La República Islámica de Irán se enfrenta a una profunda crisis cuyos orígenes se remontan a su propia fundación en 1979. Esta crisis se enmarca en un dilema inherente a todos los Estados contemporáneos: el nivel de participación social en la política que la clase dominante está dispuesta a aceptar a cambio de una mayor estabilidad social, aunque ello implique un reparto más amplio de la riqueza y del poder. No obstante, en Irán, esta inestabilidad ha adoptado una forma particular debido a las transformaciones que han ocurrido en el país durante el último cuarto de siglo. Específicamente, destaca la incapacidad de ninguna de las facciones políticas existentes para imponer los intereses del sector de la clase dominante que representan.
La presidencia de Ibrahim Raisi (2021-2024) ha intensificado estos dilemas. Es especialmente relevante la disminución del poder del sector clerical, desplazado en favor del estamento militar, así como la creciente desmovilización política de la sociedad iraní en los mecanismos de participación establecidos por la República Islámica. Con el fallecimiento de Raisi en mayo de 2024, se produce un trastorno significativo en la estrategia del espacio conservador, que tradicionalmente ha dominado la ejecución del poder estatal, ante la mencionada crisis y su intento de preservar el poder.
En ese complejo equilibrio de fuerzas dentro del Estado iraní, tanto el impulso reformista de Mohammad Jatami (1997-2005), la estrategia moderada de Hassan Rouhani (2013-2021) y la elección anterior de Mahmud Ahmadineyad (2005-2013) como reacción ultraconservadora son manifestaciones de una misma y creciente lucha dentro de la élite dominante en Irán. Las divergencias en esta contienda pueden entenderse como un intento de consolidar el control sobre el Estado, limitando la participación política de la sociedad iraní por un lado, y por otro, buscando una mayor democratización en el marco de la República Islámica.
En el contexto de la crisis que atraviesa Irán, la breve presidencia de Ibrahim Raisi siguió la línea de intentar consolidar el control estatal, adoptando una estrategia de expulsión y derribo del sector político más abierto. Esto ha contribuido a aumentar la enajenación de la población iraní respecto a su gobierno, con repercusiones sociales significativas: creciente malestar, protestas emergentes y disturbios sociales. Hasta ahora, estos conflictos no han escalado mayormente debido a que ningún sector insatisfecho de la clase política iraní ha asumido el liderazgo para enfrentar la situación, priorizando la estabilidad del Estado sobre el potencial escenario de incertidumbre que podría resultar.
La complejidad del Estado iraní
El Estado se presenta ante la sociedad como un actor neutral y árbitro en cuyo marco se resuelven las diferencias políticas y sociales. Esta característica es especialmente visible en la doctrina sobre la cual se fundamenta la República Islámica de Irán, centrada en la figura del Líder Supremo o Wilayat al-Faqh. Esta doctrina, propia del islam político chiita, defiende una íntima interrelación entre religión y política, donde los principios religiosos moldean la esfera política. La posición del Wilayat al-Faqh en Irán se sustenta en profundos conocimientos teológicos que supuestamente permiten resolver cualquier disputa de manera imparcial, buscando el bien común basado en la aplicación de la Shari’a y las enseñanzas del Corán.
Siendo así su figura el centro formal desde el cual el resto de la República Islámica ha de estructurarse y la base de esa aludida neutralidad con la que el Estado actúa ante la sociedad. Pero ello demanda también que el Estado iraní logre hallar los medios y mecanismos para representar y encuadrar las diversas demandas sociales que surgen desde dentro de la sociedad civil, bajo la forma de distintos movimientos de masas, para su legitimación.
De tal manera, mientras las diferencias en estos mecanismos de integración es una cuestión que varía según distintos sistemas políticos, y dentro de cada sistema político en función de un equilibrio de fuerzas concreto entre los representantes políticos de la clase dominante, el fundamento continúa idéntico: lograr establecer un vínculo con determinados sectores de la sociedad civil que sitúe a esa facción de la clase política iraní en cierta posición de fuerza desde la que acometer su propio programa político.
En el caso iraní, la estructura política se fundamenta en la limitación de la participación de la sociedad civil, justificada por la doctrina del Wilayat al-Faqih, lo cual presenta varios obstáculos para la integración de la sociedad civil en el Estado a través de la representación política.
En términos generales, se pueden distinguir dos posturas principales en cuanto a esta integración: por un lado, los sectores conservadores y neoconservadores, respaldados por instituciones religiosas, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC), y protegidos por las estructuras internas del Estado cuya elección de miembros no depende del voto popular; y por otro lado, los sectores moderados, especialmente los reformistas, quienes no cuestionan la noción de la República Islámica pero abogan por una mayor democratización. Dentro de estos últimos, hay facciones que incluso cuestionan tanto políticamente como teológicamente la figura del Líder Supremo como centro de poder.
Así, mientras el Estado asegura el orden islámico, paradójicamente solo puede lograrlo si establece ciertos vínculos con la sociedad para incorporarla a la actividad política. Aunque el Estado y la sociedad se mantienen diferenciados, esta separación no implica aislamiento. Más bien, conlleva una participación indirecta de movimientos sociales a través de diversas vías representativas. A pesar de las limitaciones en el Estado iraní, las facciones políticas no se dividen tanto por su aceptación o rechazo de ganar apoyo social y satisfacer las demandas políticas, sino por el grado y alcance del apoyo buscado.
Claro ejemplo de esto último es posible observarlo durante el mandato de Rouhani. El presidente moderado buscó reducir el creciente poder que la IRGC había venido acumulando durante los últimos lustros, apoyándose incluso en el Ayatolá Jamenei con ese fin. Aprovechando el espacio ofrecido por las negociaciones en torno al programa nuclear iraní con Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia, Rouhani denunció públicamente a la IRGC por malversación de fondos públicos y por desarrollar una actitud extremista, señalando además que su oposición a negociar con Occidente era el motivo de la situación de miseria económica que atravesaba Irán.
El dirigente iraní intentó generar una percepción negativa sobre la IRGC y dividirla internamente para ganar el apoyo de los sectores más moderados, favorables a los acuerdos nucleares y las negociaciones. Sin embargo, la IRGC presionó desde dentro del Estado contra Rouhani y rechazó mantenerse al margen de la política. En cambio, el cuerpo militar afirmó que se enfrentaría directamente a quienes intentaran provocar la anarquía. Así, la IRGC buscó contrarrestar la narrativa de Rouhani y movilizar a los sectores más leales a la República Islámica, acusando al entonces presidente de servir a intereses occidentales y descuidar las necesidades del país.
De esto se deduce que hoy en día, la hegemonía y el control de alguna facción dentro de la clase política sobre el aparato estatal no se puede medir exclusivamente por las posiciones que ocupan dentro de él. Esta hegemonía también se manifiesta de manera indirecta y como una garantía a medio y largo plazo mediante la capacidad de conectar demandas sociales específicas con sus propios intereses a través de un programa político determinado. En resumen, se trata de aplicar políticas que puedan movilizar a ciertos sectores sociales, presentándose como sus representantes y proporcionándoles dirección. Sin embargo, no siempre es posible ni deseable la incorporación o participación de estos espacios sociales.
En la relación entre el Estado y la sociedad, aunque el Estado necesite de la participación de la sociedad para satisfacer ciertas reivindicaciones, lo que realmente está en juego es el reparto de la riqueza que el Estado extrae y el acceso al poder político, que determina la dirección de dicho reparto y el sentido de las políticas a aplicar. Esa riqueza es limitada, y el disfrute del poder político también lo es. Dado que no es posible satisfacer a todos, la incorporación de nuevos sectores sociales al poder político implica una reducción del espacio político previamente ocupado, el cual está en constante fluctuación debido a las pugnas entre los diferentes sectores. Otra cuestión es que, independientemente de a quiénes beneficien las medidas aplicadas, estas se presenten como adoptadas en favor del bien común y general.
La cuestión persiste: la sociedad civil se organiza y reacciona ante el Estado, que a veces responde adoptando sus demandas. Esto puede reflejarse en la aprobación de políticas que satisfacen esas exigencias, pero también en su rechazo e incluso en la represión de movimientos sociales que el Estado o el sector político dominante perciben como desafiantes e incompatibles con el sistema político y los valores ideológico-culturales en los que se sustentan.
El Estado iraní proporciona numerosos ejemplos de represión contra diversos movimientos de protesta surgidos en los últimos años. Un caso reciente fue el de las protestas desencadenadas por el asesinato de Mahsa Amini en 2022, quien fue detenida por no llevar puesto el velo adecuadamente. Durante estas protestas, miles de manifestantes fueron arrestados por la policía iraní y cientos perdieron la vida. La severidad con la que el Estado respondió a las demandas de los manifestantes, que incluían una amplia reforma del Estado y mayor libertad en relación con las leyes religiosas, muestra cómo tradicionalmente tanto los sectores más conservadores como los moderados en Irán han enfrentado este tipo de manifestaciones.
La forma en que el Estado islámico interactúa con la sociedad iraní está arraigada en el ADN mismo de la República desde la caída del Sha. Dentro del Partido de la República Islámica surgieron dos tendencias: una orientada hacia el fortalecimiento del nuevo Estado y la conclusión del movimiento de masas que derrocó al Sha, y otra que, apoyándose en ese mismo movimiento, buscaba impulsar un Estado islámico con un contenido más parlamentario y extendiendo la revolución islámica más allá de las fronteras de Irán. Aunque la primera tendencia prevaleció, su dominio estuvo marcado por su propia diversidad interna.
El modelo político que surgió de esta victoria estuvo influenciado tanto por la incapacidad de derrotar completamente a la segunda tendencia, que controló los principales órganos elegidos por la sociedad iraní hasta la presidencia de Rafsanjani (1989-1997), como por el faccionalismo dentro de la misma clase política, ya que ninguna facción pudo imponer completamente sus posiciones y puntos de vista mientras el Estado se consolidaba.
Esta incapacidad de cualquier corriente para imponerse derivó en una especie de bicefalia dentro del Estado. Mientras las posiciones de poder efectivo tendían a ser mayoritariamente conservadoras, con algunas facciones moderadas, las que representaban la voluntad popular solían ser hegemonizadas por los reformistas. Con el tiempo, el Estado se consolidó y el movimiento de masas se disolvió progresivamente, principalmente debido a la represión. Esto permitió al espacio conservador reorganizar el Estado para limitar la influencia de la sociedad iraní en el proceso de toma de decisiones.
Sin profundizar demasiado en estos aspectos, es relevante señalar que a partir de esta estrategia: 1) el espacio conservador logró consolidar su control sobre el núcleo del Estado, pero vio debilitados sus lazos con la sociedad civil; 2) dentro de este mismo sector se produjo una primera división entre conservadores y moderados, estos últimos liderados por Rafsanyani, quien eventualmente se alineó con el espectro reformista para enfrentar a los conservadores; y 3) al finalizar la presidencia del reformista Jatamí en 2005 –marcada por el constante bloqueo de sus propuestas por parte de los conservadores en las instituciones dominadas por estos–, el espacio conservador inició una ofensiva para expulsar al reformismo, resultando en una segunda ruptura interna entre conservadores y neoconservadores.
Durante el segundo mandato de Ahmadineyad (2009-2013), esta ruptura permitió que la facción moderada recuperara ciertas posiciones en órganos no electos como el Consejo de Guardianes y la Asamblea de Discernimiento de Conveniencia del Sistema, que actúa como mediador entre la primera institución y la Asamblea Consultiva Islámica. Este cambio allanó el camino para que la facción moderada obtuviera la presidencia entre 2013 y 2021. Fue entonces cuando Ibrahim Raisi emergió como una figura de consenso entre el conservadurismo y el neoconservadurismo iraní.
El ascenso de Raisi y la encrucijada del sector conservador
Estrechamente vinculado a Jamenei, la trayectoria política de Raisi antes de postularse a la presidencia era relativamente limitada, concentrándose principalmente en el ámbito judicial. Ocupó diversos cargos significativos, como Fiscal General y Presidente de la Corte Suprema. Representante de una facción de la clase política iraní más inclinada hacia la estabilidad y el orden que hacia el fomento de la comunicación entre el Estado y la sociedad, Raisi es conocido por su papel en acontecimientos controvertidos. Se le atribuye el apodo de "Carnicero de Teherán", un título que adquirió tras su participación en un comité de acusación que sentenció a muerte a miles de manifestantes y opositores políticos durante las protestas y enfrentamientos armados impulsados por la organización Moyahedin-e Jalq entre 1986 y 1988.
Sin embargo, esto no representó un obstáculo para su elección presidencial. Con el electorado moderado y reformista ya significativamente desmotivado tras la presidencia de Hassan Rouhani, el Consejo de Guardianes –órgano encargado de verificar si los candidatos cumplen con los requisitos necesarios para postularse– se aseguró de que no surgieran competidores significativos contra Raisi. Los criterios de evaluación se modificaron unas semanas antes de los comicios y, de los 592 candidatos registrados, solo siete fueron aceptados. Entre estos, solo uno mantenía un perfil reformista, aunque con una influencia social muy limitada.
Por el contrario, entre los descalificados se encontraban figuras destacadas como el expresidente Rouhani, Ali Larijani, uno de los principales actores políticos de Irán, y el también expresidente conservador Ahmadineyad. Estas exclusiones evidencian cómo en periodos de crisis la pretensión del Estado de defender los intereses generales de la sociedad no es más que una ilusión. Bajo la apariencia de generalidad, lo que realmente prevalece son los intereses particulares de uno o varios grupos sociales que tienen la capacidad efectiva de imponer sus propia agenda.
Tal fue la imparcialidad con la que el Estado obró que los criterios aplicados llegaron a ser criticados incluso en el seno del propio Consejo de Guardianes y descritos como un ataque a los valores de las instituciones republicanas. Desde fuera, en el espacio reformista, se planteó un acalorado debate en torno a qué posición adoptar, optándose finalmente por no dar apoyo a ninguno de los candidatos elegidos. Una inédita forma de rechazo y cuestionamiento de la decisión del Consejo de Guardianes que es por sí sola sumamente ilustrativa y que ha de entenderse como reflejo directo de la creciente expulsión de los reformistas del aparato estatal. O, dicho de otra manera, como una reducción notable del ya limitado grado de democracia dentro del Estado.
A nivel social, los sectores conservadores se han encontrado con el desafío de mantener la fidelidad incluso de su electorado más leal y de implementar políticas que satisfagan a esta parte de la sociedad iraní. Por lo tanto, en la lógica en que se mueve todo Estado contemporáneo, si la clase conservadora iraní encuentra dificultades para mantener a su base social vinculada e integrada al Estado, resulta aún más complicado intentar –si es que existe la voluntad– incorporar a otros sectores más amplios y diversos de la sociedad.
En este sentido, resulta aún más notable cómo el descontento reformista hacia los candidatos seleccionados para las elecciones parlamentarias de 2024 llevó las críticas un paso más allá. Desde las facciones más radicales del reformismo se hizo un llamamiento al boicot electoral, lo cual establece un peligroso precedente para la estabilidad política inmediata de Irán. En cuanto a la participación electoral, los datos de las presidenciales de 2021 reflejaron esta creciente desconexión de la sociedad civil con el sistema político iraní, con una participación del apenas 41%, lo que representa 21 puntos porcentuales menos respecto a los comicios de 2016.
En cuanto a los resultados, debido a la censura del Consejo de los Guardianes sobre los candidatos reformistas y algunos moderados, así como al llamamiento a no votar, de los 290 escaños disponibles, 233 fueron obtenidos sin sorpresa alguna por candidatos del campo conservador y ultraconservador. Esto aseguró una amplia mayoría conservadora para la nueva legislatura que, en caso de tener que coexistir con un presidente reformista o moderado, podría resultar en sucesivos bloqueos a las propuestas impulsadas desde la presidencia.
A pesar de que los resultados parlamentarios refuerzan el control conservador sobre las instituciones estatales, reduciendo la representatividad social, es fundamental entender esta estrategia del campo conservador como una maniobra que implica un sacrificio necesario para asegurar su permanencia en el poder ante la posibilidad de que los reformistas o moderados puedan eventualmente desplazarlos. El contexto político en Irán es especialmente crítico en este momento debido a la inminente sucesión de Jamenei. Por lo tanto, para los conservadores es crucial asegurar y consolidar sus posiciones dentro del Estado para facilitar un traspaso de poderes pacífico y fluido al próximo Gran Ayatolá. En este escenario, la figura de Raisi emergía como una expresión de consenso entre los conservadores y neoconservadores, desempeñando un papel clave en la continuidad de esta influencia política.
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