El memorándum de entendimiento firmado entre la Unión Europea y Túnez en 2023 se presentó como un acuerdo novedoso, destinado a vincular la gestión migratoria con un programa más amplio de reformas económicas de largo plazo.
Sin embargo, el pacto no ha logrado materializar ese objetivo y, lejos de reforzar la proyección de poder blando de la Unión Europea en el Mediterráneo, ha contribuido a deteriorarla. A ello se suman las denuncias de abusos de derechos humanos y el maltrato sistemático hacia migrantes subsaharianos en Túnez, que ponen en entredicho la eficacia y la legitimidad de la estrategia seguida por Bruselas.
Túnez, un dudoso tercer país seguro
En julio de 2023 la Unión Europea y Túnez firmaban un memorándum de entendimiento conformado por cinco pilares, de los cuales el relativo a la migración y la movilidad se postulaba como el más relevante.
El pacto incluía 150 millones de euros en ayuda presupuestaria directa; otros 105 millones de euros en apoyo al control de fronteras y la guardia costera tunecina; y, finalmente, un paquete de 900 millones de euros bajo el marco –y condicionado a la aceptación de– un pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las reformas que este proponía.
Este movimiento generó críticas e incomprensión en el seno de la Unión Europea. El malestar no solo venía por la percepción de que se trataba de un acuerdo ejecutado por la Comisión, en estrecha colaboración con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, y a hurtadillas del Consejo y el Parlamento Europeo, sino también porque se consideraba un premio inmerecido al giro autoritario iniciado en julio de 2021 por el presidente tunecino Kaïs Saied.
Aún más: el pacto migratorio se firmaba pocos meses después de que, en febrero de 2023, el presidente Saied afirmara que “hordas de migrantes ilegales” estaban llegando al país, bajo el marco de un plan criminal para cambiar la demografía nacional, despojarla de su identidad árabe y convertir a Túnez en “un país africano más”.
Constituyendo una asunción pública de la ultraderechista “Teoría del Gran Reemplazo” –en su versión tunecina o, más generalmente, árabe–, las declaraciones derivaron en una ola de violencia hacia los migrantes subsaharianos que se encontraban en Túnez. La tensión se mantuvo en los meses posteriores: a las palizas y humillaciones llevadas a cabo por parte de la población tunecina se sumaba la ejecución de deportaciones forzosas a cargo de las fuerzas de seguridad.
Tan solo 10 días después de la firma del pacto, el hallazgo de cinco cuerpos sin vida en la desértica frontera entre Túnez y Libia –fruto de las deportaciones ilegales– confirmaba los peores pronósticos de las voces más críticas con el acuerdo. Posteriormente, en septiembre de 2023, Túnez hizo gala de su control fronterizo al negar, precisamente, la entrada a un grupo de eurodiputados de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo que acudían en visita oficial.
Desde entonces no han hecho más que proliferar los informes sobre abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y de control de fronteras tunecinas, así como el maltrato generalizado al que se encuentran sometidos los migrantes subsaharianos que transitan o residen en Túnez.
Hostilidades y racismo
El clima de hostilidad abarca y se infiltra hasta en los aspectos más cotidianos de la vida de los migrantes. Así, se reportan casos de taxistas que se niegan a ofrecer sus servicios a subsaharianos; o la imposición de “alquileres” sobre la sombra de los olivos bajo los cuales los desplazados se ven obligados a refugiarse. Las redes sociales han sido uno de los principales caldos de cultivo para que la retórica racista y xenófoba oficialista cale en ciertos sectores de la sociedad tunecina.
La aceptación de estas narrativas conspirativas ha llevado a ciertos usuarios a seguir activamente los registros de nacimientos en los hospitales de la ciudad de Sfax –uno de los principales nudos migratorios norteafricanos–, en búsqueda de cualquier tendencia que confirme la voluntad de las poblaciones migrantes subsaharianas de impulsar un abrupto cambio demográfico en el país.
También las personas que tratan de ayudar –mediante su trabajo en las oenegés que operan sobre el terreno– a la población migrada en el país han sido víctimas de campañas cibernéticas de difusión de datos personales.
En mayo de 2024, el propio Saied calificó públicamente a quienes trabajan en estas organizaciones de traidores y agentes externos. En el último año, las fuerzas de seguridad tunecinas han hecho redadas en al menos tres oenegés, detenido a tres trabajadoras, y abierto investigaciones criminales a varias decenas de cooperantes más.
El culmen de este ciclo de violencia son las ya mencionadas deportaciones forzosas –que en ocasiones se aplican también a migrantes regulares, principalmente estudiantes– a las fronteras estatales con Libia y Argelia. En estas zonas desérticas, los migrantes, frecuentemente sin agua ni comida y a enormes distancias de los núcleos poblacionales, enfrentan la posibilidad de morir.
Por si esto fuera poco, los testimonios recogidos por varios medios apuntan a que el proceso viene acompañado de torturas, palizas y robos. Según datos recopilados entre septiembre y octubre de 2023, y publicados por Refugees International, un 86% de los migrantes subsaharianos deportados ilegalmente declaraban haber sufrido violencia física. De estos, un 85% afirmaba que esta violencia había sido perpetrada por las fuerzas de seguridad estatales.
La realidad empeora aún más para la población femenina. Y es que los espeluznantes testimonios hablan de violaciones grupales sistemáticas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad. Concretamente, varias mujeres apuntan a la Guardia Nacional. En otros casos, son cometidas por bandidos que esperan en el lugar donde se deja a las migrantes deportadas. Según el testimonio, estos delincuentes aprovechan también para robar sus pocos objetos de valor.
La duda sobre cómo estos delincuentes saben de antemano el punto exacto en el que se producirá el abandono de las migrantes nos lleva a la cuestión de la presunta colaboración entre las fuerzas de seguridad tunecinas y los varios grupos criminales que operan en el territorio. Hablamos principalmente de los traficantes de migrantes, es decir, aquellas personas que procuran los medios necesarios a las personas en tránsito para cruzar ilegalmente las fronteras estatales a cambio de un beneficio material o económico.
En el marco tunecino se reportan varias prácticas colaborativas. Estas suponen un intercambio de información constante entre estas redes criminales y las fuerzas de seguridad. En algunos casos son los traficantes de migrantes los que pagan, por ejemplo, a la guardia costera para obtener datos sobre los patrones de patrulla.
En otros, son los propios traficantes quienes alertan a la guardia costera sobre próximas salidas al mar, lo que permite a estas interceptarlas y lucrarse con la incautación de las pertenencias de los migrantes. En estas circunstancias, las personas migrantes suelen cargar con todos sus bienes, lo que les sitúa en una situación aún más vulnerable tras el robo.
Otras prácticas consisten en el pago de sumas de dinero a las fuerzas de seguridad para que estas devuelvan las embarcaciones incautadas a los traficantes. Esto implica situaciones inverosímiles en las que la misma embarcación es incautada varias veces.
Además, un reciente informe de enero de 2025 advierte de la venta de seres humanos por parte de los cuerpos policiales y militares de Túnez a traficantes de personas libios en la frontera entre ambos países, conducta que constituye un crimen de Estado según el derecho internacional.
El tráfico de personas es conceptualmente distinto del tráfico de migrantes, considerándose este la prestación de un servicio de forma consensuada, y aquel una captación y explotación bajo engaño, coacción y/o violencia. Sin embargo, en las experiencias reales de la población migrante la línea se suele difuminar y/o involucrar ambas prácticas.
La promoción de la narrativa racista y sus evidentes consecuencias en el terreno le han valido a Saied la condena de la Unión Africana (UA), e incluso supusieron un parón temporal de sus conversaciones en el Banco Mundial. También ha resultado en el malestar de varios Estados subsaharianos como Costa de Marfil o Guinea, entre otros, que han organizado vuelos para permitir la vuelta de sus ciudadanos de lo que algunos califican el infierno de Túnez.
Acuerdos y desacuerdos entre Bruselas y Túnez
Sin embargo, esta situación no ha sido impedimento para la ampliación de la colaboración entre la Unión Europea y el país norteafricano en materia migratoria. Más bien al contrario: el memorándum de entendimiento ha sido promocionado como un novedoso modelo para posteriores acuerdos similares, como los firmados con Mauritania y Egipto, ambos en marzo de 2024.
El elemento novedoso de esta perspectiva capitaneada por Meloni consistiría en la ligazón de la cuestión migratoria con reformas y préstamos vinculados a la mejora de la economía tunecina a largo plazo. Esta mejora económica, a su vez, contribuiría a reducir el número de llegadas a las costas europeas. En las condiciones del acuerdo, este componente se traduciría en el paquete de 900 millones de euros condicionados a las reformas propuestas por el FMI.
El problema es que Saied, pese a la acuciante deuda externa que asfixia la economía nacional, ha insistido en desvincular la cuestión del acuerdo con el FMI del resto de disposiciones del memorándum de entendimiento.
La aceptación de las propuestas del FMI puede acarrear malestar social y resulta incompatible con su narrativa outsider que atribuye los males del país a una élite completamente sometida a Occidente. Este pulso entre la Unión Europeo y el gobierno tunecino quedó reflejado en la devolución, en octubre de 2023, de un fondo europeo de 60 millones de euros por parte de Túnez.
La Unión Europea cedió. Quizás contribuyó a ello un repentino incremento de las llegadas irregulares a Lampedusa –isla italiana a poco más de 100 kilómetros de la costa tunecina– en septiembre de 2023, justo cuando se estaban produciendo las negociaciones.
Sea como fuere, los 150 millones en ayuda presupuestaria directa se desembolsaron en marzo de 2024; y para agosto de 2024 ya se habían contratado 53 de los 105 millones de euros previstos en apoyo al control de fronteras. Los pagos se realizaron en medio de críticas que señalaban su contradicción con los requisitos establecidos en 2021, destinados a garantizar que el empleo de los fondos de la Unión se ajuste al respeto de los derechos humanos.
Pese a ser inicialmente negado por Bruselas, un informe filtrado de diciembre de 2023 confirma que parte de los fondos han sido destinados a la Guardia Nacional tunecina. La controversia motivó una carta de la entonces Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly. Las presiones no han conducido a un cambio de perspectiva por parte del club comunitario.
Al contrario. En abril de 2025, la Unión Europea incluyó a Túnez en la lista de “países de origen seguros”. Esta clasificación parte de la presunción de que las solicitudes de asilo presentadas por nacionales de dichos países carecen, en su mayoría, de fundamento. Esto permite tramitarlas mediante procesos acelerados, facilitando su rechazo.
Es cierto que la medida solo afectará a las peticiones de los nacionales tunecinos, siendo los brotes de violencia y maltrato principalmente dirigidos contra la población subsahariana. Aun así, la inclusión de Túnez en esta lista revela una profunda desconexión de la realidad sobre el terreno, blanquea la mala praxis en materia migratoria de las autoridades tunecinas e ignora la dura represión a la que se enfrenta la oposición política en el país.
Un nodo migratorio en el norte de África
Conociendo la situación actual, sorprende que un informe del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores de una fecha tan reciente como 2021 no considerara la cuestión migratoria una prioridad del gobierno ni un tema relevante en el debate público tunecino. ¿Qué ha cambiado?
Históricamente, Túnez ha sido un país de origen más que de tránsito o destino. Esta realidad empezó a cambiar con el advenimiento de la primavera árabe en 2011. El momentum democrático y la necesidad de mano de obra supusieron una aplicación más permisiva de la política migratoria: una implementación más laxa de la Ley 2004-06 –remanente de la época de Zine el-Abidine Ben Ali–, o exenciones de visas para nacionales de varios países subsaharianos incrementaron su atractivo como país de destino.
Sin embargo, este proceso no ha cristalizado en reformas legislativas sustanciales. La Ley 2004-06 continúa vigente, y desde 2018 –pese a las presiones ejercidas por la Unión Europea– el proyecto de ley de asilo permanece estancado.
En este contexto, ha prevalecido una perspectiva adhocrática, basada en la ambigüedad y la flexibilidad, que proyecta una apariencia de mejora en los derechos de las personas migrantes, al tiempo que busca modular la política migratoria en función de las necesidades coyunturales.
La crisis migratoria de 2015 fue otro punto de inflexión. El consecuente y controvertido pacto migratorio entre la Unión Europea y Turquía de 2016 alivió la presión de la ruta migratoria del Mediterráneo oriental, incrementando por tanto los flujos de otros itinerarios.
Este fue el caso de la ruta del Mediterráneo central, cuyos puntos de salida son Túnez y Libia principalmente. El acuerdo entre Libia e Italia de 2017 –respaldado por Bruselas y que buscó reconvertir a los traficantes de migrantes en guardias costeros– incrementó el tránsito en Túnez. A ello hay que sumar la crisis económica que sigue golpeando al país norteafricano.
La pandemia tuvo desastrosos efectos en un país muy dependiente del turismo; asimismo, la guerra ruso-ucraniana dificultó, por ejemplo, la importación de fertilizante ruso. Esto tuvo un doble efecto: gran parte de los migrantes residentes en el país perdieron sus trabajos en la economía informal, y algunos segmentos de la pauperizada población tunecina –también los integrantes de las fuerzas de seguridad– vieron una salida en la industria del tráfico de migrantes.
Italia es el principal destino de la ruta del Mediterráneo central. Aunque el total de llegadas a sus costas ha aumentado, la migración tunecina por esta vía se ha mantenido estable –incluso descendido–, lo que refuerza el papel de Túnez como país de tránsito.
También es necesario considerar los años de inestabilidad política en Libia. Esta situación ha incentivado la migración hacia la vecina Túnez. Con todo, la población libia, al ser percibida como árabe, no sufre los mismos niveles de discriminación que la subsahariana. Asimismo, el estancamiento de la guerra civil libia hizo de Túnez una opción más atractiva para los traficantes de migrantes, dado que en Libia dicha actividad se encuentra ampliamente controlada por las milicias.
Para 2023, año en que se produce un pico en las llegadas irregulares a Italia por mar desde Túnez –97.300 migrantes, más de un 60% del total–, el cóctel estaba servido. Con sede en la costera Sfax, extendiéndose por Jebiniana y hasta Chebba, y con ramificaciones en la norteña ciudad de Monastir y la sureña Zarzis, se había conformado un gran ecosistema migratorio.
Libia y Túnez son los principales puntos de salida en la ruta del Mediterráneo central. Tras el repunte de embarcaciones desde territorio tunecino en 2023, los flujos han disminuido en los años posteriores debido a la acción de sus autoridades y a la presión de Bruselas. La actividad de este nodo –que abarca desde los traficantes hasta la industria de confección de barcos metálicos para los cruces– se estimó que en 2023 alcanzó un valor de alrededor de 300 millones de euros.
La respuesta del gobierno de Saied ha sido errática y cambiante. En plena negociación con la Unión Europea, se cambiaron las deportaciones forzosas por el desplazamiento de la población migrante a puntos calientes de salida al mar. Esto puede servir bien para incrementar la presión sobre islas como Lampedusa, o bien para forzar un aumento del número de intercepciones en el mar que pruebe la efectividad del acuerdo.
Después llegaron los arrestos de traficantes a través de campañas impulsadas desde la capital. Pero estas son difíciles de sostener en el tiempo –especialmente dada la ya mencionada participación de las propias fuerzas de seguridad de la zona en las prácticas–, dejando entrever la fragilidad de las estructuras estatales tunecinas.
Otra de las soluciones predilectas para las autoridades estatales es la aceptación, por parte de los migrantes, de los llamados programas de ‘retornos voluntarios’ a sus países de origen. La participación en los mismos ha sufrido una drástica tendencia al alza. No obstante, las arduas condiciones de vida impuestas sobre las poblaciones desplazadas en Túnez ponen en cuestión la verdadera voluntariedad de estas decisiones.
Así, esta respuesta ha venido marcada por la naturaleza ampliamente contradictoria de la cuestión migratoria para el oficialismo tunecino. Si por un lado es un chivo expiatorio para la mala situación económica del país; por otro es una evidente herramienta de presión sobre la Unión Europea –granjeándole visitas oficiales y acuerdos que legitiman su giro autoritario–; y, aún más, un medio de vida para ciertos sectores poblacionales afectados por la crisis financiera.
La perspectiva europea
La Unión Europea lleva años cooperando financieramente en materia migratoria con Túnez. La crisis migratoria vivida en el país norteafricano plantea serias dudas sobre la eficacia de la perspectiva europea, centrada en la seguridad y la externalización o, como dijera el ex Alto Representante, Josep Borrell, la preservación del “jardín europeo”.
Esta perspectiva no ataca los problemas de fondo –el empeoramiento de las condiciones de vida en una región particularmente sensible al cambio climático, o la inestabilidad política en el Sahel, entre otros–, sino que simplemente exporta la cuestión migratoria a terceros países con estructuras estatales menos desarrolladas.
La contradicción de querer tejer alianzas estratégicas con ciertos Estados norteafricanos –también Egipto, Marruecos e incluso Mauritania– a la vez que se los percibe como zonas de amortiguación contra la migración irregular se evidencia en el hecho de que el grueso de las relaciones bilaterales pasa a estar atravesado por el prisma migratorio.
Este opaca y se prioriza a otras áreas de cooperación, como es evidente en el caso de Túnez, donde la seguridad de las fronteras ha silenciado las críticas al retroceso democrático en el país. Por otro lado, la perspectiva de seguridad es limitada al no entender la organicidad del fenómeno.
El tráfico de migrantes no solo opera a través de carteles transnacionales, sino también como una red local de provisión de servicios arraigada en la cotidianidad y economía de la región. El ecosistema migratorio es sofisticado: se usan métodos de pago que necesitan de estructuras asentadas y fiables; los precios fluctúan dependiendo de la época del año, el tipo de embarcación, etcétera.
Por tanto, presenta una flexibilidad y una infiltración –también, como hemos visto, en las fuerzas de seguridad– difícilmente aplacable desde estas coordenadas. Prueba de ello es que más que aplacar los cruces ilegales, la implementación de políticas de seguridad tiende a encarecer y aumentar los peligros de los servicios ofrecidos por los traficantes de migrantes.
Suscríbete y accede a los nuevos Artículos Exclusivos desde 3,99€
Si escoges nuestro plan DLG Premium anual tendrás también acceso a todos los seminarios de Descifrando la Guerra, incluyendo directos y grabaciones.
