Daniel Ortega, vuelta al poder y deriva

Serie de artículos sobre el sandinismo: De guerrilla a gobierno de Nicaragua | Transformación durante los gobiernos conservadores

Quince años después de su regreso al poder en 2006, Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) consiguieron una discutida victoria en las elecciones del pasado mes de noviembre de 2020. De esta manera Ortega seguirá gobernando Nicaragua durante cinco años más, convirtiéndose en el gobernante con más tiempo en el sillón presidencial de todo el continente.

Este hecho está amenazado por la posibilidad de movilizaciones de la oposición y una población cada vez más desencantada con el sandinismo actual o la presión de sectores conservadores cercanos a Estados Unidos. La deriva autoritaria con el encarcelamiento generalizado de políticos y activistas, los grandes proyectos que afectan al medio ambiente, así como a la población indígena y campesina y la mala situación económica agravada por la pandemia y las sanciones norteamericanas auguran una legislatura complicada para el gobierno de Daniel Ortega.

El regreso del sandinismo al poder

La victoria electoral sandinista en 2006 que ponía el punto y final a dieciséis años de gobiernos liberales y conservadores fue posible por diversos motivos. Quizás el más tangible fue el pacto de Ortega con el empresario y político liberal Arnaldo Alemán. Con este se reducía el porcentaje de votos para una victoria en primera vuelta al 35% (Ortega ganaría con un 38%), así como se aseguraban seguir siendo diputados tras perder las elecciones, obteniendo inmunidad parlamentaria. En la práctica se trataba de un acuerdo para que ambos mantuvieran sus parcelas de poder.

No menos importante fue la crispación y división existente entre los partidos conservadores, con un enfrentamiento abierto entre los dos últimos presidentes, Arnaldo Alemán y Enrique Bolaños. La creación de la Alianza Liberal Nicaragüense como una escisión del Partido Liberal Constitucionalista dividió el voto conservador, sumando más votos que Ortega entre ambos partidos. Además, cabe encuadrar la victoria de Ortega en un giro hacia la izquierda a nivel regional, ya que en aquellos años un gran número de dirigentes progresistas gobernaban la mayoría de países del continente: Lula da Silva, Hugo Chávez, Tabaré Vázquez, Evo Morales, Michelle Bachelet…

Así mismo una de las claves del retorno del sandinismo fue su alianza con las jerarquías eclesiásticas en un país fuertemente católico. En un gesto cargado de simbolismo Daniel Ortega y Rosario Murillo se casaron por el rito católico dirigido por el cardenal Miguel Obando y Bravo, antaño acérrimo enemigo del sandinismo. A su vez, fruto de esta alianza, fue la prohibición del aborto terapéutico, medida que representaba una clara ruptura con el carácter feminista de la revolución, ya muy mermado por las acusaciones de abuso sexual hacia Ortega por parte de su hijastra.

Sea como sea el sandinismo que vuelve al poder está ya muy lejos de los ideales revolucionarios con los que acabaron con la dinastía Somoza. Históricos dirigentes como Sergio Ramírez, Dora María Téllez o Hugo Torres se enemistaron de forma irreversible con Ortega al sentir traicionados los valores por los que habían luchado, y se presentan a las elecciones con el nombre de Movimiento Renovador Sandinista. Recientemente, este partido ha cambiado su nombre por el de Unión Democrática Renovadora, alejándose aún más de los postulados del FSLN.

Programas sociales y alianzas

A partir de 2006 el nuevo gobierno sabrá jugar sus cartas, combinando políticas dirigidas a los más humildes a través de programas sociales como el “Plan Techo” o “Hambre Cero”, con alianzas con la élite empresarial que le permitieran llevarlos a cabo. Estos acuerdos con los grandes empresarios conllevaron la exoneración de impuestos para ciertas transacciones en sectores clave como el turismo y la energía, así como la integración de estos en las directivas de las empresas estatales.

A su vez, se dio un fuerte impulso a la cooperación con organismos como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), mientras los acuerdos bilaterales con Cuba y Venezuela permitían dotar al país de dinamismo económico a través de las exportaciones de productos agropecuarios y obtener ayuda de estos países en infraestructuras y personal sanitario y educativo. Especialmente significativo fue el acuerdo con la Venezuela de Chávez para el suministro de petróleo subsidiado. Todo ello permitió un crecimiento continuado del PIB nicaragüense así como una reducción significativa de su deuda externa.

 Estas mejores sociales y económicas tuvieron, en cambio, una contrapartida, y es que, desde entonces, Ortega iniciará una deriva imparable hacia el personalismo y el autoritarismo. Uno de los primeros pasos en este sentido fue la retirada de la personalidad jurídica por parte del Consejo Supremo Electoral al Movimiento Renovador Sandinista y al Partido Conservador, así como la no autorización de la presencia de observadores internacionales para las elecciones municipales de 2008. La clara mayoría obtenida por el FSLN en estos comicios se verá envuelta en múltiples acusaciones de fraude, optando Ortega por su validación por decreto y conllevando con ello la congelación de las ayudas para el desarrollo por parte de los Estados Unidos y la UE.

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Reelección indefinida y conflictos internos y externos

El éxito de las políticas sociales, la bonanza económica en un contexto de crisis global y la fragmentación opositora, permitieron la victoria de Ortega con una amplia mayoría del 62% en las elecciones de 2011. Su presentación como candidato fue posible por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –de mayoría sandinista tras diversos cambios de magistrados- que declaraba inaplicable el artículo 147 de la Constitución que impedía su reelección.

Su mayoría en la Asamblea Nacional permitirá Ortega la reforma constitucional de 2014 que daba vía libre a su reelección indefinida. La reforma contaba también con otros aspectos polémicos, como la posibilidad de dictar decretos con fuerza de ley al Jefe del Estado o la abolición de la segunda vuelta electoral. La oposición no dudaría en calificar todos estos cambios legislativos como un “golpe de Estado”, iniciando masivas protestas que no consiguieron paralizar las pretensiones de Ortega de perpetuarse en el poder.

Durante estos años, Ortega también debió enfrentarse al largo litigio con Colombia por la soberanía sobre el archipiélago que incluye las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estas islas, de gran importancia turística y por sus reservas de hidrocarburos, pertenecen a Colombia por un tratado de 1928. Sin embargo, Nicaragua las considera como propias. Este país denunció el caso a la Corte Internacional de Justicia, que en 2012 reconoció la soberanía de Colombia sobre las islas y el control de Nicaragua sobre sus aguas circundantes. Durante todo el proceso fue evidente la tensión entre ambos países, llegándose incluso a utilizar una retórica belicista cuando Ortega expresó su apoyo a la lucha de las FARC.

Pero el gran proyecto de Ortega durante esta etapa de su gobierno fue sin duda el objetivo de construcción del Gran Canal Interoceánico que debe unir los océanos Pacífico y Atlántico y contar con una capacidad de navegación mayor a la de su vecino Canal de Panamá. Sin consulta previa y sin esperar a resultados de viabilidad e impacto medioambiental y social, la Asamblea Nacional aprueba el proyecto ley para hacerlo posible y poco después encarga su construcción y posterior gestión a la empresa china HKND Group. El inicio de las obras en 2014 provocó el rechazo de colectivos ecologistas que lo consideran un “desastre medioambiental” así como de campesinos y población indígena que se ven expulsados de sus territorios ancestrales.

Revuelta generalizada en todo el país

El 18 de abril de 2018 una manifestación en León contra las reformas en el seguro social acabará en violentos enfrentamientos entre los manifestantes y miembros de la Juventud Sandinista. Este será el punto de partida de masivas manifestaciones en todo el país que harán tambalear al gobierno de Ortega. Con esta reforma, se pretendía aumentar la contribución de trabajadores y empresas, así como la instauración de un impuesto sobre las pensiones y su disminución de cara al futuro. De este modo el gobierno se enfrentaba de un plumazo a trabajadores, jubilados y patronal, creando un fuerte rechazo de los grandes empresarios y rompiendo las buenas relaciones que tenían hasta el momento con Ortega.

Pocos días antes, la tardía e ineficaz respuesta del gobierno al incendio de la Reserva Biológica Indio Maíz había provocado la indignación de la población nicaragüense, convocándose decenas de estudiantes a salir a las calles. La respuesta represiva por parte de la policía y elementos paramilitares hizo aumentar la tensión, produciéndose el caldo de cultivo perfecto para que estallara una insurrección general tras las protestas de los jubilados.

Al día siguiente de iniciarse las protestas, estas se habían extendido de forma espontánea a todas las grandes ciudades del país sin contar con el liderazgo de ningún partido político, a pesar de los intentos de los partidos más conservadores por instrumentalizalas a su favor. Se bloquearon las principales carreteras y se quemaron diversas alcaldías y edificios públicos. En los bloqueos se hacía visible el uso por algunos manifestantes de armamento rudimentario como morteros caseros. El gobierno respondió con una violenta represión y durante los primeros días de enfrentamientos se registraron varios muertos. Se ordenó el cierre de hasta cuatro canales de televisión que retransmitían las protestas y el Ejército fue desplegado para proteger las principales instituciones.

El 22 de abril el gobierno se ve obligado a anunciar la revocación de la reforma del seguro social, circunstancia que no hará amainar las protestas que por entonces ya se han convertido en una verdadera revuelta antigubernamental. Colectivos de campesinos convocan un paro nacional y ciudades como Masaya se declaran “libres del régimen de Ortega”. Los primeros intentos de convocar un diálogo nacional no fueron escuchados por los manifestantes, al no considerarlos posibles hasta la liberación de los detenidos y la investigación independiente de los asesinatos cometidos.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua criticó duramente la represión del gobierno y expuso sus condiciones para iniciar una mesa de diálogo y su ofrecimiento como mediadora. Finalmente, las conversaciones comenzaron el 17 de mayo y contaron con la presencia de miembros del gobierno, eclesiásticos, estudiantes, sindicatos, organizaciones civiles y miembros de la empresa privada. La falta de acuerdos provocó la ruptura de las conversaciones, alargandose las protestas durante los meses de junio y julio

Ortega utilizó durante la revuelta el argumento de que lo que estaba sucediendo no era más que un “golpe de Estado encubierto” del que acusaba a la derecha y a los Estados Unidos, mientras los medios de comunicación oficialistas utilizaban términos como “vándalos” o “terroristas” para referirse a los manifestantes. Desde la Casa Blanca se aprovecharon las protestas para aumentar la retórica contra el gobierno nicaragüense en lo que muchos ven como un intento de recuperar los espacios perdidos en la región. Durante el mes de junio se promulgaron sanciones contra altos cargos sandinistas por “cometer violaciones de derechos humanos” e incluso llegó a ordenar la evacuación de su personal diplomático no esencial

El balance de tres meses de revuelta fue devastador. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifra el número de muertos en 328 mientras otras fuentes lo elevan a más de 600. Además, se cuentan por centenares los heridos y encarcelados. La Comisión de la Verdad Justicia y Paz encargada por la Asamblea Nacional y acusada por los manifestantes de partidista, rebaja la cifra de muertos a 222, 13 de los cuales serían policías. En lo que coinciden la inmensa mayoría de organismos de derechos humanos es en denunciar la participación de grupos progubernamentales conocidos como “turbas”, acusados de diversos asesinatos y secuestros.

Estas protestas constataron la nítida separación entre el gobierno de Ortega y la población de Nicaragua, que veía con preocupación la deriva autoritaria y la cada vez mayor concentración de poderes en su persona y la de su familia – ocho de sus nueve hijos cuentan con cargos estatales en empresas o medios de comunicación afines y su esposa Rosario Murillo ejerce como vicepresidenta-  La revuelta puso en serias dificultades a un gobierno cada vez más acosado por la comunidad internacional así como por sus hasta entonces aliados entre los grandes empresarios y la Iglesia. La respuesta de Ortega no fue entonces una mayor apertura democrática sino un mayor control sobre los opositores y la criminalización de la protesta.

Durante los meses siguientes, según denuncia la CIDH, diversos profesionales sanitarios fueron expulsados por su apoyo a las protestas y decenas de estudiantes fueron expulsados de la universidad. Además, ACNUR denuncia que hasta 108 mil personas se han visto obligadas a desplazarse al extranjero por miedo a represalias, la gran mayoría a la vecina Costa Rica.

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Legislación contra la oposición y victoria en las pasadas elecciones

Según se acercaban las elecciones del pasado noviembre, Ortega se vio en la necesidad de apuntalar su victoria eliminando cualquier atisbo de oposición. Desde 2018 se han promovido diversas leyes como la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos o la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz. Todas ellas utilizadas contra manifestantes y opositores políticos. Al mismo tiempo iniciaba una dura persecución contra los medios que no le son afines, hecho ejemplificado en la toma por la policía del histórico periódico “La Prensa” o la revista “Confidencial”, requisando todo el material y deteniendo a sus directores.

Durante 2021 se han multiplicado las detenciones de carácter político. Líderes estudiantiles, campesinos, periodistas y hasta siete precandidatos presidenciales han sido detenidos bajo las acusaciones de “traición a la patria” o “conspiración contra la integridad nacional”. Entre los detenidos se encuentra una de las señaladas como mayores rivales de Ortega para las elecciones, Cristina Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro. Asimismo, Ortega no ha dudado en encarcelar a sus antiguos compañeros de armas como Dora María Téllez o Hugo Torres. Toda esta oleada de detenciones provocó el rechazo de la comunidad internacional, aprobando diversas sanciones económicas contra varios funcionarios del gobierno.

Las elecciones del pasado 7 de noviembre dieron la victoria a Ortega con un 76% de los votos. Con la mayoría de candidatos detenidos o sus partidos inhabilitados, la oposición optó por llamar a la abstención. Según datos oficiales la participación fue del 65%, aunque organizaciones independientes como Urnas Abiertas la rebajan hasta el 18,5%. Sin un candidato reconocible entre la oposición, Ortega supo movilizar a las bases y arrollar en unas elecciones que le permitirán conservar el poder hasta 2027.

Desde los comicios la retórica internacional contra el régimen de Ortega no ha dejado de aumentar. El mismo día de la toma de posesión la Unión Europea y los Estados Unidos declaraban un aumento de las sanciones al considerar las elecciones de “fraudulentas y sin garantías democráticas”. Joe Biden aprobaba la ley Renacer que entre otras medidas le da plenos poderes para imponer sanciones y revisa la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio. El secretario de la OEA, Luis Almagro calificaba a Nicaragua de dictadura, y pocos días después este país anunciaba su salida del organismo en un periodo que se prevé que dure dos años.

Sin embargo, países como Rusia, Venezuela, Cuba, Irán o Bolivia si reconocieron los resultados y otros como China enviaron representantes a la investidura. Este gesto es especialmente significativo. “La Revolución china y la Revolución sandinista son revoluciones con un mismo norte y un mismo destino” afirmaba Ortega. Esto se da poco después de la ruptura de relaciones de Nicaragua con Taiwán, uno de los mayores valedores de Ortega hasta entonces, y demuestra un acercamiento hacia China para hacer frente a las sanciones occidentales.

Daniel Ortega y el FSLN seguirán gobernando Nicaragua durante los próximos cinco años, en una versión muy lejana de la ideología que hizo triunfar la revolución sandinista. El descontento en las calles es cada vez más evidente a pesar de la respuesta represiva de un gobierno que ha perdido a sus principales aliados internos, pero que sigue conservando apoyos entre los sectores más desfavorecidos de la población. Estados Unidos y la Unión Europea presionan con sanciones para la caída del gobierno, aunque este está sabiendo encontrar aliados en otras latitudes. Sea como sea no se espera una legislatura fácil para Ortega.