Al cierre de la noche electoral en Ecuador, ya era evidente que todas las propuestas sometidas a referéndum por el presidente Daniel Noboa habían sido rechazadas con márgenes superiores al 50%, lo que supone el mayor revés político para un mandatario que había llegado a la reelección con una popularidad sólida y con el objetivo declarado de rediseñar el modelo institucional del país.
El resultado supone un cambio abrupto de tendencia. Noboa, que había completado un primer periodo corto tras la muerte cruzada aplicada por Guillermo Lasso, buscaba consolidar en su segundo mandato una agenda de profundas reformas.
Sus propuestas pretendían desmontar los pilares centrales del periodo correísta e introducir modificaciones económicas, institucionales y de seguridad que, según su propio discurso, debían abrir una nueva etapa para el país. No obstante, el veredicto ciudadano fue claro: “no” en las cuatro papeletas.
Un referéndum para rediseñar Ecuador
La consulta incluía medidas de gran calado. La primera se refería a la instalación de bases militares extranjeras, una cuestión políticamente polémica en Ecuador. Aunque el texto no mencionaba a Estados Unidos, era bastante evidente que el proyecto buscaba viabilizar su regreso al país como socio clave en seguridad y en defensa.
La justificación era la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, problemas que atraviesan una escalada sin precedentes y que han convertido a Ecuador en uno de los territorios más violentos de la región. Sin embargo, el 60% de los votantes se inclinó por rechazar la medida.
La segunda propuesta pretendía eliminar la obligación del Estado de financiar a los partidos políticos. Noboa defendía un modelo inspirado en el estadounidense, donde las organizaciones se sostienen principalmente a través de aportes privados o donaciones.
La oposición, sin embargo, alertó de que esta desfinanciación afectaría especialmente a partidos con base social y beneficiaría a figuras con grandes recursos personales, como el propio presidente, heredero de uno de los mayores imperios empresariales del país. La ciudadanía coincidió: el 58% votó en contra.
La tercera pregunta apuntaba a reducir el número de asambleístas y modificar el sistema electoral, combinando representantes nacionales y regionales. Aunque podía interpretarse como una medida popular –“menos políticos”–, las críticas señalaban que el rediseño fortalecería las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN), el movimiento de Noboa, y de la Revolución Ciudadana, en detrimento de fuerzas menores. El rechazo superó el 53%.
Finalmente, la cuarta propuesta, planteaba la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Esta habría permitido reescribir por completo la Constitución, abriendo la puerta a cambios en temas como inversión extranjera en sectores estratégicos, seguridad social, educación superior y, nuevamente, la posible instalación de bases militares extranjeras. Era el instrumento que permitiría a Noboa cerrar el ciclo político correísta. Pero los ecuatorianos se pronunciaron con más del 61% en contra.
El presidente había sugerido desde su primer mandato la necesidad de modificar el modelo económico y la orientación geoestratégica de Ecuador. En el plano exterior, su acercamiento a Donald Trump y a Estados Unidos se interpretaba como un giro importante en la política regional, tras años de tensiones con gobiernos como los de México o Venezuela.
En materia de seguridad, Noboa construyó buena parte de su narrativa en el ejemplo de Nayib Bukele, presentando su propia ofensiva como una oportunidad para desmontar las estructuras criminales en expansión.
La reciente detención del líder de “Los Lobos” en España, uno de los grupos más poderosos del crimen organizado ecuatoriano, reforzaba su argumento de que el Estado necesita herramientas extraordinarias para recuperar el control. La consulta era, en este sentido, un mecanismo para legitimar su estrategia. Sin embargo, no solo fueron rechazadas las preguntas aprobadas por la Corte Constitucional.
Varias propuestas preliminares fueron directamente bloqueadas por el tribunal: desde la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana hasta la legalización de salas de juego en hoteles de cinco estrellas, pasando por cambios laborales para permitir contrataciones por horas. La Corte Constitucional se convirtió así en el principal contrapeso institucional a un presidente que pretendía concentrar nuevas facultades bajo una narrativa de regeneración.
La campaña de la oposición
El rechazo al referéndum en Ecuador también se explica por la coincidencia inédita de actores políticos tradicionalmente contrapuestos. Tanto el correísmo como los movimientos indígenas –habitualmente decisivos en segundas vueltas electorales– se movilizaron en contra de las propuestas. En el caso del movimiento indígena, la ruptura con Noboa fue especialmente profunda.
Durante su gobierno se produjeron detenciones masivas bajo cargos de terrorismo, una etiqueta utilizada para criminalizar las protestas sociales. Aunque Ecuador está habituado a explosiones de movilización –como las ocurridas durante los gobiernos de Lenín Moreno o Guillermo Lasso–, la retórica utilizada por Noboa marcó un punto de inflexión. Esta tensión contribuyó a consolidar el voto de castigo contra las reformas.
Lo singular del caso ecuatoriano es que, a diferencia de otros procesos de la región, no es la población la que exige un cambio constitucional, sino el propio gobierno. En Chile, por ejemplo, el impulso constituyente surgió de la calle. En Ecuador ocurre lo contrario: la ciudadanía se ha movilizado para mantener la Constitución vigente, heredera del correísmo, frente a un intento gubernamental de desmontarla.
El resultado es un golpe severo para Noboa, cuya capacidad para avanzar en las reformas queda comprometida en un escenario en el que la Corte Constitucional emerge como el único contrapeso efectivo.
Así pues, la política ecuatoriana entra ahora en una etapa de incertidumbre. Una presidencia fortalecida electoralmente, pero debilitada en su proyecto institucional, una oposición revitalizada y un país que, pese a la crisis de seguridad, rechaza fórmulas extraordinarias de intervención estatal y militar.
Las próximas semanas serán claves para medir la reacción del gobierno y el impacto de este resultado en un clima regional donde cada movimiento se entrelaza con la geopolítica, la seguridad y la disputa por el rumbo económico.
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