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Los difíciles pasos de la Paz Total en Colombia

Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La continuación de la violencia entre grupos armados obstaculiza la Paz Total de Gustavo Petro.
Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que hasta la fecha supone un obstáculo para la Paz Total en Colombia. Fuente: Brasil de Fato – bajo CC BY-NC-SA 2.0 DEED

La prolongación del conflicto armado colombiano ha estado acompañada de una irregularidad de las acciones bélicas de las partes, una definición y rol complejo de las mismas y un reiterado incumplimiento del Derecho Interno y del Derecho Internacional Humanitario. En este artículo, en coautoría con Lina Mejía Torres de la oenegé Vivamos Humanos, se discutirá el impacto de los ejercicios de Cese al Fuego con los diferentes grupos armados a lo largo de 2023.

El abordaje se realizará a partir de una primera sección de contexto sobre la reconfiguración territorial de los grupos armados ilegales a partir de 2016, y los elementos que definen la nueva fase del conflicto armado colombiano, de menor intensidad, pero de amplio control sobre las poblaciones por medio de la atomización y subcontratación. En un segundo momento, se expondrán los elementos relacionados con los ejercicios de la sociedad civil para establecer mecanismos de autoprotección, de concertación con los actores armados y de definición de mínimos humanitarios para el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario-DIH. Posteriormente, se abordarán los avances de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro y el alcance que han tenido los Ceses al Fuego con las diferentes organizaciones armadas ilegales a partir del ejercicio de monitoreo.

Del conflicto armado a la crisis humanitaria

Si bien desde 2012 los principales índices de violencia armada se han ido reduciendo en términos generales, la reconfiguración territorial que se viene gestando desde 2016 tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP ha hecho evidente las dificultades de orden público y la crisis humanitaria en territorios periféricos de Colombia. Dicho acuerdo plantea seis puntos que impulsarían reformas estructurales para la superación de las causas históricas del conflicto armado; sin embargo, su lento y simulado proceso de implementación ha afectado la confianza de las comunidades, facilitado la expansión y reconfiguración de los grupos armados ilegales y sus economías ilegales

Para ampliar: El rompecabezas del conflicto en Colombia: analizando la captura de Otoniel

Pese a que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) es la principal organización guerrillera, los dos grupos disidentes del Acuerdo de Paz de 2016 con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) han logrado una expansión territorial y de su número de integrantes. A estos tres grupos se suman las acciones de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC (o Clan del Golfo), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otros grupos delincuenciales de segundo nivel, que siguen siendo un factor de riesgo.

Nivel mensual de implementación de las 578 disposiciones del Acuerdo Final: diciembre 2016 a noviembre 2022.
Nivel mensual de implementación de las 578 disposiciones del Acuerdo Final: diciembre 2016 a noviembre 2022. Fuente: Instituo Kroc, 2023, p. 49.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en su informe sobre la situación humanitaria de Colombia en 2023, reconoce que existen siete conflictos armados no internacionales: “Tres de ellos son entre el Estado colombiano y los siguientes grupos armados: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Antiguas (FARC-EP) actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz. Los otros cuatro conflictos son entre grupos armados. Uno es entre el ELN y las AGC, y los tres restantes entre las Antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz y la Segunda Marquetalia, los Comandos de la Frontera – Ejército Bolivariano, y el ELN, respectivamente. Este último conflicto fue clasificado recientemente a partir de la observación y el análisis de las hostilidades entre ambos grupos y sus consecuencias humanitarias durante los dos últimos años.”

Desescalamiento y acuerdos humanitarios

Producto del recrudecimiento del conflicto armado en varias regiones del país, desde el 2018 la población civil registra un alarmante retroceso respecto de la garantía de los derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Son preocupantes en estas zonas los registros de 2020 en relación al homicidio de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, así como los desplazamientos, confinamientos, masacres y accidentes con minas antipersona y otros eventos violentos que se han incrementado recientemente, especialmente en las zonas rurales y en los municipios vinculados a los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

En este sentido, desde los territorios se plantearon salidas para la humanización del conflicto armado en las regiones más afectadas que constituyen una vía urgente para sustraer a la población civil de los efectos del conflicto y para conjurar alivios desde un sentido territorial y diferencial. Por medio de espacios, procesos y mesas humanitarias se han promovido escenarios de socialización (a) del respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; (b) el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y las FARC- EP; (c) y acuerdos y mínimos humanitarios que permitan mitigar la crisis humanitaria. Estos acuerdos y mínimos humanitarios se han establecido como herramientas que tienen como objetivo principal sustraer a la población civil del conflicto armado teniendo como eje principal las necesidades territoriales y los mecanismos de protección y autoprotección de las comunidades. 

Los mínimos buscan concertar la humanización del conflicto armado en las regiones, están dirigidos a que los actores armados en confrontación –sin importar su denominación o status– respeten el Derecho Internacional Humanitario y se plantean como una medida de generación de confianza entre las partes y la población civil de forma que se amplíen las garantías máximas a la vida, dignidad y los bienes en el territorio. Los acuerdos humanitarios plantean puntos esenciales como la distinción entre combatientes y no combatientes, la identificación de bienes civiles y sociales, la prevención del uso de minas antipersona y municiones sin explotar, la finalización del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, el respeto a la movilidad de personas y de las fuentes de supervivencia económica o la defensa de las misiones sanitarias, entre otros. 

Para ampliar: La apuesta por la “Paz Total” en Colombia

Estos mínimos humanitarios se materializan según cada Acuerdo Humanitario a través de una serie de acciones humanitarias desde un enfoque territorial y diferencial, que los diferentes actores armados podrían llevar a cabo para ampliar las garantías a favor de las comunidades campesinas, indígenas, negras y afrodescendientes en Colombia. Por ello, a través de los mínimos y acuerdos humanitarios se exhorta a un cumplimiento unilateral e irrenunciable de las obligaciones humanitarias y se hace un llamado a que a partir de ésta se lleven a cabo acciones concretas para el alivio humanitario. Del mismo modo, se pide que como primer paso los actores armados suscriban los acuerdos humanitarios que se han presentado en los últimos años, y, ahora en los procesos de diálogo y negociación sean tenidos en cuenta como pautas dentro de las acciones que den curso a los Ceses al Fuego. 

Por ejemplo, en 2017 se presentó ante la Mesa de Diálogo con el ELN el Acuerdo Humanitario Ya! para el Chocó, el cual fue una de las bases para el punto cano de la Agenda de Diálogo en su momento; en 2018 se publicó el Acuerdo Humanitario para el Catatumbo, la cual a través de comunicación epistolar fue respondida posteriormente por diversos actores armados –entre ellos el Estado Mayor Central, el ELN, el EPL– reconociéndola como un insumo para la aplicación del DIH en la región y un instrumento de desescalamiento de hostilidades; en 2021, fue presentada la propuesta de Acuerdo Humanitario del Departamento de Nariño el cual sirvió como referente para sentar las bases de propuestas locales de humanización en diferentes municipios del departamento.

Así, otros acuerdos o mínimos como los de Córdoba, Magdalena Medio o Antioquia, por mencionar algunos, apuestan por la implementación de respuestas concretas que permitan proteger a la población civil mientras se avanza en la salida política y negociada del conflicto armado. Es por esto que se espera que ante los recientes avances de la Mesa de Diálogo con el ELN de la constitución de zonas críticas o de crisis humanitaria, de la declaración de misiones humanitarias en el marco del proceso de diálogo con el Estado Mayor Central y de los Ceses al Fuego vigentes, se tomen como referencia las acciones y dinámicas surgidas desde lo territorial, incluyendo las agendas humanitarias locales.

Monitoreo de los Ceses al Fuego

El Reporte Humanitario compilado por Vivamos Humanos registra un seguimiento a eventos violentos a nivel nacional que arrojó un total de 1.032 eventos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2023. En este, se identificaron principalmente acciones en contra de la defensa y respeto de la vida, afectaciones al ejercicio de los liderazgos sociales y defensores de derechos humanos y restricción a la movilidad de personas y libre locomoción.

Eventos reportados entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 2023.
Eventos reportados entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 2023. Fuente: Reporte Humanitario – Vivamos Humanos, 2023

Respecto a las posibles violaciones al Cese al Fuego, se registraron 630 eventos, concentrándose en cinco territorios más afectados, que fueron Caribe –131 eventos–, Antioquia –81–, Cauca –81–, Catatumbo –56– y Arauca –53–. Los principales presuntos responsables corresponden a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) –272 eventos–, el Estado Mayor Central (EMC-FARC) –263– y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) –206–. La premisa de posibles violaciones al cese parte de la hipótesis de la eventual continuidad de aquél con el ELN y las AGC.

Para ampliar: Hallazgos de la Comisión de la Verdad (I): los datos de una Colombia herida

Ahora bien, frente al Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT) con el ELN que entró en vigor el pasado 3 de agosto se ha reportado una disminución ostensible de los eventos violentos. En este marco temporal, se registraron cerca de ocho eventos que podrían constituir una violación al CFBNT, lo cual ha significado una reducción frente al semestre anterior.

En el desarrollo del Cese, además, se han logrado acuerdos sustanciales respecto de sus protocolos y de las dinámicas y acciones humanitarias –acuerdo número 12 y 13– lo que permitiría proteger, quizá de forma efectiva, a las personas no combatientes y la población civil no sólo por medio del cumplimiento del CFBNT, sino de acciones o acuerdos de carácter humanitario. A esto se suma la instalación de una serie de instancias locales y regionales que constituyen el Mecanismo de Monitoreo y Verificación y que se espera puedan estar en marcha a plenitud en las próximas semanas que tendrán la labor de informar y prevenir incidentes, recopilar, clasificar, verificar, evaluar y calificar cualquier acción que pueda considerarse como un incidente que viola el Cese.

De otro lado, se esperan avances en torno al proceso que se sigue con Estado Mayor Central respecto del Cese al Fuego y mecanismos de protección de la población civil y en torno al proceso con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada que permitan aproximarse a la Paz Total en los meses cercanos.

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