El lunes 2 de octubre de 2023, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el despliegue de una fuerza internacional en Haití con 13 votos a favor y 2 abstenciones, de China y Rusia. Esta decisión viene como respuesta a la llamada de auxilio que desde hace un año el presidente interino haitiano, Ariel Henry, viene difundiendo debido a la escalada de la violencia en su país. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, Haití se encuentra en una situación de crisis social, humanitaria e institucional, donde las pandillas han tomado las calles.
En la resolución, presentada por Estados Unidos y Ecuador, el Consejo de Seguridad indicó que el objetivo de la intervención es “asegurar la infraestructura clave y los centros de tránsito, como aeropuertos y puertos” y que tendrá una duración de 12 meses. También anunció que la alianza interventora tendrá la potestad de realizar detenciones, en cooperación con la policía haitiana. António Guterres, secretario general de la ONU, declaró que hará falta el “uso firme de la fuerza” para restablecer el orden en Haití.
La coalición internacional estará liderada por Kenia, que propuso la misión en respuesta a la llamada de las peticiones de Henry. El país africano enviará 1.000 agentes de policía con experiencia en manifestaciones y lucha contra el terrorismo islámista. Ya en julio de 2023 Nairobi anunció el envío de sus tropas a Haití, sin embargo, solamente fue una delegación para investigar los motivos de la crisis de violencia que atraviesa el país centroamericano. El resto de Estados que hasta el momento se habían sumado, son: Bahamas, Jamaica y Antigua y Barbuda, todos países vecinos de Haití.
En el caso de Bahamas, el 2 de agosto de 2023, anunciaron que se sumarían a la coalición internacional, aportando 150 tropas. Dos días después, Jamaica hizo lo propio. El primer ministro, Andrew Holness, confirmó que su país contribuiría con 200 policías. No obstante, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, comunicó que su país contribuiría en la alianza interventora, pero sin especificar con cuántas tropas. Por su parte, el secretario de Estado Anthony Blinken anunció que Estados Unidos ayudará a Puerto Príncipe con 100 millones de dólares en materias de “planificación, inteligencia, transporte aéreo y apoyo médico”. Esta partida se suma a los más de 120 millones de dólares que desde julio de 2021 se han invertido en fortalecer la Policía Nacional de Haití, así como los 65 millones que se prevén en el futuro, además de los 205 millones de dólares en apoyo humanitario.
En el caso de España, junto con Italia, Mongolia, Senegal, Belice, Surinam, Guatemala y Perú, el Miami Herald informó sobre el posible envío de agentes de policía. A falta de declaraciones oficiales, el 22 de septiembre, en una reunión ministerial en Nueva York, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ratificó el “compromiso de España con la seguridad, estabilidad y prosperidad del país”.
Un pasado de intervenciones fracasadas
El país caribeño tiene un largo historial de intervenciones extranjeras en su territorio. Primero Francia, como potencia colonizadora, hasta la independencia de Haití en 1804. Y después Estados Unidos, con la invasión y ocupación desde 1915 hasta 1934 con el objetivo de garantizar los intereses comerciales estadounidenses, así como la posterior misión de mantenimiento de la paz de la ONU, desde 1994 hasta 2004, liderada por Washington.
Sin embargo, la intervención que gran parte de la población de Haití recuerda es la de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Entre 2004 y 2017, 11.000 efectivos entre policías y cascos azules intervinieron en el país centroamericano en un intento de garantizar la reforma de su cuerpo nacional de policía, así como garantizar una serie de condiciones democráticas y humanitarias. También ayudaron en labores de rescate y asistencia humanitaria después del terremoto de 2010 en el que más de 220.000 personas perdieron la vida. No obstante, MINUSTAH acabó siendo suspendida por la ONU debido a escándalos de corrupción, abusos sexuales e incluso acusaciones contra las tropas de Nepal por causar una epidemia de cólera que provocó más de 10.000 muertes.
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