Chile: Las protestas del día después

A siete meses del estallido social que estremeció al continente, las protestas están volviendo poco a poco a las calles de Chile, luego del obligado paréntesis pandémico. De la mano, vuelve también la represión. Desde arriba, mientras tanto, bajan señales confusas sobre una posible nueva postergación de la única respuesta que entregó la clase política a las movilizaciones: el plebiscito constitucional. El gobierno, apoyado en una gestión al menos equilibrada de la pandemia, recobra su antigua y displicente postura. Pero, ¿está realmente bajo control la situación sanitaria en Chile?

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Al 7 de mayo el Ministerio de Salud registra 24.581 casos de coronavirus; con 11.664 personas recuperadas y 285 muertes. En proporciones, estos números muestran, al mismo tiempo, lo mejor y lo peor de América Latina. Lo mejor, la relación entre contagiados y fallecidos arroja la tasa de letalidad más baja de la región: 1,2 por ciento. Lo peor, el total de infectados marca una tasa de incidencia de 109 casos por cada 100 mil habitantes, una de las más elevadas de la zona, según datos de la Universidad Johns Hopkins actualizados al 4 de mayo. Aunque, hay que decirlo, la comparación entre países depende de criterios e indicadores que, en el contexto latinoamericano, varían significativamente.

El primer caso chileno de covid-19 se detectó el 3 de marzo. Pocos días antes, miles de personas se amontonaban en torno al festival musical de Viña del Mar. Pocos días después, aproximadamente dos millones de personas marchaban por todos los rincones del país en el marco de la huelga feminista. Otras tantas aglomeraciones tuvieron lugar durante los primeros días de marzo con la vuelta a clases. Desde luego, todos estos eventos tuvieron su correspondiente dosis de protesta social y, por consiguiente, su también correspondiente dosis de represión estatal.

Así pues, el aislamiento físico tardó en llegar. El estado de catástrofe a nivel nacional se decretó recién el 18 de marzo; luego, se impuso el toque de queda nocturno; y, en las últimas horas, se anunció el confinamiento más grande desde el comienzo de la crisis sanitaria, que dispondrá cuarentenas obligatorias en 25 comunas de la capital. Con todo, la sociedad chilena ha logrado por el momento evitar el colapso del sistema de salud. La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, expresó recientemente un optimismo moderado: “Hay que reconocer que hemos tenido una estabilidad en los casos nuevos y los pacientes críticos. (…) Nos deja muy contentos que la estrategia chilena esté siendo valorada, pero también creo que es necesario no ser triunfalista” (Pauta, 23-04-20).

Un optimismo quizás menos moderado y más titubeante expresa el gobierno, que mutando de la “nueva normalidad” al “retorno seguro” planifica el regreso de los funcionarios públicos al trabajo presencial. Para Eduardo Engel, investigador académico experto en estadísticas, la estrategia de las autoridades consiste en conseguir “la ‘inmunidad de manada’, que significa que se contagie la mayor parte de la población, pero hacerlo suficientemente lento de modo que en ningún momento colapse el sistema de salud” (CIPER, 09-04-20). Lo cual forzosamente requiere datos precisos y fiables. El problema, según Engel, es que la información que maneja el gobierno -lejos de la fiabilidad y la precisión- hace difícil corregir a tiempo eventuales desbordes.

“Tenemos que estar atentos a cómo evoluciona la pandemia del coronavirus y la pandemia de la crisis social”, alertó el presidente Sebastián Piñera, renombrando, una vez más, al histórico estallido social que desde el 18 de octubre de 2019 ha desatado en Chile las más grandes movilizaciones de los últimos años. En medio de la ebullición, el sistema político ofreció como salida un plebiscito para aprobar -o rechazar- la redacción de una nueva constitución. La consulta, inicialmente prevista para abril, fue reprogramada para el próximo 25 de octubre a raíz de la emergencia sanitaria.

Fiel a su distanciamiento social, Piñera mencionó días atrás en una entrevista la posibilidad de una nueva postergación del referéndum por motivos económicos, por la recesión que se vislumbra en el horizonte. Más tarde, el mandatario ratificó: “Podemos volver a discutir todos los temas. Eso dije y eso mantengo”. La premura por colocar el tema en agenda, así como el argumento del factor económico y, sobre todo, la contradicción de deslizar un nuevo aplazamiento a la vez que se proyecta el retorno gradual de las actividades, acrecientan el manto de incertidumbre sobre el plebiscito y su efectiva realización.

Si el calendario electoral no sufre modificaciones, el referéndum sería en octubre, es decir, un año después del inicio del estallido social. Y en caso de aprobarse, todo el proceso constituyente consumiría no menos de dos años, antes de que la nueva constitución entre finalmente en vigencia. En otras palabras, si bien el descontento popular excede su figura, abarcando al conjunto de la clase política, lo cierto es que Piñera terminaría su mandato bajo la actual Constitución, heredera de la última dictadura militar de Augusto Pinochet.

El Instituto Nacional de Estadísticas publicó las cifras de empleo de marzo: 8,2 por ciento de desocupación y 28,9 por ciento de ocupación informal. A pesar de que ambos indicadores empeoraron respecto a la medición anterior, todavía no contemplan los mayores impactos de la pandemia. En Chile, como en la mayoría de los países, miles y miles de trabajadores son despedidos frente a la amarga indiferencia de las autoridades. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, lamentó que el gobierno no entienda que “lo que necesitamos es un crecimiento que esté guiado por los salarios” (Nuevo Mundo, 02-04-20). De lo contrario, el costo lo asumirán “la clase trabajadora y la real y verdadera pequeña y micro empresa”.

Sea como sea, en mayor o menor medida, la postración económica que se avecina fortalecerá aún más el malestar social. Al fin y al cabo, las razones de fondo siguen más presentes que nunca. Un reciente sondeo de Espacio Público e Ipsos revela que la sociedad chilena considera como “muy violento”, entre otras cosas, el bajo monto de las pensiones (94%), el alto precio de los medicamentos (93%) y las bajas condenas por delitos cometidos por empresarios y políticos (92%). En tanto, el corte de tránsito en manifestaciones (50%) y las evasiones de metro (49%) son vistas como “muy violento” por una menor proporción de la población. Lo cual refleja el nivel de prioridad del “orden público”.

Sin prisa pero sin pausa, la protesta callejera está reapareciendo. En Plaza de la Dignidad, epicentro de brutales atropellos e icónicas fotografías, centenares de manifestantes exclaman a sus pares “que el miedo no te paralice”, antes de ser dispersados o detenidos por Carabineros. A estas alturas la represión ya es costumbre: desde que Chile despertó se han contabilizado más de 30 muertos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció “las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia”.