La posición española respecto al Sáhara Occidental: responsabilidad internacional y el chantaje marroquí

Pedro Sánchez y Mohamed VI en un encuentro en Rabat. (EFE/Ballesteros)

Por Néstor Prieto

¿Por qué es importante la posición española, es acaso responsable?

Pedro Sánchez acaba con cuatro décadas de “neutralidad” española en el conflicto saharaui y considera la propuesta de autonomía marroquí del 2007 como la base “más seria, realista y creíble” para la resolución del diferendo.

La posición española es especialmente importante por haber sido la potencia colonial del territorio durante cerca de un siglo. La abrupta salida de la que era la provincia 53 del Estado se gestó en noviembre de 1975, con un Franco convaleciente y una amenaza real por parte de Marruecos de invadir el Sáhara Occidental con la famosa “Marcha Verde”. El 14 de noviembre de ese año se firmaban los Acuerdos Tripartitos de Madrid que repartían el Sáhara Occidental entre Marruecos -el norte- y Mauritania -el sur-. Era el principio de una ocupación que se prolonga hasta nuestros días. En tiempo récord España abandonó sus posiciones y desalojó a todos los militares y civiles; el 26 de febrero de 1976 arrió por última vez la bandera en El Aaiún y un reducido número de legionarios cedió el control de las últimas instalaciones a Marruecos, que desde hacía meses había ido tomando posesión del resto de ciudades. Ese día el gobierno aprobó el Real Decreto 2258/1976, por el que “había puesto término definitivo a la presencia en dicho territorio, y a sus poderes y responsabilidades”.

Para ampliar: Contexto del Sáhara Occidental previo a la guerra

Pero, además de precipitada, la salida española del territorio fue considerada ilegal a ojos del derecho interno e internacional. El acuerdo, hecho público por las partes, nunca fue difundido en su totalidad -contemplaba varias clausulas secretas- y tampoco fue firmado y publicado en el BOE, ni aprobado en Cortes como exigía la legalidad franquista de la época. Pero a las vulneraciones del derecho interno se sumaron las de la legalidad internacional. El Sáhara Occidental gozaba del estatus de “territorio pendiente de descolonización” desde 1963, por lo que para poner fin a sus responsabilidades España solo podía proceder de dos maneras, tal y como establece el derecho internacional: mediante celebración de un referéndum -como había aprobado la propia ONU, el Tribunal Internacional de Justicia y que España había incluso aceptado celebrar- o transferir la administración del territorio al Consejo de Administración Fiduciaria, tal y como establece el Art. 77.1.c de la Carta de las Naciones Unidas.

Al no tener lugar ninguno de los dos extremos los acuerdos firmados fueron considerados nulos y la responsabilidad española no extinta. Un extremo ratificado en el dictamen del secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos, y asesor jurídico de la ONU, emitido el 29 de enero de 2002 donde sentencia que el acuerdo de tripartito es ilegal porque España no puede transferir unilateralmente sus responsabilidades de potencia administradora. Para la ONU y la propia justicia española el país sigue siendo potencia administradora de iure del territorio por no haber ejercido los saharauis el derecho a la autodeterminación que se les reconoce. Si bien España no ejerce control de facto sobre el Sáhara Occidental legalmente no completó el mandato de descolonizar el territorio por lo que aún tiene una obligación jurídica por cumplir.

El propio juez Grande Marlaska, actual Ministro del Interior, ratificó este extremo en el Auto 40/2014 de la Audiencia Nacional, donde no solo reconocía la responsabilidad española sino que afirmaba que Marruecos había cometido un genocidio contra la población saharaui por el que proceso a varios altos cargos alauíes que nunca fueron entregados a las autoridades españolas.

A ello se suma que la pretensión alauí de adueñarse del Sáhara Occidental, justificada bajo el concepto de «Gran Marruecos» que redibuja las fronteras en basándose en supuestos vínculos históricos de vasallaje y colaboración con varias tribus de la zona, topó con una contundente resolución de la Corte Internacional de Justicia. El organismo dictaminó en la opinión consultiva del 16 de octubre de 1975 de que «la no existencia de ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental, por una parte, y el Reino de Marruecos o el complejo mauritano, por la otra».

La ilegalidad española podría haber quedado en papel mojado si la ocupación del territorio se hubiese hecho efectiva en su totalidad, pero la resistencia del Frente Polisario, que denunció los acuerdos y comenzó una guerra contra Marruecos y Mauritania, evitó que la responsabilidad española se disipase a ojos del derecho internacional. Es así, como el conflicto saharaui se enquista hasta nuestros días obligando a España a posicionarse.

“Posición de Estado”

Felipe González firma un acuerdo con el líder saharaui Bachir Mustafa Sayed antes de su llegada a la presidencia del gobierno

Los sucesivos gobiernos, independientemente del color político, han aplicado una “política de Estado” que con medida ambigüedad evita asumir las responsabilidades legales, pero reconoce los derechos que la comunidad internacional da a los saharauis. Es la denominada “neutralidad”. La postura ha sido mantenida ininterrumpidamente, con matices menores, hasta la declaración del 18 de marzo de 2022 de Pedro Sánchez.

El primer gobierno tras la dictadura, el de la Unión de Centro Democrático (UCD) encabezado por Adolfo Suárez, no podía ser ajeno a la realidad política de su excolonia y fue él quien reconocería el estatus político del Frente Polisario permitiendo que la organización oficializase su actividad política en el país en octubre de 1978, antes incluso de que la Constitución fuese aprobada en referéndum. Javier Ruipérez, secretario de relaciones exteriores de la UCD, hablaba ya en estos términos «neutralidad frente al conflicto en sí, relación activa con todos sus protagonistas y rechazo de cualquier intento de que alguno de éstos trate de imponernos sus amistades o enemistades».

En la oposición, desde posiciones políticas radicalmente opuestas, las distintas fuerzas políticas pidieron al gobierno de Suarez un apoyo claro a la excolonia; desde la nostalgia de los sectores más conservadores -AP, FN- a la afinidad ideológica -PSOE y el PCE- el grueso del espectro encontraban en el Sáhara Occidental un elemento de desgaste del ejecutivo central. Esa lógica se ha replicado en estos cuarenta años, los partidos políticos -en su inmensa mayoría- han abordado la cuestión saharaui desde el marco de la política nacional y no bajo una mirada geopolítica o de proyección internacional. Así, durante los gobiernos populares era recurrente escuchar al PSOE denunciar la “cobarde neutralidad” política que adoptarían una vez en el ejecutivo y viceversa.

Lo cierto es que la “neutralidad española” no era más que un inmovilismo cómodo a la sombra de la posición oficial de Naciones Unidas. Un llamado vacío a respetar la legalidad internacional y apoyar los esfuerzos de la ONU para poner fin al conflicto. La diplomacia española replicaba el contenido de las resoluciones aprobadas por Consejo de Seguridad y Asamblea General, pero sin darle desarrollo alguno. Un rol pasivo donde España renunciaba a cualquier tipo de protagonismo en el conflicto y se limitaba a seguir a pies juntillas un posicionamiento hueco por carecer de acciones concretas que materializasen el manido “derecho de autodeterminación” que se le reconoce a los saharauis.

Con esta fórmula España salvaba su imagen internacional mostrando “solidaridad y preocupación” hacia una situación que había contribuido a generar pero sin ser parte activa de su resolución. Ello exigía necesariamente ceñirse escrupulosamente a la posición oficial de la ONU y evitar el apoyo explícito a ninguna de las partes, pues hacerlo implicaría romper el precario equilibrio entre las partes. Ni en los picos de mayor afinidad ideológica entre Rabat y Madrid -durante el segundo mandato de Zapatero o el primero de Aznar- se llegó a reconocer públicamente la postura marroquí; ni en los momentos de mayor tensión con el vecino del sur -durante la crisis del islote de Perejil o en el momento de mayor auge del Polisario- se pidió explícitamente la independencia de la excolonia.

En 1991, tras dieciséis años de guerra, el Frente Polisario y un Marruecos exhausto económica y militarmente por el prolongado esfuerzo bélico firmaron el alto el fuego y un plan de arreglo que contemplaba la celebración de un referéndum de autodeterminación. A tal efecto se creó la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO). El derecho internacional y la coyuntura política sonreían a los saharauis, que habían sido capaces de convertir en una hoja de ruta el derecho a la autodeterminación. En esos años la posición española saludaba los esfuerzos de la MINURSO. Pero conforme el referéndum se enfriaba por la obstrucción marroquí también lo hizo el contenido de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que pasó a fórmulas más ambiguas como la de la “solución duradera y mutuamente aceptable” no apelando ya exclusivamente al referéndum. España suscribía esta nueva versión sin cuestionamiento alguno.

Madrid ha permanecido en todo momento en la sombra; ningún alto funcionarios de la MINURSO, ni los Enviados Especiales para el Sáhara Occidental han sido nunca nacionales. Tampoco ha tenido un papel destacado en los sucesivos cambios de posición oficial del Consejo de Seguridad; ni encabezó los debates para que la MINURSO incluyese en su mandato el monitoreo de los DDHH, como tampoco saludó calurosamente la propuesta de autonomía presentada por Marruecos en 2007. Todo pese a que España podría haber hecho valer en cualquier momento su condición de potencia administradora de iure para liderar el proceso, una opción que se le ha llegado a pedir en varias ocasiones para desatascar un contencioso que parece condenado a la irresolución.

En concreto, la posición oficial española hasta la fecha era el apoyo a “una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable, en el marco de Naciones Unidas”. Un equilibrio lingüístico que omitía cualquier mención a la autonomía defendida por Marruecos y a la independencia del Frente Polisario.

Para ampliar: La brecha del Guerguerat, detonante de un conflicto condenado a la guerra

La efectiva presión marroquí y sus consecuencias

Las partes interesadas ejercen desde 1976 una presión sostenida para cosechar el apoyo clave de España, que tiene una importancia capital que se niega a reconocer. Argelia muestra músculo diplomático y mira de reojo el preciado suministro gasístico. Por su parte, el Frente Polisario goza de una nutrida red de Delegaciones, un activo movimiento de solidaridad y una importante red de intergrupos parlamentarios, redes de académicos y juristas.

Pero sin duda alguna, es Marruecos quien ha ejercido con mayor vehemencia una presión que bien podría calificarse de chantaje. Rabat aplica una estrategia en zona gris, el espacio intermedio entre la competencia pacífica -blanco- y el conflicto armado entre actores -negro-; el hostigamiento por distintos medios con el que se busca alcanzar un objetivo, pero sin forzar el casus beli. Un modo de confrontación por debajo del umbral de la guerra con el que presionar y desgastar al adversario geopolítico sin caer en el choque militar. Es una política agresiva en el fondo (consecución de un objetivo estratégico), pero no en las formas, pues los medios empleados rehúyen lo militar.

Un soldado español frente a migrantes llegados de Marruecos tras la crisis de abril de 2021 en Ceuta. /REUTERS / JON NAZCA

Para ello usa la migración -abriendo y cerrando los flujos migratorios hacia Canarias, Ceuta y Melilla y el Estrecho-, la cooperación antiterrorista y el narcotráfico -es el mayor productor de resina de cannabis- dentro de esta lógica. Todo ello acompañado de una eficaz ofensiva comunicativa que a la vez inflama el nacionalismo expansionista y señala a España como una amenaza existencial. En estos años también se han dado varios casos de vulneración del espacio aéreo por parte de cazas marroquíes o de las aguas territoriales -llegándose a instalar una piscifactoría en aguas españolas-. Al mismo tiempo Marruecos sostiene sus pretensiones sobre lo que denomina las “ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla” y reclama como propias las aguas territoriales del Sáhara Occidental ampliadas y solapadas con las de las Islas Canarias.

Las siempre conflictivas relaciones bilaterales entre España y Marruecos han estado condicionadas por el Sáhara Occidental, eje central de toda la política exterior alauí. Haciendo gala de un refinado sentido del humor, un diplomático marroquí confesaba al periodista Javier Otazu que el monotema llegaba a tal punto que el Ministerio de Asuntos Exteriores del reino debería pasar a denominarse Ministerio del Asunto Exterior. La paciente y bien engrasada diplomacia alauí no ha dudado en usar estas tácticas ante una titubeante España. No se trata de una presión lineal, sino selectiva que aumenta y disminuye conforme dicta la coyuntura política.

Sin duda, el caso más reciente y uno de los más graves fue la crisis desatada en abril del año pasado por la acogida del líder del Frente Polisario y presidente de la RASD, Brahim Ghali, quien recibió tratamiento médico para recuperarse de COVID-19 en un hospital español. Una decisión puntual que sirvió de pretexto para incrementar la estrategia en zona gris que Marruecos había aumentado desde noviembre de 2020, cuando el Frente Polisario declaró el Estado de guerra. Pero esta no es más que la última de una larga lista de crisis bilaterales con el Sáhara Occidental como telón de fondo.

Ciertamente la “neutralidad” española es favorable a Marruecos, pues contribuye a mantener el statu quo del conflicto: la monarquía alauí ejerce el control de facto del territorio y el Frente Polisario clama, literalmente en el desierto, por un referéndum que no llega. El no hacer español no altera el equilibrio y el tiempo juega a favor de Marruecos que, aunque a ojos de la comunidad internacional no es legítimo poseedor del territorio saharaui, controla el 80% del mismo y explota sin mayores problemas los recursos que allí se encuentran.

Pero a Mohamed VI no le vale un apoyo indirecto. Marruecos puede celebrar el volantazo de Pedro Sánchez consciente de la importancia simbólica y política de que la potencia administradora de iure del territorio apoye su postura. El guiño de Madrid no cambia nominalmente nada, ni se aplicará el plan de autonomía ni el Polisario abandonará sus pretensiones, pero sí allana al camino de Rabat para normalizar su ocupación y legitimar su propuesta de autonomía. Hay que recordar no solo la responsabilidad internacional de España, sino que además es parte del “Grupo de Amigos del Sáhara Occidental”, un foro diplomático formado por España, Francia, Rusia, Reino Unido y EEUU encargado de redactar las propuestas de renovación del mandato de la MINURSO y que condiciona el debate en la ONU sobre el Sáhara Occidental.

Cambio de postura, un peligroso precedente con efectos geopolíticos

El viernes 18 de marzo la Cancillería marroquí publicaba unas declaraciones del presidente Pedro Sánchez por las cuales España “reconoce la importancia que tiene la cuestión del Sáhara para Marruecos” y considera la propuesta de autonomía del 2007 como la base “más seria, realista y creíble” para la resolución del diferendo. Unas horas más tardes Madrid hacía suyo el anuncio de Rabat y confirmaba una decisión que no había sido consultada con sus socios de coalición ni con Argelia.

El Frente Polisario considera la decisión como una “cesión” al chantaje marroquí con la que España sacrifica al pueblo saharaui. Una «decisión ilegal y contraria al derecho internacional» dijo Brahim Ghali, presidente de la RASD y Secretario General del Frente Polisario, en un mensaje televisado. El mandatario saharaui advirtió que el volantazo español no altera «su determinación por ser libres» y aseguró que «Pedro Sánchez quiere dar lo que no le corresponde a quien no lo merece». Los saharauis insisten, no obstante, en diferenciar al gobierno de la sociedad civil española, asegurando que esta siempre ha sido solidaria con su causa; de hecho, el movimiento de solidaridad ha anunciado movilizaciones en todas las provincias contra la decisión del gobierno, un elemento más de presión para un cuestionado Pedro Sánchez que se ha visto forzado a comparecer ante el Congreso.

Brahim Ghali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y Secretario General del Frente Polisario

La consecuencia de romper 40 años de neutralidad es “inaugurar una nueva etapa inédita en las relaciones entre los dos países, sobre la base de la confianza, la transparencia, el respeto mutuo y la honra de los compromisos” podía leerse en el comunicado español. Con esta jugada se buscan satisfacen las ansias marroquíes a cambio de que cese el chantaje migratorio, económico y político. Se desconoce si el acuerdo incluye algún otro tipo de contraprestación por parte de Marruecos hacia España, aunque a priori parece que lo hablado se centraría en un mayor control migratorio, cooperación antiterrorista, distensión diplomática y apertura a inversiones cruzadas. Esta “nueva etapa” será inaugurada por Pedro Sánchez y por José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, en sendos viajes al país vecino.

El contenido de la carta, conocido varios días después del anuncio, no incluye explícitamente ninguna contrapartida. Es destacable que la misiva parece un gesto unilateral del gobierno español, que anuncia el cambio de postura a Rabat sin tener ningún compromiso por escrito de su contraparte. La ambigua petición de preservar la «integridad territorial» de ambos países apacigua la retórica expansionista de Marruecos sobre Ceuta y Melilla a corto plazo, pero no hay ningún mensaje de la Casa Real alauí hablando de la «integridad territorial española» y mucho menos una renuncia a su pretensión sobre las plazas norteafricanas. Sí han comenzado a verse las primeras consecuencias del anuncio; Rabat revierte su chantaje migratorio y ha vuelto a aceptar la devolución de migrantes -algo a lo que ya estaba obligado en virtud de acuerdos internacionales- y normaliza el transporte de personas y mercancías en las «cuasi-sitiadas» ciudades de Ceuta y Melilla.

La nueva posición entierra la calculada ambigüedad y toma partido abiertamente por las tesis de Rabat, lo que entra en contradicción no solo con el criterio mantenido por todos los gobiernos hasta la fecha, sino especialmente con la responsabilidad legal que España aún tiene hacia su excolonia. Las consecuencias de esta decisión son internas e internacionales. En España todos los partidos han denunciado la decisión; desde rechazo tajante de Coalición Canaria, EH Bildu, ERC o Unidas Podemos a las críticas por la unilateralidad y la ruptura de un pacto de Estado de Ciudadanos, PP y Vox. Especialmente significativo es que el ala de UP en el gobierno desconociese el acuerdo en una materia que ya generó disensos en noviembre de 2020, con el reinicio de la guerra.

Además, el propio PSOE debe lidiar con sus contradicciones ideológicas, en su programa electoral a las últimas elecciones donde aseguraba que promoverían la «solución del conflicto de Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantizan el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui”. El cambio de criterio recordó el que protagonizó tres cuatro décadas antes Felipe González, quien un año después de firmarse los Acuerdos Tripartitos de Madrid viajó a los campos de refugiados en Tinduf para afirmar ante una enfervorecida masa de saharauis: “Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. Yo quiero, por consiguiente, no prometeros algo, sino comprometerme con la Historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final”. Una vez en el gobierno González enfrío el acercamiento con el Frente Polisario y oficializó la neutralidad que hoy su partido entierra en defensa de las tesis marroquíes.

Pero sin duda, las principales repercusiones se dan en el plano internacional. Queda por ver si tras la reacción española terceros estados siguen el ejemplo incentivados por la jugosa política del cheque que practica Rabat.

El tercer actor en discordia, Argelia, socio estratégico y principal suministrador de gas natural ha mostrado su sorpresa considerando que España “había traicionado por segunda vez a los saharauis”. El gigante norteafricano ha llamado a su embajador a consultas “por este repentino cambio de posición de la antigua potencia administradora del Sáhara Occidental”, lo que a efectos supone la retirada del embajador del país. Conforme han pasado los días se ha confirmado que Exteriores no avisó, o lo hizo de manera deficitaria, a su principal suministrador de gas y aliado prioritario en el norte de África.

Las relaciones estables y discretas entre ambos vecinos se ven comprometidas en un momento especialmente delicado, con las relaciones entre Marruecos y Argelia rotas, la guerra rugiendo en el Sáhara Occidental y en plena crisis energética. Argelia ya ha comenzado a pasar factura a Madrid, la apuesta europea por reducir la dependencia gasística de Rusia pasa necesariamente por aumentar las importaciones argelinas; para dicha operación dos eran los países con posibilidades de convertirse en hub energético y distribuir las crecientes exportaciones argelinas al viejo continente: Italia y España. Pues bien, un día antes de hacerse oficial el fin de la neutralidad española Argel confirmaba la ampliación de la cooperación energética con Roma, un aviso preventivo de lo podría venir.

Argelia podría emplear técnicas similares a las usadas por Marruecos. La necesidad española de frenar la migración y el terrorismo es igualmente apremiante en uno y otro país vecino, aunque por el momento Argel nunca ha hecho uso de este repertorio contra España. Comentario aparte merece la cuestión energética, pues el suministro hacia España, aunque difícilmente será completamente interrumpido, bien podría sufrir modificaciones que repercutan directamente en el bolsillo de los hogares. Una opción plausible es que Argelia cumpla sus compromisos firmados a largo plazo pero renegocie por lo alto los contratos a punto de vencer así como las compras a corto plazo que se realizan para terminar de satisfacer los picos de demanda energética. La opinión pública argelina y la clase política han mostrado unidad a la hora de afrontar la crisis y ya han advertido que darán una «respuesta global» a lo ocurrido.

Ceder a un chantaje en zona gris sienta un precedente peligroso en tanto en cuanto Marruecos no pierde de vista sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla o las aguas territoriales canarias. ¿Por qué tocar lo que funciona? Se preguntarán a estas horas en el Palacio Real. La “rendición preventiva” de España garantiza una tregua en la zona gris por tiempo indeterminado; si Rabat consigue cerrar -o amortizar- el expediente saharaui no tendrá motivo alguno para seguir satisfaciendo las peticiones de un vecino dubitativo que ha dado sobradas muestras de miopía diplomática y militar. El refranero español proclama “pan para hoy hambre para mañana”, una expresión acertada a la que solo cabría añadir que la comida que hoy saborean en Moncloa no solo escaseará en un futuro sino que se toma a costa de un golpeado pueblo saharaui.


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Estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Salamanca. Intentando ofrecer una visión crítica de la geopolítica. Militante. He cubierto y vivido sobre el terreno los procesos migratorios en Grecia, Italia y Melilla. Ahora escribo sobre América Latina.

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