La Unión Europea y Túnez han firmado un preacuerdo que dota con 300 millones de euros, según la nota de prensa europea, al país norteafricano para impulsar cinco pilares: conexión entre personas, desarrollo económico, inversión y comercio, energías renovables y migración. El autodenominado Equipo de Europa, conformado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro holandés, Mark Rutte, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ya se había reunido en junio con el dirigente tunecino para ofrecer hasta mil millones en ayudas para contener la migración ilegal.
Por aquel entonces el acuerdo propuesto por el Equipo de Europa pretendía destinar 900 millones de euros, además de 150 millones adicionales en apoyo presupuestario para el país norteafricano. Sin embargo, para recibirlo, el gobierno tunecino tendría que negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la concesión de un préstamo de 1.900 millones de dólares a los que el presidente Said se negó –pese a estar al borde de la bancarrota– afirmando no era ningún “guardián de fronteras” de Europa. Se estima que solo en 2023 hasta 70.000 migrantes han desembarcado en Italia a través de Túnez.
En esta ocasión, el Equipo de Europa ha logrado un acuerdo “de asociación estratégica” para, entre otras cosas, combatir a las mafias ilegales que capitanean el tráfico de seres humanos. Un portavoz del presidente holandés lo dejaba claro con la siguiente declaración recogida por la agencia EFE: “Se ha acordado que Túnez protegerá mejor sus fronteras y abordará el tráfico de personas a cambio de inversiones de Bruselas”. La mitad del total, 150 millones de euros, serán exclusivamente para combatir a los traficantes de seres humanos, mientras que el saldo restante será gestionado por el gobierno tunecino en sus presupuestos.
El acuerdo ha sido controvertido porque el presidente tunecino en marzo de este mismo año tuvo que hacer frente a ola de protestas y al rechazo de la Unión Africana tras culpabilizar a los migrantes subsaharianos de propagar la delincuencia y ser parte de un un “plan criminal dirigido a alterar la composición demográfica de Túnez para transformarlo en un simple país africano sin vinculación con el mundo árabe”.
Aunque la Unión Europea asegura que “la gestión tiene que ser siempre desarrollada en el completo respeto del derecho internacional y de los derechos humanos”, numerosas oenegés, como Sea-Watch International, rechazan el principio de acuerdo alcanzado con un país que en repetidas ocasiones ha vulnerado los derechos humanos en su trato con las personas migrantes.
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