Reino Unido se convierte en el tercer miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en apoyar la propuesta de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental como “la más viable”. Un movimiento que refuerza a la envalentonada estrategia diplomática marroquí y que se alinea con la posición de Estados Unidos, Francia e Israel.
En un giro significativo de su política exterior, Reino Unido ha mostrado oficialmente su apoyo al plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental, calificándolo como “la base más creíble, viable y pragmática para una solución duradera” del conflicto. El anuncio ha tenido lugar durante la visita a Rabat del ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, quien reconoció “la importancia de la cuestión del Sáhara” para Marruecos y considera que el plan contribuiría a “fortalecer la estabilidad en el norte de África”.
Durante su visita, la primera de un canciller británico a Rabat desde 2011, Lammy y su homólogo marroquí, Nasser Bourita, firmaron varios acuerdos de cooperación en sectores clave como la educación, la sanidad, el agua y la innovación tecnológica. Estos acuerdos refuerzan la “asociación estratégica” que existe entre ambos países y abre la puerta a inversiones británicas en infraestructuras estratégicas, especialmente de cara al Mundial 2030 que Marruecos coorganiza con España y Portugal.
La hábil diplomacia de Marruecos combina su influencia en áreas sensibles –como los flujos migratorios, la lucha contra el narcotráfico y la cooperación antiterrorista– con una apertura a inversiones occidentales tanto en el territorio ocupado del Sáhara Occidental como en su creciente economía nacional. Esta combinación ha permitido a Rabat ganar apoyos internacionales clave para su propuesta de autonomía.
El respaldo británico también tiene implicaciones económicas significativas. La agencia UK Export Finance prevé inversiones por valor de 6.000 millones de euros en Marruecos, incluyendo proyectos en el Sáhara Occidental. Estas inversiones abarcan sectores como la pesca, la agricultura y las energías renovables, ámbitos clave en el expolio económico del Sáhara Occidental, tal y como ha probado Western Sahara is not for Sale.
El eje Washington-Rabat-Tel Aviv
Con este anuncio, Reino Unido se une a Estados Unidos y Francia como el tercer miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en respaldar la iniciativa marroquí. España, expotencia colonial y responsable de iure del territorio saharaui según el derecho internacional, también protagonizó una declaración similar en marzo de 2022. Cabe recordar que estos cuatro países son miembros del “Grupo de Amigos del Sáhara Occidental”, foro informal que influye en las resoluciones de Naciones Unidas sobre el conflicto.
El reconocimiento occidental de las tesis de Rabat solo fue posible tras el movimiento de Estados Unidos, que en los últimos días del primer mandato presidencial de Donald Trump, en diciembre de 2020, reconoció vía Twitter la “soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental”. Este evento marcó un antes y un después en la diplomacia regional. A cambio, Marruecos accedió a normalizar relaciones con Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham.
Desde entonces, Tel Aviv y Rabat han formalizado unos vínculos diplomáticos que ya existían, pero no gozaban de reconocimiento oficial. Entre los acuerdos más importantes destaca el de cooperación militar y tecnológica suscrita por ambos en 2021 y que ha permitido Marruecos acceder a armamento y software “made in Israel” para su guerra de baja intensidad contra el pueblo saharaui.
Todo ello ha moldeado la posición de la monarquía alauí respecto al genocidio palestino. Pues, aunque condena formalmente la situación, ha permitido que sus puertos de Tánger y Casa Blanca sean utilizados por grandes cargueros de armamento en su ruta hacia Israel.
Más recientemente, en los ejercicios militares African Lion, auspiciados por Estados Unidos, se vio por primera vez la presencia de militares israelíes en suelo marroquí. En concreto, participaron efectivos de la brigada Golani, implicada en el asesinato a finales de marzo de 15 sanitarios y rescatistas en la Franja de Gaza, cuyos cadáveres tiroteados intentaron hacer desaparecer en una fosa común.
Desde el punto de vista del derecho internacional, el Sáhara Occidental es considerado un territorio no autónomo pendiente de descolonización desde 1963. El conflicto también fue sometido a estudio de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en su dictamen consultivo de 1975 concluyó que “no existen vínculos de soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental” que justificaran una anexión, reconociendo únicamente la existencia de lazos históricos y culturales de carácter tribal, pero no jurídicos.
En consecuencia, Naciones Unidas reconoció el derecho a la libre determinación –artículo 1514– al pueblo saharaui. Un derecho que se cristalizó en 1991, tras 16 años de guerra, en un acuerdo bilateral Marruecos-Frente Polisario para la celebración de un referéndum en 1991 que nunca llegó a tener lugar.
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