La situación securitaria en el Sahel atraviesa uno de sus momentos más delicados. Los distintos grupos armados presentes en Malí –entre ellos movimientos independentistas tuareg y organizaciones yihadistas– se han expandido en los últimos años hasta controlar casi un tercio del territorio.
En este contexto de dominio territorial, estos grupos han comenzado a cercar las principales ciudades, dificultando la capacidad de maniobra del ejército maliense. En su último movimiento, la capital, Bamako, está siendo objeto de un duro bloqueo que deja especialmente vulnerable el centro político del país.
La junta militar, debilitada
El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), filial de Al Qaeda en el Sahel, que ha comenzado este bloqueo, no pretende tomar militarmente Bamako, ya que no dispone todavía de la capacidades para realizar un movimiento tan arriesgado como es entrar en combate urbano. El ejército cuenta en la capital con su principal contingente y armamento pesado con el que podría repelar cualquier intentona.
Sin embargo, la presión desde fuera permite al JNIM hacer sentir su presencia y mandar un mensaje a la población, debilitando a la junta militar, que tomó el poder en 2020 y no ha sido capaz de resolver el problema de seguridad, su principal promesa tras el golpe de Estado. Así, el fantasma de un contragolpe en la capital siempre está presente, mientras la desconfianza crece entre las filas del ejército.
De hecho, el pasado mes de octubre, el gobierno maliense destituyó a 11 militares de alto rango que llevaban detenidos desde agosto por un presunto complot golpista, entre ellos dos generales. Esta medida pone de manifiesto los esfuerzos de la junta por consolidar su control sobre las fuerzas de seguridad, al tiempo que aumenta la desconfianza entre el gobierno y determinados círculos militares.
Mientras tanto, el presidente Assimi Goïta destituyó el 22 de octubre al subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, al jefe de seguridad militar y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres. En medio de esta creciente tensión interna, el asedio del JNIM agrava aún más el panorama. Ya en septiembre de 2024, el grupo yihadista llevó a cabo una incursión contra Bamako en la que atacó un cuartel general y el aeropuerto.
El movimiento fue repelido por las fuerzas de seguridad, pero el JNIM mandaba un claro mensaje: está cerca de la capital y la tiene en su punto de mira. Ahora se atreven a ir todavía más lejos, con una estrategia de bloqueo que está asfixiando a Bamako al no permitir la entrada de combustibles ni otros materiales y atacando a los convoyes que se dirigen a la urbe.
Previamente, el gobierno había prohibido la venta de combustibles a pequeña escala en las áreas rurales, excepto en las estaciones de servicio oficiales. Esta medida tenía como objetivo reducir la movilidad de los grupos armados, cuyo principal componente es una infantería ligera movida por motocicletas como medio de transporte.
Los yihadistas asedian Bamako
El bloqueo de Bamako dio comienzo en septiembre de 2025 sobre las ciudades de Nioro y Kayes, en la parte occidental del país. El JNIM acusaba a la población de colaborar con las fuerzas gubernamentales.
El éxito de esta operación animó al grupo yihadista a expandir su estrategia, comenzando el asedio sobre Bamako. Se trata de un bloqueo selectivo, principalmente sobre el combustible por ser esencial para las operaciones del ejército maliense, pero se permite la entrada de otras mercancías y el movimiento de personas bajo ciertas reglas, como la segregación de hombres y mujeres en el transporte público.
El JNIM no controla físicamente las carreteras, pero debido a su enorme movilidad, es capaz de atacar con gran rapidez y flexibilidad cualquier ruta, lo suficiente para generar esta situación de bloqueo. Mientras, el ejército necesita organizar convoyes mucho más grandes con una logística más complicada para proteger sus vías, por lo que solo puede concentrarse en unos pocos puntos.
El principal problema que tiene Malí es que es un país sin acceso al mar y depende totalmente de las rutas terrestres a Senegal y Costa de Marfil, sus principales socios comerciales, para importar suministros. Esto ha facilitado especialmente que el JNIM concentre sus esfuerzos en esas rutas, colocando a la junta militar en una posición extremadamente difícil.
En particular, el 17 de octubre, el JNIM incendió un convoy de unos 50 camiones cisterna procedentes de Costa de Marfil en la región de Sikasso, al sur del país, y el 28 de octubre atacó otro importante convoy cerca de Bamako. A pesar de que el gobierno ha intentado proteger los suministros, el desabastecimiento y los apagones no se han hecho esperar.
Asimismo, la vigilancia de las rutas es complicada por la propia disposición de terreno, ya que son áreas muy extensas y fuera de la presencia estatal, lo que favorece la táctica de guerra de guerrillas. El JNIM tan solo tiene que realizar ataques de hit and run para paralizar un convoy entero y obligar al ejército maliense a dividir sus fuerzas.
Por esta razón, el ejército y los mercenarios rusos del Africa Corps están concentrando sus operaciones en la carretera que lleva a Costa de Marfil, porque es la vía más corta para acceder a un Estado costero. Si bien el puerto de Dakar en Senegal es con el que más relaciones comerciales tiene Malí, la carretera es demasiado extensa y complicada para asegurarla en el tiempo.
También hay que tener en cuenta que el ejército maliense se encuentra en desventaja por falta de equipamiento y efectivos para controlar un territorio tan amplio y que se mueve con mayor lentitud que los grupos armados. En definitiva, el objetivo de actores como el JNIM es asfixiar a la capital para que el gobierno colapse desde dentro.
La situación se complica en Bamako
En las ciudades se concentra el mayor apoyo a las juntas militares del Sahel y, si la población empieza a pasar necesidades, existe la posibilidad de que termine volviéndose contra el mismo gobierno al que un día respaldó.
Pese a la creciente militarización del país, la presencia del JNIM no ha hecho más que fortalecerse y expandirse, en parte gracias a los recursos que obtiene del contrabando, los impuestos al narcotráfico y la minería de oro, respaldando en las zonas rurales la minería artesanal que la junta militar ha prohibido.
En la capital viven en torno a tres millones de personas. La escasez de combustible está siendo uno de los golpes más duros para la ciudad, ya que resulta esencial no solo para el transporte, sino también para numerosas actividades económicas. Desde el inicio del bloqueo, apenas han llegado a Bamako unos 200 camiones cisterna a la semana, frente a los 1.000 habituales.
El asedio ha provocado una escasez de combustible sin precedentes en la capital, pero también esta teniendo un efecto cascado sobre otras ciudades del sur y el oeste del país.
Debido a las deficiencias de la red eléctrica maliense, una parte importante de la vida en la capital se sostiene a través de generadores que necesitan de combustible. El gobierno ha tenido que suspender las clases en las escuelas y la universidad, se ha tenido que ralentizar la actividad económica y se ha aumentado considerablemente el precio del transporte. Bamako parece cada vez más una ciudad fantasma.
La población ha empezado a acumular suministros básicos ante el temor de que la situación siga empeorando y provoque una subida de precios en productos esenciales. Las gasolineras se han quedado sin combustible y las colas para llenar el depósito se han vuelto kilométricas.
La situación ha escalado a niveles de gran peligrosidad, hasta el punto de que las autoridades de Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia han recomendado a sus ciudadanos abandonar el país, al menos temporalmente. Las empresas también han empezado a replegarse: por ejemplo, MSC anunció la suspensión del transporte por carretera hasta nuevo aviso.
España observa con preocupación a Malí ante la posibilidad de que una mayor desestabilización provoque un aumento de la migración hacia Canarias. El conflicto maliense ha generado un elevado número de desplazados, tanto internos como externos; según la Agencia de la Unión Europea para la Protección Civil y la Ayuda Humanitaria, se llegó a alcanzar un máximo de 378.000 refugiados.
Por el momento, el bloqueo no ha derivado en violencia por la falta de suministros ni en protestas contra el gobierno. La junta ha adoptado medidas preventivas para rebajar las tensiones, apelando a la unidad nacional y a la resiliencia. También ha puesto en marcha un sistema paralelo de distribución de combustible para las fuerzas armadas, con el fin de evitar fricciones en las gasolineras entre militares y civiles.
Golpes de Estado y tensión regional
Hace cinco años tuvo lugar el golpe de Estado que derrocó a Ibrahim Boubacar Keita, alegando la falta de avances en la securitización del país y dando paso a un gobierno de transición con participación civil y militar. En 2021 se produjo un nuevo golpe, esta vez encabezado por el coronel Assimi Goïta, que instauró una administración predominantemente militar con él como presidente.
Este nuevo gobierno supuso un cambio de aliados internacionales: salieron las potencias occidentales –cuya presencia generaba un profundo descontento entre las fuerzas militares y parte de la población– y aumentó la influencia de actores como Rusia o Emiratos Árabes Unidos.
Goïta aseguró que bajo su gestión se pondría fin a la inseguridad en todo el Sahel. Sin embargo, durante los cuatro años transcurridos desde entonces, se han sucedido una serie de acontecimientos que han puesto contra las cuerdas a Bamako. Por ejemplo, el país ha afrontado una intensa presión exterior por parte de sus vecinos y de la propia Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).
En respuesta, la junta acusó a sus vecinos de seguir las directrices de Francia, con especial énfasis en Costa de Marfil, y abrió un frente diplomático con Argelia, que había desempeñado un papel clave como mediador en el conflicto del norte. Esto derivó en un aislamiento respecto a sus socios tradicionales, quedando como aliados más cercanos, tanto geográficamente como en términos bilaterales, Níger y Burkina Faso, que también enfrentan problemas de inseguridad.
Asimismo, en febrero de 2024, Malí oficializó su salida de los Acuerdos de Argel, lo que reanudó un conflicto a tres bandas entre el gobierno, los grupos yihadistas y los movimientos independentistas. Esta decisión resultó un error: hasta entonces el enfrentamiento era principalmente entre el ejército y las fuerzas yihadistas, pero la ruptura de los acuerdos reintrodujo a un tercer actor en el conflicto.
Si bien Bamako logró victorias importantes, como la toma de la ciudad de Kidal, una de las más relevantes del norte, los grupos armados se han fortalecido y han ampliado sus operaciones con el paso del tiempo. En este contexto, el apoyo de los combatientes rusos de África Corps no ha sido suficiente.
La apuesta por aumentar las inversiones en el ejército tampoco ha tenido éxito para solventar los problemas de seguridad, mientras las promesas a la población de un cambio democrático han caído en saco roto. La junta militar se ha prolongado en el poder, pasando por encima del periodo de transición, y se ha vuelto cada vez más represiva, posponiendo las elecciones, prohibiendo a los partidos políticos, mandado a disidentes a prisión, etcétera.
A su vez, el ejército no cuenta con la equipación necesaria para hacer frente a los grupos armados. Durante los años que la junta lleva en el poder, se han denunciado numerosos intentos de desestabilización. Esto permite pensar que existe un fuerte recelo dentro de las propias fuerzas armadas ante la posibilidad de un contragolpe, especialmente ahora que no se están cumpliendo los objetivos securitarios.
Esto puede hacer que el ejército guarde el armamento de mayor capacidad en las grandes ciudades para salvaguardarse en caso de levantamiento. En consecuencia, extensas zonas del país quedan desprotegidas y fuera del control del gobierno y en esas regiones es donde los grupos armados poseen su capacidad de actuación.
El JNIM se hace fuerte en el Sahel
El JNIM ha crecido a un ritmo vertiginoso desde que se fundó en 2017 uniendo a numerosos grupos yihadistas que actuaban de forma fragmentada y dispersa. En 2024, consolidó su presencia en el centro y el norte de Malí gracias a su alianza con los rebeldes tuareg. Además, en Burkina Faso ha extendido su dominio por casi todo el medio rural.
Desde este verano ha girado su atención sobre Malí, donde se había mantenido un tenso statu quo, habiendo movilizado una gran cantidad de combatientes desde otras partes del Sahel en una operación coordinada y centralizada. Todo indica que el JNIM quiere replicar su éxito en Burkina Faso, consolidando su control sobre el medio rural y obligando al ejército a acuartelarse en unas ciudades asediadas para tratar de imponerles sus condiciones.
El ataque al aeropuerto de Bamako en 2024 ya vino acompañado de una declaración política en la que el JNIM anunciaba el inicio de una nueva fase de sus operaciones, centrada ahora en las zonas urbanas. Primero llegó el bloqueo de la ciudad de Djibo, en Burkina Faso, y después el de Tombuctú, en el norte de Malí. En este sentido, el actual asedio lleva meses, si no años, preparándose y forma parte de un movimiento calculado para aumentar su influencia.
El JNIM no pretende tomar Bamako, al menos por ahora, ya ha realiza bloqueos similares en otras ciudades de menor entidad sin llegar a capturarlas. Uno de los principales objetivos podría ser proyectarse hacia el sur del país, donde todavía es un actor nuevo. De esta forma, la operación contra Bamako sirve para demostrar su poder a estas comunidades del sur.
La base social del JNIM en todo el Sahel sigue siendo la población fulani –el 13 % de la población de Malí–, pero en el sur el grupo étnico más numeroso es el pueblo bambara –el 33 % del país–. Otro indicio de los esfuerzos del JNIM por penetrar en el sur es que sus últimos comunicados han comenzado a difundirse en bambara, la lengua más hablada de Malí.
Futuros escenarios en Malí
Dentro de los posibles futuros que pueden ocurrir hay que tener en cuenta que el gobierno no va a ceder a las demandas del JNIM, como la implementación de la sharía como fuente de derecho, independientemente de que la población sufra necesidades. La junta militar, que ha construido su legitimidad sobre el discurso de la soberanía y la seguridad nacional, no puede permitirse reconocer un fracaso sin poner en riesgo su propia supervivencia política.
La situación más probable a corto plazo es que el JNIM aumente su influencia y consolide sus conquistas en el medio rural, cercando las ciudades. A partir de ahí, es previsible un estancamiento del conflicto en una lucha prolongada por el control urbano, marcada por la escasez de alimentos y combustible: el JNIM sería incapaz de lanzar un asalto frontal, mientras que el ejército maliense se vería obligado a acuartelarse.
El malestar interno podría llevar a la población a volverse contra el gobierno mediante protestas, una situación que este podría intentar contrarrestar recurriendo a una mayor represión, recortes de derechos y libertades y un control más estricto de la información.
Si el bloqueo se prolongara, el gobierno podría intentar una operación militar en profundidad junto con sus aliados –ya fuera África Corps o los países de la Alianza de Estados del Sahel, cuyo tratado fundacional contempla esta posibilidad–. Sería una apuesta extremadamente arriesgada, ya que el futuro del gobierno de Bamako estaría en juego, pues una derrota podría traducirse en la caída de la capital.
En un tercer escenario sería que la crispación entre la sociedad civil y los militares acabase generando un golpe de Estado contra el actual régimen, dando lugar a una nueva administración más favorable a entablar negociaciones con el JNIM.
Este nuevo gobierno podría aceptar cambios en el ordenamiento jurídico del país, como la introducción de la sharía, asumir las normas morales del JNIM –como la obligatoriedad del velo o la segregación por sexos– y reconocer de facto que el grupo yihadista gobierna amplias zonas rurales, comprometiéndose a no lanzar operaciones militares en su contra.
Artículo escrito por Andrea Chamorro y Àngel Marrades
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