El 15 de marzo de 2024 el presidente colombiano Gustavo Petro agitó la política colombiana anunciando la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente, concepto que, en principio, hace referencia al proceso previsto por la vigente Constitución de 1991 para modificar la carta magna del país.
El cuándo no fue al azar: la llamada llegó en pleno estancamiento de la reforma de la salud –insignia del proyecto de gobierno petrista– en el Congreso; el dónde tampoco: la alocución tuvo lugar en el sur de Cali, en un sector conocido como Puerto Resistencia en los paros de 2019 y 2021 –considerados clave para la llegada al poder de Petro– y lugar en el que se dio un baño de masas entre las bases populares más fieles a la Colombia Humana.
Las críticas no se hicieron de rogar y llegaron por distintos flancos: desde el entonces presidente del Senado Iván Name, pasando por el expresidente Juan Manuel Santos o miembros del propio Pacto Histórico como Iván Cepeda. Incluso el actual ministro de Interior Juan Fernando Cristo se mostró escéptico en su momento.
Las voces contrarias a la Constituyente basculaban entre el miedo –ya existente en campaña– a un "giro castro-chavista" con el aseguramiento de la reelección en 2026 como objetivo inmediato y las dudas sobre la falta de los apoyos necesarios para convocarla por vía institucional. A más de cinco meses de aquel discurso en el sur de Cali, y pasados ya más de dos años de presidencia petrista, aún es incierto qué buscaba el presidente con esa propuesta y, más importante aún, si algún día llegará la Asamblea Constituyente.
El camino hasta la propuesta de Asamblea Constituyente
Gustavo Petro, a menudo definido como el primer presidente de izquierdas de la historia democrática del país, asumió el cargo en 2022 en unas elecciones marcadas por la apuesta por el cambio. El país venía de 20 años de un uribismo que, llegando muy debilitado a los comicios, no consiguió pasar a la segunda vuelta. Como es habitual en este tipo de contextos, la coalición que desbancó al uribismo se caracterizó por su pluralidad y diversidad.
Aunque exclusivamente ubicados a la izquierda y la centroizquierda, el Pacto Histórico se compone de hasta 18 partidos políticos, hecho que se suma a la ya de por sí alta fragmentación en las cámaras legislativas, aspecto que impone al oficialismo el deber de pactar con fuerzas políticas ajenas para pasar sus reformas.
Esto genera una contradicción que ha marcado desde su inicio el gobierno petrista: la apuesta por unas reformas ambiciosas se topa con la necesidad de tejer alianzas plurales. Pese a ello, durante los primeros seis meses consiguió conjugar estas dos realidades. En esta luna de miel, son varios los analistas que coinciden en que su gabinete se sustentó sobre tres pilares.
Por un lado, el sector izquierdista, compuesto de los movimientos sociales que conforman el núcleo duro de la base de la Colombia Humana; por otro lado, los partidos tradicionales de centro e incluso derecha con los que tejió alianzas –Partido Liberal, Conservador y de la U–; y, finalmente, un sector tecnocrático y académico de corte más bien liberal. Este período dio sus frutos con la aprobación de la reforma tributaria. El gobierno petrista había conseguido ganar su primera batalla, pero aún quedaba mucha guerra.
Las cosas se empezaron a torcer con la famosa y ansiada reforma de la salud, seguramente la más controvertida y debatida de las propuestas de Petro. Este proyecto preveía una reforma integral del sistema de salud colombiano cuya piedra de toque –esencial para otros objetivos como abordar la falta de servicio en las zonas rurales o la implementación de un sistema preventivo– era la eliminación o, como mínimo, modificación, del papel de las Entidades Proveedoras de Salud (EPS).
Las EPS son aseguradoras público-privadas que actualmente gestionan los fondos públicos destinados a la salud, ejerciendo como intermediarios entre el paciente y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Las fuerzas oficialistas cuestionan la existencia de estas entidades, al respecto de las cuales argumentan que son fuente de corrupción y del mal funcionamiento del sistema.
La reforma, pese a que en su paso por las cámaras había sufrido varias modificaciones para contentar a la oposición, se hundió a principios de abril de 2024 en el Senado. Los gremios económicos detrás de las mismas se impusieron esta vez, realidad que se ejemplifica en el hecho de que todos excepto uno de los partidos que votaron en contra recibieron en campaña dinero proveniente de empresas dueñas de EPS.
No obstante, el debate sobre la reforma de la salud encierra cuestiones más profundas; la eliminación de las EPS suena para muchos a la estatalización de un ámbito tan sensible como el de la salud. Esto, sumado a las dudas existentes sobre su financiación, convierte a la reforma en una amenaza para aquellos sectores que temen un giro radical del primer presidente de izquierdas del país; una amenaza que, además, podría provocar el colapso del sistema de salud nacional.
No es solo por eso que se ha calificado el hundimiento de la reforma de la salud como la peor derrota de Petro. Bajo la bandera de dicha reforma, el gobierno ha sufrido varios reveses, empezando por los remezones ministeriales ya frecuentes en su administración, en una reviviscencia de su época en la alcaldía de Bogotá y que le han ganado el dudoso honor de convertirse en el presidente colombiano con más cambios de gabinete en los primeros dos años de mandato.
En el primero de ellos –en febrero de 2023–, el principal movimiento fue la salida de Gaviria después que se filtrara un documento en que el mismo criticaba la reforma de la salud. En el segundo, en abril del mismo año, las desavenencias respecto la reforma de la salud fueron también clave para la ruptura de la alianza política con los partidos tradicionales –Partido de la U y Liberal, entre otros–, desbaratando así una de las tres bases sobre las que se sustentaba el gabinete. La salida de José Antonio Ocampo y Cecilia López significó un duro golpe para otra de las patas, la tecnócrata-liberal.
El reemplazo de dichos ministros por otros más cercanos y leales –como Ricardo Bonilla o Guillermo Alfonso Jaramillo– fue visto por muchos de sus críticos como muestra de su imposibilidad para ceder y pactar con facciones más distantes ideológicamente. Además, esta situación ha llevado a muchos analistas a hablar de incapacidad administrativa, argumento que aplican también al desarrollo de la política de Paz Total que Petro, en gran parte por su pasada vinculación con el M-19, tiene como uno de sus principales objetivos.
La Ley de Sometimiento no parece estar dando frutos en el complejo diálogo con los grupos armados insurgentes, y la prometida repartición de tierras avanza a paso de tortuga: los últimos datos informan que tan solo se han comprado 112.000 hectáreas de los tres millones prometidos, y se han formalizado menos de un millón de los siete prometidos.
A esta situación tampoco han ayudado las acusaciones de corrupción contra figuras del Ejecutivo colombiano, en particular considerando el peso que Gustavo Petro había dado a la retórica anticorrupción, como es habitual en la narrativa outsider. A finales de enero de 2023, la desaparición de 7.000 dólares en efectivo en casa de Laura Sarabia –mano derecha del presidente– habría llevado a un presunto abuso de poder en el que varios altos cargos de la policía habrían sometido a un polígrafo a la exniñera de Sarabia, Marelbys Meza.
Este revuelo coincidió con la filtración en junio de 2023 de unos audios grabados por Armando Benedetti –exembajador de Colombia en Venezuela–, que estarían dirigidos a la misma Sarabia en los que insinúa posibles irregularidades en la financiación de la campaña electoral. El episodio se saldó con la renuncia de ambos de sus respectivos cargos, aunque posteriormente han vuelto: Sarabia es actualmente directora del DAPRE y Benedetti es el embajador colombiano ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura.
Las acusaciones de corrupción no solo han acosado a algunos de sus más fieles aliados políticos, sino también a su hijo Nicolás Petro, quien aguarda juicio acusado de haber recibido dinero de sospechosa procedencia para la financiación de la campaña de su padre y habérselo apropiado para fines personales.
Es en medio de este ambiente hostil que llega la mención a la Asamblea Constituyente. A medio camino entre una distracción que alivie las miradas mordaces de la opinión pública y los medios de comunicación y una honesta llamada a la movilización de sus bases más fieles que refuerce su legitimidad, la evocación de la Constituyente pretende dar un soplo de aire fresco a la presidencia de Petro, enmarañada en las complicaciones mencionadas.
Además, este movimiento se enmarca en la narrativa outsider que el oficialismo petrista impulsa, en la que aspira a mantener su espíritu "rebelde" o "revolucionario" pese a haberse hecho con el poder político. En dicha narrativa, Petro y los suyos tratan de reformar el establishment político colombiano y las instituciones estatales –siendo la Constitución la joya de la corona entre ellas– que tanto tiempo han estado en manos de la élite política, mientras que estas se resisten.
Las reiteradas acusaciones de golpe blando por parte de Petro caen dentro de esta misma lógica. La llamada a la Constituyente es, por tanto, un movimiento que busca reforzar la idea de la imposibilidad de desarrollar el famoso “gobierno del cambio” en unas estructuras estatales enquistadas en el pasado, aliviando la carga sobre su ejecutivo a la vez que apela a una de sus frecuentes movilizaciones populares.
Un mal recibimiento y un discurso cambiante
Pero la propuesta no cayó de pie en la arena política colombiana. Los sectores más críticos con el oficialismo lo vieron como una prueba y justificación de sus miedos respecto al "giro castro-chavista", acusando al presidente de buscar su propia reelección. Muchos le recriminaron que había prometido no hacerlo, recordando ese episodio en 2018 cuando, justamente para sosegar las reservas de muchos sectores respecto su figura, talló en piedra doce mandamientos, siendo el segundo de ellos “No convocaré a una Asamblea Constituyente”.
Lo que más credibilidad le restó a la propuesta de la Asamblea Constituyente fue el clima general de dudas –por no decir descontento– que provocó y que se infiltró no sólo en las bancadas opositoras, sino también en las independientes e incluso en las afines al gobierno. Evidencia de ello es la plenaria del Senado celebrada tan sólo tres días después del discurso en Cali, y en la que una amplia mayoría de los senadores coincidieron en rechazar la propuesta.
Esto dio alas a las previsiones de muchos analistas políticos, quiénes cuestionaban que la correlación de fuerzas en el Congreso fuera suficiente para alcanzar la mayoría absoluta necesaria para aprobar la ley que diera inicio al proceso Constituyente. E incluso en el improbable caso de que se aprobara, la siguiente prueba para la iniciativa sería igual o más complicada: un tercio del censo electoral –alrededor de 13 millones de colombianos, dos más que los que votaron a Petro en segunda vuelta– deberían votar a favor de la Constituyente.
Dichos pronósticos levantaron recelos sobre la institucionalidad del proceso que quería recorrer Petro, un sentimiento agravado por la entrevista que ofreció el presidente a El Tiempo en la que hizo referencia al papel que podían jugar entidades como los comités populares. Es ya a partir de esta entrevista y del mensaje en X publicado en la cuenta de Petro –ambos el lunes siguiente del famoso discurso– que dio comienzo el proceso de matización de la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Lo primero que quiso dejar claro el presidente es que no busca la reelección.
Por otro lado, en una argumentación para muchos contradictoria y que hace patente la singularidad de la propuesta petrista, negó que el objetivo de la Asamblea Constituyente fuera cambiar el contenido de la Constitución vigente sino precisamente hacerla cumplir, defendiendo que el problema era la no implementación efectiva de la misma durante las pasadas décadas.
El mismo mensaje contenía una lista con los asuntos que, según el mandatario, el “régimen de corrupción impune y de facto” y la “gobernanza paramilitar” que durante estas tres décadas han "secuestrado la Constitución" no han podido o querido solucionar. Entre estos destacan el cumplimiento de los acuerdos de paz, una reforma de la justicia o la reordenación territorial de los poderes constituidos.
Pasaron las semanas y el discurso siguió zigzagueando, basculando dubitativamente, hecho que alimentó el desconcierto de la prensa y la opinión pública, que no sabía cuáles eran exactamente los planes del oficialismo colombiano.
Para el simbólico discurso del Primero de Mayo del presente año, en el que Petro llamó a la movilización de sus masas para contrarrestar las protestas de oposición del domingo 21 de abril, el nombre que acompañaba el apellido ya había cambiado: Petro ya hablaba de Poder Constituyente, en lugar de Asamblea Constituyente.
Poco después de alimentar la retórica outsider afirmando que “hoy no somos los rebeldes de antaño contra un gobierno, pero sí los rebeldes de hoy desde el gobierno”, el presidente afirmó que “el Poder Constituyente es que el pueblo tenga el poder”. A partir de ahí, el debate giró en torno a la definición exacta de a qué se refería Petro.
La discusión incorporaba nociones jurídicas y hasta filosóficas, que rescataban las ideas del filósofo italiano Antonio Negri, quien acuñó en sus textos el concepto del que hoy se sirve Petro. Por su parte, el dirigente trataba de hacerse entender en entrevistas como la que concedió a Cambio, en la que afirma que el Poder Constituyente tiene más que ver con un cambio de actitud que con un proceso legal.
En todo caso, lo que parece evidente es que Petro buscaba movilizar a sus masas, hacerlas más partícipes de su gobierno para que le dieran el empuje necesario para impulsar sus reformas. Lo que no parece estar claro es cómo pretendía hacerlo ni si eso desembocaría en algún tipo de proceso jurídico-legislativo de modificación o redacción de una nueva Constitución.
Juan Fernando Cristo y ¿una nueva estrategia?
Para muchos el último remezón ministerial y, en concreto, la llegada de Juan Fernando Cristo como ministro de Interior supuso un antes y un después. La elección es muy significativa: se trata de un perfil con recorrido en la élite política colombiana, de corte liberal, cercano tanto a Ernesto Samper como a Juan Manuel Santos y del que se espera la capacidad para reconstruir las alianzas rotas en las anteriores crisis ministeriales.
Nada más asumir el cargo, Cristo matizó sus anteriores palabras en las que tachaba de imposible la Asamblea Constituyente; ahora subordina esta posibilidad a la consecución de un necesario "acuerdo nacional", el nuevo concepto de moda en la política colombiana. Este acuerdo nacional derivaría de un diálogo con los distintos sectores políticos y económicos para llegar a consensos que permitan aprobar las reformas propuestas por Petro.
Lo sustancial de la llegada del ministro Cristo y su liderazgo del cacareado acuerdo nacional es que supone una vuelta al camino institucional que tanto se temía que hubiera abandonado Petro con sus reiteradas llamadas al Poder Constituyente y al poder popular. Por otro lado, no se puede decir que el oficialismo petrista haya abandonado ni mucho menos la idea de la Asamblea Constituyente, pero sí que la ha puesto en un segundo plano a la vez que propugna la necesidad, primero, de un acuerdo nacional.
María José Pizarro, la portavoz del Pacto Histórico en el Senado, aseguró en una entrevista con El Universal que: “Tendremos que ver si el camino es la Constituyente o es otro camino, pero si se llega una constituyente porque llegamos a un acuerdo entre toda la sociedad colombiana”. Además, el mismo Cristo ha asegurado que, en caso de producirse, la convocatoria final de la Asamblea Constituyente tendría lugar en el próximo gobierno.
La situación actual es de incertidumbre. Hay indicios de que Petro podría haber, en efecto, aceptado –por lo menos, de momento– una vía institucional, menos ambiciosa pero más pragmática. Prueba de ello sería la aprobación a mediados de junio de la reforma pensional –una de sus grandes ambiciones, junto con la reforma de la salud y la laboral– que sigue adelante pese a las demandas por irregularidades en el proceso por parte de la oposición.
También reforzaría esta tesis el nuevo proyecto de reforma de la salud que estaría preparando el gobierno. Sin embargo, no faltan las voces que señalan que el nombramiento de Cristo responde, más que nada, a un intento de volver a ganarse el centro de cara a las elecciones de 2026.
Mientras tanto, el oficialismo petrista sigue su incesante búsqueda de nuevas fórmulas para adelantar la consecución de sus objetivos, como el anuncio que hizo en el Consejo de Seguridad de la ONU de su intención de impulsar un fast-track en el Congreso para implementar rápidamente el acuerdo de paz.
Simultáneamente, son varias las crisis –como el caso de corrupción de la UNGRD o las acusaciones por parte del Consejo Nacional Electoral colombiano de financiación irregular de la campaña– que apremian al petrismo a dar con la tecla correcta que cambie el curso de su presidencia.
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