Kenia y Somalia, a juicio por su frontera marítima

Por Alejandro López.

La justicia internacional tiene otro caso entre manos sobre una delimitación marítima entre países cuya hostilidad ha crecido a causa de este y otros contenciosos legales y no legales. Somalia presentó su caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como ocurre en otros muchos puntos del globo. La corte de la ONU no tiene capacidad para forzar la implementación de sus decisiones pero sobre el papel sí resultan vinculantes y no admiten recurso, ya que los países miembros firmaron su jurisdicción competencial.

El área consiste en más de 150.000 metros cuadrados potencialmente explotables en la extracción de combustibles fósiles y la pesca. La demarcación somalí actuaría como provisional hasta que se delimitase la frontera marítima, de modo que cualquier victoria keniana supondría una extensión hacia la frontera reclamada –mucho más al norte en diagonal desde la frontera entre Kenia y Jubalandia-.

Sin embargo, la presentación del caso por Somalia buscaba volver a trazar oficialmente la línea hacia el sureste siguiendo la dirección de la frontera terrestre, frente a la línea del este que Kenia demandaba siguiendo el paralelo latitudinal y que Somalia acusaba de haberse trazado con la intención de anexar territorio somalí. Esta última visión de la potencial delimitación responde a la forma en que tuvo lugar la descolonización, ya que esta división por paralelos se adoptó también en las fronteras de Kenia con Tanzania, Tanzania con Mozambique y Mozambique con Sudáfrica. Una sentencia en favor de Somalia podría hacer que todos estos países buscasen una remodelación de sus delimitaciones marítimas dado lo irregular del trazado terrestre.

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La judicialización del conflicto

La vista oral ante la CIJ de La Haya entre Somalia y Kenia a cuenta del diferendo por la delimitación marítima comenzó el 15 de marzo con la ausencia de Kenia. El motivo que subyacía en esta falta de presencia de parte por Kenia en el caso era la denegación previa de la solicitud keniana para obtener un aplazamiento de la vista y sus quejas ante la presencia de un juez somalí en el caso. Kenia ha tratado de obtener una recusación del magistrado y tanto esta petición como su rechazo de la jurisdicción de la corte fueron desestimadas.

La CIJ lamentó la ausencia de Kenia aunque se había remitido el argumentario por escrito, mientras Somalia sí ofreció su postura en la vista acusando directamente a Kenia de querer apropiarse de aguas somalíes y lo calificó como un intento “totalmente desesperado”. Además, Somalia criticó la ausencia keniana alegando que la corte les había ofrecido tiempo más que suficiente para preparar el caso.

La línea somalí en general apostaba por deslegitimar el reclamo de Kenia ante su falta de presencia en la zona disputada y ante el reconocimiento de la disputa que suponía el intercambio de declaraciones y evidenciaba que no había un acuerdo entre las partes sobre la disposición de los límites territoriales. Asimismo, Somalia calificaba la postura de Kenia como contradictoria a cuento de este último argumento, puesto que era evidente el conflicto de posturas, y así tratarían de arrebatar para sí una porción mínima de las aguas somalíes. Fue el propio Viceprimer Ministro de Somalia, Mahdi “Khadar” Gulaid, quien, a pesar de estar en un gobierno fuera de mandato, defendió el caso acusando a Kenia de tratar de “boicotear las vistas orales”.

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Uno de los argumentos presentados por Kenia incidía en la presencia histórica de sus embarcaciones en la zona, habiéndose producido la interceptación de barcos patrios en las aguas en disputa, a lo que Somalia respondió que tan solo 2 navíos kenianos habían sido interceptado en aguas en disputa entre 1990 y 2014.

La diplomacia no funciona

Otra de las claves que Kenia sacó a relucir para deslegitimar la petición de Somalia fue el memorándum de entendimiento (MoU) firmado por Somalia y Kenia en 2009 para la no-objeción de la delimitación de la plataforma continental en 200 millas náuticas. Sin embargo, la CIJ aceptó la petición somalí al desestimar el argumento por considerar que el MoU no suponía un acuerdo territorial sino un compromiso para negociar las fronteras marítimas, lo cual además no se había producido. La corte consideró que el MoU sí representaba un acuerdo bilateral válido pero que la confirmación pendiente de la solución territorial y su compromiso para negociar por medio del diálogo no menoscababa posibles exploraciones alternativas. Por lo tanto el MoU no suponía cortapisas a la vía judicial.

El MoU fue firmado por el entonces Ministro de Cooperación Internacional del gobierno transicional, Abdirahman Abdishakur, el que en 2021 pretendía ser candidato electoral por el Partido Wadajir. La firma de este MoU fue usada como arma arrojadiza contra el candidato al acusarle de haber “vendido” una porción de la soberanía somalí en su mandato transicional entre 2009-2010 con el Presidente Sheikh Sharif. De hecho el Parlamento somalí rechazó el acuerdo.

A causa de esa falta de acuerdo final en la delimitación, fue Somalia la que decidió presentar el caso ante la CIJ en 2014, con la vista inicialmente planeada para junio de 2020. De hecho hasta 2020, el Primer Ministro Hassan Ali Khaire (2017-2020) bajo el gobierno de Farmaajo inició algún acercamiento diplomático con Kenia para solucionar problemas como los de la frontera de Jubalandia, similares a los acontecidos en 2021. Pero Hassan Ali Khaire salió del gobierno pasando a ser un candidato opositor en julio de 2020, con visos de presentarse a las elecciones de 2020 que posteriormente se retrasarían a 2021 y no llegarían a tiempo. Ali Khaire fue uno de los opositores presente en las protestas contra el gobierno “fuera de mandato”.

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Cuando la hostilidad estalló de nuevo con Kenia a cuenta de las tropas en Jubalandia, su apoyo al gobierno regional y a las milicias, ya no fue tan sencillo desescalar, y mucho menos negociar con Jubalandia una salida electoral. Kenia quería continuar el proceso negociador bilateral fuera del ámbito judicial, especialmente en el marco de la frontera marítima –ya que la IGAD le dio la razón en la cuestión terrestre y aérea- pero la tensión con Somalia estaba disparada desde hacía tiempo, culminando en la crisis de ruptura de relaciones de diciembre de 2020 a causa de Jubalandia, el Estado somalí donde precisamente se encuentran las aguas en disputa.

La situación se está empleando como arma política en ese eterno periodo electoral al vivirse una carrera por la defensa del nacionalismo somalí y los restos de la escombrera pan-somalí. La oposición llama a la diáspora somalí –importante en Kenia- a unirse en favor del reclamo nacional. Al-Shabaab ha aumentado sus reclutamientos en los últimos años debido a la extrema debilidad del gobierno federal y representando el nacionalismo en parte y ese Estado ausente que el yihadismo supo absorber tras la etapa de los Tribunales Islámicos, como brazo armado. Al-Shabaab ha defendido la soberanía de Somalia y ha calificado a la CIJ de “Corte Criminal Internacional”. Además, el Presidente Farmaajo ha aprovechado cada choque con Kenia para azuzar un nacionalismo patrio contra un enemigo externo “injerencista y desestabilizador”, ante la pérdida de ese papel tradicionalmente ocupado por Etiopía.

Por su parte, Etiopía ya había tratado de mediar en 2019 cuando Abiy Ahmed, Primer Ministro etíope, propuso una delegación para negociar con una Somalia más cercana que en décadas anteriores y con Kenia. Etiopía ejercía la presidencia temporalmente de la IGAD, la organización de cooperación regional del Cuerno de África. Además, Etiopía se habría visto presionada por Estados Unidos y Reino Unido para ayudar en la crisis fronteriza. La IGAD no es una opción actualmente después del cerrojazo dado a la institución por Somalia en 2021 desde que Sudán preside y Djibuti, la sede permanente, fracasaron en su mediación por el conflicto de Jubalandia con Kenia.

Para saber más: El fracaso de Djibuti en la mediación entre Kenia y Somalia.

Por otro lado, como se ha comentado, la intención de Kenia era abordar las negociaciones de manera extrajudicial. Y su pretensión de salir del caso le permitía abordar el asunto desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Kenia es miembro no permanente hasta el año 2022. Pero Kenia ha vivido presiones internas para abandonar la diplomacia y enviar tropas al área en disputa, según una moción firmada por los líderes parlamentarios en 2019 para “proteger la soberanía e integridad territorial de la República según lo contemplado en el artículo 241 de la Constitución”. Sin embargo, la preferencia oscilaba entre un marco de diálogo en la IGAD, la Unión Africana, la Comunidad del Este de África (EAC) o una interlocución directa con Somalia. La parte somalí, por su lado, recibió el apoyo de la Liga Árabe, de la que es miembro y que, en 2019, consideró que esas aguas eran “árabes”.

El juicio del mar

En suma a todos los argumentos esgrimidos, la defensa somalí habló en la vista sobre que la línea recta desde la frontera terrestre debería ser la base para establecer la mediana en la delimitación marítima.

Además se acusó a Kenia de tratar de violar su soberanía autorizando prospecciones en la plataforma continental que Somalia reclamaba para sí. Aunque no se buscaban reparaciones económicas por parte de Kenia tras las licencias dadas a al menos 5 empresas petroleras en la zona, sí se buscaba el reconocimiento de parte de la corte del historial de abusos kenianos y del derecho soberano completo para así poder ponerle fin a las intrusiones. En la segunda sesión del juicio, Kenia envió una carta al tribunal para reforzar su posición.

Kenia criticó en un comunicado la “agenda expansionista” de su vecino del norte, al tiempo que justificaba su no comparecencia en la audiencia por la “injusticia procesal” que suponía la presencia de un miembro somalí en la CIJ y había sido representante de Somalia ante la ONU sobre el derecho marítimo. Asimismo, Kenia criticó que se denegara la aplicación del MoU como base para la negociación de la demarcación fronteriza tanto en la plataforma continental como en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y lamentó que no se permitieran sus iniciativas bilaterales de negociación pacífica “a pesar de la intransigencia de Somalia y sus ambiciones territoriales contra Kenia”. Como cabía esperar, la parte keniana incidió repetidas veces sobre la prevalencia del diálogo bilateral sobre una derivación judicial, especialmente en virtud del MoU de 2009.

El motivo principal para su ausencia, sin embargo, residía en la pandemia de COVID-19, ya que Kenia argumentaba que no había podido realizar las preparaciones legales necesarias y se encontraba en marzo de 2021 como estaba a principios de 2020, lo cual no les parecía tolerable de cara a un caso de tal magnitud. Por ello creían que su participación habría sido “cosmética, superficial y simbólica” sin el aplazamiento solicitado. De hecho, criticaban que la corte hubiera rechazado tal petición ante lo que consideraban no podía conformar en modo alguno un juicio justo.

Además, Kenia advertía contra la línea de equidistancia fronteriza –la línea que sigue la frontera terrestre y queda a la misma distancia de ambos territorios- puesto que podría poner en riesgo la estabilidad del resto de límites fronterizos. Por último, Kenia señalaba la “traición” que todo este caso suponía para ellos puesto que habían sido garantes de la seguridad en la región, habían apoyado de manera nuclear la fuerza de la AMISOM para luchar contra Al-Shabaab y habían llegado a acoger durante mucho tiempo el gobierno somalí en Nairobi, cuando Mogadiscio se encontraba en el epicentro de la insurgencia yihadista. En abril de 2021 se habría concertado una reunión para acercar posturas en Kinshasa con mediación congoleña, líder temporal de la Unión Africana, pero Kenia prefirió reunirse con Egipto y evitar ofrecer legitimación política a un contestado internamente Farmaajo. La tensa relación entre Egipto y Sudán con Etiopía y Eritrea estaba muy cerca de arrastrar a Kenia y Somalia a un enfrentamiento posicional regional a medida que se sucedían los comentarios sobre una alianza de seguridad entre Etiopía y Eritrea a la que podría acceder Somalia.

La relación entre Kenia y Somalia no cesa en su estropicio y es que a los problemas aéreos y terrestres en Jubalandia, el diferendo marítimo en la CIJ y la presencia de tropas contra la insurgencia de Al-Shabaab, se suma la tensión por la negativa de Kenia a seguir acogiendo refugiados somalíes, con el potencial de crear una nueva crisis humanitaria. El nacionalismo pan-somalista y la crisis política interna de Somalia tienen gran parte de la culpa de este crecimiento de las tensiones entre países que han sido aliados mucho tiempo, mientras esperan a la sentencia sobre la frontera marítima. Gane quien gane, lo que parece claro es que quien perderá será inevitablemente la relación bilateral entre ambos.