Colombia atraviesa una creciente espiral de violencia en el Catatumbo. El departamento de Norte de Santander está siendo escenario de feroces combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente 33 del Estado Mayor Central (EMC) –una de las principales disidencias de las FARC– y las fuerzas armadas colombianas. Entre la niebla de guerra asoman las siguientes cifras: un baremo de entre 60 y 80 fallecidos y entre 10.000 y 40.000 desplazados. Además, se reporta que 104 miembros de las disidencias de las FARC se habrían entregado al gobierno.
Consecuentemente, el despliegue militar está siendo intensificado con el envío de piezas de artillería y fuerzas aéreas. Paralelamente, la administración del presidente Gustavo Petro ha decretado el estado de excepción en gran parte de Norte de Santander, así como en una parte del vecino departamento de César. Mientras fluyen los informes acerca del suministro de ayuda humanitaria y del recrudecimiento de los combates en escaramuzas que incluirían el empleo de blindados y obuses, la violencia del Catatumbo surte efecto fuera de sus límites geográficos.
La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana sobre los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca. ¿El motivo? Las elevadas posibilidades de que el conflicto se extienda a esas regiones, en lo que supondría una guerra civil dentro del EMC entre las facciones de Calarcá –proclive a los acuerdos de paz con el Estado colombiano– y de Iván Mordisco, quien apuesta por la ruptura de las negociaciones con Bogotá.
De igual modo, se esperan serías repercusiones en regiones donde el Ejército de Liberación Nacional tiene la hegemonía o lucha por esta. Sobre la región paisa y el Caribe colombiano pesa la duda de cómo afectará la guerra en el Catatumbo a la disputa entre esta organización con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Con respecto al departamento de Arauca y a la triple frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil, se auguran nuevas ofensivas con el objeto de ocupar el vacío dejado por la implosión de la Segunda Marquetalia.
La Paz Total de Gustavo Petro parece ya enterrada. En su sustitución está aflorando una nueva narrativa en la que, desde sectores uribistas, se apunta a Venezuela como el origen y causa de la inseguridad. El despliegue militar venezolano en la frontera con Colombia, los vínculos entre Nicolás Maduro y el Comando Central del ELN, los 2.900.000 inmigrantes venezolanos y la sombra del Tren de Aragua son factores que impulsan este cambio discursivo. Quedará por ver si esto se traduce en cambios en las urnas en 2026.
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