Durante las últimas semanas, Nepal ha sido escenario de intensas manifestaciones que han marcado un punto de inflexión en su panorama político y social. Las protestas, impulsadas por una ciudadanía cansada de la corrupción y el nepotismo, han provocado un proceso de diálogo sin precedentes entre el presidente, diversos cuerpos del Estado y grupos organizados de jóvenes nepalís, que han ganado gran protagonismo como voz de la sociedad civil.
En medio de este clima de presión social, el país atravesó un breve pero significativo vacío de poder que puso a prueba la solidez de su sistema parlamentario. Las negociaciones para designar a una nueva primera ministra fueron intensas y estuvieron marcadas por tensiones entre los principales bloques políticos, que buscaban no solo restaurar la gobernabilidad, sino también responder a las demandas de cambio expresadas en las calles.
El vacío de poder en Nepal
Las protestas provocaron una crisis institucional sin precedentes. Tras la dimisión de K.P. Sharma Oli y el colapso de la autoridad civil, Nepal atravesó un vacío de poder. Durante varios días, el Ejército de Nepal asumió el control de las calles de Katmandú bajo un toque de queda nacional, mientras el presidente Ramchandra Paudel mantenía negociaciones con representantes del colectivo juvenil Hami Nepal, impulsor de las protestas, y con diversas figuras públicas para formar un gobierno de transición que devolviera cierta estabilidad al país.
En medio del caos, los partidarios del Rastriya Swatantra Party (RSP) irrumpieron en la prisión de Nakkhu y liberaron a su líder Rabi Lamichhane, que había estado detenido durante los últimos ocho meses acusado de malversación de fondos. Durante el asalto, se produjo además una fuga masiva. No solo de esa prisión, sino que se estima que entre 7.000 y 14.000 reclusos escaparon de cárceles de todo el país aprovechando el colapso del orden público.
La sacudida llegó también al Parlamento: todos los parlamentarios del RSP, junto con los del Rastriya Prajatantra Party (RPP), presentaron su dimisión en bloque, alegando razones morales y en solidaridad con el movimiento juvenil.
Tras la renuncia del ministro del Interior, Ramesh Lekhak, y de los abandonos masivos de parlamentarios, el resto de los partidos tradicionales afrontaban una presión creciente para dimitir en bloque y facilitar la formación de un nuevo gobierno civil. Paralelamente, el ministro principal Satish Kumar Singh anunció su renuncia, reconociendo que su posición se había vuelto insostenible ante la magnitud de la revuelta.
Entre las consignas de los manifestantes comenzó a cobrar fuerza, además, una exigencia compartida por sectores del RSP y el RPP: poner fin al sistema federal instaurado tras la Constitución de 2015, al que culpan de fragmentar el país y fomentar la corrupción.
La disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones también figuraban entre las principales demandas en las calles, aunque varios expertos constitucionales advertían de que abrir un nuevo proceso constituyente podría llevar al país a una etapa prolongada de inestabilidad, recordando que la carta magna de 2015 tardó casi una década en ser negociada y redactada.
Estas conversaciones se desarrollaron en un marco de gran incertidumbre constitucional. Como recordó la excomisionada nacional de derechos humanos Mohna Ansari, la Constitución de Nepal de 2015 no contempla disposiciones específicas para gestionar un vacío total de poder. El presidente podía declarar el estado de emergencia en virtud del artículo 273, aunque esa medida debía ser ratificada por dos tercios del Parlamento en el plazo de un mes y solo podía aplicarse durante tres meses.
Otra opción era recurrir al artículo 76(5), que permite al presidente nombrar como primer ministro a cualquier miembro del Parlamento si todas las demás fórmulas fracasan, con potestad para designar hasta 25 ministros no electos durante seis meses, convocar elecciones anticipadas y, eventualmente, impulsar reformas constitucionales una vez estabilizado el país.
Entre los nombres propuestos por distintos sectores para encabezar el ejecutivo interino figuraban personalidades ampliamente respetadas por la opinión pública. Entre ellas destacaron la expresidenta del Tribunal Supremo, Sushila Karki, el alcalde de Katmandú Balen Shah, el exdirector de la Nepal Electricity Authority Kulman Ghising o la ex ministra de Educación Sumana Shrestha.
Muchos jóvenes expresaron abiertamente su apoyo a Karki como primera ministra interina, mientras que Hami Nepal respaldó inicialmente a Shah, quien finalmente declinó asumir el liderazgo y manifestó públicamente su apoyo a la candidatura de Karki. En cambio, la figura del líder del Rastriya Swatantra Party Rabi Lamichhane –liberado de prisión por sus seguidores durante las protestas– generó un rechazo mayoritario entre los colectivos juveniles reformistas.
Nuevo gobierno interino en Nepal
Finalmente, el 12 de septiembre, tras intensas discusiones sobre los procedimientos constitucionales, se alcanzó un consenso y se nombró a Sushila Karki como primera ministra interina, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el país, exactamente una década después de haber sido la primera presidenta del Tribunal Supremo.
Según medios como Reuters y Al Jazeera, su candidatura surgió de un inédito proceso de votación virtual organizado por el movimiento juvenil Hami Nepal a través de la plataforma Discord, en el que participaron decenas de miles de jóvenes dentro y fuera del país. Este mecanismo, que muchos han elogiado como un experimento de democracia digital, ha sido también duramente criticado por partidos tradicionales y observadores internacionales por su falta de garantías legales y transparencia.
Los jóvenes exigieron que el Parlamento de Nepal fuera disuelto antes de su nombramiento, y el presidente Paudel accedió a cambio de que el Ejército no declarara el estado de emergencia. Por lo tanto, nada más jurar el cargo, Karki disolvió el Parlamento y anunció elecciones anticipadas para el 5 de marzo de 2026. Además, el presidente también disolvió la Cámara de Representantes el viernes por recomendación de la primera ministra.
En sus primeras horas de mandato, Karki declaró mártires a los fallecidos en las protestas y anunció que sus familias recibirán una compensación de 1 millón de rupias nepalesas, además de asistencia para el traslado de los cuerpos a sus localidades de origen. El balance oficial había ascendido a 51 personas fallecidas –entre ellas 21 manifestantes, 9 prisioneros, 3 policías y 18 civiles más– y más de 1.300 heridos. También garantizó tratamiento médico gratuito a los heridos y otras medidas de alivio inmediato.
Además, la primera minista visitó personalmente varios hospitales de Katmandú para reunirse con manifestantes heridos y comenzó a elaborar la lista de miembros de su Consejo de Ministros, algunos de los cuales fueron juramentados oficialmente ante el presidente Paudel pocos días después. La composición inicial del gabinete es la siguiente:
- Sushila Karki, primera ministra, asume además numerosos ministerios clave: Industria, Comercio y Suministros; Agricultura y Ganadería; Agua; Exteriores; Tierra y Cooperativas; Mujeres y Juventud; Defensa; Medio Ambiente; Educación; Trabajo; Cultura y Turismo; Administración General; Comunicaciones y Salud.
- Rameshwar Prasad Khanal, ministro de Finanzas. Fue Secretario del Ministerio de Finanzas antes de asumir este cargo, y presidía en 2024 la High-Level Economic Reform Recommendation Commission, que presentó un informe detallado con reformas económicas para el país. Tiene experiencia en enseñanza y en reformas en contabilidad gubernamental, adquisiciones públicas y política tributaria.
- Kulman Ghising, ministro de Energía, Recursos Hídricos e Irrigación; Infraestructura Física y Transporte; y Desarrollo Urbano. Muy conocido por haber eliminado el problema persistente de los cortes de electricidad en Nepal; fue director ejecutivo de la entidad estatal eléctrica, Nepal Electricity Authority (NEA), desde 2016.
- Om Prakash Aryal, ministro del Interior, Derecho, Justicia y Asuntos Parlamentarios. Es abogado, conocido por litigios de interés público, y ha servido como asesor legal para la Municipalidad Metropolitana de Katmandú.
Al mismo tiempo, el nuevo gobierno comenzó a investigar los actos de vandalismo y saqueo ocurridos durante las revueltas, instando a los ciudadanos a devolver los bienes sustraídos. Además, se abrió una investigación formal contra el ex primer ministro K.P. Sharma Oli, acusado por un exdiputado de haber ordenado personalmente a las fuerzas de seguridad disparar contra manifestantes el 8 de septiembre.
Reacciones frente al gobierno interino
Mientras el país empezaba a recuperar cierta normalidad y se levantaban gradualmente los toques de queda, la decisión de disolver el Parlamento generó un fuerte rechazo entre los partidos tradicionales y diversos sectores institucionales.
En una declaración, ocho partidos emitieron un comunicado conjunto denunciando la medida como “antidemocrática e inconstitucional”, incluidos el Congreso Nepalí, el CPN-UML y el Centro Maoísta. Los líderes de estas formaciones, incluido Oli, permanecen refugiados en la base militar del Parque Nacional de Shivapuri y han guardado silencio público desde su dimisión.
El Colegio de Abogados de Nepal se sumó a las críticas, recordando que la disolución contraviene un precedente de la Corte Suprema de Nepal que ordenó restaurar el Parlamento tras su disolución por Oli en 2021. También la Federación de Periodistas Nepalís advirtió que el nombramiento de un gobierno “surgido de las calles” fuera del marco constitucional podía suponer “una amenaza para la democracia”.
Por el contrario, los jóvenes del movimiento Hami Nepal celebraron la disolución como una victoria y mantienen sus demandas de mecanismos de rendición de cuentas y tolerancia cero frente a la corrupción, además de exigir una investigación independiente sobre los disparos contra manifestantes durante las protestas.
Sushila Karki: de jueza anticorrupción a liderar Nepal
Sushila Karki (nacida en 1952 en Biratnagar, Nepal) es una jurista reconocida por su firme postura contra la corrupción y por ser una de las figuras más respetadas del sistema judicial nepalí. Se formó en Ciencias Políticas en la Banaras Hindu University (India) y obtuvo su título de Derecho en la Tribhuvan University de Katmandú.
Siendo aún estudiante, se vinculó al Partido del Congreso Nepalí, que entonces dominaba la política. En la década de 1990, ya marchaba en las calles contra el sistema panchayat, una forma de gobierno centralizada que consolidaba el poder del rey de Nepal, lo que la llevó a una breve condena de prisión.
Ingresó en el Poder Judicial en la década de 1980 y, tras una larga carrera como jueza, fue nombrada magistrada del Tribunal Supremo de Nepal en 2010. En 2016 hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir el Tribunal Supremo, cargo que ocupó hasta su jubilación en 2017. Durante su mandato se ganó fama de independiente, rigurosa y con tolerancia cero hacia la corrupción y el clientelismo político.
Aunque nunca había ocupado un cargo electo, su prestigio y su perfil técnico le valieron el apoyo de amplios sectores sociales de Nepal, especialmente de los jóvenes movilizados contra la corrupción, que la han señalado como figura idónea para encabezar el gobierno de transición tras el colapso institucional de estos días.
Perspectivas de futuro
Con Sushila Karki al frente del gobierno interino, Nepal encara una etapa incierta y llena de desafíos. Su primera tarea será formar un Consejo de Ministros que logre cohesionar a actores muy dispares, procedentes del movimiento juvenil Hami Nepal, del mundo tecnocrático y de la clase política tradicional. Karki ha declarado que no impedirá a los miembros de su gabinete presentarse a las elecciones, lo que abre la puerta a que figuras con ambiciones electorales como Kulman Ghising, Balen Shah o Sumana Shrestha sean incorporadas a su equipo.
Lograr que todos remen en la misma dirección para organizar unos comicios libres y justos será uno de sus mayores retos, junto con mantener el respaldo del Ejército de Nepal sin cederle poder político y gestionar con habilidad las delicadas relaciones geopolíticas del país con India y China.
Más allá de la coyuntura, Karki deberá sentar las bases para reconstruir unas instituciones judiciales, ejecutivas y legislativas muy deterioradas y asegurar que las próximas elecciones, fijadas para marzo de 2026, produzcan un gobierno más eficiente y responsable.
A este panorama de complejidad política se suma el grave impacto económico y reputacional de las protestas. Las imágenes del Hilton Kathmandu envuelto en llamas han actuado como un potente disuasorio tanto para el turismo como para los inversores extranjeros, ya de por sí reticentes a instalarse en un país con fama de corrupción y clima de negocios hostil.
Las violentas protestas de los días 8 y 9 de septiembre, en pleno inicio de la temporada alta de otoño que concentra más de un tercio de las llegadas anuales, han proyectado sobre Nepal una visibilidad internacional sin precedentes, aunque muy alejada de la imagen que el país aspiraba a mostrar.
Mientras tanto, el propio movimiento juvenil aparece fragmentado y sin un liderazgo claro, dividido en múltiples grupos que reclaman ser los auténticos representantes de la Generación Z y con visiones divergentes sobre el modelo de Estado. Este escenario complica la búsqueda de interlocutores válidos para iniciar un diálogo político. Aun así, el presidente R. Paudel, junto con el jefe del Estado Mayor del Ejército, ha mantenido reuniones con representantes de más de una docena de estos grupos en un intento por canalizar el malestar hacia una solución institucional.
No obstante, en un gesto sin precedentes, los mismos jóvenes que lideraron las protestas en Nepal han asumido también la tarea de limpiar y reparar los destrozos que dejaron tras su paso, una imagen insólita en la historia reciente de las movilizaciones juveniles en el mundo. Armados con escobas, cubos y bolsas, cientos de voluntarios –en su mayoría de la Generación Z– están recorriendo desde primeras horas de la mañana las calles de Katmandú barriendo aceras, retirando escombros, repintando muros de edificios gubernamentales incendiados y reparando baldosas rotas.
En redes sociales circulan vídeos de jóvenes arreglando baches, recogiendo basura y devolviendo electrodomésticos y objetos saqueados durante los disturbios, en una demostración de responsabilidad cívica y de voluntad de reconstrucción que los organizadores han descrito como una forma de mostrar que su movimiento no solo trata de protestar, sino también de sanar y reconstruir el país que quieren cambiar.
En cualquier caso, se trata de la movilización juvenil más grande, espontánea y despolitizada que ha vivido Nepal en al menos dos décadas, y marca un punto de inflexión en la implicación política de toda una generación. Además, mediante redes sociales, está recibiendo el apoyo y la admiración de numerosos jóvenes de otros países y podría sentar las bases para futuras movilizaciones juveniles en todo el mundo.
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