Ecuador se juega su futuro

Por Néstor Prieto

El 2 de octubre el presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, presentó un “paquetazo” económico que desencadenó una oleada de protestas sociales que mantienen al gobierno en jaque.

Las medidas adoptadas entran dentro de los acuerdos firmados entre el gobierno de Moreno y el FMI.

El gobierno ecuatoriano ha sido incapaz de contener la respuesta social al “paquetazo” anunciado por el presidente el miércoles 2 de octubre. Más de una semana después del anuncio, una heterogénea oposición mantiene el pulso en la calle y encadena paro tras paro poniendo contra las cuerdas a Moreno.

El ejecutivo se mostrado tajante y ha negado “dar marcha atrás” aunque asegura mantenerse abierto al dialogo. El volumen de la movilización ha obligado a la declaración del Estado de Excepción durante un mes, a un toque de queda y la evacuación del ejecutivo del palacio presidencial, lo que evidencia el delicado estado del gobierno; cuya permanencia, al igual que el futuro del país, se juega estos días en la calle.

El viraje de Lenin Moreno

Las medidas económicas, detonante de las protestas, se anunciaron coincidiendo con el segundo aniversario del encarcelamiento de Jorge Glas, quien fuese primero expresidente de Correa y luego de Moreno. El caso de Glas, acusado en la rama ecuatoriana del caso Odebrecht, supuso uno de los picos de tensión del gobierno de Moreno y el expresidente Correa, pues las irregularidades en el proceso judicial provocaron una huelga de hambre de casi dos meses del propio exvicepresidente. Pero este viraje que ha dinamitado los puentes de la izquierda ecuatoriana tiene su origen mucho más atrás.

Lenin Moreno, que ha llegado a la mitad de su mandato presidencial este 2019, llegó al Palacio de Carondelet en 2017 de la mano de la candidatura oficialista del expresidente Correa, Alianza PAIS. Cuando se impuso en segunda vuelta con un estrecho 51,15%, al banquero derechista Guillermo Lasso.

Moreno, que en su juventud ya militó en organizaciones de izquierdas, fue vicepresidente con Correa entre el 2007 y el 2013. Tras esto y hasta su llegada a la presidencia, ocupó el puesto de Enviado Especial de la Naciones Unidas para la Discapacidad y Accesibilidad, momento en el que según afirma el correismo entró en contacto con empresarios ecuatorianos con los que fraguaría “la traición”.

Lo cierto es, que tras su llegada al poder, Moreno comenzó a desmantelar parte las medidas sociales aplicadas durante el denominado periodo de “Revolución Ciudadana” de Correa. Su remodelación del ejecutivo fue una de las primeras polémicas previa ruptura total con el que fuese su promotor presidencial. Entre los nombramientos destacó el de la actual Ministra del Interior María Paula Romo, quien pidió públicamente el voto para Lasso en las elecciones presidenciales. Por su parte, al frente del Ministerio de Economía y Finanzas se colocó el portavoz del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Matínez.

En el plano internacional, el nuevo gobierno viró hacia la administración norteamericana apoyando las sanciones hacía Venezuela (de quien fue aliado durante la década de gobierno correista), abandonando el ALBA y reforzando las relaciones diplomáticas con EEUU. De hecho, Moreno ha liderado junto al presidente colombiano, Iván Duque, buena parte de las resoluciones internacionales y de las posiciones en la OEA contra el gobierno de Maduro.  

Pero el momento de ruptura llegó con la Consulta Popular convocada el 4 de febrero de 2018, impulsada sin aprobación de la Corte Constitucional. Las preguntas planteadas, criticadas por la oposición por ser tendenciosas, tuvieron un resultado favorable al gobierno, lo que se tradujo en la prohibición de reelección indefinida, impidiendo la postulación de Rafael Correa a la presidencia de la República. También fue clave la finalización de las funciones de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), creado por la Constitución de 2008 con la función principal de designar, a través de concursos públicos, al Contralor del Estado, Fiscal, Defensor del Pueblo, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, entre otros. En su lugar se constituyó un CPCCS transitorio, con amplias atribuciones, entre ellas la de evaluar a los funcionarios designados por el CPCCS cesado, destituirlos y reemplazarlos.

Tras esto, la ruptura dentro de Alianza PAIS entre correistas y morenistas fue total, lo que generó una división del grupo parlamentario en la Asamblea ecuatoriana, donde los afines a Moreno construyeron una nueva mayoría de apoyo al presidente con la derecha ecuatoriana (entre ellos el partido del banquero y rival de Moreno en las elecciones Guillermo Lasso), con quien alcanzó un acuerdo el pasado 14 de mayo para repartir las responsabilidades de la Cámara de representantes. Por su parte, los afines a Correa, también salpicado por corrupción según Moreno, constituirían la plataforma política “Revolución Ciudadana”, aunque no se les permitió acudir con dicho partido a las elecciones locales de este año.

Para ampliar: Ecuador y la inestabilidad cíclica.

Paquetazo ordenado por el FMI

Según datos del Banco Mundial, entre 2006 y 2014, la pobreza se redujo del 37,6% al 22,5%, y el país mantuvo un crecimiento medio del PIB de 4,3%. Pero la bajada de los precios del petróleo (cuya exportación es clave en la economía ecuatoriana) y el pago de indemnizaciones a las transnacionales Oxy y Chevron debilitaron la economía ecuatoriana, que en 2017 dio signos de estancamiento y por primera vez en años, coincidiendo con el primer año de gobierno de Moreno, la pobreza crecerá en el país en 504.000 personas. Es entonces cuando el ejecutivo se lanza a una negociación con el FMI que se alargará durante meses.

El llamado “paquetazo” es consecuencia del acuerdo alcanzado con el FMI por más de 4.000 millones de dólares, que ha entrado en vigencia este año y por el que el gobierno ya ha recibido parte de la cuantía acordada. A cambio del acceso a préstamos, Lenin Moreno se comprometió a realizar una reforma laboral y económica que aumentasen en 1,5% la recaudación tributaria.

El anuncio incluye la rebaja de las vacaciones de los funcionarios de 30 a 15 días, una disminución del 20% de la cuantía de los contratos temporales que se renueven, supresión de los aranceles en maquinaría agrícola y al impuesto que se aplicaba sobre productos tecnológicos. Pero sin duda, la supresión de los subsidios a los hidrocarburos, medida que se aplica desde hace 45 años y que el gobierno cifra en un coste de 1.300 millones de dólares al año, ha sido la más polémica por su impacto social.

Pese a la insistencia del gobierno en que el IVA se mantendrá en el 10%, en que habrá un aumento impositivo a empresas con gran facturación o en la creación de un bono a las familias más necesitadas, la respuesta de sindicatos y colectivos sociales no se hizo esperar.

Ecuador paralizado por una oposición heterogénea

Las movilizaciones, que ya de inicio fueron secundadas por movimientos sociales, estudiantes, sindicatos e indígenas, paralizaron el país gracias en especial al paro de los transportistas, que durante los dos primeros días lideraron las protestas. El sector, de gran peso en el país y especialmente afectado por la retirada del subsidio a los hidrocarburos, desconvocó su huelga el día 5 tras la detención de varios líderes y un más que previsible acuerdo con el gobierno, aún no público, que paliase el auge de los precios de la gasolina con medidas complementarias.

Pese a ello, la movilización se mantuvo con una convocatoria de paro general el miércoles 9 que bloqueó por completo el país. Los días previos, los disturbios y manifestaciones se repitieron por todas las ciudades de Ecuador. Llegando a forzar la salida del gobierno de Quito, la suspensión de clases, actos públicos y algunos medios de transporte, así como la actividad parlamentaria de la Asamblea (donde los manifestantes llegaron a entrar).

Desde el anuncio del “paquetazo” se comenzaron a formar caravanas de manifestantes hacia Quito desde todo el país. La marcha indígena, que ha bloqueado las vías de acceso hacia la capital durante la semana, culminó con una acampada en pleno casco histórico en las horas previas al paro general, lo que adelanta el carácter sostenido que han adquirido las protestas.

El ejército está respondiendo de manera contundente a los manifestantes y ha aplicado con dureza el estado de excepción, lo que deja ya un saldo de más de 1.000 detenidos y alrededor de una quincena de muertos. Cifras “oficiales” que según sindicatos y organismos sociales es muy inferior a la realidad.

Sin duda, un elemento clave en la caída o no de Moreno será el movimiento indígena, que agrupado entorno a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), supone por su peso y poder, quizá, la mayor amenaza al gobierno. La CONAIE ya fue fundamental en la caída de otros presidentes ecuatorianos como Abdalá Bucaram en el 97 tras congelar el salario mínimo, o Jamil Mahuad tres años después, quien también abandonó el poder tras la movilización de indígenas y rangos medios del ejército. Misma suerte corrió su sucesor el presidente Lucio Gutiérrez en el 2005. De hecho, la CONAIE ha declarado desde el día 6 el Estado de Excepción en el territorio indígena, reteniendo a las fuerzas armadas que se encontraban en el lugar.

Futuro incierto sin liderazgos claros

Pese al éxito de las movilizaciones, que han conseguido detener totalmente el país, la salida de Moreno dependerá de la capacidad de la oposición de mantener el pulso en la calle y sobretodo de la estabilidad intrabloque. Pues tanto los grupos favorables como los contrarios al gobierno, no presentan una estructura única ni intereses homogéneos.

Moreno y sus apoyos

Según la encuestadora Perfiles de Opinión, a 29 abril de 2019, solo el 24% de ecuatorianos aprobaba la gestión presidencial frente al 51% que lo hacía el año anterior. Los niveles de credibilidad se han desplomado al 16% (hace un año era del 40%). Y el 67% de los votantes de Moreno se muestran ahora arrepentidos. Los niveles de desaprobación demuestran que Moreno sería incapaz de revalidar en las urnas su mandato, no obstante, la estabilidad de su gobierno se mantiene ahora gracias a tres sectores sociales claves: la oligarquía y la derecha ecuatoriana, las capas medias y el ejército. Con quienes comparte el “miedo” a la vuelta del correismo, a quien equiparan con la vecina Venezuela, pero que carecen de más agenda común.

La alianza parlamentaria con la derecha ecuatoriana y los apoyos de la patronal a sus medidas económicas son las que le garantizan estabilidad legislativa. Pero los partidos de derecha, que presenta hoja de ruta propia, han mantenido a Moreno en el poder como mal menor ante la incertidumbre de si sumarían mayoría en unas futuras elecciones. Por lo que no sería de extrañar que le dejasen caer cuando la situación sea insalvable, presentándose a sí mismo como única garantía de la estabilidad del país frene al caos de la oposición.

El funcionariado y las capas medias son el tejido del partido de Moreno, buena parte de los trabajadores públicos, especialmente los de alto rango, se mantienen fieles por temor a la pérdida del status que han consolidado durante su gobierno.

Por último, el ejército, que no ha dado señales de rebeldía, ha sido clave en otros derrocamientos presidenciales. Moreno, consciente del poder de las FF.AA. ha reforzado la influencia militar en el último año, lo que blinda el apoyo de la inmensa mayoría de la cúpula militar y deja sobre los rangos medios la posible oposición a reprimir a los manifestantes.

Oposición

La gran amenaza que planea sobre la oposición a Moreno es su heterogeneidad y eventual ruptura. La CONAIE presenta una estructura y reivindicaciones que no se enmarca en ningún partido político concreto, por lo que su capacidad movilizadora no se traduce en apoyos a un nuevo gobierno. Sin el apoyo a las movilizaciones de los indígenas, estas probablemente se desinflarían, por ello el gobierno ha lanzado varias ofertas de dialogo que por el momento han sido rechazadas.

Los sindicatos, por su parte, aunque han apoyado mayoritariamente el paro, no han mantenido unidad de acción frente a las propuestas del gobierno, y algunas centrales sindicales (aunque minoritarias) han suscrito acuerdos y desmovilizado sus sectores.

Por último, la oposición política, representada sobre todo por el correismo, presenta serias deficiencias para poder articular una estructura política y electoral que venciese en las elecciones. Con Correa en el exterior y un partido de nueva creación, parece complicado revalidar las mayorías que hubo entre 2007-2017.

Además, los enfrentamientos entre CONAIE y Revolución Ciudadana amenazan la unidad de las manifestaciones. Ya que los indígenas lejos de apoyar una vuelta de Correa, aún le reprochan la política energética que mantuvo, cuando permitió la extracción y explotación de tierras indígenas. Lo que llevó a grandes movilizaciones de la CONAIE contra Correa en 2015.

El proceso abierto en Ecuador tras el anuncio del paquetazo, que es solo el detonante, ha venido formándose en estos dos años de gobierno y viraje de Moreno. Su caída, que es asumible para la derecha y sus aliados internacionales si se garantiza otro presidente afín, no representaría sino pasar a un nuevo estadio en las movilizaciones.

Su caída o no dependerá del grado de cohesión de los bloques y de la capacidad de la oposición de mantener la movilización las próximas semanas e incluso meses. Más complejo será el escenario electoral, que pueda llegar por adelanto o agotamiento de mandato, la falta de homogeneidad y los síntomas de desafección no aseguran un triunfo en las urnas de quienes hoy paralizan el país.