaraciones de Trump como una posible transformación de la posición tradicional de Washington.
En Israel también ha habido movimiento. Itamar Ben Gvir, ministro israelí de Seguridad Nacional, reclamó públicamente a Benjamin Netanyahu que Israel reconociera las Malvinas como territorio argentino ocupado. Incluso planteó la posibilidad de imponer sanciones al Reino Unido mientras continuase la ocupación.
“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino. Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”, dijo en X.
Estos dos episodios no constituyen todavía un cambio consolidado de las posiciones estatales estadounidense e israelí. Sí revelan, sin embargo, una mayor complejidad diplomática y la voluntad de la política norteamericana e israelí de ayudar a que Javier Milei consiga ser reelecto.
Londres no quiere negociar
La reacción británica al anuncio de Javier Milei con las Islas Malvinas ha sido exactamente la contraria a la apertura del debate que pretende generar Buenos Aires. Londres sostiene que su soberanía sobre las islas no está en discusión. El ministro de Defensa Wes Streeting calificó el compromiso británico como “absoluto e inamovible”, mientras el secretario de Exteriores, Ed Miliband, defendió el derecho de los habitantes de las islas a decidir su futuro.
Previamente, Alex Ellis, embajador del Reino Unido en España, había aclarado a Descifrando la Guerra la línea de su país respecto al archipiélago: “Lo que queremos es el respeto por la soberanía de Reino Unido, y después colaborar con el gobierno de Argentina en muchos ámbitos, algo que nos ha faltado desde hace tiempo. […] Es clara la soberanía de Reino Unido sobre las Falkland Islands. Es así desde hace siglos y será por más siglos”.
El Gobierno británico fundamenta buena parte de su posición en el referéndum celebrado en 2013, en el que el 99,8% de los votantes optó por mantener el vínculo con el Reino Unido. No obstante, la consideración internacional de las Islas Malvinas como territorio ocupado y, por extensión, a sus habitantes como población implantada/colona, vicia de invalidez cualquier votación de estas características.
En cualquier caso, esta estrategia permite al Reino Unido evitar una reapertura del caso. Su posición consiste, esencialmente, en afirmar que la población ocupante en las islas posee instituciones democráticas, ha expresado casi unánimemente su voluntad de continuar siendo británicos y, por tanto, debe poder decidir su propio futuro. Argentina rechaza este planteamiento y sostiene que la población actual no puede determinar una cuestión de soberanía que considera pendiente.
La misma firmeza aplican a Sea Lion. Para Londres, las actividades petroleras se desarrollan conforme a licencias concedidas por las autoridades de las islas y están respaldadas por el Reino Unido. Navitas y Rockhopper sostienen igualmente que sus permisos son legales. Argentina, por el contrario, considera ilegítimas esas autorizaciones al haber sido concedidas sin su consentimiento.
La presencia militar británica no parece estar siendo utilizada –al menos, por el momento– como instrumento de amenaza directa. Aunque el dispositivo de defensa existente en las islas es actualmente considerablemente superior al de 1982, las declaraciones recientes de Londres se han mantenido dentro de un marco no bélico.
Milei ha reactivado la reivindicación argentina y la ha conectado con la defensa de los recursos naturales; Sea Lion ha convertido esa reivindicación en un conflicto económico concreto; Trump ha introducido incertidumbre en la tradicional posición estadounidense; Ben Gvir ha planteado una ruptura con la postura británica desde el Gobierno israelí; y Londres responde cerrando la puerta a cualquier negociación sobre soberanía.
En el fondo, quizá la noticia más relevante es que el presidente Javier Milei ve las Islas Malvinas ahora de forma distinta, ha modificado sus lineamientos y ha vuelto a colocar al Estado argentino en su posición tradicional.
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