El 16 de junio de 2024, miembros de la familia de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, sufrieron un atentado por parte de integrantes de la organización Estado Mayor Central, una disidencia de las FARC. El incidente, que no provocó muertos ni heridos, pone nuevamente en relieve la cuestión securitaria al venir acompañado de una remarcable escalada de violencia en el país. La agresión representa un cuestionamiento íntegro de la estrategia de Gustavo Petro de “Paz Total”, ya que Márquez es una figura clave en su implementación.
Dicho enfoque significó la apuesta por la concertación de altos al fuego con las facciones armadas dispuestas a la negociación. Sin embargo, ello no ha afectado negativamente a la expansión de la circulación de flujos de capital delictivo. El panorama criminal colombiano ha interactuado con los planteamientos de Petro, impulsando la diversificación de las actividades ilícitas, especialmente la minería ilegal y el tráfico de migrantes, y reorganizando la cadena de producción de la cocaína.
Como consecuencia, las acciones armadas registradas por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios han aumentado un 13,8% con respecto al mismo período del año 2023. La actual coyuntura del sempiterno conflicto colombiano tiene cuatro grandes protagonistas: el Estado Mayor Central (EMC), la Segunda Marquetalia (SM), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
La primera organización delictiva, protagonista del atentado, se halla en pleno proceso de expansión desde la Amazonía colombiana en dirección a los principales focos de exportación de narcóticos. Bajo la comandancia de Néstor Vera Fernández “Iván Mordisco”, el EMC ha consolidado su posición en la frontera con Venezuela, el Caribe y el Pacífico colombiano. Precisamente es en este último escenario en el que los choques armados se han manifestado con mayor virulencia.
El vacío de poder generado por el derrumbe de los cárteles de Cali y el Norte del Valle creó alrededor del estratégico puerto de Buenaventura un tejido pandillero que se alimenta tanto de la marginalidad social adscrita a la comunidad afrocolombiana como de la fusión de conflicto político y narcotráfico. Por consiguiente, la fragmentación criminal del suroccidente del país ha atraído a actores de todo el ámbito nacional.
Valle del Cauca y Cauca, por su ubicación estratégica, están sintiendo la expansión del EMC, sindicato del crimen cuya adhesión a la “Paz Total” amenaza con reactivar los mecanismos que llevaron a su escisión original al darse en un escenario altamente competitivo. Ello está generando un clima de incertidumbre y división que, a su vez, propicia un actuar más virulento y volátil. No obstante, sus perspectivas siguen resultando más halagüeñas que las de sus competidores del mismo espectro ideológico.
Inmersos en negociaciones con el gobierno, el ELN, convertido ya en una guerrilla binacional, se enfrenta a dos dilemas simultáneos: la no consecución de la hegemonía en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Bolívar; contrastados con su imparable expansión en Venezuela y la falta de asentamiento del poder del Comando Central (COCE) dentro de una estructura cada vez más horizontal. Por este motivo, se duda significativamente de la capacidad de los dirigentes estatales y guerrilleros de obtener una desmovilización efectiva.
También disidentes de las FARC, la Segunda Marquetalia tantea el terreno de unas eventuales negociaciones con el Estado. Con buena parte de su cúpula directiva original muerta o supuestamente fallecida –como es el caso del máximo líder, Luciano Marín “Iván Márquez”– y en una posición defensiva en los departamentos productores de coca de Putumayo y Caquetá, se acrecientan las voces que instan a una salida pacífica del conflicto en vista a un descenso de su influencia sobre las economías ilegales del país.
Finalmente, las AGC, hegemónicas en el Caribe y dueñas de la frontera entre Colombia y Panamá, parecen realizar una lectura pragmática de la coyuntura. Obligados a defenderse del avance del ELN en sus históricos feudos de Antioquia, Chocó, Bolívar y Norte de Santander, concentraron sus fuerzas en la reestructuración interna tras la captura de su líder: Dairo Antonio Úsuga “Otoniel”. Manteniendo una postura equidistante del proceso pacificador impulsado por la administración de Petro, las AGC dan indicios de apostar por una expansión de su territorio a expensas de sus competidores que se hallan sentados en la mesa de negociación.
Suscríbete y accede a los nuevos Artículos Exclusivos desde 3,99€
Si escoges nuestro plan DLG Premium anual tendrás también acceso a todos los seminarios de Descifrando la Guerra, incluyendo directos y grabaciones.
