A mediados de junio de 2025, el medio de comunicación Deutsche Welle se hacía eco de la única voz que, en los últimos tiempos, se ha alzado para denunciar la terrible indiferencia del mundo ante la espiral de caos y violencia que sacude Haití. En esta ocasión, el protagonismo ha correspondido al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien, en una reunión con 16 delegaciones de países del Caribe, ha tildado la actitud global hacia el colapso de Haití de “abandono e indiferencia”.
Sus declaraciones se produjeron en el transcurso de varias reuniones oficiales preparatorias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025, también conocida como COP30, que habrá de celebrarse en noviembre del presente año. De hecho, aquel encuentro estaba pensado para unir los intereses y la acción de los países de América Latina y el Caribe frente a la celebración de la COP30 en unos meses, ocasión que el dirigente aprovechó para subrayar una circunstancia que sigue pasando desapercibida: hace cuatro años que Haití busca una solución desesperada, sin encontrarla.
Al ya grave contexto generado por las tensiones suscitadas en torno al controvertido mandato de Jovenel Moÿse, enfrentado al poder legislativo en sus últimos meses de gobierno, ha de sumarse el magnicidio de este último, acontecido el 7 de julio de 2021. Desde entonces, Haití ha carecido de un gobierno estable y democráticamente elegido.
El colapso de Haití
El último episodio en la escalada de desorden y violencia se experimentó en marzo de 2024, cuando las bandas, en posesión de los principales barrios de la capital, impidieron el aterrizaje del avión que traía al presidente en funciones, Ariel Henry, de regreso de Nairobi, donde había acudido precisamente para negociar el envío de una misión de paz a su país.
Entonces, la reunión de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Comunidad del Caribe (CARICOM) convino en la necesidad de que Henry renunciase como presidente en funciones, cediendo su puesto a un Consejo de Presidencia que habría de definir el futuro del país, generando las condiciones para la celebración de elecciones. Más de un año después, ni los comicios parecen cercanos, ni la violencia ha cesado: antes bien, el poder de las bandas ha crecido, cuestionando la utilidad de una nueva intervención extranjera en Haití.
El resultado inmediato de esta complejísima coyuntura ha sido, de un lado, la inclusión de Haití entre los cinco países del mundo con serio riesgo de inanición, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Aproximadamente 5,7 millones de haitianos, de un total de 11,6 millones, pasa hambre. Entre marzo y junio de 2025, alrededor de 3 millones de haitianos entraron en un estado de salud calificado como catastrófico o de emergencia.
De otro lado, todo ello ha redundado en perjuicio más que evidente de la población haitiana, acostumbrada a la inestabilidad política y volcada hacia la autogestión y la autosuficiencia, pero así y todo temerosa de su propia vida, considerando la guerra sin cuartel que las bandas organizadas y el gobierno libran entre sí, sembrando el suelo haitiano de heridos y fallecidos como consecuencia de una lucha sangrienta que nadie parece dispuesto a frenar.
Hasta tal extremo llega el temor a perder la propia vida –o a ver cómo la pierden familiares y allegados– que, según cifras de las Naciones Unidas, para el 11 de junio de 2025 se ha alcanzado una cifra récord de haitianos desplazados: 1,3 millones.
Desde diciembre de 2024, este valor ha aumentado en un 24%. La violencia que hasta ahora parecía circunscrita a la capital, Puerto Príncipe, se ha extendido a otros departamentos, como Centro y Artibonite, convirtiéndose en un fenómeno transversal a todo el país. Sin ir más lejos, solo en el departamento del norte la cifra de personas desarraigadas ha aumentado un 80%. A ello ha de sumarse la absoluta carestía de servicios básicos, entre los cuales se incluye la asistencia sanitaria, la educación o el acceso al agua potable.
Por qué Haití no se estabiliza
No ha de extrañar que quienes pueden permitírselo, en ocasiones a cambio de todos sus ahorros, opten por el exilio, mirando a Estados Unidos como el destino más viable. Considerando, además, la historia de hostilidad mutua entre el país al otro lado de la frontera en La Española, la República Dominicana, y el propio Estado haitiano.
No obstante, la administración republicana de Donald Trump no parece haberse visto conmovida por ello: ha prohibido la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de hasta doce nacionalidades, entre ellas la haitiana.
Precisamente este recrudecimiento de la violencia merece una especial atención desde dos perspectivas distintas que se complementan. Para empezar, en clave interna, asistimos a la reorganización de las bandas que han ido haciéndose no solo con el control de la esfera pública en el país –circunstancia que hunde sus raíces en el final mismo del duvalierismo, a finales de la década de 1980–, sino también con el dominio efectivo del territorio, las infraestructuras e incluso las instituciones.
La G-9, comandada por Jimmy “Barbecue” Chérizier, y la G-Pep, federación liderada por Gabriel “Ti Gabriel” Jean-Pierre, tradicionalmente rivales, unieron sus esfuerzos ya en 2023 para constituir un frente común: “Viv Ansamm”, expresión criolla que puede traducirse como “vivir juntos”. Fue su labor coordinada la que posibilitó, entre otras circunstancias, la renuncia de Ariel Henry, además del ataque contra prisiones, edificios gubernamentales o el propio aeropuerto Toussaint Louverture, cuyas operaciones se cancelaron en noviembre de 2024.
La violencia de las bandas, sin embargo, no debe interpretarse de forma maniquea, ya sea calificándolas como organizaciones terroristas o como portavoces legítimos del sentir popular. En su lugar, conviene analizarlas como una suerte de portavoces del sentir ciudadano, contrario a la injerencia extranjera en el destino de Haití, al tiempo que aprovechan la coyuntura para imponer su ley y lucrarse del caos generalizado en el país.
Por otra parte, también recurriendo a la lectura interna, el ejercicio de la violencia por las bandas ha recibido recientemente la respuesta del gobierno provisional haitiano, dependiente del Consejo de Presidencia, que ha decidido contraatacar con bombardeos mediante el uso de drones, causando hasta 300 muertos.
Aparentemente, el mensaje que el ejecutivo ha intentado lanzar no es otro que su disposición a no escatimar en los medios para recuperar los territorios controlados por las bandas, cuyo éxito estratégico convierte en prácticamente inútiles las disposiciones que emanan de las autoridades constituidas por acuerdo de la OEA y la CARICOM en la primavera de 2024.
Desde la óptica de las autoridades, el recurso a los drones estaría más que justificado, pues los grupos criminales controlan más del 80% de la capital del país, además del resto de departamentos sobre los cuales también ejercen un creciente control. No obstante, la Real Policía Montada de Canadá, donante de drones a la Policía Nacional de Haití, así como la Cruz Roja y otras oenegés, han denunciado que su empleo en tales términos viola el derecho internacional.
El motivo es sencillo. Solo se justifica el bombardeo con drones sobre un enemigo cuando se cumplen dos premisas: la existencia de un clima generalizado de violencia y caos, que parece fuera de discusión en el escenario haitiano; y la presencia, entre los rebeldes, de una organización claramente identificable, con una cadena de mando y una jerarquía igualmente visibles, lo cual es imposible de aplicar a las bandas y grupos que detentan el monopolio del crimen en Haití.
El elemento “drones” conduce a analizar otros actores en el escenario haitiano, en esta ocasión desde una perspectiva externa. Porque una empresa propiedad de Erik Prince, que fue donante en la carrera presidencial de Trump durante esta última campaña electoral, además de fundador de la gran multinacional Blackwater, habría operado parte de estos drones en Haití contra las mismas bandas violentas.
Aquí cabría aludir a un argumento ya esgrimido: probablemente el caos de Haití se prolongue durante tanto tiempo porque son muchos los interesados en la pacificación, y después en la reconstrucción, con el fin de convertir a la nación caribeña en un producto manufacturado que satisfaga los intereses de unos pocos.
Algo similar sucede con el proyecto de reconstrucción de la Franja de Gaza alumbrado por la administración republicana de Estados Unidos, que en este caso, como en el haitiano, se edifica sobre una premisa básica: Gaza sin los gazatíes y Haití sin los haitianos. De hecho, la calificación de las bandas haitianas como grupos terroristas no haría sino servir a los intereses de esta participación externa en la pacificación, justificando los ataques –sin importar los daños colaterales– para “limpiar” la zona de “elementos indeseables”.
Finalmente, el desorden y la violencia haitiana convierten al país en un escenario de oportunidades para actividades económicas opacas, cuando no directamente ilegales. Entre ellas, ocupan un lugar destacado tanto el tráfico de armas como de estupefacientes, que nutren a los mismos líderes violentos que dicen representar la voluntad popular.
No por estar contra la ley dichas actividades dejan de ser lucrativas para los “señores de la guerra” –que se benefician gracias al fomento de la animadversión entre grupos rivales, o entre estos y el gobierno– y para grandes empresas participadas por fondos de inversión vinculados a la industria armamentística.
Por todo lo dicho, quizá convenga preguntarse no “¿cuándo va a llegar la estabilidad a Haití?”, sino “¿por qué no llega la estabilidad a Haití?”. Y la respuesta, una vez más, parece obvia: parafraseando al personaje de la saga Juego de Tronos, Petyr Baelish, “el Meñique”, el caos es una escalera.
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