El Sahel es una región geográfica y climática situada al sur del desierto del Sáhara, que actúa como zona de transición entre el norte y el sur de África. Este territorio semiárido se extiende desde Mauritania al oeste hasta Sudán al este, comprendiendo los países de Burkina Faso, Chad, Mauritania, Malí, Níger y Nigeria.
Gracias a su situación geográfica, el Sahel es un área de transición entre el África central y el norte del continente. Por ello, condiciona la estabilidad y seguridad tanto del continente como del mar Mediterráneo. Históricamente, la franja que conforma la región ha constituido una zona de paso entre las áreas colindantes, lo que ha permitido el desarrollo de civilizaciones para el control de las rutas comerciales que se han desplegado a lo largo del terreno.
A pesar de su localización estratégica, esta región es una de las más pobres e inestables del planeta, con un 65% de su población viviendo bajo el umbral de la pobreza, según datos del 2023 publicados por el Banco Mundial.
También en 2023 fueron 5.800 las muertes violentas ocurridas en la región, muchas provocadas por grupos insurgentes yihadistas. De hecho, el 40% de todos los ataques yihadistas a nivel mundial ocurren en el Sahel. A estos datos es necesario sumar los 2,7 millones desplazados internos y la desertificación que degrada las tierras cultivables, afectando a un 80% de las mismas.
Aunque estos indicadores pueden relejar que se trata de un territorio sin ningún interés fuera de sus fronteras, su potencial en materias primas ha llamado la atención de múltiples potencias externas. Entre sus recursos estratégicos destacan el uranio en Níger, cuyo consumo en Francia llega a un 12%, y el oro en Malí, que alberga la cuarta reserva más grande del continente.
Estos asombrosos depósitos han convertido la región en un tablero geopolítico, mientras el G5 Sahel –compuesto únicamente por Chad y Mauritania tras la salida de Malí, Níger y Burkina Faso– busca contener estas amenazas con un presupuesto militar 30 veces inferior al de grupos armados como Al Qaeda en el Magreb Islámico o Boko Haram, según el SIPRI.
La mayoría de las crisis a las que se enfrenta el Sahel provienen de décadas atrás y están conectadas entre ellas. Un ejemplo claro es el crecimiento poblacional, que alcanzó un 3,2% en 2023. Este incremento demográfico ha incrementado la ya existente inseguridad alimentaria, que afecta a 10,9 millones de personas en el territorio.
Tras las independencias en la década de los años 60, la retirada francesa produjo una gran inestabilidad en la región debido a dos razones fundamentales: por un lado, las fronteras artificiales que agravan tensiones étnicas, y, por el otro, el surgimiento de grupos rebeldes frente a los gobiernos estatales.
Por consiguiente, esta inseguridad crónica y persistente hasta día de hoy ha alimentado y continua alimentando ciclos de violencia y migración, aprovechados por grupos como Al Qaeda o Boko Haram en las últimas décadas. Solo Boko Haram provocó entre 34.261 y 37.530 muertes en la región entre junio de 2011 y junio de 2018.
La situación de fragilidad y violencia, sumada a la falta de expectativas de futuro para la población, genera un aumento de los flujos migratorios internos en la zona y hacia dos regiones adicionales: el norte de África y Europa. A la situación interna del Sahel se le debe añadir el hecho de que, debido a su posición geográfica, es un punto clave en las rutas migratorias entre los dos continentes, resultando en la intensificación de las fricciones entre los Estados africanos y europeos.
La Unión Europea en el Sahel
Aunque las tensiones recientes entre los Estados del Sahel y Europa han marcado la dinámica política, la Unión Europea sigue manteniendo un firme interés estratégico en la región. Este compromiso se materializa a través de múltiples iniciativas que veremos más adelante. No obstante, esta relación siempre ha estado marcada por el pasado colonial, que ha dejado profundas huellas en las políticas contemporáneas y en las estructuras económicas y sociales de la zona.
Para Bruselas, la estabilidad y seguridad del Sahel constituyen una prioridad fundamental, intensificada por dos factores clave. En primer lugar, el vacío de poder originado por la caída de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que, sumado a la Primavera Árabe, desestabilizó toda la región. Y, en segundo lugar, la aceleración de los flujos migratorios desde los países subsaharianos hacia Europa, los cuales han provocado que el territorio sea un foco central de la política exterior comunitaria.
Además, el contexto geopolítico actual ha añadido nuevas capas de complejidad a la relación entre el Sahel y la Unión Europea. La crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania ha reforzado el valor estratégico de la región debido a su riqueza en recursos naturales y su potencial en producción energética.
Siguiendo esta idea, proyectos estancados durante años, como el gasoducto transahariano, que podría transportar hasta 30.000 millones de metros cúbicos de gas anuales, están siendo reconsiderados por Bruselas y las autoridades locales.
Al mismo tiempo, Rusia también se ha interesado en los recursos sahelianos. Su estrategia es mucho más simple que la europea: protección a cambio de materias primas. En abril de 2025 los ministros de Asuntos Exteriores de Malí, Burkina Faso y Níger, miembros de la Alianza de Estados del Sahel (AES), se reunieron en Moscú para negociar un acuerdo estratégico de seguridad y defensa.
El acuerdo que se alcanzó prevé la capacitación por parte de la Federación Rusa de las tropas de los tres países africanos, el suministro de armas y una fuerza militar conjunta de hasta 5.000 hombres. Como contrapartida, los Estados sahelianos están permitiendo la entrada de empresas rusas para acceder a sus recursos naturales, antes extraídos por compañías europeas.
Es el caso de Rosatóm, empresa rusa que consiguió el permiso de explotación de uranio en Níger desterrando a la francesa Orano. También es el caso de la mina de oro que el gobierno maliense está construyendo en Senou, Bamako, con apoyo ruso, después de la salida del país de la minera canadiense B2Gold motivada por el intento del gobierno de Malí de nacionalizar parte de su producción.
Cabe destacar que, a pesar de que la situación internacional haya dado un valor añadido al Sahel, la relevancia de la zona se remonta a décadas atrás gracias a sus reservas de uranio, oro y otros minerales esenciales. La importancia histórica del territorio para los 27 se puede observar en las enormes partidas de inversión europea destinadas a los Estados de la región.
Solo en 2020, la Unión Europea asignó 194 millones de euros que se distribuyeron en: 112 millones para actividades relacionadas con la capacitación de las fuerzas armadas y solo 82 dedicados a resiliencia y desarrollo.
Otro indicador de cómo Europa prioriza la seguridad es la destinación entre 2015 y 2022 del Fondo Fiduciario UE-África, cuyo 68% –4.600 millones de euros– se asignó a seguridad y control migratorio, mientras que solo el 32% fue para educación, desarrollo rural o lucha contra la pobreza, según documentos internos de la Comisión Europea analizados por CONCORD Europe. Estas cifras revelan una clara asimetría en la cooperación, donde los intereses estratégicos de Bruselas prevalecen por encima de las necesidades locales.
La competición geopolítica en el Sahel
En este contexto, el Sahel representa un territorio prioritario para la Unión Europea en términos de seguridad y lucha contra el terrorismo, gestión de flujos migratorios, materias primas, estabilidad local e internacional, desarrollo y cooperación internacional. La importancia para Bruselas también se refleja en el hecho de que el Sahel fue la primera región africana para la cual se formuló una estrategia específica en 2011, después de la caída de Gaddafi y la Primavera Árabe.
El enfoque europeo para el Sahel, centrado inicialmente en Malí, Níger y Mauritania –ampliado más tarde a Burkina Faso y Chad–, se articuló alrededor de cuatro pilares: desarrollo, gobernanza, seguridad y lucha contra el extremismo violento.
Sin embargo, evaluaciones independientes, como las del European Council on Foreign Relations, revelan una implementación desequilibrada de este plan: como hemos visto anteriormente, del 2015 al 2022 el 68% de los fondos del Fondo Fiduciario UE-África se destinaron a operaciones de seguridad y control migratorio, provocando a su vez que misiones como EUCAP Sahel, de capacitación militar, recibieran cuatro veces más fondos que programas de empleo juvenil.
Pese a su diseño integrado, diversas evaluaciones advierten un desequilibrio persistente en su aplicación, con un claro sesgo hacia la securitización de la región en detrimento de la cooperación estructural o el fortalecimiento institucional y en beneficio de las fuerzas armadas locales, contribuyendo a la militarización de la política en el área.
Este hecho refuerza un enfoque más activo militarmente de la Unión Europea que hace correr el riesgo a Bruselas de caer en un discurso derivado de la narrativa de la guerra global "contra el terrorismo" que acabe simplificando la complejidad de la violencia en el Sahel, tratándola como una amenaza existencial para Europa mientras ignora las raíces locales y socioeconómicas de la violencia islamista y percibe a los grupos como irracionales y apolíticos.
Por lo tanto, se evidencia la existencia de un déficit en inversiones en sectores diferentes a los relativos a la seguridad, si bien los resultados de esta financiación tampoco acompañan.
Mientras tres de los cinco países que formaban la principal organización internacional de la región han decidido abandonarla –debido a cambios en sus ejecutivos derivados de golpes de estado– para formar un organismo alternativo y alinearse con Rusia, grupos insurgentes como el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) en Burkina Faso o el Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS) en Níger se consolidan en los territorios que controlan de facto.
Uno de los principales desafíos de la acción exterior de la Unión Europea es evitar caer en dinámicas políticas percibidas como neocoloniales o generar entre la población local el sentimiento de estar siendo colonizados otra vez.
Para lograr este objetivo, Bruselas ha priorizado la cooperación como instrumento central para abordar los problemas estructurales de la región. Sin embargo, esta estrategia se ve comprometida cuando dicha cooperación queda subordinada a una lógica de securitización, relegando a un segundo plano el apoyo al desarrollo, la gobernanza democrática y la construcción institucional.
Rusia y China entran en la ecuación
Esta orientación ha contribuido en gran medida a la pérdida de influencia de los 27 en la zona, en oposición al creciente atractivo que representa Rusia, cuya presencia conlleva una serie de factores determinantes para el alineamiento de las potencias regionales con el gigante ruso:
- Respaldo político incondicional, proporcionando a los regímenes militares una legitimidad alternativa a la del mundo occidental, a la cual no le interesa el nivel democrático de los Estados en cuestión.
- Ayuda inmediata y sin la necesidad de la existencia de condiciones de buen gobierno.
- Mayor control estatal sobre los recursos naturales, proporcionando acuerdos más opacos, exentos de los requisitos de transparencia, protección medioambiental o sostenibilidad que impone la Unión Europea.
- Refuerzo del discurso anticolonial, promoviendo un discurso en el área de animadversión hacia Bruselas basado en el rechazo a la tutela europea.
A diferencia de la Unión, cuya oferta de cooperación se encuentra condicionada por el cumplimiento de criterios de buen gobierno, respeto a los derechos humanos y transparencia –bajo la idea de utilizar su soft power–, Rusia se presenta como un socio dispuesto a proporcionar apoyo militar y respaldo político sin exigencias democráticas de ningún tipo.
No obstante, el rol que puede jugar en el ámbito del desarrollo económico es limitado, puesto que no dispone de la capacidad financiera para invertir de forma significativa en infraestructuras y servicios públicos. En este orden de ideas, la verdadera oposición a la influencia europea en la zona no se encuentra únicamente en Rusia, sino en la combinación del apoyo ruso junto al chino.
De este modo, mientras el Kremlin garantiza una supervivencia política y militar a los regímenes del Sahel, Pekín promueve inversiones tangibles a través de su estrategia Belt and Road Initiative (BRI) en: carreteras, como la autopista Bamako-Ségou en Malí; telecomunicaciones, con la instalación de redes 5G en Malí, Níger y Burkina Faso; y proyectos energéticos, siendo el proyecto estrella la refinería Zinder en Níger, todo ello sin condicionalidades políticas.
Esta colaboración alternativa e informal proporciona a los Estados africanos una opción más pragmática y diversificada, donde pueden obtener la seguridad y el desarrollo que ofrece la Unión Europea pero sin renunciar a su soberanía interna. Además, la combinación sino-rusa contribuye a una lógica de diversificación estratégica que, para las élites gobernantes en Malí, Burkina Faso y Níger, supone la opción de poder escoger el aliado o bloque internacional que más le convenga.
Las prioridades europeas en el Sahel
La Comisión Europea presentó el año pasado las prioridades que orientarán sus políticas durante la legislatura 2024-2029. Aunque estas ideas primordiales no mencionan específicamente la región del Sahel, algunas de ellas tienen implicaciones directas:
- Defensa y seguridad. El contexto de inseguridad global ha llevado a la Comisión a buscar responder a los desafíos que se presentan en términos de defensa y seguridad, tratando de mejorar la preparación y la gestión de las crisis.
- Una Europa global. Esta prioridad está enfocada en mejorar las relaciones exteriores de la Unión Europea, centrándose en los Estados vecinos para enfrentar desafíos globales y "promover la paz, la estabilidad y el desarrollo económico y social".
De estos dos puntos se desprende que el ejecutivo europeo está preparando el terreno para una mayor inversión en defensa y seguridad, lo que tiene implicaciones directas para el Sahel. En este contexto, críticos y expertos instan a la Comisión a centrarse en la contención para prevenir la propagación de la inestabilidad en el norte de África y en los Estados costeros del golfo de Guinea.
Este objetivo implica el aumento de los esfuerzos contrainsurgentes y la cooperación con las autoridades locales en el área en un contexto donde los gobiernos están sufriendo golpes de Estado, reclamando la retirada de las fuerzas militares europeas y se están viendo seducidos por otros actores internacionales como la Federación Rusa, a través del Afrika Korps, o por la República Popular China.
Desde 2011, la Unión Europea participa en el Sahel con la Estrategia de la Unión Europea para la Seguridad y el Desarrollo, que se reforzó en 2015 con el Plan de Acción Regional del Sahel. Estas dos estrategias han mantenido un enfoque fuertemente militarizado y centrado en la seguridad, pero los resultados han sido escasos o decepcionantes.
Frente a la tentación de competir con Rusia y China en sus propios términos, muchos analistas consideran que Bruselas debería reforzar aquello que la hace un organismo único: la apuesta por el desarrollo institucional, la defensa del buen gobierno y la cooperación estructural. De este modo, la necesidad de cooperar con los Estados del Sahel en ámbitos como los mencionados anteriormente es una vía lenta, costosa y poco visible políticamente, pero sostenible a largo plazo.
En definitiva, la cuestión clave no es si la Unión Europea puede competir con Rusia o China en el Sahel, sino si está dispuesta a hacerlo en sus propios términos. Así pues, el verdadero reto no es ganar la partida geopolítica, es demostrar que existe una alternativa al enfoque de sus rivales, priorizando la estabilidad estructural sobre los beneficios inmediatos.
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