Ecuador. Gobierno sin pueblo. Pueblo sin gobierno

Por Alejandro López.

Ecuador ha sufrido un colapso simultáneo múltiple y ocultado. La sanidad ya venía congestionada por previas deficiencias en la gestión e inversión que habían sobrepasado su capacidad de carga. No tardó en llegar el colapso con el advenimiento del mal vírico. Los cementerios colapsaron después, del mismo modo que las funerarias. Se improvisan tumbas para evitar que los cadáveres sigan descomponiéndose en zonas no habilitadas, siguiendo el camino de Estados Unidos o Brasil.

Durante el ciclo de una enfermedad en una población humana, el primer colapso epidemiológico se produce cuando se excede el número de los pacientes que los hospitales son capaces de asumir para el tratamiento. Bajo esa circunstancia, se priorizan unos servicios frente a otros, sobre todo en base a las posibilidades de supervivencia de los pacientes, pero también en base a su edad o incluso a si pueden costearse el tratamiento. Todos ellos son sesgos utilizables para dedicar los recursos limitados en sistemas sanitarios colapsados. El siguiente colapso epidemiológico se produce cuando los servicios funerarios son incapaces de tratar adecuadamente los cuerpos. En ese caso no se puede asumir una tasa mortuoria que, extraordinariamente, solo hace que empeoren las capacidades de carga de los sistemas habilitados en suma al número de fallecimientos natural del ritmo demográfico habitual –por otras causas no relacionadas al coronavirus-.

Un gobierno sin pueblo

Guayaquil representa la potencia económica pero también la excepción política dentro de la excepción. La política ecuatoriana es tradicionalmente muy convulsa, con una sucesión de gobiernos tumbados uno tras otro. Rafael Correa supuso la primera excepción dentro del sistema ecuatoriano con la ola izquierdista que recorrió Latinoamérica en la primera década del siglo. El “socialismo del siglo XXI”, como gustaba el mandatario de llamar a su corriente política, conformó una extraña década de estabilidad política y meridiana prosperidad (2007-2017). La sucesión designada por Correa de su vicepresidente Lenin Moreno (2007-2013), cernió la política hacia un regreso al tumulto político. Sin embargo, Guayaquil es una ciudad que, dentro de esa realidad, ha mantenido una fuerte tradición conservadora cristiana y la desigualdad seguía siendo un grave problema. El primer caso de COVID-19 oficial de Ecuador se registró allí y la alcaldesa ordenó bloquear el aeropuerto a la llegada de un avión español. El giro derechista consumado por Moreno sirvió para romper el partido Alianza PAÍS en dos bandos, el partidario de Moreno se unió a la oposición de derechas del banquero Guillermo Lasso para dar estabilidad al Gobierno, mientras el partidario de Correa conformó una nueva formación política. En 2019, precisamente redujo el presupuesto sanitario en un contundente 35%, sin embargo defendió el sector alegando que los médicos no se verían afectados por la campaña de despidos masivos de funcionarios –hasta 25.000 despidos en 2019- y que se contratarían más. Sin embargo, los trabajadores denuncian que fueron despedidos hasta 3.000 miembros del personal médico público. Ecuador mantiene una gran fuente de sus ingresos en el petróleo y otras materias primas, como el cacao, que han visto sus precios significativamente reducidos por circunstancias extrínsecas. La caída en los ingresos y el viraje derechista de Moreno acercaron a Ecuador a Estados Unidos y el FMI, institución con la que pactó un préstamo condicionado por la aprobación de nuevas reformas. El endeudamiento ascendería a $4.200 millones con el FMI y otros $6.000 millones de un compendio de instituciones del sistema económico neoliberal: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina, Banco Europeo de Inversiones, Fondo Latinoamericano de Reservas y la Agencia Francesa del Desarrollo. En total $10.200 millones sujetos a condiciones de ajuste. También se mantiene una fuerte deuda con otros acreedores como China, con quien la suma supera los $7.000 millones. Sin embargo, Ecuador pudo recortar en su presupuesto de 2019 la partida destinada al proyecto de infraestructuras, destacando las hidroeléctricas, que desarrolló Correa, dada la completitud de muchas de ellas. Aun así se exigían más ajustes. Y en ese contexto, llegó el ‘paquetazo’ de ajuste de 2019, acentuado por el recorte a los subsidios de los carburantes. Aquello llevó a las protestas multitudinarias, paros masivos de sectores estratégicos, movilizaciones indígenas destacadas, la toma de Quito, el Parlamento y el incendio de instituciones como la Contraloría, con la huida del gobierno a Guayaquil. Además, Moreno redujo los mecanismos de democracia directa, eliminó la posibilidad de una reelección de Correa –sin aprobación de la Corte Constitucional- y reactivó la cooperación militar con EEUU tras la visita a Quito de Mike Pence, el vicepresidente norteamericano. Aquel movimiento redundó en vuelos de control del narcotráfico desde Guayaquil, ya que la Constitución aprobada durante el mandato de Correa, en 2008, prohíbe la instalación de bases militares.

La popularidad del Gobierno quedó bajo mínimos tras esta sucesión de eventos, mientras que la preparación de Ecuador para asumir una crisis económica había quedado seriamente en entredicho. Antes del estallido social de 2019 y la pandemia de 2020, Moreno ya contaba con solo un 40% de aprobación, pero en febrero de 2020 ya se habría situado en un 28%, para quedar bajo el 10% según otras fuentes. El dato más dramático para Moreno es que un 70% afirmaban sentirse arrepentidos de haberle votado. Pero no solo se ha perseguido a Rafael Correa y sus acérrimos, envueltos en casos de corrupción, sino que se han producido manifiestas violaciones de los derechos humanos desde la declaración del Estado de Excepción en 2019. Incluso organizaciones poco incómodas con el gobierno de Ecuador, como la OEA, han confirmado dichas violaciones producidas mediante “agresiones y ataques a la prensa, violaciones al derecho a la libertad de expresión y asociación, afectaciones a la integridad personal, afectaciones a la vida y detención, criminalización y estigmatización de manifestantes”.

Para ampliar: Ecuador se juega su futuro.

Un pueblo sin gobierno

1. La insalubridad y el hambre

Durante la pandemia, el gobierno declaró nuevamente el Estado de Excepción en todo el país e impuso un toque de queda de 16:00 a 05:00, que quedó ampliado a 15 horas diarias el 25 de marzo para dar comienzo a las 14:00. Las sanciones se endurecieron: la primera infracción se penaba con una multa de $100; la segunda, con una multa por valor del salario mínimo, $400; y la tercera, con penas de prisión. Pero lejos de atender a las medidas de confinamiento, las clases populares claman porque el hambre mata más que el virus. En las barriadas dependientes de la economía sumergida, la situación es crítica. Como ocurre en un barrio con población de origen africano de Guayaquil al borde del estero, donde no quieren permanecer en sus viviendas ya que la falta de trabajo les supone una privación de acceso a alimentos. Diariamente se inicia una carrera entre las fuerzas policiales y ciertos sectores de la población para no respetar el confinamiento en las capas bajas. Algunas personas declaran que solo pueden realizar una comida al día.

Ecuador aún contaba al final del mandato de Correa con hasta 730.000 viviendas –según datos oficiales del Ministerio de Vivienda- sin acceso a suministros básicos o en situación de hacinamiento descontrolado. De ellas, hasta 120.000 se encontraban en la ciudad de Guayaquil, especialmente en las barriadas periféricas. En total unos 380.000 habitantes de Guayaquil vivían en condiciones insalubres –casi un 20%-. Con el aumento de la desigualdad, en estas condiciones, la gente que ha enfermado, no solo muere en sus casas por la saturación de los hospitales, sino que queda en ellas por el colapso funerario. A finales de marzo, la Ministra de Salud Pública, Catalina Andramuño, dimitió ante el fracaso de su gestión. La Ministra, de perfil más político que técnico, habilitó un protocolo que no funcionó desde el principio –la Dirección de Aviación Civil ni siquiera recogió información sobre los vuelos que ingresaban en el país- y fue sustituida por Juan Carlos Zevallos. A principios de abril, Lenin Moreno tuvo que reconocer que los datos epidemiológicos oficiales durante la pandemia no representaban la realidad. Estaban siendo recogidos bajo deficiencias cuantitativas. Pero solo se reconoció la situación en el momento en que comenzaban a correr como la pólvora los vídeos de cuerpos abandonados en las calles de Guayaquil y era evidente que de ser ciertos los datos, no habría habido colapso alguno. De hecho, a mediados de abril, se confirmó un desfase de unas 5.700 muertes solo en la región de Guayas, entre casos confirmados, probables y no relacionados. A finales de abril, los datos se revelaron aún incompletos y se duplicó el número de positivos por cuestiones metodológicas en todo Ecuador. Los fallecidos registrados en desfase solo en la región de Guayas ya alcanzaban los 10.000, según Financial Times, considerando las demás causas de mortalidad registradas tradicionalmente. Pero que se diera esta crisis con tanto énfasis en una región como Guayas, con tanta desigualdad, no ha hecho más que agudizarla.

Inicialmente se ofrecieron varios bonos de ayuda social, como el de 60$ destinado a las personas más vulnerables. Los bancos se llenaron de colas, las tiendas de alimentación cayeron en la sobredemanda por el miedo al desabastecimiento y continuó el hacinamiento. En parte la situación ha sido magnificada mediante noticias falsas, sin embargo, la alcaldesa de Guayaquil, quien ha superado ya la COVID-19, ha clamado a la comunidad internacional en busca de ayuda humanitaria, ante el desamparo que denuncia por parte del gobierno central de Ecuador. De hecho, la gestión de la crisis podría saltar del confinamiento al distanciamiento y a la gestión local. El Banco Mundial prestó de manera extraordinaria $20 millones al país para la compra de suministros médicos. Incluso Donald Trump ha anunciado el envío de ventiladores para ayudar a Ecuador, en un contexto en el que Estados Unidos no destaca por su solidaridad ni en comercio ni en cooperación humanitaria. De nuevo en el país ecuatorial, se ha planteado el impago temporal de la deuda para poder destinar los recursos a la sanidad, pero aunque llevaba sin pagarse a tiempo desde 2015, en esta ocasión el país sudamericano ha decidido pagar su deuda en bonos soberanos a tiempo. Pero Ecuador todavía se podía topar con un impedimento más.

2. La corrupción y la crisis del cartón

El estero no es el mejor ambiente para la descomposición de cadáveres, ya que son áreas pantanosas tropicales, con lo que ello implica en las temperaturas. La Fuerza de Tarea Conjunta se unió a las labores para la recogida de cadáveres de las calles, pero ante el mencionado colapso, ya son más de 1.000 cadáveres los que esperan para poder ser enterrados –solo en la región de Guayas, cuya capital es Guayaquil-, cuando la pandemia no está aún en su punto álgido en el país. El problema de la descomposición de los cuerpos en las antihigiénicas condiciones de las casas y calles de los barrios periféricos es evidente, ya que entra en un ciclo de retroalimentación positiva de insalubridad y riesgo de nuevas infecciones. Un nuevo factor a tener en cuenta apareció entre el drama humanitario. Fue la corrupción. Comenzaron a reportarse múltiples personas que hacían negocio ofreciendo la ubicación donde se encontraba un cadáver, cobrando hasta 300$. El Ministro de Salud Pública, el recientemente nombrado Juan Carlos Zevallos, ha destituido a funcionarios involucrados en esta trama. La desregulación de precios y la falta de control industrial hizo que se disparasen los precios. Los féretros se acumulan en las calles. Las botellas de oxígeno pueden llegar a costar $700, pero los precios funerarios han ascendido hasta los 800$ por féretro y, ante la escasez, se comenzaron a realizar sepulturas en bolsas de plástico. Es entonces cuando aparece el siguiente protagonista: a principios de abril, comenzó el uso de ataúdes de cartón. La Asociación de Cartoneros de Ecuador realizó una donación de 3.000 ataúdes de cartón que, en palabras del encargado de la Fuerza de Tarea Conjunta “es más digno que enterrar en bolsas de plástico o sin nada”. Estos nuevos féretros serían gratuitos.

Ecuador en cuidados intensivos

Claramente la situación no presenta una proyección positiva y, si no fuera por las acusaciones cruzadas de negligencia que se viven entre los gobernantes de Brasil, convertirían a Ecuador en el caso crítico de Latinoamérica. A pesar de ello, a mediados de abril, Ecuador es el país con la mayor tasa de casos de COVID-19 por millón de habitantes entre todos los de América del Sur. Sin duda, dispone del escenario idóneo para seguir su senda en el futuro cercano.

Por ello, la vecina Colombia ya ha tomado una decisión drástica: la militarización de la frontera con Ecuador. Los pasos fronterizos, oficialmente cerrados desde la mitad de marzo, estaban bajo un incremento del control por las fuerzas de ambos países, pero existen por lo menos una treintena de pasos ilegales transfronterizos. El gobierno de Iván Duque ha ordenado el despliegue de medio millar de efectivos militares en tierra y la Fuerza Aérea en la frontera, apoyado por la fuerza de caballería ecuatoriana. Como ya ocurría en la frontera con Venezuela, esta situación ha espoleado el negocio de los traficantes de personas que cobran hasta 430$ por persona para el manejo de la migración ilegal. Y la situación aún deberá ir a peor con el pico epidemiológico y las sucesivas olas, ya que aún no se puede decir que la enfermedad haya alcanzado su ecuador.