Escrito por Alejandro López.
Kenia y Somalia continúan su choque diplomático a causa de las tensiones en la región de Jubalandia. La ruptura de relaciones diplomáticas de manera unilateral por parte de Somalia en diciembre de 2020, con su posterior reversión en una cumbre regional, quedó lejos de cerrar las grietas que se habían abierto entre los dos países.
Desde el día 5 de diciembre de 2020 se da un temprano comienzo al proceso de mediación tras el conflicto de Jubalandia, con la petición de Somalia a Abdalla Hamdock, Primer Ministro de Sudán, en su papel de líder temporal de la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo (IGAD), de una reunión de emergencia para prestar especial atención sobre la “agresión de Kenia”. La reunión de la IGAD en Djibuti sirvió como cumbre entre los países del Cuerno de África en un sentido amplio: Etiopía, Sudán, Sudán del Sur, Eritrea, Djibuti, Somalia, Kenia y Uganda. El 24 de diciembre se alcanzó el compromiso de la realización de una investigación sobre todas las quejas de Somalia en relación con la crisis con Kenia. Somalia y Kenia retomaban sus relaciones diplomáticas a cambio de la profundización auditada externamente en los planteamientos somalíes sobre la disputa.
Somalia acusa
Entre los días 9 y 13 de enero de 2021 tuvo lugar la investigación internacional de la IGAD sobre el terreno y el 27 de enero concluyó la investigación con la publicación del informe sobre las peticiones de Somalia. El país del Cuerno africano realizó cinco acusaciones en el marco de la IGAD para la investigación contra Kenia:
- La violación del espacio aéreo de Somalia con aterrizajes en su territorio.
- La violación de la frontera terrestre de Somalia. Las fuerzas de Kenia, en el marco de su presencia en la AMISOM, estarían destruyendo infraestructura de telecomunicaciones sin autoridad y moviéndose a otras localidades abandonando su lucha contra Al-Shabaab. La dejación de funciones estaría dejando desprotegida a la población ante el grupo extremista islamista, que les estaría eliminando.
- El reconocimiento del gobierno del Estado Regional de Jubalandia y la colaboración con las autoridades no reconocidas por Somalia, con el Presidente estatal Ahmed Madobe a la cabeza. La elección de las mismas se produjo en unas elecciones que no contaron con la aprobación del gobierno federal somalí.
- El contrabando de azúcar y carbón en la ciudad portuaria sureña de Kismaayo, Jubalandia, ayudando a los miembros de Al-Shabaab a enriquecerse.
- La creación, el mantenimiento y el entrenamiento de una milicia hostil al gobierno de Somalia desde el territorio keniano. Este grupo armado estaría bajo la autoridad de Abdirashid Janan, el Ministro de Interior de Jubalandia, fugitivo para el gobierno federal. La milicia se encontraría asentada en territorio keniano a 30 kilómetros al interior desde Mandera, la norteña región keniana donde se encuentra la frontera de Beled Hawo, que ha acogido las escaramuzas entre Kenia y Somalia.
Para saber más: Jubalandia: el Estado que agrieta las relaciones entre Kenia y Somalia.
Kenia ha negado cualquier tipo de violación territorial terrestre o aérea de la soberanía de Somalia, así como de albergar cualquier milicia armada hostil al gobierno federal somalí, en palabras del Jefe del Estado Mayor keniano. El Jefe de la Armada keniana ha atribuido la posible responsabilidad del comportamiento de las tropas presentes en Somalia bajo el mandato legal de la AMISOM a la entidad supraestatal de la que depende la coordinación de estas fuerzas, es decir, la Unión Africana. Además, Kenia ha negado haber hecho ningún reconocimiento sobre el estatus del Estado de Jubalandia.
La frontera de Mandera, en Kenia, con Beled Hawo, en Somalia, es muy porosa y forma un triángulo donde la población de Etiopía, Kenia y Somalia mantiene una mayor homogeneidad étnica y económica en la práctica.
La IGAD responde
Las observaciones sobre el terreno de la Autoridad Intergubernamental se saldaron con una respuesta pormenorizada desmontando la mayor parte de las acusaciones somalíes. Las conclusiones fueron bienvenidas por Kenia.
- Con respecto a la violación del espacio aéreo, la investigación de la Comisión considera probados los hechos acusados por la parte somalí. Kenia, efectivamente, entró en el espacio aéreo de Somalia incumpliendo el acuerdo internacional. Además, Kenia desafió al gobierno federal somalí al incumplir el embargo aéreo total sobre Jubalandia que obligaba a desviar todas las aeronaves hacia Mogadiscio, sin excepciones humanitarias.
- Con respecto al comportamiento de las tropas kenianas en Somalia bajo el mandato de la AMISOM, la IGAD cerciora que, precisamente, estas actúan bajo responsabilidad de la Unión Africana y lo hacen de igual modo que otras tropas de diferentes nacionalidades sin distinción.
- Uno de los puntos más controvertidos es el del estatus de las autoridades de Jubalandia, el Estado somalí fronterizo con Kenia. A este respecto, la IGAD considera que no hay pruebas del reconocimiento de Kenia sobre dicho gobierno. A pesar de que varias figuras de gran peso político keniatas asistieran a la investidura del presidente de Jubalandia, Ahmed Madobe, no reconocido por Somalia cuando fue reelegido en 2019; esta presencia no supondría un reconocimiento tácito. Además, se considera incontestable la cercanía de Kenia con Jubalandia y sus autoridades en la práctica defensa contra el islamismo extremo de Al-Shabaab, ya que supone una gran necesidad y un esfuerzo para protegerse de dicha insurgencia conjuntamente.
- Sobre el contrabando en la ciudad de Kismaayo, la Comisión celebra la celeridad con que esta cuestión ha sido abordada ya que en noviembre de 2020 fue penalizado este comercio por el Consejo de Seguridad de la ONU y ha perjudicado fuertemente a Al-Shabaab.
- Y sobre la milicia armada por Kenia bajo la coordinación de Abdirashid Janan, la Comisión ha emitido su voto más controversial. Consideran a Janan como Ministro de Interior de Jubalandia y, por lo tanto, las tropas se encuentran directamente bajo la autoridad de la armada regional. Se recuerda que desde un acuerdo firmado en 2017, los Estados regionales tienen la competencia para disponer de ejércitos propios junto a sus grupos policiales.
Kenia, por lo tanto, acogió con satisfacción el informe de la IGAD: “Las acusaciones de Somalia son infundadas”. Somalia había emitido su queja ante las conclusiones del informe al considerarlo “sesgado y parcial” a favor de Kenia.
El punto crítico de la investigación, el de las tropas de Jubalandia resulta especialmente controvertido ya que los enviados de la IGAD se habrían visto con miembros del grupo armado en Jubalandia. Se especificaba, en primer lugar, que las tropas se encontraban en territorio somalí y no keniano. Pero no se desvelaba el punto exacto en que se encontrarían dado que, en segundo lugar, cabe destacar que las fuerzas militares de Jubalandia habían sido proscritas por las federales somalíes y correrían peligro si se hacía pública esta información. Este señalamiento encaja con la afirmación de que Jubalandia tenía derecho a establecer su propio ejército desde 2017, y sus fuerzas han servido junto a los efectivos de la AMISOM y de Estados Unidos –hasta su retirada desde 2020- en la lucha contra Al-Shabaab. Somalia no puede aceptar estos planteamientos ya que suponen un reconocimiento no explícito de la autoridad del gobierno de Jubalandia, en considerable hostilidad con el gobierno central. Esta situación dificulta más si cabe la celebración de unas elecciones unitarias y completas en Somalia en 2021.
Y como consecuencia de esta investigación, la IGAD consideraba “desproporcionada” la ruptura de relaciones diplomáticas vivida en 2020, aunque se reconocía la soberanía de Somalia para tomar esa decisión, esta resultaba improductiva por los enormes lazos comerciales y humanitarios que compartían, especialmente en Gedo –norte de Jubalandia-.
¿El final de la mediación?
Después de la congratulación keniana, llegó la reacción somalí. Y fue, como cabía esperar, airada. Somalia quemó las naves de la diplomacia contra sus vecinos en su respuesta. Aseguraba haber aceptado la mediación de la IGAD, así como la designación de Djibuti como país encargado de llevar a cabo la investigación sobre todas las acusaciones somalíes, a cambio de restaurar los lazos diplomáticos y desescalar las hostilidades con Kenia –en medio de una retórica procedimental sobre la buena fe para buscar la paz en la región- con la confianza de una imparcialidad que no habrían encontrado en la mediación.
Somalia criticó directamente a Djibuti por haber pretendido buscar en la frontera alguna infraestructura de las Fuerzas de Defensa de Kenia desde un helicóptero de sus propias fuerzas armadas, lo que calificó de “ridículo”, mientras que redujo sustancialmente la parte de la investigación que tendría lugar en suelo somalí. Así como menciona el resultado de la misión enviada como “parcial, infundado, claramente interferido por el Gobierno de Kenia”. Somalia considera que todo ello socava la imparcialidad y la credibilidad de Djibuti y mancha la de la IGAD. Además, la parte somalí vuelve a ahondar en cómo este informe “ha dañado indudablemente la imparcialidad de Djibuti y su posición como socio confiable en la región ya que ha quebrantado la importancia de la neutralidad en la resolución del conflicto”.
Djibuti ya había ejercido previamente de mediador en disputas dentro del laberinto somalí. En junio de 2020 alojó una reunión entre el gobierno federal de Somalia y el gobierno de Somalilandia, donde esta última apostó por la necesidad de negociar una solución de “dos Estados” independientes. La reunión con Somalilandia en 2020 tuvo lugar en Djibuti, con la presencia del PM etíope, Abiy Ahmed, y el Presidente yibutiano, Ismail Omar Ghelleh. Al tiempo, el gobierno federal somalí reconocía la legitimidad de Ahmed Madobe como “presidente interino” de Jubalandia, lo cual fue rechazado por las élites del Estado sureño, ya que implicaba su reconocimiento legítimo por dos años frente a los cuatro que contemplaba la normativa de Jubalandia para un Presidente en plenitud de funciones. Pero se producía un avance, ya que Somalia no quería reconocer la victoria de Madobe -y solo lo hizo parcialmente- tras haber celebrado unos comicios paralelos con un candidato leal a Mogadiscio. Madobe era cercano a Kenia y su victoria se mantenía sin reconocimiento oficial desde las elecciones de agosto de 2019.
Tras la nueva mediación de Djibuti en 2021, Somalia volvió a lanzar los habituales exabruptos contra Kenia sobre la violación de su soberanía fronteriza y condenó lo que llama “su interferencia directa” en la investigación con la intención “de absolver sus propios actos ilegales socavando la soberanía, la integridad territorial y la independencia política” de Somalia. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores somalí, del que se obtienen estas declaraciones, afirma que su país “ha perdido la confianza en la capacidad de las fuerzas kenianas para apoyar la estabilidad en Somalia” en el marco del contingente de tropas que mantiene desplegado en Somalia contra el grupo yihadista Al-Shabaab, afiliado a Al-Qaeda. Se emitió un comunicado afirmando que “las Fuerzas de Defensa de Kenia no pueden apoyar la estabilidad de Somalia al mismo tiempo que son instigadoras de la inseguridad”.
El punto más novedoso, salvando la crisis de confianza con Djibuti, reside en la propia organización regional. Somalia llama a que la IGAD retire su informe “sesgado, injusto, comprometido y predeterminado para exonerar a Kenia” y advierte con recurrir a la Unión Africana o al Consejo de Seguridad de la ONU. Ante el “partidismo” que rechaza por parte de Djibuti y la propia IGAD, considera que Uhuru Kenyatta, Presidente de Kenia, ha inducido personalmente al Presidente Ismail Omar Guelleh, de Djibuti, a presionar mediante la IGAD para la retirada de las tropas federales somalíes de la región de Gedo, cuestión que además solicitaron las autoridades de Jubalandia en la negociación por la organización de unas elecciones unitarias.
Djibuti ha considerado que todo su trabajo se ha realizado con la intención de ayudar a los dos países a aliviar sus tensiones desde una visión “objetiva y no sesgada”. Ante el descontento somalí, Djibuti apuesta por rondas de contactos entre los Jefes de Estado de la Comisión de la IGAD, que coordinen las conversaciones junto al Secretario Ejecutivo y el Primer Ministro de Sudán, quien ejerce la presidencia actualmente en el órgano regional.
Como consecuencia de todos estos enfrentamientos con cada vez más actores internacionales, Somalia lanzó un último órdago: “La IGAD ha demostrado su incapacidad para ser un árbitro justo e independiente”. Por lo tanto, Somalia ha puesto sobre la mesa la posibilidad de retirarse de la IGAD si no se ofrece una rectificación basada en la retirada del informe de la investigación y una disculpa.
Todos tienen su razón y todo irá a peor
La diplomacia había fracasado. Era cuestión de tiempo que los enfrentamientos volvieran a incrementarse sobre el terreno. De hecho, así ocurrió. El 1 de febrero de 2021, una nueva escaramuza implicaba la muerte, según Shabelle Media, de dos soldados kenianos en Beled Hawo, el lado somalí de la frontera de Gedo, Jubalandia, con Kenia. Era la primera vez desde que comenzó la crisis que se alcanzaba a los soldados kenianos en lugar de al ejército miliciano de Jubalandia o al federal somalí. Y de nuevo, Somalia acusaba a Kenia de apoyar a dicho contingente dirigido por el Ministro de Interior de Jubalandia, Abdirashid Janan. El gobierno regional ofreció su versión tras el respaldo que, en la práctica, suponía el informe de Djibuti en la IGAD, y acusó al gobierno federal de Somalia de suministrar armas pesadas al distrito de Beled Hawo para que puedan usarlas en contra de sus fuerzas regionales. Además, Jubalandia denunció la detención de 16 de los miembros de sus fuerzas. Somalia, lógicamente, consideró todo esto como un acto de defensa frente a la ilegitimidad de su contrincante. No es descabellado pensar que el siguiente escenario sería el regreso a la crisis de diciembre de 2020.
Las cartas ya están sobre la mesa. Estamos ante una lucha de legitimidades. Somalia y Jubalandia no están inventándose un rival ni lanzando acusaciones completamente falsas. Ambos gobiernos tienen aparente razón en los hechos porque no son contrapuestos, la cuestión es que la legalidad de los actos del rival es ignorada, dando alas a una escalada legítima de puertas para adentro de cada actor que permite la respuesta como forma de defensa.
Para saber más: Elecciones en Somalia: La construcción de un Estado.
De modo que si Somalia arma a la población, es un ataque a las fuerzas regionales de Jubalandia y la legitimidad que le arrojaba el proceso de paz para disponer de sus fuerzas autónomas. Si Jubalandia dispone de dichas fuerzas y ejerce su presencia en la región, es un ataque a la legalidad federal porque no es reconocido el gobierno del Estado de Jubalandia como plenamente legítimo tras las elecciones de 2019, que fueron de carácter paralelo y sin seguir las directrices federales. En aquel momento varios candidatos se proclamaron ganadores, pero en la primera elección que ganó el Presidente, Ahmed Madobe, más de 5 candidatos se proclamaron líderes de Jubalandia.
Y si Kenia apoya a un gobierno aliado o realiza sus funciones de pacificación bajo el paraguas de la Unión Africana, es legítimo e ilegítimo al mismo tiempo. Sería así bajo el precepto de que Kenia, en efecto, entró militarmente de manera unilateral y muy controvertida en Jubalandia en 2011 –con la predicada intención de crear un Estado amortiguador en el sur de Somalia, ya que lo que corresponde a Jubalandia estaba bajo control de Al-Shabaab- pero su presencia se mantuvo tras la formación del Estado semi-autónomo en 2013, esta vez sí con el apoyo en la misión de la Unión Africana contra el islamismo extremista.
Todo depende de cuál sea el poder que dicte si prima la ilegalidad de las elecciones que inhabilitan el reconocimiento y sus consiguientes funciones o si prima la semi-autonomía de la región sea cual sea su relación con el gobierno central. O si prima el reconocimiento del Estado por Kenia ya que de facto tiene un gobierno propio que, en origen, iba a ser transitorio y la misión ha reducido la presencia de Al-Shabaab; o si prima la soberanía de iure de Somalia sobre la región pero que no ha podido ejercer de manera eficaz. No sería en 2013 la primera vez que Kenia favorece la creación de un Estado tapón autónomo en el sur de Somalia, con apoyo no solo de los sectores somalíes de Jubalandia y la región keniana de Mandera sino también desde Nairobi, como ocurrió en 2011 con el Estado autónomo autoproclamado de Azania, en el mismo territorio pero con menos control efectivo aún. El problema es que esta incógnita sobre la legitimidad no se puede despejar en un país sin un Estado funcional y donde los acuerdos regionales-federales se van enmendando unos a otros sin seguir un hilo jurisdiccional coherente.
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