El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un memorando que insta al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional a preparar la base de Guantánamo como centro de detención para albergar al menos a 30.000 migrantes. Según el propio presidente, esta medida está enfocada especialmente a aquellos que no puedan ser enviados a sus países de origen y que, además, cuenten con antecedentes penales. “Algunos de estos migrantes son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan, porque no queremos que regresen", sentenció el líder republicano.
Hasta ahora habían sido recluidos en centros de detención privados y en cárceles locales de todo el país cerca de 40.000 migrantes. Esta cifra es bastante reducida en comparación con la promesa de Donald Trump de deportar a millones de migrantes, lo cual responde al limitado presupuesto con el que cuenta el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Guantánamo como centro de detención
Con la entrada en escena del centro de detención de Guantánamo, que será gestionado por el ICE, se busca aliviar la situación de estos emplazamientos. Es importante resaltar que el uso de esta base con fines migratorios viene de lejos. Entre 1991 y 1995, los presidentes Bill Clinton y George H. W. Bush recurrieron a ella para albergar a cubanos, pero sobre todo haitianos que huían del régimen instaurado por Bertrand Aristide.
En su momento más álgido, Guantánamo llegó a tener unas 50.000 personas refugiadas. Posteriormente, fue cayendo en desuso y desde hace unos años lo que existe es el Centro de Operaciones Migratorias, un pequeño centro de detención migratorio que ha sido utilizado ocasionalmente para albergar a migrantes cubanos y haitianos. El conocido como zar fronterizo de Trump, Tom Homan, afirmó que entre 2020 y 2023 apenas había contado con 37 personas.
La decisión ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian la militarización de la gestión migratoria y las condiciones de reclusión en Guantánamo, conocidas por su historial de violaciones a los derechos humanos. Una de las principales críticas vino de parte del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que calificó la propuesta del centro de detención de Guantánamo como un “acto de brutalidad”, alegando la expulsión forzosa de migrantes y el uso de territorio ocupado ilegalmente a Cuba.
En el mismo acto, el presidente Trump promulgó la ley Laken Riley, la cual otorga un mayor poder de actuación a las autoridades federales de Estados Unidos para deportar migrantes que hayan sido acusados de delitos sin que se haya demostrado su culpabilidad.
El nombre de esta ley hace referencia a una estudiante 22 años de enfermería de Georgia que fue asesinada en febrero de 2024 por parte de un migrante venezolano indocumentado, José Ibarra, quien ya había sido detenido con anterioridad por “perjudicar a un menor de 17 años” y por una infracción vehicular. Dicho caso reavivó el debate en torno a los migrantes y la deportación de éstos a sus países de origen. Desde el Partido Republicano sostienen que, de haber sido expulsado tras sus primeras detenciones, Riley seguiría viva.
Fin del estatus de protección temporal
Precisamente, una de las medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump en materia migratoria ha afectado de lleno a la comunidad venezolana: la anulación de la ampliación del estatus de protección temporal (TPS), afectando a unos 600.000 venezolanos que residen en el país. El TPS es un beneficio que otorga Estados Unidos a ciudadanos de ciertas nacionalidades que no pueden regresar a su país de forma segura, por conflicto armado en curso, desastre natural u otras condiciones extraordinarias.
Esta medida fue confirmada por Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional. La extensión del TPS por 18 meses fue aprobada por la administración de Joe Biden, garantizando la estancia legal y los permisos de trabajo de los venezolanos que ya se encontraban en el país. Cabe resaltar que el gobierno conservador todavía tiene que tomar una decisión definitiva, ya que de lo contrario el TPS se prorrogaría en automático unos seis meses.
Según Kristi Noem, se va a llevar a cabo un proceso para evaluar a todas las personas que tienen el TPS. Es importante recordar que esta iniciativa surge tras diversas declaraciones que se han producido desde la campaña electoral, en la cual se estableció una relación directa entre la elevada migración venezolana con la presencia en el país de miembros del Tren de Aragua, organización que tiene muchas posibilidades de ser incluida como terrorista en el listado que está preparando el gobierno republicano.
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