180 muertos, más de 2.000 heridos, 2.500 arrestados, fugas masivas de prisión, la sede de la televisión estatal incendiada, 104 policías y 33 periodistas heridos, la Universidad de Daca –la mayor institución académica del país– asaltada por las fuerzas de seguridad, decenas de detenidos, la primera ministra cancelando su gira internacional, Estados Unidos desaconsejando el viaje a Bangladés, bloqueo de internet, toque de queda y despliegue del ejército a nivel nacional. Esta es la instantánea de la escalada de unas manifestaciones que llevan activas desde el 5 de junio y han movilizado a buena parte del estudiantado universitario.
El motivo reside en la restauración del sistema de cuotas implementado en el acceso a los puestos de trabajo de la administración pública, que había sido abolido tras fuertes protestas en 2018. Dicho esquema proviene de la construcción del Estado bengalí bajo el mandato de Sheik Mujibur Rahman “Bangabandhu”, padre de la actual presidenta Sheikh Hassina y exlíder de la misma formación política: la Liga Awami.
La crítica que ha impulsado el estallido de las protestas es precisamente que las cuotas se hallan orientadas a la mantención de la base social de la Liga Awami fuera de las vicisitudes que se dan en el mercado privado capitalista. Así, los partidarios del legado de “Bangabandhu” estarían en proceso de conversión en una casta cuya función social sería la de engrosar sistemáticamente las filas del Estado. Un círculo vicioso con la única finalidad de mantener la posición de la actual presidenta.
Independientemente de la veracidad de las acusaciones, los hechos son los siguientes. El actual sistema de cuotas garantiza un 30% del empleo público para los descendientes de los combatientes de la guerra contra Pakistán de 1971, un 10% para mujeres, 20% para personas en riesgo de exclusión social y 5% para minorías étnicas. La polémica alrededor de estas medidas se inflama al apelar directamente a cuestiones sensibles del debate político bengalí.
La premisa de cuotas que garantizan el acceso a un trabajo bien remunerado y estable choca frontalmente con el Bangladés de la industria de bajo valor añadido diseñado en la década de los 80. En adición, los sectores beneficiados provocan reacciones alérgicas en las facciones conservadoras. El trato especial a los descendientes de excombatientes trae a colación el carácter nepótico y autoritario del la Liga Awami y sus equivalentes dirigidos a mujeres y minorías étnicas reabren complejos debates en un país cuya independencia se basa en el Islam y la cultura bengalí.
De este modo, la profundidad de las implicaciones de la medida atraen a los actores políticos cuyas posiciones se han visto mermadas por la omnipresencia de Sheikh Hasina en las instituciones estatales desde la crisis política de 2006. 18 años con Hasina al frente del país han desplazado irremediablemente el conflicto político a la sociedad civil, el cual ha encontrado en la juventud un público dispuesto a tomar partido activamente en el mismo.
Consecuentemente, las universidades se han perfilado como un campo de batalla ideal para las diversas fuerzas en pugna. Así, las tensiones han estallado cuando miembros de la Jubo League, la rama estudiantil de la Liga Awami, se han enfrentado a los estudiantes. Estudiantes entre los que se contabilizan integrantes de la Islami Chhatra Shibir (ICS) y Jathiotabadi Chhatra Dal (JCD), secciones estudiantiles del Jamaat-e-Islami Bangladés y el Partido Nacionalista de Bangladés (PNB) de Khaleda Zia, histórica rival de Hasina.
Descartadas las elecciones como mecanismo para la resolución de los conflictos, Bangladés se ha deslizado hacía la materialización de las divergencias estructurales entre proyectos de país mediante la violencia. Ha sido el cariz que han tomado las protestas lo que ha empujado al ejecutivo a recurrir ante la Corte Suprema la decisión del Tribunal Supremo. Esté ha dictaminado una reducción del sistema de cuotas hasta el 7% de todas las ofertas de empleo público. Sin embargo, dentro de este porcentaje el grueso de las reservas de plazas públicas siguen en manos de los herederos de los combatientes de la “Guerra de Liberación”.
48 horas de tregua ha sido el margen que la oposición ha dado a la primera ministra para implementar sus demandas. Estas, además de al sistema de cuotas, refieren a la liberación de los líderes de las manifestaciones, así como a la renuncia de los mandatarios más importantes del ejecutivo y de las instituciones universitarias. Dicha situación augura un inminente retorno a la violencia.
Hasina, reelegida en enero de este año, se enfrenta al mayor desafío a su poder. De las bocas de los manifestantes se escuchaba el siguiente grito: “abajo la dictadura”. El clamor de las protestas está adquiriendo tintes antigubernamentales. Esto, en un principio, no tiene por qué forzar su dimisión, ya que alimenta la narrativa legitimadora del gobierno.
El mencionado relato parte de la premisa de que Hasina y la Liga Awami son la principal garantía de estabilidad y bienestar frente a una oposición tendente al despotismo y el empleo de la violencia. Instrumentalizando el asesinato de su padre y el grueso de su familia, la primera ministra se presenta como la única opción plausible para mantener el crecimiento económico, controlar el islamismo y asegurar un equilibrio geopolítico entre grandes potencias.
Por tanto, este brote de violencia supone un cuestionamiento explícito de todo lo que pretende representar el legado de “Bangabandhu”. No obstante, que este resulte fructífero dependerá de tres factores: la receptividad de la opinión pública frente a los mensajes de la oposición, el estado de las relaciones entre el ejecutivo y las fuerzas armadas y la postura que adopte India ante la posibilidad de un cambio de gobierno.
Suscríbete y accede a los nuevos Artículos Exclusivos desde 3,99€
Si escoges nuestro plan DLG Premium anual tendrás también acceso a todos los seminarios de Descifrando la Guerra, incluyendo directos y grabaciones.
