El Alto Mando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público de Guinea-Bissau ha anunciado la celebración de un referéndum el próximo 30 de agosto para decidir sobre la aprobación de una nueva Constitución.
En noviembre de 2025, el Ejército dio un golpe de Estado en medio de la disputa electoral entre el presidente Umaro Sissoco Embaló y su rival, Fernando Dias da Costa.
Antes de que se publicaran los resultados de las elecciones presidenciales, los militares tomaron el poder y arrestaron tanto al presidente como al candidato de la oposición. Sin embargo, en el caos posterior, Embaló huyó a Senegal, mientras Dias se refugió en la embajada de Nigeria.
Según los militares, el golpe se produjo tras el “descubrimiento de un plan en curso” orquestado por políticos y otras figuras nacionales y extranjeras junto con un “conocido señor de la droga”, cuyo objetivo era desestabilizar el país mediante un intento de “manipular los resultados electorales”. Sin embargo, la oposición acusa a Embaló y al Ejército de organizar un “golpe simulado” para impedir la publicación de los resultados y mantenerse en el poder.
Según esta versión, Embaló habría buscado facilitar el nombramiento de un nuevo presidente y un primer ministro encargados de convocar unas elecciones en las que pudiera volver a presentarse. Cabe recordar, además, la importante presencia del narcotráfico en el país, utilizado como ruta hacia Europa y en el que están involucrados sectores del Ejército y de las instituciones.
Claves de la Constitución de Guinea-Bissau
Al asumir el control del país, las autoridades militares adoptaron una carta transitoria con una vigencia de 12 meses, que establece la celebración de elecciones presidenciales y legislativas al término del periodo de transición –concretado en diciembre de 2026–. El nuevo texto constitucional, compuesto por 29 artículos, prohíbe al presidente interino y al primer ministro presentarse a los próximos comicios.
Durante este periodo, el Alto Mando Militar controla las reformas legales e institucionales de la transición, incluida la revisión de la Constitución suspendida, la creación de un nuevo Tribunal Constitucional, la modificación de la normativa sobre los partidos políticos y la supervisión del nombramiento de los funcionarios electorales. Un Consejo Nacional de Transición (CNT) de 65 miembros actúa como órgano legislativo.
Este está compuesto por 16 delegados nombrados por la junta militar instaurada tras el golpe, 20 representantes de partidos políticos, 11 miembros de organizaciones de la sociedad civil, 9 enviados de las regiones del país y 10 oficiales superiores del Ejército en representación del Alto Mando Militar.
La nueva Constitución no ha sido objeto de amplias consultas con la sociedad y fue aprobada por el CNT poco después de su formación tras el golpe militar. El principal cambio introducido en la carta magna supondría el paso de un sistema semipresidencial a uno presidencial, otorgando al presidente la facultad de nombrar al primer ministro y a los miembros del Gobierno, así como de disolver el Parlamento.
Las modificaciones institucionales planteadas concentran así un mayor poder en la figura presidencial bajo la justificación de facilitar la cooperación entre las instituciones de Guinea-Bissau.
Además, el texto elimina elementos ideológicos y revolucionarios de su preámbulo con la intención de que la Constitución “represente a la totalidad de la ciudadanía y no se perciba vinculada a un partido político determinado”. La intención es, por tanto, “depurar” la carta magna para adaptarla al contexto nacional actual, eliminando formulaciones de carácter partidista o revolucionario.
Estos cambios no parecen contar con un amplio apoyo popular ni con el respaldo de los principales partidos políticos. Dos coaliciones opositoras rechazaron el referéndum, acusando a las autoridades de transición de haber excluido a la sociedad civil del proceso de redacción, y criticaron a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) por legitimar de facto al régimen militar.
La CEDEAO, el bloque regional de África Occidental, designó a Senegal para mediar entre las autoridades de transición, los actores políticos y la sociedad civil con el objetivo de restablecer "el orden constitucional". Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido tras otros golpes militares en la región, no impuso sanciones especialmente severas a Guinea-Bissau.
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