El tramo final del sexenio del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está siendo bastante agitado, especialmente por el anuncio en febrero de 2024 de la puesta en marcha del denominado “Plan C”. Esta medida comprende un paquete de 20 reformas constitucionales, entre las cuales se encuentran determinadas cuestiones de enorme relevancia y alcance, como la eliminación de organismos autónomos, formalizar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) o la que está acaparando mayor atención: la elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
El proyecto de ley plantea, además, la reducción del número de componentes de la Suprema Corte de Justicia, la creación de un órgano de administración judicial y de un Tribunal de Disciplina.
Las claves de la reforma judicial
Sin lugar a dudas, el punto más polémico es la elección popular de más de 1.600 cargos judiciales, entre los que se encuentran los ministros de la Suprema Corte, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral Federal y los magistrados de circuito y los jueces de distrito. Según la información disponible, las elecciones serían organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y se llevarían a cabo en dos etapas.
La primera en 2025, cuando se votaría a los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del recién creado Tribunal de Disciplina, y la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito. Posteriormente, en 2027, se elegiría a la otra mitad. Por su parte, los poderes judiciales de los 32 estados también se renovarían de una forma similar.
El proyecto de ley plantea la reducción de 11 a 9 miembros de la Suprema Corte, mientras que su presidencia se renovará de forma rotatoria cada dos años, siendo ganador aquel cuya candidatura logre más votos. En cuanto a los ministros, éstos podrán permanecer en el cargo durante ocho, once o catorce años, según el número de votos obtenidos, entendiendo que a mayor apoyo recibido mayor será la duración del cargo.
Por su parte, los jueces y magistrados podrán permanecer hasta nueve años en sus puestos, con opción a una reelección. Para acceder a estas plazas, el aspirante deberá contar con una licenciatura en derecho, una calificación media de ocho en la carrera y un nueve en las materias relacionadas con el puesto a ocupar, experiencia de unos cinco años en el ámbito jurídico y presentar unas cinco cartas de recomendación de compañeros de profesión o vecinos que le respalden.
Aquellos que logren reunir estos requisitos, serán evaluados durante su primer año por el Tribunal de Disciplina, que en caso de suspender deberán llevar a cabo cursos de capacitación para volver a ser evaluados. Si no superar el proceso, quedarían inhabilitados.
El viernes 23 de agosto se reunió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para dirimir el reparto de las diputaciones y senadurías plurinominales, asunto que ha despertado bastante polémica, con acusaciones al partido Morena por sobrerrepresentación. Finalmente el INE, con base a la interpretación de la Constitución, aprobó que Morena y sus aliados cuenten con el 73% de los legisladores en la Cámara de Diputados.
Posteriormente, el 26 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de dicha cámara aprobó en líneas generales la reforma judicial con 22 votos a favor y 17 en contra, tras un largo debate de diez horas de duración, donde la oposición planteó cerca de 250 propuestas de modificación que Morena desechó. Tan solo se aceptó un cambio que fue propuesto por el propio López Obrador, el cual tenía que ver con la creación de los denominados “jueces sin rostro”, que hace referencia a que no se dé a conocer la identidad de un magistrado que lleve casos de delincuencia organizada.
Con este resultado positivo, la reforma judicial sigue su curso, siendo el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente paso, donde se votará, presumiblemente, el 1 de septiembre. Cabe resaltar que en esta cámara tanto Morena como aliados cuentan con la mayoría calificada obtenida por Claudia Sheinbaum en las elecciones de junio de 2024, y que justamente arranca en funciones el 1 de septiembre.
Esto está sujeto a la decisión final que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con respecto a la mayoría calificada en el Congreso. Posteriormente, la reforma judicial pasaría al Senado, donde Morena y aliados cuentan con 83 senadores, quedándose solo a uno de la mayoría, por lo que se espera que el oficialismo tenga que negociar con fuerzas opositoras.
Es importante destacar que este proceso va a coincidir con la salida de López Obrador y el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, que toma posesión el 1 de octubre. Sin embargo, el cambio no supondrá ningún problema porque la presidenta ya se ha comprometido a seguir adelante con el proyecto de ley.
Críticas nacionales e internacionales
La reforma judicial está siendo duramente criticada en México por diversos sectores de la sociedad, comenzando por los propios trabajadores del Poder Judicial, que se encuentran divididos. El Sindicato Renovación, uno de los más importantes en este sector, ha iniciado un paro de las actividades desde el 19 de agosto, al cual se han unido la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de Distrito, que representan a cerca de 1.400 profesionales, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.
En el otro extremo se encuentra el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, que engloba a 32.000 de 55.000 trabajadores del sector, y que se mantiene al margen de la huelga. Estos paros están teniendo repercusión en al menos 16 estados. Además, el rechazo a esta reforma también proviene desde otros ámbitos como el empresarial y el académico.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha mostrado su apoyo a los paros y ha denunciado que el poder judicial debe ser independiente. Además, sostiene que la reforma puede acarrear consecuencias negativas en materia económica, haciendo especial énfasis en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual se tiene que negociar en 2026.
En el plano internacional, tanto Estados Unidos como Canadá han transmitido su preocupación a través de sus respectivos embajadores, Ken Salazar y Graeme C. Clark. El primero emitió un comunicado el 22 de agosto, en el cual advierte del peligro que supone para la democracia mexicana la elección directa de los jueces, a la par que afirmaba que dicha reforma no resolverá la problemática con la corrupción, todo ello basándose en su trayectoria en el ámbito del derecho y como senador de Estados Unidos
Estas declaraciones han contribuido al incremento de la tensión diplomática, sobre todo tras el anuncio de López Obrador de poner en pausa las relaciones con las embajadas de ambos países. El presidente mexicano ha esgrimido que “somos países independientes y soberanos, muy respetuosos, pero no es posible que un embajador extranjero opine de lo que está bien, de lo que está mal en nuestro país", a lo que ha añadido el carácter injerencista de Estados Unidos en todo el continente americano.
También se ha pronunciado al respecto la Oficina en Washington para asuntos latinoamericanos (WOLA), que afirma que la reforma puede socavar la independencia judicial, debilitar la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Además, pone en tela de juicio la inclusión de la figura de "jueces sin rostro", que cataloga de alarmante, a la par que señala que en otros países donde se ha implementado ha terminado ocasionando violación de los derechos fundamentales, para lo cual se apoya en la sentencia del 27 de noviembre 2013 contra Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También ha habido otras reacciones de distintos organismos y autoridades internacionales, destacando la de la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, que ha insistido en la importancia de la independencia judicial, y ha instado a las autoridades mexicanas a reconsiderar el proyecto de ley. En la misma línea se ha manifestado la Asociación Internacional de Jueces con sede en Roma.
Por su parte, firmas internacionales como Morgan Stanley, JP Morgan o Fitch no se han quedado calladas y han alertado de las consecuencias que puede tener la reforma: depreciación del peso, disminución de la inversión o rebajas de la calificación crediticia, entre otros efectos. La American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham) y la Cámara de Comercio de Canadá en México (CanCham) pidieron reevaluar la medida, además de señalar con preocupación la desaparición de los organismos autónomos.
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