![[Foto de archivo] El paro nacional y las protestas lideradas por los indígenas en Ecuador llevan al gobierno de Noboa a decretar el estado de excepción en diez provincias.](https://www.descifrandolaguerra.es/wp-content/uploads/2025/10/Protestas-Ecuador.jpg)
Ecuador vive una de las crisis políticas y sociales más intensas de los últimos años. El país atraviesa un paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el cual ha generado bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la policía y el ejército. El gobierno ha respondido con la aprobación del estado de excepción en 10 de las 24 provincias.
Este contexto tan inestable surge del rechazo a la eliminación de subsidios al diésel, a lo cual se une una polémica propuesta de Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Los indígenas lideran las protestas en Ecuador
El 12 de septiembre, Noboa anunció la supresión del subsidio estatal al diésel, que alcanzaba los 1.100 millones de dólares anuales. La medida provocó un incremento del galón de 1,80 a 2,80 dólares. Fuentes gubernamentales defendían la decisión con el argumento de redirigir esos fondos hacia programas sociales, créditos para agricultores y compensaciones para familias vulnerables. Según el oficialismo, unos 350 millones de dólares fueron entregados en apenas diez días.
Sin embargo, la medida no gustó mucho entre algunos sectores, como los movimientos indígenas o los transportistas, quienes esgrimen que la eliminación de los subsidios representa un golpe directo a la economía rural y al coste de la canasta básica, lo cual agrava otras problemáticas como la inflación.
La CONAIE, la mayor organización indígena del país, respondió el 18 de septiembre convocando un paro "inmediato e indefinido", que se materializó el día 22 con marchas en provincias como Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo. Sus demandas incluyen la derogación del decreto, la reducción del IVA del 15% al 12% y la revisión de políticas económicas que, según ellos, favorecen a las “elites urbanas”.
En un ultimátum dado el 23 de septiembre, concedieron 48 horas al gobierno para dialogar, amenazando con escalar las acciones. Cabe reseñar que las protestas han encontrado una dura respuesta por parte de la administración encabezada por Noboa. El 24 de septiembre, durante un evento en Cotopaxi, declaró que "antes que retroceder, prefiero morir", desafiando directamente al paro y acusando a opositores políticos de sabotear su agenda para preservar privilegios.
Las protestas han traído consigo episodios de violencia y de disturbios, provocando, entre otros, un incendio de una estación policial en Otavalo, además de la quema de múltiples vehículos. El gobierno calificó estos actos como "terroristas" y señaló al Tren de Aragua de ser el financiador de las movilizaciones indígenas.
Como respuesta, Noboa decretó el estado de excepción y el toque de queda en varias provincias, una medida que fue rechazada en gran parte por la Corte Constitucional al “no verificarse los hechos que fundamenten la declaratoria”.
No obstante, días después, el presidente ecuatoriano volvió a imponer el estado de excepción en 10 provincias con el argumento de poner fin a la “grave conmoción interna”. Además, el gobierno trasladó temporalmente la sede presidencial a Latacunga y la vicepresidencia a Otavalo, en un intento por mantener el diálogo directo.
La Asamblea Constituyente tensa la situación
Hasta el momento, las protestas han dejado un muerto, alrededor de ochenta heridos y más de un centenar de detenidos, de los cuales una docena han sido imputados por la fiscalía por terrorismo. A ello cabe añadir que la tensión aumenta por momentos, con acusaciones cruzadas.
Noboa tilda de terroristas las acciones de los movimientos indígenas, mientras que organizaciones como la CONAIE amenazan con radicalizar aun más sus acciones; su presidente, Marlon Vargas, habla abiertamente de tomar la capital, Quito.
Los indígenas también denuncian que las autoridades están bloqueando de forma arbitraria las cuentas bancarias de dirigentes y colaboradores sociales, entre ellas la propia CONAIE y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).
En relación a la propuesta de Asamblea Constituyente, ésta no ha hecho otra cosa sino añadir más leña al fuego. El 19 de septiembre, Noboa convocó un referéndum para el 16 de noviembre, consultando si los ecuatorianos aprueban una nueva carta magna redactada por 80 asambleístas. La Corte Constitucional avaló la pregunta el 23 de septiembre, pero exigió ajustes al estatuto regulador.
En respuesta, Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 155 esa misma madrugada, modificando la integración: 24 miembros por circunscripción nacional, 50 por distritos provinciales y seis por distritos especiales como Galápagos, con suplentes y un plazo de seis meses para la nueva Constitución. La CONAIE rechaza esta iniciativa, viéndola como un intento del presidente de consolidar su poder sin consenso indígena, similar a los paros de 2019 y 2022.
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