El chavismo ha logrado sacar adelante en la Asamblea Nacional de Venezuela su ley sobre fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y entidades afines. Esta legislación fue inicialmente presentada por Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en 2023, pero reactivada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. El proyecto legislativo se ha tratado en el marco de un “receso parlamentario” solicitado por Nicolás Maduro tras el ciclo de protestas y las denuncias de fraude que siguieron a los comicios.
Maduro había afirmado querer “proteger a la población” de los discursos “de odio” en las redes sociales y de la difusión de “ideas fascistas”. El contexto que se ha consolidado tras las elecciones es claro: la oposición acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de fraude y presentó las actas que supuestamente habían recopilado sus apoderados en los distintos centros electorales; a su vez, el chavismo señaló a la oposición –en particular a María Corina Machado– de golpismo y activó varias “palancas” destinadas a desarticular a sectores opositores.
El oficialismo ha dado numerosas pistas sobre la voluntad de transitar hacia un sistema “con otras características” –tal como dijo el propio Maduro, sin dar más información–, a punto tal que el propio Jorge Rodríguez afirmó querer desarrollar una ley para que “nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre las elecciones en Venezuela”.
En cierta medida, la calificada por entidades como Amnistía Internacional como “ley anti ONG” reafirma estas lógicas. En ella, se condena que “fue en los años 80 y 90 del siglo pasado que [las oenegés] tuvieron un ascenso meteórico, en específico durante la administración Reagan y el fin de la guerra fría” y que “desde entonces, Estados Unidos ha desplegado un arsenal de organizaciones específicamente dedicadas a esta tarea. Los ejemplos incluyen: USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), NED (National Endowment for Democracy) y sus cuatro satélites, Freedom House y Open Society de G. Soros”.
La ley añade que “en el presente, otros Estados han continuado con estas actividades, generalmente bajo la sombra de ideas de cooperación internacional para eldesarrollo o actividades humanitarias que pese a presentarse como el esfuerzo conjunto de gobiernos, apoyado por el dinamismo de organismos internacionales, sociedad civil, academia y sector privado, para promover acciones que contribuyan al desarrollo sostenible y a mejorar el nivel de vida de la población mundial a través de la transferencia, recepción e intercambio de información, conocimientos, tecnología, experiencias y recursos, significan maneras de incidir dentro de Estados soberanos, promoviendo acciones como las denominadas primaveras de colores, experimentadas en el medio oriente en la pasada década”.
Estos son algunos de sus artículos:
- Artículo 10: las ONG “deberán inscribirse y mantener sus datos actualizados ante el ente competente en materia de registros y notarías, el cual desarrollará un Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, que contendrá un asiento sistematizado y actualizado de la información relativa a la creación, funcionamiento, financiamiento y modificación de estas organizaciones”.
- Artículo 15: se prohíbe la constitución de “asociaciones fascistas” o que promuevan “la intolerancia” o “el odio”.
- Artículo 23: las ONG tendrán prohibido “1) recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos; 2) realizar actividades políticas; 3) promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República; y 4) cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana”.
- Artículo 28: las ONG pueden ser disueltas por procedimiento breve u ordinario “por incurrir en las prohibiciones establecidas en la ley” o por “la falta de pago de cualquier multa”.
- Artículo 37: las ONG extranjeras no domiciliadas en el registro venezolano podrán ser anuladas en el registro que habrá de llevar el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como podrán ser expulsadas las personas naturales extranjeras que formen parte de una ONG no venezolana no domiciliada que sea sancionada por la ley.
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