El próximo domingo 11 de abril acuden a las urnas los ciudadanos de Perú, Ecuador y Chile. Tres países con contextos y alternativas muy diferentes pero marcados todos ellos por la inestabilidad social y política.
Este “superdomingo” electoral determinará en gran medida el mapa político de la región y condicionará la política latinoamericana a corto y medio plazo. En este artículo analizamos las claves de cada una de estas citas electorales: la segunda vuelta presidencial en Ecuador, la novedosa Convención Constituyente chilena, y las elecciones generales -Presidente y cuerpo legislativo- del Perú.
Ecuador: la ruptura del clivaje correismo-anticorreismo
La crisis social, política y económica que azota el país desde octubre de 2019, cuando el “paquetazo” anunciado por Lenin Moreno y pactado con el FMI abrió la veda de la movilización, ha sido la antesala de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
La política ecuatoriana ha respondido desde la llegada de Correa al poder en 2006 a un clivaje correísmo-anticorreismo. Su liderazgo carismático, su magnetismo y su eficiente gestión económica hizo que se concentrara entorno a su figura la vida política nacional. Las elecciones de 2009, 2013 y 2017 se planteaban en términos cuasi plebiscitarios, donde los candidatos opositores enarbolaban la bandera del anticorreismo como elemento distintivo y principal aspiración de su campaña. El sistema de doble vuelta permitía que en primera instancia fuesen varios los candidatos, pero que, en la segunda, todos se uniesen bajo el rechazo al modelo de Rafael Correa como ocurrió en 2017.
El viraje de Lenin Moreno, quien tras romper con Correa se apoyó parlamentariamente en la amalgama de partidos opositores al expresidente, ponía en duda la continuidad y capacidad de resistencia del correísmo; sin partido -tras la ruptura Alianza PAÍS quedó en manos de Moreno-, con un señalamiento público -desde el propio presidente a la tradicional oposición de la derecha- y sin el líder -huido en Europa por los cargos que contra el pesan en Ecuador-. A ello se sumaba la dificultad para visibilizar la nueva marca electoral, la recién creada Unión por la Esperanza (UNES), y a un poco carismático candidato, el exministro Andrés Arauz, que pronto fue acusado de financiación ilegal, algo que no ha sido probado.
Para ampliar: Ecuador y la inestabilidad cíclica
La campaña y precampaña pareció volver a caracterizarse por la polarización correísmo-anticorreismo. Los medios redujeron la competición a una lucha Arauz-Lasso (que ya había sido candidato a la presidencia); y el grueso del debate se centró en la conveniencia o no de regresa al modelo de la Revolución Ciudadana.
Pero lo cierto es que la mayoría de los ecuatorianos no votó atendiendo a este clivaje. La crisis institucional y social, especialmente grave en la segunda mitad del mandato de Moreno, se agravó con la negligente gestión de la pandemia. Estos elementos, protesta social y desafección política impulsaron las candidaturas de dos candidatos apenas considerados por las encuestas: Yaku Pérez por el Pachakutik y Xavier Hervás por Izquierda Democrática, candidato independiente.
En este último caso, Izquierda Democrática obtuvo un excepcional 15,9%, del voto, el mejor resultado del partido socialdemócrata desde 1998. Las claves de este resultado para Hervás residieron en su heterodoxa campaña, marcada por su hiperactividad en redes sociales -especialmente en TikTok- y por proyectar un mensaje “fresco” de regeneración y crítica general a la clase política en general. Hervás, que se mostró contrario a la gestión de Correa desde el principio, renegó de centrar su discurso en el anticorreismo pero también criticó al derechista Lasso. Su espectacular resultado, completamente inesperado ya que no superaba en ninguna encuesta el 5% de intención de voto, quedó ensombrecido por el empate en la segunda posición.
El poderoso movimiento indígena ecuatoriano está organizado entorno a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), cuyo brazo político es el partido Pachakutik. La CONAIE fue punta de lanza en las movilizaciones contra el paquetazo de Lenin Moreno, así como también lo fue contra las medidas extractivistas de Correa; su organización y capacidad de movilización referenciaron al movimiento durante la crisis política de 2019.
Yaku Pérez, prefecto de la provincia de Azuay, fue el candidato del Pachakutik en la contienda. El movimiento indígena transgredió las limitaciones de su discurso tradicional, ceñido a la representación particular de sus intereses, y apeló a su capacidad para gobernar el país. Pérez se significó como “diferente” frente al oficialismo, englobando a Correa, Moreno, Arauz o Lasso en la misma categoría y tratando de canalizar el descontento ciudadano y las ansias de cambio en un país azotado por inestabilidad política, institucional y económica. La inteligente lectura del Pachakutik le otorgó un resultado nunca visto, un 19,4%.
La escasa diferencia con Guillermo Lasso, quien según el CNE superó a Pérez en escasos 30.000 votos, y la lentitud del recuento dieron alas a la teoría del fraude electoral. Una versión rápidamente suscrita por Pérez, quien ha tensionado en la calle y los tribunales su intento por pasar a segunda vuelta. Esta disputa con Lasso ha roto todos los puentes para una eventual candidatura unitaria contra Arauz, que se encuentra cómodo mientras se libraba la batalla legal por la segunda plaza.
El 15 de marzo, tras más de un mes de litigio legal y social, el Tribunal Supremo Electoral daba carpetazo definitivo a las aspiraciones de Yaku Pérez de realizar un recuento masivo. El fallo agotaba todas las vías legales posibles y oficializaba el balotaje Arauz-Lasso. La CONAIE no tardaba en responder con un comunicado donde llama a un “voto nulo ideológico; ni a Lasso, ni a Nebot (expresidente del país), ni a Correa”. Lo cierto es que esta posición, coherente con la teoría del fraude electoral que venían defendiendo, refuerza las aspiraciones de Arauz para llegar a Carondelet.
El 32,7% del correísmo refleja el importante núcleo duro de votos del proyecto Revolución Ciudadana. No obstante, esa cifra es a priori insuficiente para alcanzar victoria el 11A, pues el voto puro del correísmo no suma para alcanzar a superar el 50% en segunda vuelta. Este hecho obliga a Arauz a ampliar su discurso y base social, rompiendo precisamente con ese cómodo clivaje entre “nosotros o el resto”.
Parece en todo caso que la alternativa, el banquero y tres veces candidato presidencial Guillermo Lasso, no es una opción especialmente competitiva. Pues los resultados han dejado claro que Ecuador se mueve en términos de renovación y gestión, dos campos en los que el candidato de la derecha no sale bien parado. Del primero, por ser parte de esa “vieja clase política”, anterior incluso a la llegada de Correa al poder; y del aspecto de la gestión porque los resultados de la primera vuelta han dejado en mínimos históricos a la derecha ecuatoriana, su defensa del FMI, la privatización y librecambismo parece encajar poco entre un electorado que padece mayoritariamente una crisis económica y debilidad de los servicios públicos.
Mientras la derecha votaría a cualquier candidato contrario al correísmo, varios sectores del heterogéneo movimiento indígena ya han mostrado su voluntad de apoyar a Arauz en segunda vuelta por su cercanía ideológica en el espectro ideológico de la “izquierda” frente al banquero Lasso. La transferencia de voto es desigual entre las candidaturas, y un discurso en clave de progreso y estabilidad abre todas las puertas del Palacio presidencial de Carondelet a Arauz en segunda vuelta.
Chile: la constituyente, entre la ruptura y la reforma
La Convención Constituyente que se elige este 11 de abril es consecuencia directa de agitación social masiva que sacude Chile desde octubre de 2019. Fue entonces cuando una subida en los billetes del metro, medio de transporte mayoritario de las clases populares chilenas, detonó un malestar social que llevaba fraguándose desde hace años.
Esta reforma, parcial y que solo afectaba a la población santiaguera, pues la inmensa mayoría de ciudades del país no sufrían el aumento del coste, fue el desencadenante de protestas masivas nunca vistas desde el final de la dictadura. El lema “no son 30 pesos, son 30 años”, en alusión a la subida de los boletos, muestra a la perfección el cansancio y hastío de la población hacia el modelo político y económico instaurado tras la salida de Pinochet del poder.
La endémica desigualdad social, el encarecimiento de la vida diaria y los deficientes servicios públicos eran las bases sobre las que se asentaba ese descontento social. Aunque Chile goza de mejores indicadores económicos y sociales que los países de su entorno, en cuanto a PIB per cápita o índices de desigualdad, lo cierto es que el modelo de “Estado mínimo” heredado del pinochetismo se ha mostrado incapaz de responder a los problemas de la inmensa mayoría de la población chile.
La gestión del agua o el modelo de pensiones, ambos bajo privatizados, fueron reivindicaciones presentes en esos primeros meses de protesta. La negación del gobierno de Piñera y los abusos cometidos por los Carabineros -cuerpo sobre el que pesan varias denuncias por violaciones de DDHH- alimentaron la protesta. La ambigüedad discursiva del movimiento permitió una composición fue transversal e interclasista; con presencia de capas medias golpeadas por la crisis, del movimiento mapuche, sectores populares chilenos y grupos intelectuales del país. La idea de una nueva constitución, como símbolo de ruptura frente al régimen político heredado cobró fuerza y se convirtió en el símbolo de las protestas.
Para ampliar: Las protestas en Chile siete meses después de su estallido. Mayo de 2020.
No obstante, esa idea no solo fue abrazada por la izquierda chilena, históricamente rupturista con el legado de la dictadura, sino que pronto fue adoptada por casi todo el espectro político, que asumió el marco definido por la calle conscientes del descrédito y limitaciones del modelo vigente. Este es el contexto donde dos posturas antagónicas, la ruptura total con modelo económico-social y su reforma parcial, coincidieron en la apuesta por una Convención Constituyente.
El propio Piñera y la derecha chilena, aunque con importantes reticencias, acabaron apostando por la elaboración de una nueva Carta Magna en el plebiscito del 25 de octubre del 2020. Tan solo la extrema-derecha pinochetista confrontó directamente con esta opción. Poco sorprende el abrumador 80% que ratificó las dos opciones del plebiscito: nueva constitución y elaboración en un cuerpo exclusivo.
Esta fórmula, la de la Convención Constituyente, es completamente novedosa, ya que será la primera vez que un órgano paritario con funciones exclusivamente referidas a la elaboración de una Constitución elabore la Carta Magna de un país. Los 155 constituyentes saldrán elegidos de un sistema proporcional, que reserva un cupo a los pueblos indígenas.
El dilema se encuentra por tanto en la correlación de fuerzas que emane de las elecciones del 11 de abril. Todo el espectro de la derecha, desde posiciones socio-liberales a las más reaccionarias, acuden en la lista unitaria “Vamos Chile”. Por su parte, las fuerzas que apoyaron inicialmente las protestas acuden en listas separadas: “Apruebo Dignidad”, el sector más rupturista encabezado por el PCCh y el Frente Amplio; mientras que el Partido Ecologista y el Partido Humanista lo hacen con lista propia. El Partido Socialista de la expresidenta Bachelet y los partidos de la exConcentración (socialdemocracia chilena) acuden en la “Lista del Apruebo”.
A ello se suman otras listas minoritarias y un elevadísimo número de candidatos independientes, un fenómeno favorecido por el descrédito generalizado que sufren tanto partidos como el gobierno.
En todo caso, las normas que regirán la Convención Constituyente ya han sido aprobadas, configurando un marco regulatorio conservador que prima “los acuerdos amplios”, toda propuesta debe ser aprobada con quorum de 2/3 de los miembros, y posibilita el veto de cualquier iniciativa siempre y cuando la rechacen 1/3 de los constituyentes.
Si la lista “Vamos Chile” superase el 33% del voto, algo nada descabellado, la derecha podría vetar cualquier iniciativa constitucional de las listas rupturistas o moderadas de la izquierda chilena. Este escenario endiablado dificulta la realización de reformas profundas y podría ser el germen de futuras protestas o de la cronificación del hastío hacia política en el país.
De mantenerse en el tiempo las protestas, este elemento de presión podría condicionar un debate constituyente que corre el riesgo de quedar desvirtuado por pactos de salón y negociaciones alejadas del pulso ciudadano.
Además, las elecciones llegan como antesala de las presidenciales y legislativas de noviembre de 2021, donde por primera vez se proyecta como candidato presidenciable con oportunidades reales de llegar a la Moneda un candidato a la izquierda del Partido Socialista. El alcalde comunista de Recoleta, Daniel Jadue, encabeza las encuestas desde finales de 2020 al presentarse como un candidato de cambio que en buena medida absorb er el descontento abierto por las movilizaciones iniciadas en 2019.
Perú y la incertidumbre polarizada
El mandato presidencial que acaba con las elecciones del 11 de abril ha estado marcado por la inestabilidad institucional. En estos 5 años, desde la cita electoral de 2016, Perú ha tenido cuatro presidentes distintos.
La elección en segunda vuelta del exministro Pedro Pablo Kuczynski (PPK) como presidente solo fue posible gracias a la concentración del voto contra Keiko Fujimori, ganadora de la primera vuelta e hija del expresidente (1990-2000) Alberto Fujimori, cuyo gobierno estuvo marcado por la una vulneración repetida de DDHH que le llevó a la cárcel.
Pese a que PPK hizo de la lucha contra la corrupción una de sus principales bazas electorales, lo cierto es que el empresario limeño pronto se vio envuelto en la trama Odebrecht. En diciembre de 2016 la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de Perú ordenó investigar si Kuczynski, en su condición de primer ministro del expresidente Alejandro Toledo, favoreció en el 2006 la concesión de contratos de manera irregular a la constructora brasileña. Esta acusación junto con las sospechas de clientelismo facilitó que la oposición iniciase un juicio político contra PPK.
En diciembre de 2017 el Congreso inició el trámite para solicitar un periodo de vacancia por incapacidad moral. El proceso fue rechazado por un escaso margen tras un maratoniano debate de más de 14 horas. La mayoría reforzada que exige la constitución peruana salvó a PPK pese a que 78 diputados votaron por su destitución, 21 se abstuvieron y solo 19 votaron en contra.
Tan solo diez días después Kuczynski otorgó un indulto humanitario y derecho de gracia al expresidente Fujimori, que cumplía condena por crímenes contra los Derechos Humanos. Esta decisión desató una polémica en todo el país y la renuncia de tres de sus ministros, pues sobre Fujimori aún recaían varias acusaciones pendientes de juicio.
En marzo de 2018 PPK se sometería a un segundo juicio político por el halo de corrupción que rodeaba su gestión. A dos días del inicio del impeachment el diputado fujimorista Moisés Mamani hizo públicos varios vídeos donde se apreciaba como personas afines al presidente habían intentado sobornarlo para votar contra el juicio político a cambio de la concesión de varias obras. El escándalo forzó la renuncia de Kuczynski, dejando la presidencia del país en manos del que fuese su vicepresidente, Martín Vizcarra.
El discurso renovador de Vizcarra vino acompañadas de algunas medidas que parecían alejar a Perú de la turbulenta inestabilidad institucional. La popularidad presidencial creció hasta cotas no vistas en la política reciente peruana. No obstante, Vizcarra también se vio vinculado con varios casos de corrupción, soborno y clientelismo. Aunque su gestión gozaba de aceptación entre un número importante de peruanos, el Congreso impulsó dos nuevos juicios políticos contra su figura, en total cuatro desde las elecciones de 2016. El segundo de los procesos, en octubre de 2020, se saldó con la destitución de Vizcarra de la presidencia por “incapacidad moral”. Aunque hubo movilizaciones en contra de la decisión del legislativo y varias figuras hablaron de “golpe de Estado en cubierto”, el presidente terminó aceptando el resultado del juicio político.
Esta situación habría un escenario sin precedentes en la política peruana, tras haber dimitido el presidente y haber sido destituido su heredero y candidato vicepresidencial. La sucesión de Vizcarra habría una interrogante en un país agitado por la inestabilidad institucional; el 10 de noviembre, el diputado y presidente del Congreso peruano, Manuel Merino, juramento como presidente al considerar que era el cargo llamado a cubrir la vacancia. No obstante, el fuerte rechazo social en la calle y entre importantes sectores de la prensa y la política nacional hicieron que Merino presentase su “renuncia irrevocable” tan solo cinco días después de asumir el cargo.
La nueva crisis sucesoria se saldó tras intensas negociaciones con un acuerdo entre varias fuerzas políticas que eligieron el al diputado Francisco Sagasti como presidente encargado de agotar el mandato presidencial hasta las elecciones del 11 de abril de 2021.
Esta situación de inestabilidad política deja un escenario electoral inciertos sin candidatos favoritos. El sistema político peruano está caracterizado por los personalismos políticos; los partidos son endebles y cambiantes y a menudo representan proyectos personales más que proyectos ideológicos. Esta situación se ha traducido en una gran fragmentación parlamentaria que ahora también se ve claramente en la carrera presencial.
Una veintena de candidatos de todo el espectro aspiran a dirigir el ejecutivo, pero todas las encuestas coinciden en señalar que más de un tercio de los votantes continua indeciso a menos de un mes de las elecciones. Ninguna opción despunta del 15% y hay hasta cuatro o cinco nombres que se encuentran en una horquilla que les hace potenciales candidatos en segunda vuelta.
Aunque Vizcarra sigue siendo un actor político relevante para la política nacional, acude como candidato al Congreso por el partido “Somos Perú” en la circunscripción de Lima e impulsa la candidatura presidencial del arquitecto Daniel Salvarrey, la sombra de la corrupción sigue persiguiéndole. El 14 de marzo la Fiscalía Anticorrupción acusaba al expresidente de “tratar de obstruir” la investigación sobre el caso Lava Jato y pedía 18 de meses de prisión preventiva. Un hecho que golpea sus aspiraciones políticas y agrava el desánimo ciudadano respecto al proceso electoral.
El liberal Yonhy Lescano, de Acción Popular, parte como figura favorita, aunque la volatilidad e incertidumbre impide adelantarse al resultado de las urnas. También sobresale de entre la amalgama de candidatos la figura de Keiko Fujimuri; la candidata de la izquierda peruana, Verónica Mendoza; el empresario Rafael López y el exfutbolista George Forsyth.
La polarización y corrupción del modelo peruano ha abierto en los últimos meses un debate sobre la posibilidad de reformar o cambiar totalmente la Constitución del país. La encuesta de diciembre de 2020 de CELAG recogía que un 42% de los peruanos apoya elaborar una nueva Carta Magna, un 47,4% aboga por reformarla y tan solo un 7,7% no cree necesario cambiarla.
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