La crisis política en Venezuela se agrava al tiempo que se agotan aceleradamente las vías para su solución pacífica. El 28 de julio, fecha de los comicios presidenciales, el Centro Nacional Electoral (CNE) brindó unos resultados preliminares según los cuales Nicolás Maduro había sido reelecto como presidente del país para el período 2025-2031. Días después, el mismo Elvis Amoroso, máxima autoridad del CNE, ofreció un segundo boletín que reafirmaba la versión del organismo electoral con un escrutinio cercano al 100%.
El principal espacio opositor, liderado por María Corina Machado pero representado formalmente por Edmundo González como candidato presidencial, denunció fraude desde el primer minuto. Inicialmente, en las horas posteriores al primer boletín, lo hizo en base exclusivamente a su confianza en la propia victoria –a lo largo de la campaña, ambos insistieron en que únicamente un fraude podía permitir un triunfo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)–.
Después, defendieron la tesis del fraude mediante la publicación en una página web de las actas que sus apoderados habían ido recopilando en los distintos centros electorales. Asimismo, denunciaron abiertamente las trabas impuestas por el oficialismo antes y durante los comicios, como el hecho de que la gran mayoría de los venezolanos que viven en el extranjero no pudieron ejercer su derecho a voto.
Ciertamente, ambas versiones generan dudas a numerosos actores, especialmente internacionales, que mayoritariamente siguen apostando por una postura de cautela –a excepción de países como China, Rusia u Honduras, que reconocen a Maduro, o Estados Unidos, Perú o Uruguay, que reconocen a González–. Respecto a la tesis del CNE, se exige a la autoridad que publique las actas del recuento para que los observadores internacionales puedan verificar la autenticidad de la victoria de Nicolás Maduro.
Por contra, las actas publicadas por la oposición no son, a priori, prueba suficiente para la mayoría de Estados, que exigen una revisión de las actas del CNE y de las actas de los apoderados del resto de partidos antes de confirmar o desmentir lo que refleja la página web de la oposición: que Edmundo González ha ganado con amplio margen las elecciones presidenciales.
Más allá de resolver con certeza la veracidad de una u otra versión –el CNE tiene treinta días de margen desde los comicios para publicar las actas y, a su vez, la oposición no parece dispuesta a presentar las actas de sus apoderados ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que sean analizadas junto a las del resto de partidos–, la clave de la coyuntura es el hecho de que ninguna facción parece ni remotamente abierta a aceptar una victoria del contrario –incluso aunque la misma sea reconocida por auditores internacionales independientes–.
Si en efecto se constata que las elecciones las ha ganado Maduro, es previsible que Machado y el resto de su bloque político insistan en la acusación de fraude y traten de acumular fuerzas –interna o externamente– para una estrategia insurreccional que se parezca a la del 2014, la del 2002 o, incluso, a una con notable presencia de Estados Unidos.
Si, por contra, se evidencia el fraude y se prueba que González es, según las urnas, el presidente electo de Venezuela, es previsible que el chavismo se atrinchere, bien sea mediante la negativa del CNE a publicar las actas, mediante la denuncia por “injerencismo” de los observadores que denuncien el fraude o mediante un reconocimiento de la derrota sin transición efectiva de poder. Asimismo, también se vislumbra un escenario en el que ambos líderes de la oposición son encarcelados por las fuerzas de seguridad venezolanas.
De hecho, el Ministerio Público afirma que abrirá una investigación penal contra Machado y González por anunciar "falsamente" un ganador "distinto al proclamado por el CNE, único órgano calificado para hacerlo" e incitar "a funcionarios policiales y militares a la desobediencia". El anuncio de este organismo se produce después de que los dos políticos antichavistas pidieran a los militares y policías que "se coloquen del lado del pueblo” e impidan “las acciones de grupos organizados por la cúpula madurista”.
En cualquier caso, a la luz de los discursos de Maduro y Machado, parece claro que ambos bloques se preparan para una toma del poder por otros medios. En la práctica, el resultado real de las elecciones no apunta a ser el elemento decisivo de la contienda, por cuanto las acusaciones cruzadas conducen a un escenario de reconocimiento divergente y cierre de filas. Será la correlación de fuerzas en el campo institucional, cívico, militar e internacional lo que defina el próximo ciclo político venezolano, marcado desde su nacimiento por los mismos factores que posibilitaron las crisis pretéritas.
De cara a un escenario de largo recorrido, las elecciones estadounidenses serán cruciales: el trumpismo podría apostar por una escalada retórica y, como escenario de máximos, podría ver a Venezuela como una pieza proxy de los intereses de Washington, Pekín y Moscú. El Partido Demócrata presumiblemente apostaría por algún tipo de disputa híbrida contra un eventual gobierno de Maduro a través de una intensificación del régimen de sanciones, apoyando pública y logísticamente a la oposición, pero cuidándose de una escalada que pudiera poner en alerta a China y Rusia. Como sea, la crisis política en Venezuela se presume larga y, posiblemente, internacionalizada.
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