En medio de la guerra contra las pandillas y la misión de seguridad aprobada por las Naciones Unidas, liderada por Kenia, la crisis de Haití continúa dominada por la corrupción, la intervención extranjera y el trapicheo entre las familias políticas. Los pasados meses han estado marcados por las explosivas acusaciones de corrupción contra tres miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT), elegido en abril de 2024 por actores externos –Estados Unidos, Canadá, la CARICOM– sin ningún tipo de voluntad popular mediante.
Esta batalla política ha llevado a la destitución del primer ministro de la transición, Garry Conille, quien insistía en investigar a los miembros del CPT y su dimisión. Por su parte, el CPT arremetió contra Conille, acusándole de asumir una función diplomática que no le correspondía tras un viaje a Estados Unidos y exigiendo una remodelación de su gabinete.
La crisis política tiene su origen en dos cuestiones: el deseo del Consejo Presidencial de controlar algunos ministerios clave que dependían de Conille y el escándalo de corrupción en el que están implicados tres de sus miembros.
Los consejeros Smith Augustin, Louis Gérald Gilles y Emmanuel Vertilaire han sido acusados de sobornar al director del Banco Nacional de Crédito (BNC), propiedad del Estado, y pedirle que pagara 100 millones de gourdes haitianos –unos 758.000 dólares– para conservar su puesto. El director, Raoul Pierre-Louis, rechazó la petición de soborno y, tras hacerse públicas las acusaciones, la Unidad Anticorrupción de Haití abrió una investigación.
De esta forma, la caída de Conille en noviembre de 2024 ha impuesto ya como precedente la primacía del Consejo Presidencial sobre el primer ministro, a pesar de que no exista base legal para su destitución. De hecho, muchos hablan de que esto se parece más a un golpe de Estado que a un simple cambio de gobierno, pues los miembros del CPT se reunieron previamente con la fuerzas de seguridad para elegir al sustituto de Conille. Desde entonces, el nuevo dirigente haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, ha seguido la línea marcada por el Consejo Presidencial, aunque en la CARICOM crecen las voces que exigen una reestructuración del CPT.
En particular, varios políticos haitianos de alto nivel redactaron, el 8 de enero de 2025, un documento con tres posibles soluciones para resolver la crisis que azota a este órgano: (1) mantener su estructura actual, pero sustituir a los tres consejeros implicados; (2) reducir el CPT a un panel de tres personas compuesto por un juez, un político y un representante de la sociedad civil; (3) reducir la institución a un panel de tres personas elegidas por nueve sectores representados en el actual CPT.
Las pandillas se benefician de la crisis de Haití
Sin embargo, un político implicado en la propuesta admitió que Viv Ansanm, una coalición de pandillas, había sido mencionado en el documento entre los partidarios de la reconfiguración. Leslie Voltaire, entonces jefe del CPT, acusó a los firmantes del documento de aliarse con las pandillas con fines electorales y pidió su detención. Y es que de fondo hay una batalla entre las viejas élites del país, que quieren retener su poder con el apoyo de las potencias extranjeras, y algunos sectores que están dispuestos a pactar con esta burguesía mafiosa emergente.
No es que la vieja élite sea menos mafiosa, pero sus vínculos tradicionales le han permitido mantener una separación entre los negocios sucios y los limpios. Las pandillas, que controlan el 85% del área metropolitana de la capital de Haití, Puerto Príncipe, blanden un discurso revolucionario contra la vieja élite mientras buscan un acomodo. Es así que el portavoz de Viv Ansanm, Jimmy "Barbecue" Chérizier, anunció en enero que la coalición de pandillas había decidido formar un partido político.
Sin embargo, la situación es muy volátil. En los últimos seis meses las pandillas han consolidado su territorio, llegando a acuerdos entre sí para derribar las barreras que separaban los barrios que controlan. Por el contrario, el Consejo Presidencial se deshace en enfrentamientos internos y pierde legitimidad a marcha forzadas.
Jamaica, Bahamas, Barbados, Benín y Belice, que habían prometido enviar tropas y policías a la misión liderada por Kenia, ahora dudan ante la creciente inseguridad y la falta de fondos. China y Rusia vetan convertir la misión en una operación de imposición de la paz de la ONU, mientras Estados Unidos pone en el aire su contribución financiera, congelando una parte. Guatemala y El Salvador, en cambio, sí que han dado el paso de enviar contingentes de apoyo.
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